Ma. Celina Chávez Ledesma
Expediente 644/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Celina Chávez Ledesma
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de nueve de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ma. Celina Chávez Ledesma. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ma. Celina Chávez Ledesma, contra actos del Fiscal General del Estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 644/2021-III. En principio, es preciso establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo citado impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de iniciativa o instancia de parte agraviada consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". (Lo resaltado es propio) Principio que reproduce el diverso artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones, por consiguiente, rige en todo caso y, por ende, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo, formalidad indispensable tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En el caso, la demanda se presentó vía electrónica; sin embargo, no obra la firma electrónica de Ma. Celina Chávez Ledesma -evidencia criptográfica- sino la firma de Christian Arturo Pahua Guzmán, a quien autorizó únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos; por tanto, dicha demanda es improcedente, ante la falta de un requisito esencial para la instauración del juicio de amparo, por ser la firma la expresión de la voluntad de la quejosa. En efecto, la firma para que tenga validez en cualquier escrito, debe ser autógrafa, es decir, de puño y letra del signatario, pues ésta es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo. No obstante lo anterior, el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. En el caso, la demanda fue recibida sin la firma electrónica de la quejosa Ma. Celina Chávez Ledesma. Por tanto, si la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación sin la firma electrónica de quien aparece como quejosa en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existe agraviado y la demanda resulta improcedente, según lo previene el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal. No se soslaya que en la demanda de amparo obra la impresión de una firma autógrafa; sin embargo, al haberse optado por presentar el escrito vía electrónica se debieron observar las reglas previstas en el artículo 3 de la Ley de Amparo y artículo 45 del Acuerdo General Conjunto número 12/2020 de la del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Además, al haberse recibido la demanda a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación la firma que calza dicho documento es una mera impresión, que no revela la voluntad del justiciable de solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Tampoco pasa inadvertido para este juzgado que los artículos 3, último párrafo y 109 de la Ley de Amparo establecen que la demanda que se promueva en términos del numeral 15 del mismo ordenamiento no requerirá de firma electrónica; sin embargo, en el presente caso no se reclama alguno de los actos mencionados por el referido artículo 15. Aunado a que tampoco se observa (ni la promovente lo refiere) que se encuentre en una situación de vulnerabilidad que le impida acceder a los recursos tecnológicos o, en su caso, que se le restrinja o prohíba el uso de éstos. De ahí que la quejosa debió observar lo dispuesto por el artículo 3 de la ley de la materia. En esa tesitura, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, ante su notoria e indudable improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P. /J. 8/2019 (10a), consultable en la página 79 del el libro 65, de abril de 2019, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019715, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. No se inadvierte la tesis 1.70.P. J/10 K (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2023202, que trascribe la parte quejosa; sin embargo, dicho criterio no tiene el carácter de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, dado que fue emitida por un tribunal colegiado de un circuito distinto al que pertenece este juzgado; por el contrario, el criterio del Pleno de la Corte citado con antelación sí debe acatarse en sus términos, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo.
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