Ma. Celia Niño Niño
Expediente 1014/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. Celia Niño Niño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del diecinueve al treinta de octubre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la medida cautelar y no existen documentos originales; por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de destrucción y el cuaderno incidental de depuración, ya que no existen documentos originales y la fecha de archivo. Destrucción del expediente. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del referido expediente y en su oportunidad, remítase el acta respectiva de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Depuración del expediente. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el artículo 18 del aludido Acuerdo General, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración del citado expediente y en su oportunidad, transfiérase a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Juez Tercero de Distrito en el Estado, Auditora Superior del Estado y Coordinador de Ejecución de la Auditoría Superior del Estado, los tres cuadernos de constancias que remitieron dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.****Recepción oficio.********************Téngase por recibido el oficio de la Auditora Especial de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría Superior del Estado, a través de los cuales solicita acceso al expediente electrónico del juicio de amparo de cuenta y proporciona medio de contacto electrónico. ****************************************Usuario electrónico.********************Como lo solicita el promovente en sus ocursos de cuenta y toda vez que proporciona su nombre de usuario, a saber, "Mayraestela", el cual se encuentra registrado en la página de internet que el Consejo de la Judicatura Federal pone a disposición de los usuarios a efecto de autorización para la consulta vía internet del expediente electrónico que deriva del expediente físico en que se actúa; por tanto, hágase la autorización del profesionista citado, en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expediente, únicamente respecto del presente juicio a efecto de que a través de la página de internet de que se trata, pueda consultar este expediente, presentar promociones; debiendo agregar a los autos copia autorizada de la constancia correspondiente. ***Atento a lo anterior, instrúyase a la Analista Jurídico SISE de este órgano jurisdiccional, lleve a cabo dicha modificación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.***Notifíquese...
- Principal
nueve de octubre de dos mil veinte La suscrita Marina Ivonne San Román Casas, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha.- Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, hoy nueve de octubre del dos mil veinte.- Doy Fe.- Marina Ivonne San Román Casas Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las diez horas con veinte minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado y Secretaria con quien actúa Marina Ivonne San Román Casas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 1014/2019-1, promovido por promovido por Ma. Celia Niño Niño, contra actos de la Auditoría Superior del Estado y otras autoridades. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio, escritos de ampliación de demanda; autos por los que se admitieron a trámite las ampliaciones; constancias de emplazamiento a las autoridades responsables e informes justificados rendidos por éstas. Por otra parte, se da cuenta que el Auditor Superior del Estado solicitó que se diera vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para los efectos que indica en su oficio recibido en este Juzgado el seis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 89 a 94). Finalmente, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: 1) Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; 2) Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo que la Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Por otra parte, respecto de la solicitud elevada por el Auditor Superior del Estado relativa a que se de vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para los efectos que indica en su oficio de cuenta, tómese en consideración al dictar sentencia definitiva en el asunto que nos ocupa, al ser el momento procesal oportuno. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales allegadas por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado (cuaderno de pruebas por separado); por la quejosa Ma. Celia Niño Niño (foja 41); por las autoridades responsables Coordinador de Ejecución de la Auditoría Superior del Estado (fojas 20 a 21 y cuaderno de pruebas por separado); Coordinador de Investigación de la Auditoría Superior del Estado (fojas 28 a 29); Coordinadora Jurídica y de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado (fojas 32 a 33); Auditora Especial de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado (fojas 36 a 37 y 60); Auditora Superior del Estado (fojas 52 a 53, 95 a 124 y dos cuadernos de pruebas por separado); y por Manuel Rivadeneyra Morales, Notificador de la Auditoría Superior del Estado (foja 169); de igual forma, se da cuenta con el original del expediente relativo al juicio de amparo indirecto 82/2009-5 del índice de este Juzgado, el cual, en proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 125 a 127) se ordenó tener a la vista como hecho notorio al momento de dictar sentencia, en virtud de las manifestaciones vertidas por la Auditora Superior del Estado. La Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las referidas pruebas documentales, mismas que serán tomadas en consideración al dictarse la sentencia respectiva. No habiendo pruebas pendientes por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta con los formulados por la quejosa Ma. Celia Niño Niño y Leobardo Segura López, su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (fojas 40 y 78 a 80); por la Auditora Superior del Estado (fojas 89 a 94); y con el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 15 a 16). Ordenando la Juez: Téngase a la quejosa, a su autorizado Leobardo Segura López, a la autoridad responsable Auditora Superior del Estado y a la Representante Social de la Federación adscrita, por reproducidos los alegatos que esgrimieron en sus respectivos escritos y pedimento. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina: al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1014/2019-1, promovido por Ma. Celia Niño Niño, contra actos de la Auditoría Superior del Estado y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, turnado en la propia data a este órgano de control constitucional, Ma. Celia Niño Niño, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y las autoridades que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A todas las autoridades se les atribuye doble carácter, ordenador y ejecutor, son las siguientes: La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, por conducto de su titular. La Auditoría Especial de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, por conducto de su titular. La Coordinación Jurídica y de Substanciación de la Auditoría Especial de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, por conducto de su titular. La Coordinación de Investigación de la Auditoría Especial de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, por conducto de su titular. La Coordinación de Ejecución de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, por conducto de su titular. Todas las autoridades responsables con domicilio oficial y conocido para este Juzgado Federal en la calle de Vallejo número 100 en la zona Centro de San Luis Potosí. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- De las autoridades ordenadoras reclamo: 1). La falta de notificación, emplazamiento o llamamiento al procedimiento administrativo de responsabilidad seguido en contra de la quejosa Ma. Celia Niño Niño, por parte de las autoridades responsables 2). La sentencia, resolución, auto o acuerdo dictado dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad seguido en mi contra en el cual se omitió el llamamiento a juicio de la suscrita. 3). La sentencia, resolución, auto o acuerdo dictado dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad y/o en el procedimiento de ejecución que contenga la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre los bienes de mi propiedad, mediante el embargo y secuestro de estos. 4). La ejecución material de la resolución recaída dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad dictado por las autoridades responsables." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Admisión. Por auto de diez de octubre de dos mil diecinueve (fojas 6 a 9), se admitió a trámite la demanda de amparo; se requirió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que en derecho compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Primera Ampliación (por autoridades responsables y conceptos de violación). En proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 147 a 150), se admitió la ampliación de demanda presentada por la parte quejosa mediante escrito recibido en este Juzgado el cinco del mismo mes y año (fojas 84 a 88), únicamente respecto de los conceptos de violación señalados en el referido ocurso y respecto de las autoridades responsables siguientes: ".f) Al notificador de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, el C. Lic. Manuel Rivadeneyra Morales. g) Al ejecutor de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la C. Lic. Norma A. Herrera Rangel." Segunda Ampliación (por conceptos de violación). De igual forma, en proveído de dos de enero de dos mil veinte (fojas 157 a 158), se admitió la ampliación de demanda presentada por la parte quejosa mediante escrito recibido en este Juzgado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 154 a 156), únicamente respecto de los conceptos de violación señalados en el referido ocurso, solicitándose el informe justificado correspondiente a las autoridades señaladas como responsables. Reactivación de plazos. En proveído de dos de marzo de dos mil veinte se fijaron las nueve horas con doce minutos del veintitrés de marzo de dos mil veinte para la celebración de la audiencia constitucional, lo que no tuvo verificativo con motivo de la contingencia sanitaria suscitada por la propagación del virus SARS CoV-2, en específico, por la suspensión de plazos y términos decretada en el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tal motivo. El dieciocho de agosto de dos mil veinte, en términos del Acuerdo General 21/2020, del referido ente administrativo, se ordenó la reactivación del presente asunto, por lo que las partes estarían en aptitud de promover lo que a sus intereses conviniese; y se citó para la celebración de la audiencia constitucional a través del uso de videoconferencia, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; sin que ninguna de las partes se hubiera apersonado a la diligencia, por lo que su desahogo tuvo verificativo conforme con el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los efectos de los actos reclamados se materializan en el territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, así como de la totalidad de constancias que integran este expediente. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis número P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo y los escritos de ampliación, en relación con la totalidad de constancias que conforman el juicio, se obtiene que la parte quejosa, real y efectivamente reclama: I. La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo de responsabilidad número PAR/054/2008, así como al procedimiento administrativo de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009 seguidos en su contra. II. Todo lo actuado en dichos procedimientos. III. La resolución dictada en los mismos y su ejecución, que pudiera materializarse en bienes de su propiedad, mediante el embargo y secuestro. TERCERO. Actos Inexistentes. No son ciertos los actos reclamados a la Auditora Especial de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado (fojas 34 a 35, 54 a 59 y 185 a 186); Coordinadora Jurídica y de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado (fojas 30 a 31, 61 a 65 y 180 a 181); y, Coordinador de Investigación de la Auditoría Superior del Estado (fojas 25 a 27, 66 a 67 y 182 a 184), por así desprenderse de sus respectivos informes justificados, su aclaración y de los rendidos en relación con la ampliación de demanda presentada por la parte quejosa. Sin que obre en autos prueba en contrario que desvirtúe esa negativa; por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011, Tomo II, Materia Común, Sexta Época, número de registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Auditora Superior del Estado (fojas 49 a 51 y 187 a 191); Coordinador de Ejecución de la Auditoría Superior del Estado (fojas 68 a 70 y 172 a 178); Manuel Rivadeneyra Morales, Notificador de la Auditoría Superior del Estado (fojas 165 a 168); y, Norma Adelaida Herrera Rangel, Ejecutora de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí (fojas 192 a 195); por así desprenderse de los oficios mediante los cuales aclararon sus respectivos informes justificados, así como de los que rindieron en relación con la ampliación de demanda promovida en el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior los informes justificados rendidos por las referidas autoridades, en los cuales negaron la existencia de los actos reclamados fojas (22, 19, 203 a 205 y 206 a 207), sin embargo, deben prevalecer los oficios relacionados en el párrafo que antecede, en los que las responsables aclararon los informes de ley y expusieron razones y circunstancias de las que se desprende su certeza, además, por así acreditarse de las constancias acompañadas como justificación de los actos. En efecto, la certeza destacada, se corrobora con las copias certificadas del procedimiento administrativo de responsabilidad PAR/054/2008; procedimiento administrativo de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009; y, juicio de amparo indirecto 1205/2008-I del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, que obran en cuadernos de pruebas por separado, documentales a las cuales se otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. De igual forma, tomando en consideración el original del juicio de amparo indirecto 82/2009-5 del índice de este Juzgado, el cual, en proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 125 a 127) se ordenó tener a la vista como hecho notorio al momento de dictar sentencia, en virtud de las manifestaciones vertidas por la Auditora Superior del Estado. Documento que tiene pleno valor probatorio conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones realizadas por funcionario autorizado para tal fin. QUINTO. Antecedentes relevantes del caso. Previo al estudio oficioso de la procedencia del juicio, es preciso traer a cuenta los antecedentes relevantes del caso, los cuales se desprenden de las constancias remitidas por la Auditora Superior del Estado como justificación de sus actos, mismas que fueron previamente valoradas, de las que se advierte lo siguiente: Antecedentes relativos al procedimiento administrativo de responsabilidad PAR/054/2008. El dieciséis de julio de dos mil nueve, el Auditor Superior del Estado determinó el inicio del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades e imposición de sanciones en contra de Gustavo Alarcón Aguilar, José de Jesús Guerrero Orta, Ma. Celia Niño Niño, Elizabeth Zárate García y José Luis Fajardo Esquivel, en su carácter de Presidente, Presidente sustituto, Tesoreras y Coordinador de Desarrollo Social, todos del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, debido a que, de la auditoría practicada, se desprendía que durante su gestión como servidores públicos se generaron observaciones no solventadas; por lo que ordenó su registro en el libro de gobierno, quedando bajo el número de expediente PAR/054/2008; fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley que señala el artículo 82 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, ordenando la citación a las partes de manera personal, para que acudieran a las oficinas de dicha dependencia, haciéndoles saber las imputaciones hechas en su contra y el derecho que tienen de aportar pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho conviniera, por sí o por medio de su defensor, apercibiéndolos que de no comparecer en la fecha y hora señaladas, se tendría por precluido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos y se resolvería con los elementos que obraran en el expediente respectivo; así como que deberían señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se harían por medio de lista de los estrados de la Auditoría Superior del Estado (fojas 7 a 8, cuaderno de pruebas por separado consistentes en copias certificadas del expediente administrativo de responsabilidad PAR/054/2008). El uno y dos de septiembre de dos mil nueve, se tuvo a José de Jesús Guerrero Orta, Elizabeth Zárate García y José Luis Fajardo Esquivel, compareciendo a la audiencia prevista en la fracción I, del artículo 82 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, en la cual, se les dio oportunidad de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; se les hizo saber el derecho que tenían para ofrecer pruebas; se les puso a la vista el expediente para su consulta, haciéndoles de su conocimiento que la probable responsabilidad que se les atribuye se encuentra señalada en los oficios mediante los cuales se les citó a dicha diligencia; manifestando los comparecientes que se encontraban enterados de todas y cada una de las observaciones correspondientes al ejercicio fiscal de que se trata; finalmente, solicitaron el término de diez días hábiles a efecto de anexar documentación que les llegare a faltar, por lo cual, se abrió el periodo de ofrecimiento de pruebas (fojas 219 a 224, 225 a 230 y 210 a 218, ibídem). Mediante cédula de notificación de fecha ocho de septiembre de dos mil nueve, se emplazó al procedimiento a Gustavo Alarcón Aguilar, por conducto de quien dijo ser su cuñado, dejándole en su poder el original del oficio ASE-AEL-791/2009 mediante el cual se le hizo de su conocimiento los motivos por los cuales se ordenó su llamamiento a dicho controvertido, además de precisar la fecha y hora para la audiencia de ley (fojas 234 a 282, ibídem). El veintiuno de septiembre de dos mil nueve, se tuvieron por recibidas diversas pruebas documentales allegadas por José Luis Fajardo Esquivel, en su carácter de Ex Coordinador de Desarrollo Social Municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí, durante el ejercicio fiscal 2008, ordenando su remisión a la Auditoría Superior de Fiscalización de Obra de la Auditoría Superior del Estado, para el efecto de que fueran valoradas y que en el momento procesal oportuno el Auditor Superior del Estado estuviera en aptitud de rendir el dictamen correspondiente (fojas 289 a 290, ibídem). El treinta de septiembre de dos mil nueve, en virtud de lo solicitado por José Luis Fajardo Esquivel, se señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección ocular que ofertó respecto de las obras que precisó; por lo que se apercibió legalmente a Gustavo Alarcón Aguilar, José de Jesús Guerrero Orta, Ma. Celia Niño Niño, Elizabeth Zárate García y José Luis Fajardo Esquivel, que debían estar presentes en su desahogo, por sí o por conducto de sus representantes, ya que de no hacerlo, se les tendría por perdido su derecho a manifestar y aportar los medios de prueba que a sus intereses conviniera, asimismo se les requirió para que al momento del desahogo presentaran el finiquito de cada una de las obras señaladas; ordenando la citación de las empresas que participaron en la realización de las obras respecto de las cuales se realizaría la inspección ocular. Dicho auto se ordenó notificar personalmente a las partes, con excepción de Gustavo Alarcón Aguilar y Ma. Celia Niño Niño, a quienes se les ordenó realizar por estrados (fojas 362 a 366, ibídem). El quince de octubre de dos mil nueve, se desahogó la inspección ocular ofertada en autos, a la cual comparecieron José de Jesús Guerrero Orta, Elizabeth Zárate García, José Luis Fajardo Esquivel, el Auditor de Legalidad de la Auditoría Superior del Estado, el Auditor de Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado y dos testigos de asistencia, el ingeniero Juan Pablo González Rodríguez y Rubén de Blas Waldo (fojas 385 a 393, ibídem). Antecedentes relativos al procedimiento administrativo de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009. El diecisiete de junio de dos mil nueve, el Auditor Superior del Estado, tuvo por recibido el expediente número PAR/054/2008 derivado de la multa por no haber presentado información correspondiente a los informes financieros del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, en la cual se encontró responsabilidad administrativa en contra de María Celia Niño Niño, por lo que se ordenó registrarlo en el libro de control correspondiente y asignación de número de procedimiento administrativo de ejecución, correspondiéndole el ASE-CE-PAE-054-059/2009 para efecto de control. Por otra parte, se libró mandamiento de ejecución en contra de la deudora María Celia Niño Niño, requiriéndole el pago en el domicilio que obrara en autos o bien se investigara éste por medios de ley, así como los bienes muebles o inmuebles a su nombre, a efecto de que previo al requerimiento de pago se contara con datos de registro y características de los mencionados; asimismo y que de no cubrir el crédito fiscal se debería proceder al embargo de bienes suficientes de su propiedad para garantizar el referido y sus accesorios; comisionando al Notificador Ejecutor en turno para su cumplimiento en los términos de la ley expuestos (foja 1, cuaderno de pruebas por separado formado con las copias certificadas del procedimiento administrativo de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009). En acta circunstanciada de veintidós de julio de dos mil nueve, los notificadores ejecutores de la Auditoría Superior del Estado asentaron que no fue posible llevar a cabo la diligencia consistente en el requerimiento de pago y embargo del crédito fiscal incoado a María Celia Niño Niño, toda vez que en el domicilio al cual se constituyeron, les informaron que se había ido a vivir a los Estados Unidos (foja 2, ibídem). El cinco de julio de dos mil once, Norma A. Herrera Rangel, Notificador Ejecutor de la Auditoría Superior del Estado, dejó citatorio a María Cecilia Niño Niño en el domicilio ubicado en Calzada de Guadalupe número 28, Barrio Santuario y/o domicilio conocido en Villa de Reyes, San Luis Potosí, en poder de Francisco Rodríguez Valdez, quien dijo ser suegro de María Celia Niño Niño, por el cual se le citó para que al día siguiente esperara al Notificador Ejecutor para realizar una diligencia de carácter administrativo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se realizaría con quien se encontrara en el domicilio o en su defecto con un vecino (fojas 18 a 21, ibídem). En cumplimiento a lo anterior, el seis de julio de dos mil once, Norma Adelaida Herrera Rangel, Notificador Ejecutor de la Auditoría Superior del Estado, se constituyó nuevamente al domicilio señalado como de María Celia Niño Niño, sin que ésta se encontrara presente, siendo atendida por Francisco Rodríguez Valdez, quien dijo ser su suegro; a quien se le requirió el pago del crédito fiscal o de constancias de las que se desprendiera el haberlo efectuado con anterioridad, con apercibimiento que de no hacerlo o no demostrar haberlo hecho, se procedería a trabar embargo sobre bienes de su propiedad suficientes para garantizar y en su caso obtener el importe del crédito fiscal requerido y sus accesorios legales a través del remate correspondiente; a lo cual no dio cumplimiento (fojas 22 a 23, ibídem). En razón de lo anterior, en la propia data, Norma Adelaida Herrera Rangel, Notificador Ejecutor de la Auditoría Superior del Estado, señaló el "Vehículo Automotor, Marca Chrysler de México, Línea Atos By Dodge, Modelo 2001, Tipo Sedan Color Plata, número de Serie KMHAH51G11U173067" como bien legalmente embargado, designando como depositaria a la deudora del crédito fiscal, haciéndole entrega de copia de la diligencia a Francisco Rodríguez Valdez, persona con la que se atendió tal diligencia (fojas 24 a 25, ibídem). En proveído de veintidós de julio de dos mil once, se tuvo al Subdirector de Recaudación y Política Fiscal informando que el vehículo automotor embargado en autos, propiedad de María Celia Niño Niño había sido bloqueado, con lo cual no se permitiría el cambio de propietario, a efecto de continuar con el procedimiento que se sigue en su contra (foja 27, ibídem). El once de octubre de dos mil once, se tuvo al Encargado de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Adscrito al Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, informando que se cumplimentó la orden de embargo, localización y aseguramiento del vehículo propiedad de María Celia Niño Niño, acompañando el inventario de vehículo depositado en "Grúas y Pensiones Libertad" (foja 29, ibídem). En proveído de dos de julio de dos mil trece, se ordenó la búsqueda de María Celia Niño Niño a fin requerirla por el pago de la cantidad de $18,210.00 (dieciocho mil doscientos diez pesos 00/100 moneda nacional) del saldo anterior, más $184.00 (ciento ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por gastos de notificación; y que en caso omiso de pago se le apercibiera para que en el término señalado se apersonara en las oficinas que ocupa la Coordinación de Ejecución de la Auditoría Superior del Estado y que en caso omiso se haría acreedora a una amonestación (foja 53, ibídem). En once de julio de dos mil trece, los Notificadores Ejecutores de la Auditoría Superior del Estado, levantaron razón de la que se desprende que se constituyeron en el domicilio señalado como de María Celia Niño Niño, sin embargo, al encontrar la puerta de la casa cerrada con candado les fue imposible llevar a cabo la diligencia ordenada (fojas 54 a 55, ibídem). El once de julio de dos mil trece, se dejó cédula de notificación en el domicilio señalado como de María Celia Niño Niño, en poder de Ma. Guadalupe Niño Niño, quien dijo ser su hermana (foja 56, ibídem). En proveído de veinte de marzo de dos mil catorce, se ordenó subastar lo embargado previo avalúo y remover del cargo conferido al perito valuador de bienes muebles señalado en autos, debido a que no había rendido el dictamen encomendado (foja 73, ibídem). En proveído de quince de mayo de dos mil catorce, se dio vista a la deudora fiscal con copia simple del avalúo pericial rendido en autos, además de ordenar que se le hiciera de su conocimiento el saldo adeudado (fojas 78 a 79, ibídem). En proveído de nueve de septiembre de dos mil catorce, se ordenó agregar a los autos el oficio ASE-CE-0289/2008 dirigido a Ma. Celia Niño Niño, Tesorero Municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil ocho, así como la cédula de notificación de veintisiete de octubre del mismo año, referentes a constancias relativas al procedimiento P.A.R./54/2008, las cuales se encontraban en cajas de archivo y de las que no se había hecho referencia al Coordinador de Ejecución (foja 87, ibídem). El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, se procedió a la actualización correspondiente de la multa impuesta por la presentación extemporánea de diversa documentación financiera correspondiente al ejercicio fiscal dos mil ocho, por lo cual, se requirió a la deudora para que liquidara la totalidad del saldo pendiente de su crédito fiscal (fojas 94 a 97, ibídem). En proveído de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se ordenó requerir a Ma. Celia Niño Niño por el pago del crédito fiscal, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a embargar bienes suficientes para cubrirlo (fojas 109 a 110, ibídem). El veintiuno de enero de dos mil quince, la Notificadora Ejecutora levantó acta relativa a la ampliación de embargo, constituyéndose en el domicilio señalado como de la deudora fiscal, sin embargo, fue atendida por Ma. Guadalupe Niño Niño quien dijo ser hermana de Ma. Celia Niño Niño, por lo cual, la Notificadora designó el inmueble ubicado en "la calle Calzada de Guadalupe n. 79, col. Santuario (Barrio)", por lo que a partir de dicho momento se declaró legalmente embargado, designándose a la propia deudora como depositaria (fojas 114 a 115, ibídem). El doce de febrero de dos mil quince, se ordenó registrar el bien inmueble embargado y subastarlo previo avalúo (foja 116, ibídem). En proveído de catorce de julio de dos mil quince, se giraron oficios a diversas dependencias a efecto de investigar el domicilio y/o bienes que tuvieran registrados a nombre de María Celia Niño Niño, debido a que el inmueble embargado en autos no se encontraba a nombre de la deudora fiscal (fojas 153 a 155, ibídem). El trece de octubre de dos mil diecinueve, se actualizó la multa impuesta por la presentación extemporánea de la diversa documentación financiera correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, ordenando requerir a María Celia Niño Niño por el pago inmediato del saldo actualizado, ya que de no hacerlo se trabaría embargo sobre bienes suficientes para garantizar el mismo (fojas 200 a 203, ibídem), determinación que fue notificada por conducto de Ma. Guadalupe Niño Niño quien dijo ser hermana de Ma. Celia Niño Niño (fojas 228 a 229, ibídem). En proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis, se giraron oficios a diversas dependencias a efecto de que informaran si contaban con algún bien, cuenta o crédito a nombre de María Celia Niño Niño (fojas 238 a 242, ibídem). En proveídos de ocho de febrero, veintinueve de marzo, veintidós de mayo y catorce de septiembre, todos de dos mil diecisiete y veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se ordenó citar a María Celia Niño Niño para que compareciera a las oficinas que ocupa la Coordinación de Ejecución de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí para que realizara una propuesta de pago, sin embargo, no fue posible notificarla (fojas 290 a 291, 308 a 309, 322 a 324, 343 y 347, ibídem). En proveídos de ocho de mayo de dos mil dieciocho y seis de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó girar oficios a diversas dependencias a efecto de que informaran si tienen registrado algún domicilio o bienes a nombre de la deudora fiscal (fojas 352 a 354 y 369 a 372, ibídem). SEXTO. Estudio de causas de improcedencia. Establecido lo anterior, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, previo a efectuar el análisis del fondo del asunto, debe estudiarse si se actualiza alguna causa de improcedencia respecto de los actos reclamados. Causa de improcedencia actualizada. En relación con los actos reclamados por la quejosa en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." Conforme al transcrito numeral 107, cuando se trate de actos, omisiones o resoluciones dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por regla general, el amparo indirecto únicamente puede promoverse hasta que se dicte la resolución definitiva, oportunidad en la que la parte quejosa podrá hacer valer las violaciones cometidas en la propia resolución y durante dicho procedimiento. Sin embargo, no existe la obligación de esperar el dictado de esa resolución, cuando: a) Los actos reclamados sean de imposible reparación, esto es, afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, b) Cuando los actos reclamados afecten a personas extrañas al procedimiento administrativo. En cuanto a esta última excepción, que es la que interesa, en virtud de que la parte quejosa, se ostenta tercera extraña a los procedimientos administrativos de responsabilidad y de ejecución de donde derivan los actos reclamados; debe puntualizarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 440/2012, analizó las fracciones II y V del artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, de similar redacción que la fracción transcrita del referido numeral 107, y determinó que: Cuando el quejoso reclama un acto dentro del procedimiento administrativo de ejecución, alegando que desconoce el crédito fiscal que se le pretende hacer efectivo, se actualiza una excepción a la regla general que impide reclamar actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, en concreto, se surte la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el quejoso comparece como persona extraña a la controversia, aunado a que en este supuesto tampoco está obligado a interponer los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado. En otras palabras, que aun cuando, por regla general, no son susceptibles de impugnarse los actos dictados en un procedimiento administrativo de ejecución, pues debe esperarse al dictado de la última resolución, se actualiza una excepción cuando el quejoso comparece como tercero extraño a ese procedimiento, ya sea por no haber figurado como parte en este, por no haber sido llamado al mismo o por no haber sido notificado de la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva, así como interponer los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado. Dicha hipótesis de procedencia, según lo precisado por la Segunda Sala, se encuentra condicionada en todo caso, a que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que se ostenta el promovente de amparo pues, en tal supuesto, el juicio será improcedente. Esas consideraciones se contienen en la jurisprudencia número 2a./J. 11/2013 (10a.), consultable en la página 1242, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2003074 que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." Caso concreto. En el caso, de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa promovió el juicio de amparo, reclamando la falta de emplazamiento a los procedimientos administrativos incoados en su contra, todo lo actuado en estos, incluida la resolución, así como su ejecución, que pudiera materializarse en bienes de su propiedad, mediante el embargo y secuestro, procedimientos de los cuales refiere no tener conocimiento. Al efecto, en el capítulo de hechos de su demanda, la aquí quejosa refirió textualmente en lo que aquí interesa, lo siguiente: ".El día 2 de octubre del año 2019, al arribar a mi domicilio ubicado en la cabecera Municipal de Villa de Reyes, S.L.P., luego de haber estado fuera del Estado durante aproximadamente diez años, mis familiares me informaron que a mi domicilio llegó una persona que dijo ser ejecutor de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí y que se llevaría un vehículo de mi propiedad, ya que había multas y sanciones en mi contra derivado de un juicio de responsabilidad seguido en mi contra por observaciones de las cuentas públicas de los años 2017 y 2018 del Municipio de Villa de Reyes. Situación que me extraño sobremanera en virtud de que la suscrita tengo muchos años fuera de mi domicilio y no me han notificado inicio de algún procedimiento, razón por la que acudo ante su Señoría a solicitar el amparo y protección de la justicia de la unión para que se me proteja de actos ilegales realizados por las autoridades responsables." No obstante sus manifestaciones en el sentido de que no conoce la existencia de algún procedimiento que se hubiere seguido en su contra, en el caso, se desvirtúa el carácter de tercera extraña que dicha quejosa ostenta, puesto que de las constancias que remitió el Auditor Superior del Estado, así como la Juez Tercero de Distrito en el Estado y las que se tuvieron como hecho notorio por este Juzgado, se advierte lo siguiente: Ante la Auditoría Superior del Estado, se tramita el procedimiento administrativo de responsabilidad PAR/054/2008, para el fincamiento de responsabilidades e imposición de sanciones en contra de Gustavo Alarcón Aguilar, José de Jesús Guerrero Orta, Ma. Celia Niño Niño, Elizabeth Zárate García y José Luis Fajardo Esquivel, en su carácter de Presidente, Presidente sustituto, Tesoreras y Coordinador de Desarrollo Social, todos del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, en el ejercicio fiscal dos mil ocho, en el cual, a la fecha de rendición del informe justificado, según lo manifestado por las autoridades responsables, aún no se emplazaba a la aquí quejosa ni se había dictado resolución (cuaderno de pruebas por separado formado con copias certificadas del expediente administrativo de responsabilidad PAR/054/2008). El diecisiete de junio de dos mil nueve, el Auditor Superior del Estado, tuvo por recibido el expediente número PAR/054/2008 derivado de la multa por no haber presentado información correspondiente a los informes financieros del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, en la cual se encontró responsabilidad administrativa en contra de María Celia Niño Niño, por lo que se ordenó registrarlo en el libro de control correspondiente y asignación de número de procedimiento administrativo de ejecución, correspondiéndole el ASE-CE-PAE-054-059/2009 para efecto de control. Por otra parte, se libró mandamiento de ejecución en contra de la deudora María Celia Niño Niño, requiriéndole el pago en el domicilio que obrara en autos o bien se investigara éste por medios de ley, así como los bienes muebles o inmuebles a su nombre, a efecto de que previo al requerimiento de pago se contara con datos de registro y características de los mencionados; asimismo y que de no cubrir el crédito fiscal se debería proceder al embargo de bienes suficientes de su propiedad para garantizar el referido y sus accesorios; comisionando al Notificador Ejecutor en turno para su cumplimiento en los términos de la ley expuestos (foja 1, cuaderno de pruebas por separado formado con las copias certificadas del procedimiento administrativo de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009). En proveído de nueve de septiembre de dos mil catorce, se ordenó agregar a los autos del procedimiento administrativo de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009, el oficio ASE-CE-0289/2008 dirigido a Ma. Celia Niño Niño, Tesorero Municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil ocho, así como la cédula de notificación de veintisiete de octubre del mismo año, referentes a constancias relativas a dicho procedimiento (PAR/54/2008), las cuales se encontraban en cajas e archivo y de las que no se había hecho referencia al Coordinador de Ejecución (foja 87, ibídem), de las constancias señaladas destaca lo siguiente: Oficio ASE-CE-0289/2008, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil ocho, girado en el expediente P.A.R./54/2008, signado por el Auditor Superior del Estado, dirigido a Ma. Celia Niño Niño, mediante el cual se le impuso una multa de trescientos cincuenta días de salario mínimo general de la zona económica (C), a razón de $49.50 (cuarenta y nueve pesos 50/100 moneda nacional); lo anterior, debido a que mediante el diverso ASE-CE-0149/2008 la Auditoría Superior del Estado la requirió para que en el plazo señalado entregara la documentación relativa a los informes financieros correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil ocho, y respecto de las erogaciones que hubiera efectuado y que se derivaran de los ramos 28 y 33, obligación contenida en el numeral 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, lo que no cumplió, no obstante de haber sido legalmente apercibida (fojas 88 a 89, ibídem). Oficio en el cual, obra firma de recibido de fecha veintisiete de octubre de dos mil ocho. Cédula de notificación asentada por el Notificador Manuel Rivadeneyra Morales, mediante el cual notificó a Ma. Celia Niño Niño el oficio ASE-CE-0289/2008, quien se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número 164133943495, de la cual agregó copia al expediente (fojas 90 a 91, ibídem). Inconforme con el oficio ASE-CE-0289/2008, signado por el Auditor Superior del Estado, Ma. Celia Niño Niño promovió juicio de amparo indirecto en su contra, señalándolo como primer acto de aplicación de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, la cual tildó de inconstitucional, demanda de amparo a la que acompañó copia del referido oficio así como de la cédula por la cual se le notificó; juicio de amparo del cual conoció el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, bajo el número de expediente 1205/2008-I (fojas 1 a 22, cuaderno de pruebas formado con las copias certificadas del juicio de amparo indirecto 1205/2008-I del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado). En el referido juicio de amparo, Ma. Celia Niño Niño presentó escrito de ampliación de demanda, al que acompañó el oficio ASE-CE-322/2008 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil ocho, dictado en el expediente P.A.R./054/2008, mediante el cual el Auditor Superior del Estado, dio contestación a las manifestaciones realizadas por la aquí quejosa respecto de los oficios girados en el referido controvertido (fojas 90 a 91, ibídem). El Auditor Superior del Estado, exhibió en el referido juicio de amparo, copias certificadas del expediente P.A.R./054/2008, entre las que se destaca la relativa al oficio ASE-CE-15/2009 de diez de febrero de dos mil nueve, dirigido a la parte quejosa, mediante el cual se le informa que se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto en autos (fojas 147 a 148, ibídem). Dicho recurso de revocación fue interpuesto por la aquí quejosa, así como por Gustavo Alarcón Aguilar y María Verónica Moreno Gómez, mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil ocho ante la Auditoría Superior del Estado, al estar inconformes con los oficios ASE-CE-0289/2008, ASE-CE-0288/2008 y ASE-CE-0290/2008, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil ocho, derivados del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad P.A.R./054/2008 (fojas 5 a 17, del juicio de amparo indirecto 82/2009-5 del índice de este Juzgado, que obra por separado). Luego, Ma. Celia Niño Niño promovió juicio de amparo en contra de la omisión de la Auditoría Superior del Estado en dar contestación al escrito mediante el cual se interpuso recurso de revocación en contra de los oficios ASE-CE-0289/2008, ASE-CE-0288/2008 y ASE-CE-0290/2008, todos de veintinueve de setiembre de dos mil ocho, juicio del cual conoció este Juzgado de Distrito, registrándolo bajo el número de expediente 82/2009-5, acompañando a su demanda de amparo, copia de los referidos oficios, así como de las cédulas de notificación mediante las cuales se notificó a la aquí quejosa así como a María Verónica Moreno Gómez (fojas 18 a 25, ibídem). El Auditor superior del Estado acompañó como justificación de sus actos en el referido juicio de amparo, copia certificada del proveído dictado el nueve de febrero de dos mil nueve, mediante el cual se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto, auto que se ordenó notificar a la aquí quejosa mediante oficio ASE-CE-15/2009, el cual se entregó al abogado autorizado de la aquí quejosa el once de febrero de dos mil nueve, según se desprende de la cédula de notificación asentada por el Notificador de la Auditoría Superior del Estado, oficio en el que se hizo constar que fue girado en el expediente P.A.R./054/2008 (fojas 43 a 46, ibídem). Derivado de lo anterior, es que en el caso se desvirtúa la calidad de tercera extraña de la quejosa, puesto que, al haber comparecido al procedimiento administrativo de responsabilidad a interponer recurso de revocación en contra de diversos oficios girados en éste, en los cuales obraba el número del procedimiento administrativo de responsabilidad P.A.R./054/2008 del cual derivó dicho procedimiento de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009. Por lo tanto, Ma. Celia Niño Niño sí tuvo conocimiento de que estaba siendo sujeta a revisión, al menos desde el veintisiete de octubre de dos mil ocho, data en la cual, el Notificador Manuel Rivadeneyra Morales, le notificó mediante cédula el oficio ASE-CE-0289/2008, diligencia en la que la aquí quejosa se identificó con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número 164133943495, de la cual inclusive se agregó copia al expediente administrativo de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009 (fojas 88 a 91, del cuaderno de pruebas por separado formado con copias certificadas del expediente administrativo de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009). Máxime que Ma. Celia Niño Niño compareció al procedimiento administrativo de responsabilidad para inconformarse con el oficio notificado, interponiendo recurso de revocación en su contra, y respecto del cual, promovió los juicios de amparo 1205/2008-I del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado y 82/2009-5 del índice de este Juzgado, en los que se exhibieron diversas constancias relacionadas con el referido medio de impugnación, así como con el procedimiento administrativo de responsabilidad P.A.R./054/2008, del cual derivó el procedimiento administrativo de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009, el que, se formó originalmente con motivo de la multa impuesta a la aquí quejosa, en el referido procedimiento administrativo de responsabilidad, por no haber presentado información correspondiente a los informes financieros del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Cabe destacar que, en su informe justificado el Auditor Superior del Estado, señaló que el procedimiento administrativo de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009 no derivó del procedimiento administrativo de responsabilidad P.A.R./054/2008, toda vez que aquél se inició con motivo de la multa impuesta por la presentación extemporánea de los informes financieros mensuales correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil ocho, los cuales la aquí quejosa estaba obligada a presentar (fojas 49 a 51 del presente expediente). Luego, mediante escrito recibido en este Juzgado la quejosa Ma. Celia Niño Niño y Leobardo Segura López, su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, señalaron que el procedimiento administrativo de ejecución ASE-CE-PAE-054-059/2009 si derivó del procedimiento administrativo de responsabilidad P.A.R./054/2008, debido a que en la primera foja de las copias certificas del mencionado en primer término, se precisó que fue formado con motivo de la multa impuesta en dicho procedimiento de responsabilidad (fojas 78 a 80). Por lo anterior, en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió a la Auditoría Superior del Estado a efecto de que remitiera copias certificadas legibles, completas y ordenadas de todo lo actuado dentro del expediente PAR/54/2008 de las que se advirtieran las constancias del procedimiento que originaron la multa en contra de la quejosa, la emisión y seguimiento del oficio ASE-CE-0149/2008, las que motivaron el inicio del procedimiento de ejecución ASE-CE-PAE/054/059/09; asimismo, indicaran si el expediente ASE-CE-PAE/054/059/11 se sigue en contra de la quejosa (foja 81). En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio recibido en este Juzgado el seis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 89 a 94), el Auditor Superior del Estado señaló lo siguiente: Que las copias certificadas de los expedientes PAR/54/2008 y ASE-CE-PAE/054/059/09 fueron previamente remitidas como justificación de sus actos. En el expediente PAR/54/2008 no se encuentran constancias del procedimiento que originaron la multa en contra de la quejosa, toda vez que el procedimiento administrativo de responsabilidad se instauró por causa diversa, es decir, del informe final de Auditoría de Cuenta Pública del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, del ejercicio fiscal dos mil ocho. Emitió memorándums dirigidos al Coordinador de Ejecución de la Auditoría Superior del Estado y Auditor Especial de Fiscalización Municipal y Organismos Descentralizados, a efecto de que informaran y remitieran las diversas constancias relacionadas con la multa determinada en contra de la quejosa, así como del inicio del procedimiento de ejecución ASE-CE-PAE/054/059/09, quienes, respectivamente, informaron lo siguiente: Una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se localizaron antecedentes al respecto. "1.- Respecto del procedimiento que originó la multa que refiere, le comunico que las constancias fueron remitidas al archivo de concentración de esta auditoría, por anteriores responsables a la coordinación a mi cargo, y dentro del expediente no obra en autos documento mediante el cual se haya originado la imposición de dicha multa como medida de apremio. 2.- Del oficio que menciona ASE-CE-0149/2008, que se menciona en el oficio ASE-CE-289/2008, que motivaron el inicio del procedimiento de ejecución ASE-CE-PAE-054/059/09, de igual manera le informo que dicho oficio no se encuentra en el expediente de cuenta, desconociéndose su ubicación, habiéndose hecho una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Coordinación. 3.- Referente al expediente que menciona ASE-CE-PAE-054/059/11, le comunico que este no se sigue en contra de la quejosa, si no (sic) que, fue instaurado en contra de diverso deudor el C. Homero Pérez Núñez, quien fungió como tesorero municipal del H. Ayuntamiento de Tamuín, S.L.P. Advirtiéndose que probablemente fue un error en su momento de la persona que capturó los datos en el documento que refiere." De lo relatado se desprende que, tal como se precisó, la aquí quejosa tuvo pleno conocimiento del procedimiento administrativo de responsabilidad al que estaba sujeta en el que se le impuso una multa, crédito del que derivó el procedimiento administrativo de ejecución surgido de dicho controvertido, en el que, contrario a lo señalado por el Auditor Superior del Estado, de las constancias que remitió como justificación de sus actos se desprende que en el procedimiento de responsabilidad P.A.R./54/2008 se notificó a la aquí quejosa el oficio ASE-CE-0289/2008 mediante cédula de veintisiete de octubre de dos mil ocho, diligencia en la cual, inclusive se obtuvo copia de su credencial para votar, momento desde el cual, se presume tuvo conocimiento del referido controvertido, al tratarse de copias certificadas a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, diligencia respecto de la cual, la aquí quejosa no hizo manifestación alguna tendiente a desvirtuar su validez. De igual forma, se considera que la aquí quejosa tuvo conocimiento pleno del expediente de responsabilidad, al habérsele notificado el referido oficio ASE-CE-0289/2008 el veintisiete de octubre de dos mil ocho, del cual se desprende que deriva a su vez del expediente P.A.R./54/2008 en consecuencia, desde dicho momento la aquí quejosa tuvo conocimiento del referido expediente administrativo de responsabilidad, el cual, es tramitado en su contra por la propia Auditoría Superior del Estado; oficio que a su vez fue controvertido por la impetrante de amparo mediante recurso de revocación, además de presentar dos juicios de amparo derivados de actos relacionados con la multa impuesta en dicho oficio, en los cuales se exhibieron diversas actuaciones deducidas del procedimiento administrativo de responsabilidad del cual la aquí quejosa pretende no tener conocimiento alguno. Por lo tanto, si la quejosa compareció al presente juicio de amparo reclamando la falta de emplazamiento a los procedimientos administrativos de responsabilidad y de ejecución a los que se encuentra sujeta, argumentando que no tuvo conocimiento de éstos, y que, como ya se vio, sí tuvo conocimiento mediante el oficio por el cual, a su vez, se le hizo de su conocimiento la multa que le fue impuesta porque incluso lo impugnó ante la autoridad responsable, así como mediante diversos juicios de amparo indirecto, en los que se exhibieron como pruebas diversas copias de actuaciones dictadas en el procedimiento administrativo de responsabilidad P.A.R./54/2008, del cual derivó el procedimiento administrativo de ejecución ASE-CE-PAE/054/059/09, en el que se pretendía hacerle efectiva esa multa impuesta, es que se desvirtúa el carácter de tercera extraña con que comparece. Por ende, es inconcuso que la parte promovente del amparo al tener conocimiento de dicho procedimiento administrativo de responsabilidad seguido en su contra, al menos, desde el año dos mil ocho, en el cual se le notificó el oficio mediante el que se le impuso una multa que derivó en el procedimiento administrativo de ejecución incoado a la aquí quejosa; procedimiento, el primero, del cual se insiste, también obtuvo conocimiento al exhibirse copias certificadas de este en los juicios de amparo que promovió en contra del referido oficio, momento desde el cual, en todo caso, estuvo en aptitud de hacer valer los medios de defensa que estimara necesarios en contra de los actos que aquí reclama, como lo es, la supuesta violación a su derecho de audiencia. Puesto que, como ya se dijo, en el caso ha quedado desvirtuado el carácter de tercera extraña con el que pretendió comparecer al juicio de amparo en que se actúa. Se invoca, por las razones que informan, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". En ese sentido, dado que ha quedado desvirtuado el carácter de tercera extraña ostentado por la quejosa, las violaciones procesales que estime acaecieron en el procedimiento administrativo de ejecución ya referido, debe reclamarlas hasta que se dicte la última resolución en el mismo. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 1242, del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." En ese contexto, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal. Solicitud de vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Finalmente, en cuanto a la vista que el Auditor Superior del Estado, solicitó que se diera a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para los efectos que indica en el oficio recibido en este Juzgado el seis de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 89 a 94); dígasele que se esté a lo ordenado en proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, se dio la intervención que legalmente le compete a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ma. Celia Niño Niño, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese.
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recibido escrito de autorizado de la parte quejosa...se admite la ampliación de demanda...pidase informe a las nuevas autoridades responsables... Notifíquese personalmente...
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