Ma. Catalina Rodríguez Ramírez

Expediente 785/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
785/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
12/06/2015

Partes del expediente

  • Ma. Catalina Rodríguez Ramírez
  • Tribunal de Arbitraje del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    "...se declara que CAUSA ESTADO dicho auto en este expediente. NOTIFICADO QUE SEA EL PRESENTE ACUERDO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...depuración y destrucción de los juicios de amparo, de conformidad con su artículo Vigésimo Primero, fracción II, se considera susceptible de destrucción el presente expediente, toda vez que se decretó el sobreseimiento; en consecuencia, este asunto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    "...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa fue omisa en contestar la vista que se le dio en auto de veintinueve de abril de dos mil quince, en tal mérito, se resolverá lo conducente con base en las constancias de autos. Ahora bien, de las constancias que remitió el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, que se tuvieron por recibidas mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil quince, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En efecto, de la demanda de amparo se desprende que la quejosa Ma. Catalina Rodríguez Ramírez, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Como autoridad responsable: "AUTORIDADES RESPONSABLES. Como emisora: El Tribunal de Arbitraje en el estado de Aguascalientes." Y como actos reclamados: "ACTOS RECLAMADOS. Lo constituye el hecho de omitir dictar resolución en forma de laudo, dentro del expediente marcado con el número 109/2014." Y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama concretamente la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral número 109/2014. Por su parte, el Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado, remitió diversas constancias las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las que se advierte que en fecha veinte de marzo de dos mil quince, se elevó a la categoría de laudo la resolución dictada dentro del expediente laboral 109/2014 (fojas 18 a la 29). Luego, de la referida documentación se advierte que se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 109/2014, fueron destruidos por la autoridad responsable al emitir la resolución respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 38, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2a./J. 59/99, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, al operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en este juicio, fuera de audiencia, en términos artículo 63, fracción V y 65 de la Ley de Amparo, pues dicha hipótesis constituye una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, tesis 2a./J. 10/2003, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno....

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, auto de once de mayo de dos mil quince, que en lo conducente dice: "...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa fue omisa en contestar la vista que se le dio en auto de veintinueve de abril de dos mil quince, en tal mérito, se resolverá lo conducente con base en las constancias de autos. Ahora bien, de las constancias que remitió el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, que se tuvieron por recibidas mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil quince, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En efecto, de la demanda de amparo se desprende que la quejosa Ma. Catalina Rodríguez Ramírez, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Como autoridad responsable: "AUTORIDADES RESPONSABLES. Como emisora: El Tribunal de Arbitraje en el estado de Aguascalientes." Y como actos reclamados: "ACTOS RECLAMADOS. Lo constituye el hecho de omitir dictar resolución en forma de laudo, dentro del expediente marcado con el número 109/2014." Y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama concretamente la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral número 109/2014. Por su parte, el Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado, remitió diversas constancias las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de las que se advierte que en fecha veinte de marzo de dos mil quince, se elevó a la categoría de laudo la resolución dictada dentro del expediente laboral 109/2014 (fojas 18 a la 29). Luego, de la referida documentación se advierte que se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 109/2014, fueron destruidos por la autoridad responsable al emitir la resolución respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 38, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2a./J. 59/99, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, al operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en este juicio, fuera de audiencia, en términos artículo 63, fracción V y 65 de la Ley de Amparo, pues dicha hipótesis constituye una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, tesis 2a./J. 10/2003, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno....

  4. Principal

    el Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado, rinde el INFORME JUSTIFICADO que se le solicitó, con fundamento en el artículo 117, de Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido.

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