Ma. Carmen Zarzúa Rubio
Expediente 1179/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Carmen Zarzúa Rubio
Actuaciones
- Principal
A sus autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en su capital, por el cual informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por **********, contra actos del Juez Primero de Partido en Materia Civil de San José de Iturbide, Guanajuato; regístrese con el número 1179/2016. Del análisis de la demanda se desprende que el acto reclamado, consiste en las resoluciones dictadas en la audiencia de remate de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente ****, del índice del Juzgado Primero de Partido en Materia Civil de San José de Iturbide, Guanajuato, en la que se adjudicó y fincó el remate respecto el bien inmueble ubicado en calle ***de esa Municipalidad. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales en razón de territorio, en concordancia con la ejecución que pueda o no tener el acto reclamado. El dispositivo en mención dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho dispositivo establece tres reglas para fijar la comparecencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito distinto y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. En el presente caso, el acto reclamado, se hace consistir en las resoluciones dictadas en la audiencia de remate de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente ***, del índice del Juzgado Primero de Partido en Materia Civil de San José de Iturbide, Guanajuato, en donde se adjudicó y fincó el remate respecto el bien inmueble ubicado en calle ***de esa Municipalidad. Si el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que, la ejecución material del remate es y será en el municipio de San José de Iturbide, Guanajuato, y además fue dictado por un juzgado en con residencia en ese municipio, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución reclamada, se surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado que conoce del asunto, en la especie, en San José de Iturbide, Guanajuato. De lo anterior, este juzgador advierte que carece de legal competencia por razón de territorio para conocer del asunto, acorde a lo establecido en el precepto legal transcrito; por tanto, se estima que la competencia para conocer del presente asunto, corresponde al Juez de Distrito en turno en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y Límites territoriales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al ser el que tiene competencia territorial para ejercer válidamente su jurisdicción en aquélla ciudad. Apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia II.2o. J/19, con registro 212761, de la Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 76, Abril de 1994, página 45, Materia Común, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO EN EL MISMO ESTADO EN MATERIA DE AMPARO, CUANDO CORRESPONDE AL QUE EJERCE JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE PRETENDE REALIZARSE EL ACTO RECLAMADO, AUNQUE NO EXISTA SEÑALAMIENTO DE AUTORIDADES EJECUTORAS RADICADAS EN ESE SITIO. La circunstancia de que no se haya señalado como autoridad responsable ejecutora una residente en la circunscripción territorial en que ejerce su jurisdicción un juez de Distrito, no significa que éste sea incompetente legalmente para conocer de la demanda de amparo interpuesta contra una orden de aprehensión y su cumplimentación cuando de los hechos narrados en la demanda de garantías se desprende que los Agentes de la Policía Judicial, se presentaron en el domicilio del quejoso con la intención de aprehenderlo, ubicado precisamente en un lugar en que ejerce jurisdicción el juez de Distrito que se dice incompetente, toda vez que el artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres hipótesis para determinar la competencia de un juzgado de Distrito que son: primera, es competente el juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; segunda, cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención y, tercera, cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. De esta manera se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis que alude a la competencia del juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de cumplimentación del acto, aunque no se hayan señalado autoridades ejecutoras en el juicio de amparo." Bajo ese contexto, esta potestad se declara legalmente INCOMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer del presente asunto, por lo que se declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para los efectos del numeral 37 de la Ley de la materia. Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese acuse de recibo.Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado; asimismo, se le tiene autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******, tiene inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del mismo precepto a ********, toda vez que no cuenta con dicho registro, asimismo, por lo que hace a ***********se le tiene por autorizado únicamente en los términos que lo solicita es decir únicamente para para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las diligencias encomendadas en el presente juicio.
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