Ma. Carmen Romero Mendoza
Expediente 385/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Carmen Romero Mendoza
- José Luis Flores Cortés
- José Luis Flores Cortés y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sentencia causa ejecutoria. De la certificación que antecede, se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada el quince de junio de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Documentos originales. Por otra parte, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 385/2022. PRIMERO. Mediante escrito presentado, el siete de abril de dos mil veintidós, Ma Carmen Romero Mendoza y/o José Luis Flores Cortes solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. En la misma demanda, los quejosos narraron los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado el conocimiento del asunto; y, por acuerdo de la misma fecha, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman actos respecto a autoridades sobre los cuales este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados: -Del Juez Séptimo de Primera Instancia en materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. El auto de diecisiete de marzo del dos mil veintidós, dentro del juicio especial oral de convivencia registrado bajo el número 239/2021, en el que niega la medida cautelar respecto a la convivencia de L.S.F.C. Debe señalarse que en el capítulo correspondiente la parte quejosa refiere el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, sin embargo, en el capítulo de antecedentes, así como de las constancias remitidas por la responsable se desprende que el acto reclamado es el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós le cual coincide con el contenido de lo que se duele el quejoso, por lo que es el que se toma en consideración para el estudio en esta sentencia. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." TERCERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos inexistentes. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado al rendir su informe justificado. Lo anterior, queda evidenciado con las copias certificadas del expediente 239/2021, las cuales gozan de eficacia probatoria conforme a los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. En el presente no se actualiza alguna causa de improcedencia por lo que se procede al estudio de fondo del acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve es necesario precisar los principales antecedentes que dan origen al acto reclamado. El veintidós de abril de dos mil veintiuno, Ma Carmen Romero Mendoza y/o José Luis Flores Cortes promovieron demanda en contra de María Guadalupe Contreras Lima, en cuanto madre y representante de la menor L.S.F.C., respecto a establecer régimen de convivencias con la citada menor, asimismo, solicitó medida provisional a efecto que se decretara un régimen de convivencias provisional hasta en tanto se resolviera el asunto en lo principal, la que fue turnada al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral en el Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, registrada bajo el número 239/2021. El uno de junio de dos mil veintiuno, el juzgador de origen emitió auto en el que decretó como medida provisional un régimen de convivencia entre L.S.F.C. con sus abuelos paternos, por lo que para establecer los horarios y días consideró necesaria la escucha de la menor, la que aconteció el diez de junio de dos mil veintidós. Derivado de lo anterior, el cinco de julio de dos mil veintidós, tomando en cuenta la comparecencia de la menor determinó una etapa de preparación a efecto de preparar su convivencia con personas que no está familiarizada, por lo que sería a través de una psicóloga adscrita a la Oficina de Psicología del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y de una persona de confianza de la propia menor. El tres de marzo de dos mil veintidós, la licenciada en Psicología remitió a la responsable el informe respecto a lo ordenado, determinando que ".no fue posible llevar a cabo la preparación para la convivencia que fue ordenada, debido a la indisposición que mostró la niña en las citas de seguimiento, situación que puede ser atribuible a la resistencia que existe en la madre, esto porque en la primea cita se tuvo una respuesta positiva en la niña, sin que hubiera sucedido algo que motivara la indisposición que se observó en las citas posteriores, aunado a que de las citas que se tuvo con la madre se advirtió resistencia y negativa para que se establezca una convivencia entre su hija y los abuelos paternos." Derivado de lo anterior, Ma. Del Carmen Romero Mendoza solicitó se acordara el fondo de la medida provisional solicitada esto es, la convivencia provisional con la menor L.S.F.C., a lo que recayó el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en que la responsable consideró: "Visto el escrito presentado por la actora Ma. Del Carmen Romero Mendoza, dígasele que de momento no ha lugar a proveer de conformidad su gestión, toda vez que deberá estarse contenido (sic) del ocurso de la licenciada en Psicología Gabriela Sierra Vieyra, adscrita a la Oficina de Psicología del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,." auto que constituye el acto reclamado. Inconforme con lo anterior, los quejosos interpusieron la demanda de amparo que nos ocupa, aduciendo esencialmente los siguientes conceptos de violación. Que el dictamen emitido por la psicóloga adscrita a la Oficina de Psicología del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es basado en la madre de la menor L.S.F.C. y no en lo solicitado por el juez responsable. Asimismo, que al sustentarse en el citado dictamen no es razón para negar la convivencia de los quejosos con L.S.F.C. por lo que viola los numerales 436, 437, 440 y 442 del Código Familiar del Estado de Michoacán. Los conceptos de violación resultan infundados como se explica a continuación. En el presente debe considerarse el interés superior de la menor conforme a los artículos 4° Constitucional; 3° y 4° de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; en concordancia con los diversos preceptos 3°, 4, 9° y 12°, de la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen el interés superior del menor como principio rector en las decisiones de carácter judicial que repercutan en la vida de aquéllos. Dicho principio obliga a que en las controversias del orden familiar, las y los juzgadores observen, por sobre todas las cosas, el bienestar de los infantes, anteponiéndolo al interés de cualquier adulto involucrado en la contienda, incluso, supliendo en su provecho la queja deficiente. Así, en el sistema jurídico mexicano el concepto del interés superior de la niñez implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que en primer término, se busque preservar los derechos del niño o niña a quien van dirigidas. En efecto, las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos todos esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Por otra parte, tanto la ley como la doctrina generalmente aceptadas, ha definido a la convivencia como el derecho que tienen los hijos menores a convivir con sus ascendientes y colaterales en primer grado aún y cuando no vivan bajo el mismo techo, a pesar que no se encuentren bajo la guarda y custodia de estos, con el objetivo del desarrollo armónico e integral del menor, además de que se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional. Bajo esa directriz y como se desprende de los antecedentes que dan origen el acto reclamado, el juez de origen tomó en consideración que la menor L.S.F.C., no relacionaba en su vida a sus abuelos paternos aquí quejosos, por lo que determinó se preparara de manera paulatina a la niña para que la presencia de sus abuelos no causara un impacto desfavorable, por lo que encomendó esa tarea a través de la psicóloga adscrita a la Oficina de Psicología del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El resultado informado por la especialista en psicología fue que no se pudo realizar tal preparación dada la negativa de la menor, quien al parecer se encontraba influenciada por la madre, razón por la que cuando la aquí quejosa solicitó el pronunciamiento de fondo de la medida provisional solicita, fue en sentido negativo a su pretensión. Lo anterior, no constituye una violación a los derechos fundamentales de los quejosos, y tampoco se advierte vulneración al interés superior de la menor, dado que la medida ordenada fue con el objetivo de "brindar y garantizar que la misma no genere un menoscabo en su desarrollo, dado el tiempo prolongado que tiene la menor sin tener contacto físico con sus abuelos paternos; siendo por ende necesario, que se establezca una metodología para una convivencia de forma gradual, asistida, etcétera, con la finalidad de que adquiera herramientas que la ayuden a trabajar con el manejo de sus emociones facilitando en la niña la expresión y comunicación de pensamientos y emociones involucrándose con personas con las que no está familiarizada, y que permita tener un acercamiento gradual con éstos, que se vea reflejado en la relación y trato que tenga con ello, dicha preparación de la infante deberá ser por conducto de la psicóloga adscrita a la Oficina de Psicología del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que una vez que se conozca el resultado de dichas sesiones se advierte que la menor aún no está emocionalmente preparada para tener convivencia con sus citados familiares, se estará en condiciones de proveer la forma mecánica de la convivencia, se reitera, ello a la luz del interés superior de la menor, a efecto de lograr su preparación y adaptación, que esta se realice de forma gradual, dada la edad que tiene, así como que, no ha tenido prácticamente contacto con su familia paterna,." Es decir, que la referida medida fue privilegiando el aspecto emocional y mental de la menor, para que la adaptación que implica el convivir con personas con las que no está familiarizada hasta ese momento a su ámbito familiar, sea paulatina, con el auxilio de especialista en psicología y en presencia de persona de confianza designada por la madre de la menor. En tal tesitura y derivado de las sesiones de preparación referidas la experta en psicología concluyó que ".no fue posible llevar a cabo la preparación para la convivencia que fue ordenada, debido a la indisposición que mostró la niña en las citas de seguimiento, situación que puede ser atribuible a la resistencia que existe en la madre, esto porque en la primera cita se tuvo una respuesta positiva en la niña, sin que hubiera sucedido algo que motivara la indisposición que se observó en las citas posteriores, aunado a que de las citas que se tuvo con la madre se advirtió resistencia y negativa para que se establezca una convivencia entre su hija y los abuelos paternos." Esto es, a criterio de la especialista la menor L.S.F.C. no se encuentra en condiciones de poder transitar a un régimen de convivencia como el que solicitan los quejosos, de ahí que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, determinó que de momento no resultaba factible la pretensión de la quejosa, sustentando su razonamiento en las consideraciones esgrimidas por la experta en psicología. Luego, contrario a lo afirmado por los quejosos, el juez responsable hizo prevalecer el interés superior de la menor, dado que si bien es cierto que decretó la medida provisional solicitada, su ejecución debe atender a las necesidades de la menor, para que la convivencia con sus abuelos paternos contribuya en aspectos positivos a su desarrollo. Por lo que, si bien hasta el momento el resultado de las sesiones de preparación gradual no ha derivado en que la menor esté preparada para el régimen de convivencia solicitado, independientemente de las razones que esgrime la propia especialista, lo cierto es, que la negativa de la responsable se ciñe a la protección de la menor L.S.F.C. Lo anterior, sin que pueda considerarse que se vulnera el numeral 436 del Código Familiar del Estado de Michoacán, que prevé el derecho de convivencia, toda vez que este no es absoluto, ya que el propio dispositivo señala como limitante del ejercicio de dicho derecho los casos que exista un riesgo a la integridad física, psicológica o emocional del menor, y que derivado de la escucha de la menor se concluyó que existe un factor de riesgo emocional y mental, de ahí la determinación de la fase de preparación. Por lo que a la fecha se ha garantizado el interés superior del menor, acorde a lo establecido en el artículo 437 del referido instrumento normativo, de ahí que se considera apegada a derecho la negativa determinada por la responsable en aras del privilegio de la seguridad integral de la menor. Orienta lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE CONVIVENCIA DE UN MENOR CON SU PROGENITOR. CONDICIONES DE PROCEDENCIA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que la convivencia paterno-filial es una cuestión de orden público e interés social, pues de ella depende el desarrollo armónico e integral del menor, además de que se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional, también lo es que debe tener ciertas características relacionadas con la edad del menor, su entorno, así como el poco o nulo conocimiento que tenga de su padre; todo lo cual revela lo compleja que resulta la ponderación que debe hacer el juzgador de amparo al decretar la suspensión provisional en el amparo indirecto, entre el interés superior de un menor que vive con su madre y el derecho del padre a la convivencia, en principio, porque no es dable apreciar sus sentimientos y deseos, por lo cual cobra importancia su entorno y forma de vida, sin que con ello pretenda prohibirse que el padre genere ese afecto con su descendiente, pero ello no puede darse en forma abrupta, esto es, después de haber permanecido el menor sólo con su madre, por lo que determinar una convivencia a solas con el padre podría ocasionar algún trastorno en la salud emocional y física de dicho menor; de ahí que la determinación de convivencia, en forma genérica, sin especificar detalles para proteger la salud física y mental del menor y la propia certeza de su madre, quien ejerce su custodia, de cómo y dónde debe llevarse a cabo, puede llegar a afectar primordialmente la salud integral del infante, cuyo interés debe primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas siempre en su favor, atento al principio del interés superior del menor previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, la medida cautelar que al efecto se otorgue debe privilegiar la ponderación de los principios que giran sobre este tema, para fomentar la relación de convivencia paterno-filial, pero con respeto al interés superior del menor, que se traduce en proteger el entorno en el cual se ha desarrollado, evitando al máximo un posible deterioro emocional, bajo la idea de que se materializará en el domicilio de la madre del menor y bajo la supervisión de ésta, lo que sin duda le dará tranquilidad, pues no se le someterá a un cambio brusco en su entorno y área de confort." Sin perjuicio, que la responsable en el ámbito de sus atribuciones pueda realizar las acciones inherentes a efecto que la menor logre una adecuada preparación para lograr la convivencia con sus abuelos paternos para lograr un adecuado desarrollo. Por último, no pasan por alto las manifestaciones presentadas vía alegatos por el representante especial y autorizado de la parte quejosa; sin embargo, no integran parte de la litis en el juicio de amparo, por lo que no existe el deber de analizarlas directamente. Apoya lo anterior la siguiente jurisprudencia: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." OCTAVO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. NOVENO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Ma Carmen Romero Mendoza y/o José Luis Flores Cortes, en términos del considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando octavo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Acepta cargo representante especial. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por Santiago Orozco Valencia, Asesor Jurídico Federal adscrito a la Delegación en el Estado de Michoacán del Instituto Federal de Defensoría Pública, en cuanto representante especial de la menor L.S.F.C., atento a su contenido, y dado que expresa que es una persona vulnerable frente a la enfermedad COVID-19, téngasele por aceptando en tiempo y forma el cargo de representante especial de los citados menores. Domicilio y autorizados. Asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta y autorizando para tal efecto, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ********************, toda vez que tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que, a las diversas personas que señala, únicamente para oír y recibir notificaciones en los restringidos términos a que alude el precepto citado, por así haberlo solicitado expresamente. Acceso expediente electrónico. Ahora bien, respecto a su solicitud para consultar el expediente electrónico, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuarios ********************y ********************para acceder al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, comisiónese al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que realice las gestiones pertinentes para dar la autorización respectiva. Hágase saber al ocursante que para que pueda visualizar el expediente electrónico es necesario que ingrese con el perfil con el que lo dio de alta, ya que existen tres tipos de perfil: físico, representante jurídico público y representante jurídico privado; por lo que, si al ingresar a la consulta no señala el usuario o el perfil en forma correcta, no lo podrá visualizar. En caso de requerir asesoría para su ingreso, la página del Portal de Servicios en Línea, tiene a su disposición habilitado el ícono de "soporte técnico" para que pueda verificar si existe algún problema con su captura o se trata de una falla técnica no atribuible al órgano jurisdiccional. Copias simples. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita, expídansele las copias simples que refiere y autorizando a las personas que cita para tal efecto, previo recibo que se deje en autos. En el entendido que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de dichas constancias, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, para la obtención de las copias que requiere, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Se hace saber al ocursante que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos, mismas que al incluir la evidencia criptográfica se considerarán copias certificadas electrónicamente. Manifestaciones. Finalmente, se le tiene realizando las manifestaciones a que alude, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Designan defensor. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Encargado del Despacho de la Delegación de Defensoría Pública Federal del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa como defensor público del menor L.S.F.C., al licenciado Santiago Orozco Valencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena requerir al citado representante especial, para que, en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir de que se le notifique el presente proveído, acepte el cargo que le fue conferido. Bajo apercibimiento que, de no cumplir con lo solicitado, o bien, omitir informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos, de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase al oficiante proporcionando el domicilio del citado representante especial de los menores en esta ciudad, así como correo electrónico del mismo, para que, de estimarlo necesario, este órgano jurisdiccional pueda establecer comunicación por ese medio, relativa al asunto en que se actúa. Entrega de oficio electrónico. Se autoriza al actuario adscrito para que realice la entrega del oficio dirigido al referido asesor jurídico, por medio de correo electrónico, para lo cual deberá dejar constancia en autos de su envío y confirmar su recepción; y, sólo en el caso de que ello sea imposible, se constituya en el lugar de su residencia oficial. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
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- Ma. Carmen Sánchez Gutiérrez144/2018
- Ma. Celina Chávez Ledesma1056/2021
- Ma. Cesaria Bautista Serafin751/2021
- Ma. Clara Carranza Gil943/2021
- Ma. Clara Telles Ramírez1171/2017
- Ma. Concepción Estrella Aguilar987/2021