Ma Carmen Granados Campos

Expediente 18/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
18/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
31/01/2017

Partes del expediente

  • Ma Carmen Granados Campos
  • Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Salamanca., Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el diecinueve de enero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por ********************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito presentado por *******, por medio del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento señalado en proveído de dieciséis actual, manifestando: ".Que por medio del presente escrito vengo a precisar que el acto que se reclama de la autoridad responsable es la determinación tomada por el juez de origen en la audiencia que establece el artículo 768 del código de procedimientos civiles, de fecha 07 de diciembre del 2016, es decir, dicha determinación de la cual reclamo se efectuó en el acta relativa a la audiencia en mención y que obra transcrita en mi escrito inicial de demanda en el capítulo de antecedente del acto reclamado marcado con el número 3." Luego, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama la promovente del amparo consiste: en la determinación tomada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Salamanca, Guanajuato en la audiencia que establece el artículo 768 del Código de Procedimientos Civiles, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio sumario civil ----------, en la que se admitió prueba confesional a cargo de la hoy quejosa. Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley en cita. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la determinación tomada por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Salamanca, Guanajuato en la audiencia que establece el artículo 768 del Código de Procedimientos Civiles, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio sumario civil ---------, en la que se admitió prueba confesional a cargo de la hoy quejosa. Sin embargo, como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación en contra de la quejosa, que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata. Se afirma lo anterior, dado que su única consecuencia es que se desahogue la prueba confesional ofertada, y que se continúe con el procedimiento natural, hasta el dictado de la sentencia, que de serle favorable, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido. Por ello, el acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica de la quejosa, ya que existe la posibilidad de que incluso el fallo le sea favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Ahora, suponiendo sin conceder, que el sentido afectatorio del acto reclamado trascienda de tal forma a la sentencia que se dicte en el juicio de origen y sea contrario a los intereses de la peticionaria de tutela, ésta al ser parte en dicho juicio, tiene posibilidad de señalar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 171, 172 y 174 de la Ley de Amparo. En suma, toda vez que los actos que por esta vía combate la promovente del amparo, no afectan derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o intraprocesales, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación.

  3. Principal

    CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de once de enero de dos mil diecisiete por este medio se notifica a la parte quejosa, la resolución dictada el dieciséis de enero de dos mil diecisiete que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito presentado por la quejosa******, por medio del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento señalado en proveído de once de enero del año en curso. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento de la impetrante que no cumple a cabalidad con lo requerido mediante proveído de once de enero del año en curso, pues en el mismo se requirió a la parte quejosa, para que: "a) Manifieste sí el acto que por esta vía reclama consistente en: la admisión de la prueba confesional a cargo de la hoy quejosa dentro del juicio sumario civil******, ofertada por la parte demandada, por parte del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Salamanca, Guanajuato, fue una determinación tomada por el juez de origen dentro de un proveído o bien, en la Audiencia que establece el artículo 768 del Código de Procedimientos Civiles, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis [...]" Ello es así, pues respecto a lo requerido a la quejosa *****en el inciso a), en el sentido de que precise si el acto reclamado en esta vía, fue una determinación dentro de la audiencia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, referida, o en un auto por separado, refiere: ".efectivamente fue una determinación tomada por el juez de origen, la cual fue dentro de la audiencia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis que celebró a las doce horas de dicho día, más sin embargo dicha admisión se realizó una vez concluida dicha audiencia en un párrafo especifico, y con fundamento en lo establecido por el artículo 769 del código de procedimientos civiles del estado de gto..." Así, se considera que la parte quejosa no cumple íntegramente con lo requerido en el auto de once de enero del año en curso, toda vez que su manifestación resulta imprecisa en virtud de que no especifica si la determinación de que se duele se efectuó en el acta relativa a la audiencia a que hace alusión, o bien a un auto independiente; por lo tanto, se hace del conocimiento de la promovente que se encuentra transcurriendo el término concedido en el acuerdo de previa alusión y vigente el apercibimiento contenido en éste, lapso que reanudará su cómputo a partir de que surta efectos la notificación de este auto. En ese sentido, se requiere nuevamente a la parte quejosa a fin de que precise cuál es el acto que reclama en el presente juicio de amparo, en los términos del auto de once de enero del año en curso y los citados en líneas procedentes.

  4. Principal

    CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de once de enero de dos mil diecisiete por este medio se notifica a la parte quejosa, la resolución dictada en esa misma data, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda que promueve ******, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con sede en Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 18/2017-VI, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II, y IV, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, se requiere a la promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con copias suficientes de su escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad: a) Manifieste sí el acto que por esta vía reclama consistente en: la admisión de la prueba confesional a cargo de la hoy quejosa dentro del juicio sumario civil *****, ofertada por la parte demandada, por parte del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Salamanca, Guanajuato, fue una determinación tomada por el juez de origen dentro de un proveído o bien, en la Audiencia que establece el artículo 768 del Código de Procedimientos Civiles, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis. Lo anterior, para estar en posibilidad de analizar la procedencia o improcedencia de la demanda en cuestión y proveer lo conducente. Ello en virtud de que, se reitera, se trata de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada; se apercibe a la solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, el presente proveído y, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, téngasele como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***** y *****, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a la ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por los numerales 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, se hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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