Ma. Carmen Arriaga Vera

Expediente 187/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 34 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
187/2018
Año
2018
Actuaciones
34
Última actuación
14/08/2019

Partes del expediente

  • Ma. Carmen Arriaga Vera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    I. Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ya transcurrió el plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo a fin de que se recurriera el proveído de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 219 a 221), en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, toda vez que: Por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Obran documentos originales. Se tramitó incidente de suspensión. Asimismo, se ordena depurar el cuadernillo original y destruir el duplicado del incidente de suspensión, en términos de la fracción III, del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, en virtud de que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la quejosa. Para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca al local de este juzgado a recoger ******************** que allegó al presente juicio; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente, lo anterior con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 14 DE AGOSTO DE 2019, QUE REZA; . Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ya transcurrió el plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo a fin de que se recurriera el proveído de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 219 a 221), en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, toda vez que: Por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Obran documentos originales. Se tramitó incidente de suspensión. Asimismo, se ordena depurar el cuadernillo original y destruir el duplicado del incidente de suspensión, en términos de la fracción III, del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, en virtud de que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la quejosa. Para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca al local de este juzgado a recoger ******************** que allegó al presente juicio; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente, lo anterior con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, once de julio de dos mil diecinueve. I. Calificación de cumplimiento de sentencia. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante resolución de siete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 73-80), dictada por este órgano jurisdiccional, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Ma. Carmen Arriaga Vera, determinación que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, al resolver el amparo en revisión 203/2018, mediante sesión de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 121-145), la protección constitucional fue otorgada para los efectos siguientes: "(.) Deje insubsistente el recibo expedido que contiene el adeudo por concepto de predial relativo al año dos mil dieciocho, atinente al inmueble ubicado en calle Frontenistas 203, colonia Punto Verde, identificado con la cuenta predial 02-M-023261-001, de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete. En el entendido que ante la falta de fundamentación y motivación en términos de lo dispuesto en el artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, se actualiza un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Lo anterior, no implica que la presente resolución extinga la obligación a cargo de la quejosa derivada de los conceptos materia de los cobros aquí reclamados, ya que se considera que tratándose de obligaciones de adeudos, siempre que no exista una causa legal de extinción de obligaciones previstas en la ley ordinaria que la rige, la autoridad cuenta con facultades y plenitud de jurisdicción para recaudar los montos derivados de esas obligaciones. En efecto, como se expuso en párrafos anteriores, el acto reclamado se tradujo en el cobro del impuesto predial, en cuanto a su incremento para el año dos mil dieciocho (de $525.06 quinientos veinticinco pesos a $600.37 seiscientos pesos con treinta y siete centavos); esto es, la quejosa sólo se dolió de la diferencia entre tales cantidades, que da como resultado $75.31 setenta y cinco pesos con treinta y un centavos, de manera bimestral, lo cual suma el total de $451.86 cuatrocientos cincuenta y un pesos con ochenta y seis centavos. Por tanto, si en la especie resultó ilegal el aludido incremento, entonces la concesión del amparo debe limitarse al mismo ($451.86 cuatrocientos cincuenta y un pesos con ochenta y seis centavos), y no al total ($3,602.00 tres mil seiscientos dos pesos). Por ende, en caso de que en posteriores actos y en ejercicio de sus atribuciones, la autoridad responsable realice el cálculo y cobro del concepto materia de este juicio -predial correspondiente al año dos mil dieciocho- deberá constreñirse al monto de $525.06 quinientos veinticinco pesos de manera bimestral, lo cual asciende a un monto anual de $3,150.36 tres mil ciento cincuenta pesos con treinta y seis centavos, que es igual al que se cobró en los primeros cinco bimestres anteriores, respecto de lo cual no existe controversia. Sin que obste el hecho de que el pago generado por concepto del impuesto predial relativo al último bimestre correspondiente al año dos mil diecisiete haya ascendido a $600.37 seiscientos pesos con treinta y siete centavos, en razón a que resulta un hecho notorio para este juzgador que en el diverso juicio de amparo 30/2018 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declaró inconstitucional dicho cobro, por lo que hace a su incremento de $75.31 setenta y cinco pesos con treinta y un centavos; motivo por el cual, no es posible considerar dicha valía como base para el cálculo de los subsecuentes bimestres. Es importante aclarar que el recibo a través del cual se advierte el aumento impugnado, se establece que el monto a pagar asciende a la cantidad de $4,216.15 cuatro mil doscientos dieciséis pesos con quince centavos; sin embargo, se contempla el monto del último bimestre del año dos mil diecisiete, el cual fue declarado ilegal en el juicio constitucional antes aludido. (.)" Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 146-147), se tuvo por recibido el testimonio de la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, y se requirió a la autoridad responsable Tesorería Municipal de esta ciudad, para que diera cumplimiento a la misma. Luego, mediante oficios signados por Tesorero Municipal receptados ante este Tribunal el veinte de marzo, cinco y veintiséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 156-157, 163-164 y 169-170), en el primero, solicitó prórroga para dar cumplimiento al fallo protector, y en los restantes informó las gestiones realizadas en acato a la sentencia dictada en autos. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, en proveído de veintinueve de abril de dos mil diecinueve (foja 178), para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento dado por la citada autoridad, con apercibimiento que con el desahogo de la vista o sin ella este Juzgado dictaría resolución en la que declararía si está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La parte peticionaria del amparo realizó manifestaciones en relación con lo actuado por la responsable (fojas 181-182). En ese tenor, atendiendo a la vista que se le dio, el quejoso formuló diversas manifestaciones, de los cuales, este Juzgado se reservó acordar hasta el momento de calificar el cumplimiento que las autoridades responsables dieron a la ejecutoria de amparo. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional estimó que la sentencia dictada en autos no se encontraba cumplida, en virtud de que existía defecto en el cumplimiento, por lo que nuevamente se requirió a las autoridades responsables para que acataran el fallo protector (fojas 190-193). En atención a lo anterior, la autoridad responsable Tesorero Municipal de esta ciudad, mediante oficios receptados ante este Tribunal el diez y diecisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 201 y 207), informó lo relativo al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en autos; razón por la cual se ordenó dar vista a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera con relación a lo actuado por la autoridad al cumplimiento, sin que a la fecha hubiera realizado argumento alguno. Por lo expuesto, así como de las constancias antes reseñadas, se evidencia que la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio está cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." A efecto de evidenciar lo referido, es preciso realizar una comparación entre las consideraciones que sustentan el fallo protector, y lo actuado por las autoridades responsables, a fin de dar cumplimiento a la concesión del amparo. En la sentencia de siete de agosto de dos mil dieciocho, en lo que aquí interesa, se resolvió que es ilegal el acto reclamado -aumento del impuesto predial para el ejercicio dos mil dieciocho-, tomando en consideración que la autoridad responsable no expuso los fundamentos y motivos, esto es, las hipótesis legales que haya tomado en consideración para el incremento del monto del citado impuesto, lo que ocasiona que la quejosa quede en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, en detrimento del derecho de audiencia, legalidad y seguridad jurídica previsto en el orden constitucional, puesto que existe impedimento para confrontar los fundamentos frente a los motivos que exponga la autoridad responsable para sostener la aplicabilidad de normas al caso concreto. En esa medida, se resolvió que si bien es cierto el acto reclamado es meramente administrativa y que la falta de fundamentación y motivación constituye un vicio de fondo (y no meramente de forma) que impide a la autoridad su reiteración, también lo es que, no implica que la sentencia dictada en autos extinga la obligación a cargo de la quejosa de cubrir los cobros aquí reclamados por concepto de impuesto predial. Por tanto, si el acto reclamado se tradujo en el cobro del impuesto predial, en cuanto a su incremento para el año dos mil dieciocho (de 525.06 quinientos veinticinco pesos 06/100 moneda nacional a $600.37 seiscientos pesos 37/100 moneda nacional), esto es, la quejosa se dolió de la diferencia entre tales cantidades, que dan como resultado $75.31 setenta y cinco pesos 31/100 moneda nacional, de manera bimestral, lo cual suma el total de $451.86 cuatrocientos cincuenta y un pesos 86/100 moneda nacional, cantidad esta última a la cual se debe limitar la concesión del amparo en el presente asunto, por consiguiente se determinó que la cantidad que la responsable le debe cobrar a la quejosa por concepto de impuesto predial para el ejercicio dos mil dieciocho, asciende a la cantidad de $3,150.36 tres mil ciento cincuenta pesos 36/100 moneda nacional, cantidad que se obtiene de sumar 525.06 quinientos veinticinco pesos por seis (bimestres del año dos mil dieciocho). Ahora bien, la autoridad responsable a fin de acreditar el cumplimiento del fallo protector, remitió el oficio receptado el cinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 163-164), a través del cual se advierte que: Dejó insubsistente el recibo expedido que contiene el adeudo por concepto de predial relativo al año dos mil dieciocho, atinente al inmueble ubicado en calle Frontenistas 203, colonia Punto Verde, identificado con la cuenta predial 02-M-023261-001, de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete. Posteriormente, mediante oficio recibido el diecisiete de junio de la presente anualidad, acompañó la determinación de crédito relativo a la cuenta predial 02-M-023261-001, del cual se desprende que el cálculo de base gravable; tasa aplicable para el periodo del primer al sexto bimestre de 2018; cálculo del impuesto predial anual generado según periodo, el cual arroja como resultado la cantidad de $3,150.36 (tres mil ciento cincuenta pesos 36/100 moneda nacional); y, resumen de liquidación de impuesto predial y sus accesorios de la cuenta predial de mérito; de donde además se desprende que se le aplicó por concepto de impuesto predial para el ejercicio fiscal 2018 de manera bimestral la cantidad de $525.06 (quinientos veinticinco pesos 06/100 moneda nacional; misma que le fue notificada a la parte quejosa el diez de junio de dos mil diecinueve (fojas 210-215), De lo anteriormente puntualizado, se obtiene que comparando las medidas tomadas por la autoridad con los lineamientos que fueron precisados en la ejecutoria dictada en autos, ésta se cumplió a cabalidad, pues se dejó insubsistente el recibo expedido que contiene el adeudo por concepto de predial relativo al año dos mil dieciocho, atinente al inmueble ubicado en calle Frontenistas 203, colonia Punto Verde, identificado con la cuenta predial 02-M-023261-001, de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete; aunado a que para calcular el impuesto predial anual causado por el ejercicio fiscal 2018, respecto a la citada cuenta, se utilizó la cuota anual del impuesto predial por bimestre, esto es, la cantidad de $525.06 (quinientos veinticinco pesos 06/100 moneda nacional), lo que arrojo el monto total de $3,150.36 (tres mil ciento cincuenta pesos 36/100 moneda nacional). En tales condiciones, se considera que la autoridad atendió en sus términos los lineamientos dados en la ejecutoria de mérito, de ahí que conforme lo establecen los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se tiene por cumplida en su totalidad la sentencia de amparo, para los efectos legales correspondientes. Dígase a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberán presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Notifíquese personalmente a las partes. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida del licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Autoridad informa gestiones en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Agréguese a los autos el oficio que remite el Tesorero Municipal de esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas en acato al fallo protector, y para justificar lo anterior, remite las constancias relativas. con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiéndole correr traslado con el oficio y anexos de cuenta, para que en el término de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga en cuanto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; transcurrido el aludido plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; entendiéndose que la ejecutoria está cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.

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