Ma. Blanca Flores Andrade
Expediente 721/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ma. Blanca Flores Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio número 11009/2018, registrado ante este tribunal federal con el número 15872, mediante el cual, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, devuelve los autos del juicio de amparo número 721/2018-VI-B y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso queja número 97/2018; glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío, y apareciendo que la superioridad confirmó el auto recurrido, para quedar en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido.- - - SEGUNDO.- Se desecha la demanda de amparo promovida por Ma. Blanca Flores Andrade, en contra del acto reclamado al Delegado de la Procuraduría Federal de Consumidor y notificador adscrito, consistente en auto de doce de julio de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente PFC.TLX.C1-000199/2017."; acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno Archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio 9696 signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco; visto su contenido y toda vez que con fecha cinco de septiembre del año en curso, se acordó lo relativo al mismo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio registrado con el número 13669, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco; mediante el cual acusa recibo e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por Farmacia de Genéricos, La Luna, por conducto de su propietaria Ma. Blanca Flores Andrade, en contra del auto de dieciséis de agosto del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista.
- Principal
Vista la demanda presentada por MA. BLANCA FLORES ANDRADE en su carácter de propietaria del establecimiento denominado "Farmacia de Genéricos la Luna" contra los actos del Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor y Notificador adscrito al anterior, por estimarlos violatorios de sus derechos humanos. Fórmese expediente y regístrese con el número de amparo correspondiente. Del examen de la demanda de garantías se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Este juzgador advierte que respecto de los actos reclamados por la quejosa, consistentes en el acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente administrativo PFC.TLX.C.1-000199/2017 mediante el cual se niega a remitir al Tribunal Colegiado la demanda de amparo directo presentada ante dicha autoridad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.].IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" De conformidad con el precepto legal antes transcrito el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo, de ahí que los actos que se atribuyen a las autoridades responsables, no pueden ser materia de análisis en un juicio constitucional por disposición expresa del artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo. Cierto, por disposición expresa del legislador no existe posibilidad jurídica de promover un juicio de amparo contra las resoluciones pronunciadas en otros de la misma naturaleza, sin excepción alguna, pues la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden. Lo anterior obedece a que tratándose del juicio de amparo directo, la demanda debe presentarse por conducto de la autoridad responsable, quien hará constar al pie del escrito la fecha en que se notificó al quejoso la resolución reclamada y la de presentación de la demanda, aunado a que se encargará, entre otras cosas, de emplazar a los terceros interesados para que comparezcan ante el Tribunal Colegiado a defender sus derechos. Las atribuciones que al respecto se confieren a la autoridad responsable, no son para actuar con jurisdicción propia, sino para actuar en una etapa del juicio de amparo directo, en auxilio del tribunal que lo conoce y resuelve, por lo que únicamente está facultada para llevar a cabo ciertos actos procesales que limitativamente se le confieren; esto es, la autoridad responsable únicamente actúa como auxiliar del Tribunal Colegiado y sin jurisdicción propia, mientras este último conserva su jurisdicción originaria no sólo para resolver el fondo de la litis, sino incluso para velar por la debida integración del juicio hasta dejarlo en estado de dictar la resolución respectiva. Por tanto, los actos de la autoridad responsable, son realizados en ejercicio de las facultades auxiliares que taxativamente se le conceden, por lo que no pueden ser objeto de análisis en el juicio de amparo, porque como ya se dijo, la autoridad responsable actúa en auxilio del Tribunal Colegiado, ya que finalmente es el Tribunal Colegiado quien resolverá sobre la debida integración del asunto, en ejercicio de las facultades originarias que conserva como autoridad rectora del juicio de amparo, mientras que las determinaciones que dicte la responsable en tal aspecto tienen el carácter de provisionales. Cobra aplicación al respecto el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83 del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." De igual forma tiene aplicación al respecto en su parte conducente el criterio del Sexto tribunal colegiado en materia de Trabajo del primer circuito, visible en la página 992, del libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CUANDO ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA JUSTICIA FEDERAL EN LOS INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. Conforme a la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en juicios de esa misma naturaleza. De esta forma, se considera que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones pronunciadas en auxilio de la Justicia Federal, como acontece cuando las autoridades responsables emiten determinaciones vinculadas directamente con el incidente de suspensión, o bien, cuando son omisas en relación con alguna cuestión de esa incidencia, toda vez que la citada ley establece el medio de defensa o recurso pertinente para impugnar la conducta de las autoridades responsables cuando actúen o dejen de hacerlo en el trámite de la suspensión, en términos de la fracción VIII del artículo 95 de la referida ley". Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha la demanda de estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizado a MIGUEL ÁNGEL ZACAPANTZI FLORES, ALBERTO ZACAPANTZI FLORES y ALBERTO ZACAPANTZI HARO, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a CARLOS ZACAPANTZI FLORES, en virtud de que no fue localizado en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.
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