Ma. Belén Rodríguez Cañada

Expediente 172/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
172/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/03/2018

Partes del expediente

  • Ma. Belén Rodríguez Cañada

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dos de marzo de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de Juez Quinto Menor Civil de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 172/2018-II. Bajo la consideración anterior, se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: a) Todas las violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento acaecidas dentro del juicio número 2197/2017 de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de este partido judicial, en el que figura como parte demandada por haber sido promovido en su contra por **********, en su carácter de endosante en procuración de ********** y **********, siendo vulnerado su derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. b) El remate en primera almoneda ordenado por el Juez Quinto Menor Civil de esta ciudad, dentro del juicio 2197/2017 de su índice, respecto del bien inmueble que refiere de su propiedad, ubicado en calle **********, número **********, de la Localidad de **********, municipio de Celaya, Guanajuato. En ese sentido, el suscrito estima que respecto al acto reclamado en el inciso a), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." "(.)" Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas...". En términos de esas disposiciones y para los efectos del amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta. En el caso concreto, de la demanda de amparo se desprende que la quejosa se duele de todas las violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento acaecidas dentro del juicio número 2197/2017 de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de este partido judicial, en el que figura como parte demandada y sintiendo vulnerado su derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional; empero, también se encuentra acreditado que compareció voluntariamente al mismo, dando contestación a la demanda entablada en su contra, por virtud de su emplazamiento realizado el diecisiete de febrero de dos mil quince. Manifestaciones que como se dijo, realizó la quejosa en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad; por lo cual, se les otorga valor probatorio pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los artículos 198 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en atención al criterio sostenido por la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 857, del Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." De ahí que no se le pueda atribuir el carácter de persona extraña, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que al haber sido emplazada y haber comparecido a juicio a través de su contestación de demanda, tuvo la posibilidad de defenderse dentro del mismo interponiendo los recursos ordinarios que considerara necesarios, y en su caso, acudir al amparo directo, reclamando el acto de molestia que ahora denomina como: "VIOLACIÓN A LAS NORMAS ESENCIALES AL PROCEDIMIENTO Y MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES POR PARTE DEL C. JUEZ DEL JUZGADO QUINTO MENOR CIVIL DE ESTA CIUDAD DE CELAYA, GTO, DENTRO DEL EXPEDIENTE 2197/2014." Lo anterior es así, ya que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos similares, que basta que el promovente del amparo comparezca al juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juico, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recurso y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la parte quejosa refiera que en el momento en que fue emplazada no reconoció el adeudo que se le fincó, ni su firma en el documento base de la acción, por lo que fue hasta el nueve de febrero de dos mil dieciocho, que se enteró del estado procesal del juicio de origen y del remate de su propiedad, ya que como se apuntó en párrafos precedentes, la misma dio contestación a la demanda entablada en su contra, por lo que desde ese momento compareció al procedimiento ordinario, teniendo la oportunidad de defenderse y restándosele así, su carácter de tercera extraña por equiparación para los efectos del presente juicio constitucional. Como segundo punto, y respecto al acto reclamado en el inciso b) de la presente determinación, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que tratándose de procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En ese orden se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, habida cuenta que para llegar a dicha conclusión se sopesó que la parte quejosa señaló como acto reclamado el remate en primera almoneda publicado el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en las listas de acuerdos del Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad, más no ordenó el otorgamiento de escritura de adjudicación ni la entrega del bien objeto de remate, manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Además, no debe perderse de vista que: I. La quejosa fue parte formal y tuvo oportunidad de defenderse en el juicio de origen. II. El acto reclamado obedecen al procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que admitir la procedencia del juicio de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que la resoluciones con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra de este acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improceder contempladas en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y VI, de la ley de la materia, estas últimas aplicadas a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, al haber quedado evidenciado que la parte quejosa no tiene la calidad de persona extraña por equiparación en el juicio de origen, ni tratarse el acto reclamado de la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional y autorizando en términos amplios del artículo 24 de la Ley de Amparo, a ***************, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA:Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de Juez Quinto Menor Civil de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 172/2018-II. Bajo la consideración anterior, se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: a) Todas las violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento acaecidas dentro del juicio número 2197/2017 de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de este partido judicial, en el que figura como parte demandada por haber sido promovido en su contra por **********, en su carácter de endosante en procuración de ********** y **********, siendo vulnerado su derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. b) El remate en primera almoneda ordenado por el Juez Quinto Menor Civil de esta ciudad, dentro del juicio 2197/2017 de su índice, respecto del bien inmueble que refiere de su propiedad, ubicado en calle **********, número **********, de la Localidad de **********, municipio de Celaya, Guanajuato. En ese sentido, el suscrito estima que respecto al acto reclamado en el inciso a), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." "(.)" Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas...". En términos de esas disposiciones y para los efectos del amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta. En el caso concreto, de la demanda de amparo se desprende que la quejosa se duele de todas las violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento acaecidas dentro del juicio número 2197/2017 de la estadística del Juzgado Quinto Menor Civil de este partido judicial, en el que figura como parte demandada y sintiendo vulnerado su derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional; empero, también se encuentra acreditado que compareció voluntariamente al mismo, dando contestación a la demanda entablada en su contra, por virtud de su emplazamiento realizado el diecisiete de febrero de dos mil quince. Manifestaciones que como se dijo, realizó la quejosa en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad; por lo cual, se les otorga valor probatorio pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los artículos 198 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en atención al criterio sostenido por la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 857, del Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." De ahí que no se le pueda atribuir el carácter de persona extraña, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que al haber sido emplazada y haber comparecido a juicio a través de su contestación de demanda, tuvo la posibilidad de defenderse dentro del mismo interponiendo los recursos ordinarios que considerara necesarios, y en su caso, acudir al amparo directo, reclamando el acto de molestia que ahora denomina como: "VIOLACIÓN A LAS NORMAS ESENCIALES AL PROCEDIMIENTO Y MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES POR PARTE DEL C. JUEZ DEL JUZGADO QUINTO MENOR CIVIL DE ESTA CIUDAD DE CELAYA, GTO, DENTRO DEL EXPEDIENTE 2197/2014." Lo anterior es así, ya que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos similares, que basta que el promovente del amparo comparezca al juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juico, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recurso y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la parte quejosa refiera que en el momento en que fue emplazada no reconoció el adeudo que se le fincó, ni su firma en el documento base de la acción, por lo que fue hasta el nueve de febrero de dos mil dieciocho, que se enteró del estado procesal del juicio de origen y del remate de su propiedad, ya que como se apuntó en párrafos precedentes, la misma dio contestación a la demanda entablada en su contra, por lo que desde ese momento compareció al procedimiento ordinario, teniendo la oportunidad de defenderse y restándosele así, su carácter de tercera extraña por equiparación para los efectos del presente juicio constitucional. Como segundo punto, y respecto al acto reclamado en el inciso b) de la presente determinación, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que tratándose de procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En ese orden se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, habida cuenta que para llegar a dicha conclusión se sopesó que la parte quejosa señaló como acto reclamado el remate en primera almoneda publicado el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en las listas de acuerdos del Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad, más no ordenó el otorgamiento de escritura de adjudicación ni la entrega del bien objeto de remate, manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Además, no debe perderse de vista que: I. La quejosa fue parte formal y tuvo oportunidad de defenderse en el juicio de origen. II. El acto reclamado obedecen al procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que admitir la procedencia del juicio de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que la resoluciones con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra de este acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improceder contempladas en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y VI, de la ley de la materia, estas últimas aplicadas a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, al haber quedado evidenciado que la parte quejosa no tiene la calidad de persona extraña por equiparación en el juicio de origen, ni tratarse el acto reclamado de la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional y autorizando en términos amplios del artículo 24 de la Ley de Amparo, a ***************, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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