Ma Belen Hermoso Escatel
Expediente 1281/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1281/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/10/2022
Partes del expediente
- Ma Belen Hermoso Escatel
- Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, se considera susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1281/2022-VI,
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que por acuerdo de ocho de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el diez de agosto pasado. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la parte quejosa, no formuló manifestación al respecto, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así las cosas, en la sentencia dictada por este juzgado de Distrito el seis de abril de dos mil dieciocho, por un lado sobreseyó y por el otro concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, emitiendo ejecutoria en el recurso de revisión principal 209/2018, en la que confirmó, la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo al quejoso. Así las cosas, del análisis del testimonio dictada por la Superioridad, se advierte que se concedió para los siguientes efectos: "En esas condiciones, al advertirse que la resolución final, en la cual la responsable decretó la terminación de la relación administrativa y por ende, la separación definitiva del servicio que prestaba el servidor público quejosa a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, es inconstitucional, pues previo a su emisión no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, violando con ello su garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 constitucional, especifico de su derecho de audiencia y defensa; y debido a que no se puede ordenar la reincorporación del elemento de seguridad pública, al puesto que ocupaba antes de la violación reclamada, por existir prohibición expresa en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna; es inconcuso que, procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que a través de la dependencia correspondiente, le sea pagado al solicitante del amparo la indemnización y los demás pagos a que tiene derecho por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica en comento, esto es, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. [.]Tal concesión debe hacerse extensiva a las autoridades ejecutoras para el efecto de que realicen las anotaciones correspondientes en el Kardex y sistemas internos del Servicio de Seguridad para que quiten anotación de que el quejoso fue despedido por pérdida de la confianza. --- [.] A fin de que las autoridades responsables estén en aptitud legal de determinar fehacientemente, cuáles son las prestaciones que le deben cubrir a la quejosa, como indemnización para resarcir el agravio que le ocasionó la resolución que se declaró inconstitucional, deben considerar las tesis y jurisprudenciales siguientes: [.] Así como la Jurisprudencia XVI.1o.A. J/31 (10a.), consultable en la página 1957, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Materia Constitucional, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012129, que dice: --- MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN CON MOTIVO DE CUALQUIER FORMA DE TERMINACIÓN INJUSTIFICADA DE SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO, COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y VEINTE DÍAS POR AÑO LABORADO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, prevé el derecho al pago de una indemnización en caso de que la autoridad jurisdiccional resuelva que fue injustificada la separación o cualquier vía de terminación del servicio de los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, a fin de no dejar en estado de indefensión al agraviado, ante la prohibición absoluta de reincorporarlo al servicio, pero no establece la forma en que se integrará su monto. Ante esta circunstancia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2401/2015, del que derivó la tesis 2a. II/2016 (10a.), abandonó el criterio que sostenía anteriormente, para establecer que ese derecho constitucional en favor del servidor público debe hacerse efectivo mediante la aplicación de las normas constitucionales y legales que, por analogía, resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de ordenamientos de carácter laboral, pues se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza administrativa de la relación que rige el servicio de los miembros de las instituciones policiales y el Estado, en atención a lo cual ese pago debe efectuarse en términos de lo que disponga la ley especial y, en caso de que ésta no prevea los parámetros suficientes para que se pueda fijar correctamente el monto de ese concepto, se aplicará lo señalado en la Constitución Federal, dado que en su artículo 123 se contienen las garantías mínimas que deberán respetarse en las relaciones de trabajo o servicio, tanto en el sector privado como en el público. Por lo cual, concluyó que debe acudirse al apartado A, fracción XXII, de ese numeral, el cual prevé la indemnización para los casos en que el trabajador fuese separado de su empleo sin mediar causa justificada y el patrón no esté obligado a la reinstalación, cuyo pago debe hacerse en un parámetro que comprende, por disposición legal, tres meses de salario y veinte días por cada año laborado, puesto que es el mínimo suficiente para indemnizar al trabajador de los daños y perjuicios que se le provocaron con el despido ilegal. Por tanto, para fijar el monto de la indemnización cuando un servidor público, en términos de la fracción XIII del apartado B del precepto indicado sea separado de la función pública que desempeñaba y, seguido el proceso legal, la autoridad jurisdiccional resuelva que no existió causa justificada para el cese, remoción o cualquier forma de terminación de la relación administrativa, sin posibilidad de optar por la reinstalación debe aplicarse, por analogía, la fracción XXII del apartado A citada, en el sentido de que la indemnización que debe cubrir el Estado incluye el pago de tres meses de sueldo, más veinte días por año efectivo de servicios, salvo que exista una norma específica en el ordenamiento federal o local, según corresponda, que estatuya una indemnización mayor. --- Esto es, el pago atendiendo al artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, debe incluir, por disposición legal, tres meses de salario y veinte días por cada año por año de servicio laborado, puesto que es el mínimo suficiente para indemnizar al trabajador de los daños y perjuicios que se le provocaron con el despido ilegal, y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, sin que proceda la reincorporación al servicio ni el pago de salarios vencidos, en los términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió el testimonio dictado por la Superioridad y se pidió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Asimismo, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se dictó resolución en el incidente innominado a fin de determinar en cantidad líquida para restituir al quejoso Ervin Rodrigo Anaya Melendez, siendo de: INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL. $67,179.24 (sesenta y siete mil ciento setenta y nueve pesos 24/100 moneda nacional) VACACIONES. $30,716.1 (treinta mil setecientos dieciséis pesos, 01/100 moneda nacional) PRIMA VACACIONAL. $4,300.35 (cuatro mil trescientos pesos 35/100) AGUINALDO. $62,984.45 (sesenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 45/100 moneda nacional) VEINTE DÍAS POR AÑO DE SERVICIO LABORADO. $229,154.01 (doscientos veintinueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos 01/100 moneda nacional) TOTAL $394,334.15 (trescientos noventa y cuatro mil trescientos treinta y cuatro pesos 15/100 moneda nacional). Inconforme con dicha resolución el quejoso interpuso recurso de queja, el cual el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mediante recurso de queja 316/2019, lo resolvió parcialmente fundado, modificando la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. En atención a ello, este Juzgado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dicto dictó otra resolución en el incidente innominado, en la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es procedente y fundado el presente incidente de liquidación. SEGUNDO. Se determina que la cantidad restante a pagar como monto de la indemnización que deberá ser restituida al quejoso Ervin Rodrigo Anaya Melendez, para dar total cumplimiento al fallo protector, emitido en el juicio de amparo indirecto suma de $692,709.56 (seiscientos noventa y dos mil setecientos nueve pesos 56/100 moneda nacional)." Luego, mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el delegado de la Fiscalía Estatal, mediante el cual, remitió copia del acuse de recibo del cheque número 0847789, valioso por la cantidad de $503,113.95 quinientos tres mil pesos ciento trece 95/100 moneda nacional), el cual recibió el quejoso el diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Así mismo manifestó que: Atendiendo a que la cantidad bruta que fue determinada en autos como partida a cubrir al quejoso , asciende a la suma de , menos lo correspondiente al Impuesto Sobre la Renta clave (01), por la cantidad de $189,595.61 (Ciento ochenta y nueve mil quinientos noventa y cinco pesos 61/100 moneda nacional), lo que da como Total Líquido De igual manera, el once de enero de dos mil veintidós, se dictó resolución respecto de la actualización de la cantidad líquida para restituir al quejoso Ervin Rodrigo Anaya Melendez, la cual se resolvió lo siguiente: PRIMERO. Es procedente y fundado el presente incidente de liquidación. SEGUNDO. Se determina que la cantidad restante a pagar como monto de la indemnización que deberá ser restituida al quejoso Ervin Rodrigo Anaya Meléndez, para dar total cumplimiento al fallo protector, emitido en el juicio de amparo indirecto suma de $62,822.25 (sesenta y dos mil ochocientos veintidós 25/100 moneda nacional). En este orden de ideas, mediante proveído de doce de mayo de la anualidad que transcurre, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el delegado de la Fiscalía del Estado de Jalisco, mediante el cual, remitió el acuse de recibo del cheque con número 09944124 por la cantidad de $50,622.60 (cincuenta mil seiscientos veintidós pesos 60/100 moneda nacional); Así mismo manifestó que: Lo anterior, como se dijo en supra líneas, en virtud de que a que la cantidad bruta que fue determinada en autos como partida a cubrir al quejoso ERVIN RODRIGO ANAYA MELÉNDEZ, asciende a la suma de $62,822.25 (sesenta y dos mil ochocientos veintidós pesos 25/100 M.N.), menos lo correspondiente al Impuesto Sobre la Renta clave (01), por la cantidad de por $12,199.65 (doce mil ciento noventa y nueve pesos 65/100 M.N.), lo que da como Total Líquido $50,622.60 (cincuenta mil seiscientos veintidós pesos 60/100 M.N.). Asimismo, mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al delegado de la autoridad responsable Fiscalía General del Estado de Jalisco, remitiendo copia certificada de la anotación en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública de que la baja del quejoso fue injustificada, así la pérdida de la confianza fue inconstitucional. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Visto el escrito de cuenta presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, e impreso del Módulo de Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; signado electrónicamente por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; por medio del cual realiza diversas manifestaciones y solicita se le remita copia simple de la resolución dictada por el tribunal colegiado de circuito; al respecto se provee: agréguese a los autos el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídansele las copias y remítansele para los efectos legales correspondientes. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables TITULAR DE LA UNIDAD FINANCIERA DE INTELIGENCIA FINANCIERA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS LEGALES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES; para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo; Bajo apercibimiento DE LEY CUMPLAN CON LO REQUERIDO
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