Ma. Belem Sandoval Flores
Expediente 366/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/06/2021
Partes del expediente
- Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Guadalupe Victoria
- Ma. Belem Sandoval Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el contenido de la razón actuarial de cuenta, en la cual la Actuaria de la adscripción asentó la imposibilidad que tuvo para notificar a la tercero interesada María Tereza Mendoza Sandoval, la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En otro tenor, y toda vez que en proveído de veintitrés de abril del año en curso, se tuvo a la citada tercero interesada compareciendo al presente juicio de amparo, en el que además se autorizó que las notificaciones correspondientes al expediente en que se actúa se le practicaran de manera electrónica, bajo el usuario que indicó en el escrito en el que se le tuvo compareciendo. Por tanto, se comisiona a la Actuaria adscrita a éste Juzgado para que notifique la sentencia antes citada a la tercero interesada de manera electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Resultando Primero. Demanda Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, la quejosa ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Guadalupe Baja California, los cuales hizo consistir en: "4.- ACTO RECLAMADO. - El auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno (24/02/2021), el cual fue publicado en el Boletín Judicial del Estado de Baja California en fechas (sic) 2 de marzo de 2021, donde la autoridad responsable OMITE RESOLVER MI RECURSO DE REVOCACIÓN PLANTEADO EN TIEMPO Y FORMA." Segundo. Auto inicial La demanda de amparo se recibió en este Juzgado de Distrito atento al sistema aleatorio que se sometió, fue admitida por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se determinó requerir el informe justificado y darle la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Trámite La autoridad responsable rindió su informe justificado, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito fue notificado, por auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno se tuvo compareciendo a juicio a la tercero interesada ******************** y, previo diferimiento por cuestión de trámite, la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia Este Juzgado es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de naturaleza civil emitidos por un Juzgado del orden común, con residencia dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es importante fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio, por lo que, del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado en esta vía consiste en: Acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, que reservó el acuerdo respecto de recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en el expediente ********************, del índice de la responsable. Apoya a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, página 255, con rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Tercero. Certeza del acto reclamado Del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Guadalupe Baja California, manifestó expresamente que era cierto el acto que se le reclama. Circunstancia que se corrobora con las pruebas documentales que la responsable allegó al presente sumario constitucional, consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente ********************, de su índice. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales, de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de tal legislación. Cobra vigencia en lo relativo a la valoración de las documentales públicas, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Causales de improcedencia Al advertirse la posible actualización de una causal de improcedencia, es necesario abordar su estudio, sea que las partes lo aleguen, o bien, sean advertidas de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por ello, quien resuelve considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente, entre otros casos, contra actos provenientes de un juicio cuando se trate de actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para comprender el alcance de este supuesto de procedencia del amparo, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demanda de amparo contra los actos procesales que provienen de un juicio, mismos que pudieran ser combatibles a través de un medio de impugnación ordinario, y que esto produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Por tal motivo, consideró que hasta que se emita la resolución definitiva, resulta factible establecer si se materializaron violaciones a las leyes que rigen ese juicio y que afectaron las defensas de la persona y que todo esto trascendió al resultado del fallo, esto en los casos que no sean actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. Sólo hasta ese momento la persona afectada estará en posibilidad de controvertirlas mediante el juicio de amparo. Así, el máximo tribunal del país precisó el alcance de la expresión "imposible reparación", contra actos dictados en juicio, en el sentido que sus consecuencias deben ser susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del promovente; por lo que, a contrario sensu, no cuentan con tal característica si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Lo anterior, habiendo sido establecido en la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 1902, con registro digital 2011338, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De lo expuesto, se deducen las dos condiciones para que se consideren actos de imposible reparación dictados en el juicio, para efectos del juicio de amparo: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión sólo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tal virtud, como se adelantó, el amparo indirecto es procedente exclusivamente contra actos en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por los que aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, incluyendo las que produzcan una violación de carácter predominante y de formalidades esenciales del procedimiento, deberán reclamarse en su momento a través del medio de impugnación correspondiente. Ello, con base en la jurisprudencia V.2o. J/11 (8a.), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, agosto de 1991, página 125, con registro digital 222066, por identidad jurídica, la cual es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCION NO SEA DE IMPOSIBLE REPARACION, NO SON IMPUGNABLES MEDIANTE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso b), dispone que, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera del juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Ahora bien, hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio. Pero existen otros que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la disposición constitucional en cita, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto. Tal interpretación desvirtuaría su naturaleza y contravendría la regla del inciso a) del mismo precepto y fracción, acerca de que el amparo procede en contra de sentencias definitivas, ya sea que la violación ocurra en la propia sentencia o que, si se hubiese cometido durante el procedimiento, haya afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo, porque entonces, a elección del agraviado, podría impugnar las violaciones procesales mediante amparo indirecto, sin esperar el fallo definitivo, que puede serle favorable y dejar reparada la afectación que en el procedimiento se hubiera producido." Así, en el presente caso la parte quejosa reclama el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que el Juez Mixto de Primera Instancia de Ciudad Guadalupe Baja California reservó el acuerdo respecto de recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en el expediente ********************, de su índice, en virtud de haberse excusado de dicho juicio en diverso auto. Previamente, en auto de once de febrero de dos mil veintiuno, el Juez responsable se excusó de conocer del juicio de origen, con fundamento en la fracción XVI del artículo 171 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, remitiendo los autos del juicio al juzgado competente en turno, siendo en el caso el Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California; ello, con base en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California. Los artículos anteriormente citados, en su orden, rezan: "ARTÍCULO 171.- Todo Magistrado, Juez o Secretario se tendrá por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes: [.] XVI.- Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas." "ARTICULO 102.- Si un Juez de lo Civil, de extinción de dominio, de lo Penal o Mixto de Primera Instancia, deja de conocer por impedimento, recusación o excusa, conocerá el asunto el que le sigue en número, si lo hubiera de igual categoría o ramo dentro del mismo partido judicial y en caso de que estos también tuvieran impedimento o en aquel partido no hubiere otro Juez, conocerá el que sigue en razón de la distancia, según la forma indicada." En ese orden, de lo anterior se advierte que, conforme a la legislación aplicable, el Juez que estime encontrarse en una situación que pueda afectar su imparcialidad, se tendrá por forzosamente impedido, debiendo dejar de conocer del asunto y remitir a quien de aquél conocerá, siendo quien le siga en número. De lo anterior, se advierte que el acto que por esta vía reclaman la parte quejosa, es el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual la responsable reservó el acuerdo respecto de recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en el expediente ********************, de su índice, en virtud de haberse excusado de dicho juicio en diverso auto; se trata de una determinación de carácter intraprocesal, emitida dentro de un juicio y su emisión no genera un daño inminente y de imposible reparación en la esfera jurídica de la quejosa. Se afirma lo anterior, en virtud de que atendiendo al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, lo aquí reclamado es la omisión de dar trámite a la interposición de un medio de impugnación ordinario; actuación que no tiene en contra de la promovente una ejecución de imposible reparación, toda vez que no hay una consecuencia inmediata que redunde en una afectación de alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de los derechos sustantivos, entre otros, la vida, la integridad corporal, la libertad, la propiedad, la posesión; dado que únicamente, a través del auto impugnado se reserva la substanciación del recurso interpuesto, en virtud de haberse excusado de conocer dicho juicio. Por ende, en virtud de que no se alega la infracción de derechos sustantivos, sino la conculcación de derechos adjetivos que sólo producen efectos intraprocesales, pues el auto reclamado, se reitera, no es un acto que le cause a la promovente de este juicio un acto de ejecución de imposible reparación; debido a que el hecho que el Juez responsable se reserve de substanciar el medio de impugnación interpuesto al haberse excusado de conocer del juicio, sólo puede implicar, en su caso, infracción a sus derechos adjetivos con efectos puramente intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene sentencia favorable a sus intereses. Por lo que de existir violaciones procesales lo podrá reclamar la quejosa junto con la impugnación de la resolución definitiva a través del medio de defensa legal respectivo; por lo tanto, con el acto reclamado no se tiene una violación directa a los derechos fundamentales de la promovente para que se ejercite la acción constitucional. De ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo sólo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente cuando no se encuentra el elemento perjuicio, y en caso de existir éste, no tenga el carácter de irreparable. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 1086, con registro digital 2011580, la cual dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." De igual forma, se cita por el espíritu que la rige, la jurisprudencia 1a./J. 115/2008 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, página 22, registro digital 167797, cuyo rubro y texto rezan: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA O DECLARA INFUNDADA LA EXCUSA PLANTEADA POR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente cuando aquéllas afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En congruencia con lo anterior y tomando en cuenta que la resolución que revoca o declara infundada una excusa planteada por un juez de primera instancia para conocer de un asunto, por encontrarse en alguno de los supuestos legales previstos como impedimento, produce únicamente efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución mencionada. Lo anterior es así, porque si bien la excusa atiende un aspecto subjetivo que puede afectar la imparcialidad del juzgador, ello no necesariamente habrá de materializarse, en tanto que si el afectado obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con la aludida resolución. Además, conforme a la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, se trata de una violación procesal reclamable en la vía directa, pues al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, ya que hasta entonces podrá alegar que el juzgador actuó con parcialidad." En ese sentido, toda vez que se reclama un acto que no es de imposible reparación, se considera que se actualiza el motivo de improcedencia establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu; razón por la cual se sobresee en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio 366/2021 promovido por ********************, respecto del acto reclamado y autoridad responsable especificados en el considerando cuarto de este fallo, por las razones en él expresadas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Lilia Janeth Gámez Terrones, Secretaria que autoriza y da fe hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, fecha en que se terminó de engrosar el presente fallo. Doy Fe. JRCI/LJGT/rrr
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Principal
VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio que remite vía electrónica el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual, en lo conducente, solicita que este órgano jurisdiccional resuelva respecto de acumulación que plantea en relación al juicio de amparo 455/2020, de su índice. En tales condiciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, SE ABRE EL INCIDENTE DE ACUMULACION respectivo. Por lo tanto, córrase traslado con las constancias correspondientes a las partes, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que tengan conocimiento del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga. En diverso tenor, glósese a sus autos para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito presentado por Marco Aurelio Colín Hinojosa, representante legal del tercero interesado GAMATEG, Sociedad Civil, mediante el cual señala que presentó escrito ante la autoridad responsable Juez Sexagésimo Noveno Civil, con sede en esta ciudad, en el que se desistió de la acción en contra del quejoso en el juicio de origen y solicitó le fueran devueltas las cantidades embargadas y remite copia de las constancias relativas a su planteamiento en el expediente de origen 106/2019; asimismo, se desprende que la autoridad responsable reservó el pronunciamiento de dicha petición, hasta en tanto tuviese a la vista los autos originales del asunto en mención. Por otra parte, del estado de autos se desprende que no obra contestación por parte de la autoridad responsable respecto del proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en el cual se le solicitó copia certificada de la acción de desistimiento presentada por el tercero interesado, que en su caso obre dentro del expediente antes citado. En consecuencia, mediante oficio que se gire con transcripción del presente proveído, a través de la compañía de mensajería acelerada por conducto de la empresa Estafeta, remítanse los autos originales del expediente de origen 106/2019, a fin de que resuelva la petición de desistimiento de la acción por parte del tercero interesado GAMATEG, Sociedad Civil, e informe a este juzgado el sentido de la misma. ..... NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 9,143 expedientes
- Luz Maritza Padilla Mendoza1226/2022
- Luz Maritza Padilla Mendoza1130/2022
- Luz Serrato Perez105/2019
- Luz Usbelia Mantos Favela640/2022
- Luzmila Gonzalez Fonce1258/2019
- M. C. T. (Adolfo Camacho Valenzuela en representación)670/2018
- Ma. Belen Cruz Alanis696/2016
- Ma. Belén Cruz Alaníz361/2017
- Ma. Concepción Cervantes Sandoval893/2018
- Ma. Concepción Ema Rivera Zavala649/2019
- Ma. de Jesús Ibarra Rodríguez937/2022
- Ma. de Jesus Lopez Meza705/2018