Ma. Auxilio Lomelí Hernández
Expediente 154/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Auxilio Lomelí Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Se declara que ha causado ejecutoria sentencia de amparo. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, a la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la resolución, para que interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia de seis de junio de dos mil dieciocho, en la que se negó el amparo en el juicio en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Devolución de tomo de prueba. Finalmente, hágase devolución a la autoridad responsable del toca I-394/2017 de su estadística, que remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 154/2018-X promovido por Ma. Auxilio Lomelí Hernández contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo sí existe tercero interesado, teniendo tal carácter Caja Popular Santuario Guadalupano, S.A. de A.P. de R.L. de C.V., quien se encuentra debidamente emplazada, como se advierte de las constancias. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado recibido con antelación y rendido por: Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación del informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Las constancias que integran el toca de apelación I-394/2017 de su estadística, mismas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló alegatos a través del escrito presentado ante el Oficial de partes de este juzgado, el seis de abril del año en curso. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 154/2018-X, promovido por Ma. Auxilio Lomelí Hernández contra el acto de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado el seis de febrero de dos mil dieciocho en la Oficialía de Partes Automatizada de Término de la autoridad señalada como responsable, remitido el diecinueve siguiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, turnado en esa misma data al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, Ma. Auxilio Lomelí Hernández compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del acto de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO.- Lo hago consistir en la inconstitucional sentencia pronunciada el día 15 quince de Enero del año 2018, por el Magistrado responsable dentro del Toca de Apelación número I-394/2017, que se formó al recurso planteado por la suscrita en mi calidad de parte demandada, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 15 quince de Noviembre del año 2017, dentro del juicio sumario civil hipotecario número 801/2015, en el cual la responsable resolvió la improcedencia del Recurso de Apelación en comento, y confirmando la interlocutoria en referencia sin haber analizado los principios de exhaustividad y estricto derecho que les compete a los tribunales.". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia legal. Mediante acuerdo plenario de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el órgano pluripersonal del conocimiento radicó la demanda bajo el progresivo 157/2018 de su índice y determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó remitir las constancias y anexos al Juzgado de Distrito en turno para que proveyera lo conducente. TERCERO. Radicación y prevención. Por auto de veintitrés de febrero del año que transcurre, este Juzgado Tercero de Distrito se avocó al conocimiento del asunto y formó el expediente 154/2018; además, en el mismo auto previno a la quejosa por los puntos ahí señalados. CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien sí formuló pedimento. Asimismo, en el mismo auto se reconoció el carácter de tercero interesado a la moral Caja Popular Santuario Guadalupano, S.A. de A.P. de R.L. de C.V., en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna una resolución emitida por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de quince de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca número I-394/2017 que se formó con motivo de la apelación interpuesta por la aquí quejosa, en contra de la sentencia interlocutoria de quince de noviembre de dos mil diecisiete que se emitió en el juicio sumario civil hipotecario número 801/2015, mediante la cual se aprobó la planilla de liquidación presentada por la parte ejecutante. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias remitidas por la propia autoridad, en apoyo a su informe justificado, consistentes en las constancias originales del toca de apelación número I-394/2017, dentro de las cuales obra la resolución de quince de enero de dos mil dieciocho que en este juicio se impugna. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: DOCUMENTOS PUBLICOS.". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". La Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional señaló que el presente juicio es improcedente y debe sobreseerse al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, pues refiere que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, carecen de todo fundamento ya que solo los enuncia de manera genérica, sin precisar mediante hechos, argumentos y razonamientos lógicos jurídicos, ni señala las causas o motivos del por qué considera han sido violadas sus garantías individuales, omitiendo realizar una narración sucinta y razonada que concatene los actos desplegados por la autoridad responsable y los derechos fundamentales a los que hace referencia. Previo a dar respuesta a la improcedencia alegada es de destacarse que atento a los motivos por los cuales la representación social manifiesta se actualiza la causal referida, el sustento jurídico es diverso al señalado en su pedimento, esto es así, pues la hipótesis motivada se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 108, fracción VIII, del ordenamiento jurídico en consulta, por lo que se hace la corrección en la cita de los preceptos y fracciones legales señalados. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 196233 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: P. XLVIII/98 Página: 69 "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1980/97. Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1931/97. Celular de Telefonía, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de mayo en curso, aprobó, con el número XLVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.". Establecido lo anterior, debe decirse que es infundada la causal de improcedencia invocada, por las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación.". Ello es así, pues basta una simple lectura de la demanda de amparo, para percatarse que al respecto, sí se hacen valer conceptos de violación en contra del acto reclamado, pues en esencia la parte quejosa señala, entre otras cosas, la falta de exhaustividad y las indebidas consideraciones que la Sala responsable que tomó en cuenta para confirmar la sentencia interlocutoria recurrida. Además, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenta que cualquier razonamiento vertido en la demanda de amparo debe examinarse, siendo suficiente para ello que en el mismo se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que la parte quejosa estima le causa el acto, resolución o ley impugnada, y los motivos que originaron ese agravio. Por lo tanto, al haber expuesto la parte quejosa de manera expresa la vulneración a su derecho a la impartición de justicia, dejó claro cuál es su causa de pedir, además de que expuso los razonamientos elementales por los cuales llegó a tal conclusión, máxime que compareció a esta instancia constitucional como parte dentro del juicio hipotecario de origen. Así, al no advertirse la actualización de diversa causal de improcedencia, corresponde el estudio de fondo de la litis planteada. QUINTO. Estudio de fondo. De inicio, este Juzgado Federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerar que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.". A fin de contextualizar el asunto es necesario considerar los siguientes antecedentes que se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable: 1. El seis de julio de dos mil quince la moral aquí tercero interesada, Caja Popular Santuario Guadalupano, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., promovió demanda en la vía sumaria hipotecaria, frente a Ma. Auxilio Lomelí Hernández y Francisca Lomelí Hernández, en cuanto deudora principal y deudora solidaria, respectivamente, en la que reclamó el pago de pesos y otras prestaciones. 2. Seguido el juicio por todas sus etapas procesales, el tres de diciembre de dos mil quince se dictó sentencia que declaró procedente la acción ejercitada y condenó a la parte reo al pago de la cantidad de $933,336.00 (novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, así como el pago de los intereses ordinarios a razón del 1.7% mensual, generados desde la fecha de suscripción del contrato accionario (diecisiete de febrero de dos mil catorce), y hasta la total liquidación del adeudo; así como al pago de los intereses moratorios a razón del 2% mensual, generados a partir del dieciocho de julio de dos mil catorce y hasta la total liquidación del adeudo. 3. Inconforme con esa forma de resolver Ma. Auxilio Lomelí Hernández interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el tres de marzo de dos mil dieciséis para modificar la sentencia apelada únicamente por lo que respecta a la absolución a la condena del pago de gastos y costas. 4. El dieciocho de enero de dos mil diecisiete el apoderado de la parte actora promovió incidente de liquidación de sentencia, para lo cual anexó la planilla respectiva por un total de $1,115,336.52 (un millón ciento quince mil trescientos treinta y seis pesos 52/100 M.N.). 5. El quince de noviembre del año referido se dictó sentencia interlocutoria, en el sentido de confirmar en sus términos la planilla de liquidación propuesta. 6. La parte incidentada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el quince de enero de dos mil dieciocho por el Magistrado de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, resolución en la cual se expresó, en esencia, lo siguiente: En el considerando tercero la Sala entró al estudio del único motivo de agravio en el que se esgrimieron diferentes motivos de inconformidad que, dada su relación, analizó de manera conjunta. Después de citar el contenido del artículo 1556 del Código Civil del Estado, señaló que contrario a lo aseverado por el recurrente, en el caso, el porcentaje de intereses ordinarios y moratorios acordados por las partes, lo fue del 1.7% y 2% mensuales, respectivamente; por lo que no se está en presencia de intereses usurarios, además de que dichos porcentajes no se rebasan la tasa legal del 2% mensual que se prevé en el artículo que cita. Lo anterior, sin que sea obstáculo el hecho de que sumados los porcentajes resulte un factor superior al 2%, pues los intereses ordinarios y moratorios fueron pactados por las partes, siendo que su origen es distinto, dado que el primero constituye una justa ganancia que la ley permite; mientras que el segundo es una sanción por el incumplimiento de la obligación; por lo que nada impide que coexistan y se devenguen simultáneamente, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 29/2000 de la Primera Sala del Alto Tribunal. Además, puntualizó que en la sentencia de origen se precisó el momento en el cual se generarían los intereses ordinarios y moratorios pactados por las partes, por lo que es inconcusa la alegación relativa a que tales intereses se surtan a partir de que se emitió la condena y, en consecuencia, los intereses ordinarios deben cubrirse a partir de que la obligación es contraída y hasta en tanto no se restituya la totalidad de la cantidad o cosa prestada, esto es, el diecisiete de febrero de dos mil catorce; mientras que por los intereses moratorios se surten desde el momento en que el deudor se coloca en mora en el cumplimiento de la obligación de pago a su cargo, esto es, el dieciocho de julio del dos mil catorce. Por lo anterior, la Sala responsable declaró infundados los motivos de inconformidad del recurrente y al no existir agravio que reparar, confirmó la sentencia interlocutoria impugnada. Este acto es el que constituye el reclamado en este juicio de amparo. Ahora bien, en la primera parte de su único concepto de violación, la quejosa argumenta la falta de exhaustividad de la resolución que anteriormente quedó expuesta, pues refiere que no se analizó ni estudiaron cabalmente los agravios que hizo valer, en cuanto a la carencia de método y técnicas empleadas para obtener los montos que por concepto de intereses ordinarios y moratorios supuestamente se adeudan. Lo anterior es infundado. En efecto, si bien la impetrante centra su impugnación en la falta de exhaustividad de la sentencia, su sola manifestación en el sentido de que desconoce los métodos y técnicas empleadas que fueron empleadas para obtener los montos por conceptos de intereses ordinarios y moratorios, no es suficiente para que en esta instancia se estudie su inconformidad, por ser una cuestión que novedosa no planteada ante la autoridad responsable. Lo anterior es así ya del análisis del escrito de apelación que la aquí quejosa planteó ante la responsable, se advierte que tal aseveración no fue hecha valer, pues sus argumentos se centraron por una parte, en el excesivo cobro de intereses que consideró usurarios y, por otra, en la indebida apreciación del momento a partir del cual se surten aquellos; por tal motivo la Sala responsable no estaba obligada a atender un argumento que no se le planteó, máxime que al resolver sobre la apelación, no operaba la suplencia de la queja deficiente con la cual se hiciera permisible revisar en su integridad la sentencia interlocutoria recurrida. En esa medida, al resultar novedosa la alegación de que desconoce el método y técnicas empleadas para obtener los montos que por concepto de intereses ordinarios y moratorios, el concepto de violación que hace valer en ese sentido deviene infundado. Por otra parte, la amparista arguye que los razonamientos de la Sala son carentes de aplicación convencional de derechos humanos, porque si bien la legislación permite el cobro de intereses como justa ganancia, lo cierto es que tal derecho se encuentra limitado por la Constitución Federal, al prohibirse tajantemente la usura, por ello al resolver la responsable no realizó la ponderación respectiva; que el artículo 1556 que aplicó es muy claro en restringir el cobro de intereses en general y no en forma aislada como lo considera la responsable, como una protección al deudor ante los abusos y el eventual cobro de intereses excesivo que constituyan usura; y, por último, que es incorrecta la apreciación del momento a partir del cual deben ser computados los intereses, puesto que nunca fue requerida de pago, sino hasta el momento en que se le dictó la condena respectiva. Lo anterior es inoperante. En principio, debe precisarse que cuando dentro de un procedimiento judicial se ha reconocido el derecho reclamado por la parte demandante con categoría de cosa juzgada, esto constituye una verdad legal inmutable que genera efectos plenos en cuanto a la ejecutividad de lo decidido. Mientras que los incidentes de ejecución de sentencia, entre ellos, los de liquidación de interés, tienen como único objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionarlas en los detalles que no pudieron cuantificarse y que son indispensables para exigir su cumplimiento; de manera que al promoverse la ejecución de una sentencia elevada a categoría de cosa juzgada, en esta etapa no se puede modificar, anular o rebasar lo decidido dentro del juicio, pues ello atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como son los de invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, los cuales dan seguridad jurídica a las partes. Lo anterior en términos de la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 de la Primera Sala del Alto Tribunal que dice: Época: Décima Época Registro: 2014920 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a./J. 28/2017 (10a.) Página: 657 "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. Contradicción de tesis 284/2015. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, Tercer, Décimo Segundo y Décimo Tercer Tribunales Colegiados, todos en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. 22 de febrero de 2017. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Criterios contendientes: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 33/2015, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 72/2015, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 310/2014 y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 85/2015, esencialmente determinaron que la finalidad de la figura jurídica de cosa juzgada, la que prevalece en todo fallo, consiste en que exista certeza respecto de las cuestiones resueltas en los litigios, mediante la invariabilidad de lo fallado en una sentencia ejecutoriada y que se garantice el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión judicial, lo cual constituye un derecho humano consistente en la seguridad jurídica, cuenta habida que los órganos jurisdiccionales nacionales se encuentran obligados a observar los diversos principios constitucionales y legales, ante ello, no es legalmente procedente que en un incidente de liquidación de intereses moratorios, se analice lo relativo a la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de dichos intereses (usura), ya que en el fallo definitivo emitido en el juicio de origen quedaron precisadas las bases para la cuantificación del pago de los intereses respectivos, decisión que resulta inalterable, dado que la sentencia de fondo causó estado y, por ende, constituye cosa juzgada; similar criterio sostuvieron: el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 366/2014 y 84/2015, así como el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 389/2014 y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 173/2015. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 57/2015 y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver el amparo en revisión 42/2015, resolvieron amparar y proteger al quejoso recurrente para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución emitida en una sentencia interlocutoria relativa a un incidente de liquidación de intereses, al considerar que los intereses moratorios que fueron convenidos por las partes tuvieron la voluntad de pactar una ganancia en favor del acreedor; por ello y no obstante que el monto resultara usurario, lo justo y equitativo era reducir la tasa de intereses, de donde se advierte el criterio implícito consistente en que en el amparo en revisión es posible analizar lo relativo a la usura respecto de los intereses pactados por las partes en el juicio de origen, aun cuando dichos intereses moratorios se fijaron en una sentencia definitiva que ya causó estado. Tesis de jurisprudencia 28/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete. Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 57/2015, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, derivaron las tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/13 (10a.), I.3o.C. J/18 (10a.) y I.3o.C. J/17 (10a.), de títulos y subtítulos: "TASAS DE INTERÉS. ES VÁLIDO ACUDIR A LAS FIJADAS POR EL BANCO DE MÉXICO, PARA ESTABLECER SI LAS PACTADAS POR LAS PARTES SON DESPROPORCIONADAS O NO.", "USURA. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA IMPOSIBILITA ELIMINAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RESPECTO DE LOS HECHOS ANTERIORES A LA COSA JUZGADA, PERO SÍ PERMITE ANULAR LOS INTERESES USURARIOS GENERADOS DESPUÉS DE ÉSTA, PARA REDUCIRLOS A UNA TASA EQUITATIVA Y ASÍ LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE EL CITADO PRINCIPIO, LOS DE COSA JUZGADA Y DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA, DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA." y "USURA. EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CABE ESTABLECER UNA SOLUCIÓN EQUITATIVA QUE ARMONICE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y EL DERECHO DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas y del viernes 27 de enero de 2017 a las 10:28 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 20, Tomo II, julio de 2015, página 1619; y 38, Tomo IV, enero de 2017, páginas 2413 y 2415, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". Además, se invoca como aplicable la jurisprudencia que enseguida se reproduce: Época: Novena Época Registro: 171449 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Materia(s): Común Tesis: I.11o.C. J/10 Página: 2381 "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 384/2002. José María Quintana Corral y otros. 13 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Eduardo Jacobo Nieto García. Amparo en revisión 294/2005. Rocío Jacaranda Castro Dávila. 29 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: Rocío Itzel Valdez Contreras. Amparo en revisión 135/2006. Carmen Ramírez de Arellano y Escandón. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. Amparo en revisión 122/2007. Patricia Landín Wagner. 18 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: Vanessa Delgadillo Hernández. Amparo en revisión 186/2007. Manuel Agüero Ramos. 26 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: Vanessa Delgadillo Hernández.". Derivado de lo anterior, se obtiene que, en contravención de lo expresado por el quejoso, el incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, no es el mecanismo legal idóneo para combatir la tasa de intereses que las partes pactaron y que se aprobó en sentencia definitiva, pues al haberse elevado a categoría de cosa juzgada, constituye una verdad legal inmodificable. De ahí que resulte infructuoso que el impetrante argumente violación a derechos fundamentales y la falta de aplicación conforme de las disposiciones normativas sobre la cuantificación de intereses, bajo el argumento de que se encuentra prohibida la usura, puesto que la efectividad de la cosa juzgada también constituye un derecho humano protegido por la Constitución Federal y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que a través de dicha institución legal se otorga seguridad jurídica a las partes respecto de los derechos obtenidos dentro de un procedimiento judicial. Sustenta lo anterior la tesis aislada siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006697 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: XI.C.16 C (10a.) Página: 1630 "COSA JUZGADA. AL CONSTITUIR UN DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y POR LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25, NUMERALES 1 Y 2 DE ÉSTA. De conformidad con el artículo 25, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro que sea efectivo, que la ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, la ley y la citada convención. Los Estados Parte se comprometen a decidir sobre los derechos de quien interponga algún recurso y garantizar el cumplimiento de lo que ahí se decida. Sin embargo, la regulación de este derecho no es obstáculo para considerar que la aplicación de la figura jurídica de la cosa juzgada es transgresora de las prerrogativas consagradas en dichas disposiciones, pues la finalidad de ésta consiste en que exista certeza respecto de las cuestiones resueltas en los litigios, mediante la invariabilidad de lo fallado en una sentencia ejecutoria, ante el riesgo de que al tramitarse un nuevo juicio en el que se ventilen las mismas cuestiones que en el anterior, por los mismos sujetos y conforme a similares causas, se pronuncien sentencias contradictorias con la consecuente alteración de la estabilidad y seguridad de los contendientes en el goce de sus derechos, lo cual también constituye un derecho humano consistente en la seguridad jurídica protegido por la Constitución y por la referida Convención Americana. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1116/2012. Rosa María Almanza Zavala, su sucesión. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo. Secretario: Luis Ángel Hernández Hernández. Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". Efectivamente, la doctrina, la ley y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que la sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal y es inmutable; además, que esta figura tiene la finalidad de dar certeza jurídica a las partes que intervienen en un juicio, de manera tal que lo decidido en la resolución ejecutoriada, por constituir la verdad legal, no puede ser modificada. Lo anterior, no implica desconocimiento de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", en los cuales se determinó que el artículo 21, apartado 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que ocurre cuando una persona obtiene provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. Además, en esos criterios se estimó que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por las partes y solo ante la falta del pacto, operar al tipo legal, permite una interpretación conforme con la Constitución Federal y, por ende, ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo. Incluso, señalan que si el juzgador advierte que el interés pactado con base en el mencionado precepto es notoriamente usurario, puede reducirlo de oficio prudencialmente. Sin embargo, en el caso en estudio, el pago de intereses en ejecución de sentencia deriva de una sentencia ejecutoriada que constituye la verdad legal, de manera tal que en el momento procesal en que se actúa, no se está en posibilidad de analizar si el interés es usurario o no. Más aún porque, como se adelantó, la institución de cosa juzgada implica la inmutabilidad de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales, en razón de su interés político y público, una vez precluidos todos los medios de impugnación, de manera tal que ese sistema garantiza el derecho de acceso a la justicia y al de seguridad jurídica. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 25/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: Época: Décima Época Registro: 2011692 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 25/2016 (10a.) Página: 782 "COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO "NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL" NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR. La reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la incorporación a nuestro sistema jurídico -con rango constitucional- de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, no lleva a sostener que ante este nuevo paradigma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda revisar y modificar las decisiones sobre legalidad emitidas por los tribunales colegiados de circuito al resolver un juicio de amparo anterior y que han adquirido la calidad de cosa juzgada. Esto es así, porque las determinaciones judiciales adoptadas por dichos tribunales obedecen al régimen federal del Estado Mexicano, a la distribución de competencias, a las responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas razones funcionales y, por tanto, operativas y finalistas. Esta distribución abona al perfeccionamiento de los actos judiciales y a que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias; así, la perspectiva de la dimensión institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del sistema procesal organizado por competencias diferenciadas, y permite que se respeten los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales, al tiempo que da certeza a las relaciones jurídicas mediante instituciones como la de la cosa juzgada, que implica la inmutabilidad de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en razón de un interés político y público, una vez precluidos todos los medios de impugnación. Ahora bien, cuando las decisiones adoptadas por los tribunales referidos derivan en la concesión del amparo, su ejecución puede generar dos tipos de actos por parte de las autoridades responsables: 1) los relativamente libres, esto es, los realizados por la autoridad responsable en ejercicio de sus atribuciones propias; y, 2) los vinculados, a cuya realización se ve constreñida la autoridad responsable con la única posibilidad de proceder apegada a las directrices fijadas en la ejecutoria que concedió el amparo. En ese sentido, cuando lo decidido vincula totalmente a la autoridad responsable, tales decisiones gozan del imperio de la autoridad de cosa juzgada siendo inmutables y, por tanto, no son susceptibles de ser analizadas por este alto tribunal, ni sobre la base del nuevo paradigma constitucional establecido en nuestro sistema jurídico, ya que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a los tribunales colegiados de circuito como órganos terminales en materia de legalidad. Así, el sistema que garantiza al gobernado el derecho de acceso a la jurisdicción protege también la seguridad jurídica de que lo juzgado permanece. Amparo directo 55/2013. 21 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, por lo que hace a la concesión del amparo. El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo formuló voto concurrente. La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas manifestó que si bien vota por conceder el amparo, no comparte las consideraciones ni los efectos, y formuló voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Recurso de reclamación 14/2015. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Recurso de inconformidad 1045/2014. Zoila Guerra López y otro. 6 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Arturo Meza Chávez. Recurso de inconformidad 189/2015. Scotiabank Inverlat; S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 6 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez. Amparo directo en revisión 5315/2014. 20 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera. Tesis de jurisprudencia 25/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha once de mayo de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". Conforme a lo anterior, queda evidenciado que las alegaciones hechas valer por la amparista en el sentido de que la Sala responsable debió tener en cuenta la prohibición de la usura para el cálculo de la liquidación, conforme a la aplicación literal del artículo 1556 del Código Civil del Estado, que no distingue entre el tipo de intereses, pero sí establece un límite para su cobro, son inoperantes habida cuenta a que tales argumentos se encuentran dirigidos a combatir la condena relativa decretada en sentencia, no así las consideraciones por las cuales la Sala responsable resolvió confirmar la sentencia interlocutoria recurrida, máxime que la cuestión efectivamente planteada en vía de concepto de violación, es un aspecto sobre el cual ya existe cosa juzgada, de manera que no puede ser modificada al resolver sobre el incidente de liquidación de sentencia. Por último, el mismo calificativo de inoperante merece la manifestación relativa a la incorrecta apreciación del momento a partir del cual deben ser computados los intereses, puesto que la demandada nunca fue requerida de pago, sino hasta el momento en que se le dictó la condena respectiva. Lo anterior es así, ya que dicho motivo de inconformidad resulta reiterativo en esta instancia constitucional, pues como se observa del escrito de agravios, esta manifestación fue hecha valer al presentar el recurso de apelación; por esta razón, la Sala responsable tuvo a bien estudiar lo anterior para resolver que en la sentencia definitiva que recayó al sumario, se estableció claramente el momento a partir del cual se surtían los intereses ordinarios y moratorios, según se observa en la última parte del considerando segundo de la sentencia definitiva: ".se condena a la parte reo al pago solidario de la cantidad de $9333,336.00 novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional, integrada por concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses ordinarios a razón del 1.7% uno punto siete por ciento mensual, generados desde la fecha de suscripción del contrato accionario, esto es, del 17 diecisiete de febrero del año 2014 dos mil catorce, y hasta la total liquidación del adeudo; así como al pago de los intereses moratorios ajustados a razón del 2% dos por ciento mensual, generados a partir del día 18 dieciocho de julio del año 2014 dos mil catorce, y hasta la total liquidación del adeudo." [Lo subrayado es propio]. De manera que la Sala responsable dio contestación al agravio relativo, al señalar que los intereses ordinarios constituyen la justa ganancia que la ley permite recibir a quien transfiere la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a cargo de quien la recibe y quien tiene la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad; mientras que los intereses moratorios constituye una sanción por el incumplimiento de la obligación pactada. Por ello, la Sala concluyó que es incuestionable que si en el contrato accionario las partes pactaron lo anterior, éstos se generan a partir del día diecisiete de febrero de dos mil catorce -ordinarios- y el dieciocho de julio del mismo año -moratorios-, datas en que se contrajo la obligación y se incumplió con ella, respectivamente. Bajo esa tesitura, no queda más que concluir que en este aspecto la alegación relativa es reiterativa y, por consecuencia, inoperante, porque no combate toralmente las consideraciones que la Sala responsable expuso para desestimar el agravio hecho valer en apelación. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 166031 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Noviembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 188/2009 Página: 424 "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve.". [Lo resaltado es propio]. Así las cosas, dada la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección solicitadas, siendo que las manifestaciones vertidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional no forman parte de la litis, por lo que deberá estarse a lo resuelto en el presente fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ma. Auxilio Lomelí Hernández contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada, en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe. lfsl
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Devuelve despacho diligenciado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, por el cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 373/2018-115.D., el cual se envió para que emplazara a la moral tercero interesada Caja Popular Santuario Guadalupano, S.A. de A.P. de R.L. de C.V., y le notificara el contenido del proveído de diez de abril del año en curso pronunciado por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, intégrense a los autos dichas constancias y dese de baja del libro de comunicaciones. Se reconoce carácter a apoderado de moral tercero interesada. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, específicamente la diligencia de emplazamiento practicada el diecisiete de los corrientes por la actuaria adscrita al juzgado auxiliar, de la que se desprende que tal diligencia fue entendida con Josué Joel Rosas Acha, quien acreditó el carácter de apoderado de la moral tercero interesada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, y con apoyo en las copias del poder general para pleitos y cobranzas que le fue otorgado por el gerente general de la aquí tercero interesada, mismas que al efecto fueron acompañadas por la autoridad auxiliar, se le tiene por reconocida la calidad con la que se ostenta dentro de los presentes autos. De igual forma, téngase al apoderado de la moral en cita, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Héroes de Nocupetaro, número mil quinientos, edificio tres, interior trescientos tres de la colonia Melchor Ocampo de esta ciudad. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil dieciocho. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que se encuentra pendiente la devolución del despacho 373/2018-115.D., que se envió al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional emplazara a la tercero interesada Caja Popular Santuario Guadalupano S.A. de A.P. de R.L. de C.V. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las nueve horas con cuarenta minutos del seis de junio de dos mil dieciocho. Notifíquese.
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