Ma. Audulia Torres Flores

Expediente 413/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 13 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
413/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
13/10/2020

Partes del expediente

  • Ma. Audulia Torres Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las siguientes: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Audulia Torres Flores, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 413/2020. 1.2. EXAMEN DE LA DEMANDA Y PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Conforme al artículo 113, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se avoca al estudio de la demanda de amparo. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que la impetrante de amparo reclama, lo siguiente: Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, la orden de desalojo del bien inmueble ubicado en calle Damián Carmona, número treinta y cinco, colonia Benito Juárez Norte, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, dictado en el expediente 528/2020, que sobre diligencias de jurisdicción voluntaria promovió Esteban Torres Flores en su contra, lo anterior sin haber sido oída ni vencida en juicio, y del Actuario adscrito la ejecución de dicha orden. 1.3. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La parte quejosa reclama del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, la orden de desalojo del bien inmueble ubicado en calle Damián Carmona, número treinta y cinco, colonia Benito Juárez Norte, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, dictado en el expediente 528/2020, que sobre diligencias de jurisdicción voluntaria promovió Esteban Torres Flores en su contra, lo anterior sin haber sido oída ni vencida en juicio, aduciendo en sus antecedentes que el dos de octubre del año en curso, le entregaron las copias de traslado de la demanda, por parte de la actuaria adscrita al juzgado, quien le dijo y lo escribió en dichas copias que tenía treinta días para desalojar la vivienda y del Actuario adscrito al Juzgado responsable la ejecución de dicha orden de desalojo. Contra el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En efecto, el citado artículo contiene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual procede contra actos que no admiten recurso o medio de defensa ordinario alguno o que, procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada. Así las cosas, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a este procedimiento se deben agotar los recursos que prevé la ley ordinaria y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate. De la narrativa de la demanda de amparo y documental que acompañó, consistente en copia de traslado que se le corrió en el expediente 528/2020, con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que Esteban Torres Flores, promovió en vía de jurisdicción voluntaria diligencias de terminación de contrato verbal de comodato y restitución de inmueble en contra de Ma. Audulia Torres Flores dándole treinta días para que desocupe el inmueble, respecto de la mitad del terreno urbano que se encuentra ubicado en el domicilio ubicado en calle Prolongación Damián Carmona, número 35, colonia Benito Juárez, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, solicitando se notificara en calle Prolongación Damián Carmona, número 35, de la colonia Benito Juárez, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, el cual no combatió a través de los medios ordinarios de defensa procedentes, que en la especie resulta ser la oposición y apelación, previstas por los artículos 1193 y 1196 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. En efecto, el artículo 1189 dispone que la jurisdicción voluntaria, o vía de autorización, comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, requiera la intervención del juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Por su parte, el diverso 1193, establece que si a la solicitud promovida se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda, que el juez, al declarar contencioso el asunto, señalará un término de ocho días al opositor para que presente su demanda; que si no lo verificare dentro del término establecido, a petición del promovente, se declarará infundada la oposición y continuarán las diligencias de jurisdicción voluntaria sus trámites. El 1195 refiere que el juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto de las de jurisdicción contenciosa. De lo anterior, se advierte que la ley legitima a la persona que crea tener algún derecho a oponerse al trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, lo que conduce a que el juez en el mismo procedimiento pueda variar o modificar las providencias que hubiere dictado, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto de las de jurisdicción contenciosa; o bien, que se vuelva el negocio contencioso, lo que conlleva la obligación de presentar la demanda respectiva. Ahora bien, para el caso de que no se admita la oposición presentada en tiempo hábil, o cuando ésta fuere desestimada en la resolución que apruebe las diligencias, procederá el recurso de apelación en ambos efectos. En el caso, las constancias previamente valoradas demuestran que la quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, no agotó la oposición respectiva ni el recurso de apelación, a través de los cuales, la orden de entrega que reclama respecto del bien que defiende como de su propiedad, es susceptible de ser modificada, nulificada o revocada. Bajo ese contexto, al resultar manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de garantías que nos ocupa por el acto en estudio. 1.8. Notificaciones a la parte quejosa. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Jonathan Alejandro Valerio Calixto, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo autorice a ejercer la profesión en derecho. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525180416 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525180416 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 2.11. Publicidad del expediente. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese en los términos precisados en este auto; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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