Ma Asuncion Colmenero Juarez

Expediente 172/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
172/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Ma Asuncion Colmenero Juarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las constancias aportadas por el Juzgado Regional de Oralidad Mercantil Región Irapuato, con sede en esta ciudad, para acreditar el cumplimiento que dio al fallo protector, sin que lo hubiera realizado. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo conducente de acuerdo a las constancias que obran en autos. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO A fin de emitir el pronunciamiento correspondiente, se precisa que en la sentencia por la se concedió el amparo solicitado a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Juez del Sistema de Oralidad Mercantil de la Región de Irapuato, Guanajuato, en el ámbito de su competencia y atribuciones, realizara lo siguiente: 1- Deje insubsistente el acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós y, 2- En su lugar, dicte otro en el que se abstenga de archivar el asunto como totalmente concluido y, en consecuencia, se pronuncie conforme a derecho corresponda sobre la promoción presentada el diez de enero de dos mil veintidós por el apoderado legal de la parte demandada en el juicio mercantil de origen. Sin que la presente concesión tenga como finalidad constreñir a cualquier acto relacionado con el pago de gastos y costas, toda vez que dada la naturaleza de estricto derecho del juicio oral mercantil, de donde emana el acto reclamado, su prosecución corresponde a las partes. Resolución que por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria por lo que, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia amparadora. En esas condiciones, a través de la misiva registrada con el folio 12325/2022, recibida el veintiuno de junio del año en curso, el Secretario del Juzgado del Sistema de Oralidad Mercantil de la Región de Irapuato, Guanajuato, informó que mediante acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio *****, de su índice, dejó insubsistente el diverso diez de enero del citado año, y proveyó de nueva cuenta en relación a la promoción presentada por el apoderado legal de la parte demandada, determinando decretar en beneficio de ésta el cumplimiento de la condena impuesta en la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte; sin embargo, en virtud que el pago de gastos y costas procesales no ha sido liquidado, se abstuvo de declarar el cumplimiento total de la mencionada resolución y archivar el asunto como totalmente concluido. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable atendió el núcleo esencial del fallo protector pues demostró que dejó insubsistente el acuerdo de diverso diez de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio SOM-768/2019, de su índice, y en su lugar emitió otro en el que se abstuvo de archivar el asunto como totalmente concluido, en relación con la promoción presentada por el apoderado legal de la parte demandada, dado que determinó que aún se encontraba pendiente la liquidación y pago de gastos y costas procesales en el citado juicio. Entonces, no se advierte exceso o defecto en el cumplimiento. Por ende, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, ha quedado debidamente cumplida. ARCHIVO En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. DESTINO: ( Expediente principal es DEPURABLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: En el presente asunto no se allegaron documentos de los catalogados como no originales por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio, no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se depurarán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberá realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las 9:15 a las 15:30 horas, así como que el sistema sólo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa y a la fiscal adscrita.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Regional de Oralidad Mercantil Región Irapuato, con sede en esta ciudad, por el cual trascribe el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, del que se advierte dejó sin efectos el auto pronunciado el diez de enero del año en curso, en los autos del expediente de origen número ***, y dictó otro pronunciándose sobre la promoción presentada el diez de enero de dos mil veintidós por el apoderado legal de la parte demandada en el juicio mercantil de origen, denegando el archivo definitivo del sumario en mención. En tales condiciones y, toda vez que la parte quejosa tiene acceso al expediente electrónico, quedan a su disposición, la misiva de cuenta y sus anexos, en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informó la referida autoridad; apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En la inteligencia que, de conformidad con el artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que obren en el expediente electrónico de los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, que incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    ...Irapuato, Guanajuato, catorce de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Y REQUIERE CUMPLIMIENTO Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a la responsable, toda vez que éstas carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia número P./J./ 22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a la parte quejosa ***, contra actos del Juez del Sistema de Oralidad Mercantil de la Región de Irapuato, Guanajuato, para el efecto de que el aludido órgano jurisdiccional realice lo siguiente: "1- Deje insubsistente el acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós y, 2- En su lugar, dicte otro en el que se abstenga de archivar el asunto como totalmente concluido y, en consecuencia, se pronuncie conforme a derecho corresponda sobre la promoción presentada el diez de enero de dos mil veintidós por el apoderado legal de la parte demandada en el juicio mercantil de origen. Sin que la presente concesión tenga como finalidad constreñir a cualquier acto relacionado con el pago de gastos y costas, toda vez que dada la naturaleza de estricto derecho del juicio oral mercantil, de donde emana el acto reclamado, su prosecución corresponde a las partes". En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez del Sistema de Oralidad Mercantil de la Región de Irapuato, Guanajuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien veces de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Civil en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, el Juez del Sistema de Oralidad Mercantil de la Región de Irapuato, Guanajuato, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis: Época: Novena Época Registro: 165779 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P. LVIII/2009 Página: 12 "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores -cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola2. Devuélvase al Juez del Sistema de Oralidad Mercantil de la Región de Irapuato, Guanajuato las constancias que remitió en apoyo a su informe de ley, consistentes en copia certificada del expediente ***, de su índice, en un tomo. Finalmente, se requiere a la autoridad responsable para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica a la fiscal adscrita.

  4. Principal

    SE DICTÓ SENTENCIA EN LA QUE SE DETERMINÓ: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a *****, contra los actos y autoridades precisadas en el considerado segundo de esta resolución y por las razones expresadas em el quinto siguiente. Notifíquese.

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