MA. ASCENCION RODRÍGUEZ ROMERO y Otros.
Expediente 1133/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1133/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- MARÍA TERESA DE JESÚS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ y Otros.
- MA. ASCENCION RODRÍGUEZ ROMERO y Otros.
- Ma. Ascencion Rodríguez Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE LA CITADA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE EL TERCERO INTERESADO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL OCHO DE MAYO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LAS RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DEABRIL DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1133/2022, promovido por..., firmando a su ruego..., contra actos del Juez Décimo Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución federal. Segundo. Admisión y trámite. El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, dio intervención a la Fiscal Federal adscrita, requirió informes justificados, y ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Se rindieron los informes de ley; la representación social adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada, y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, párrafo único, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución del orden civil, dictada por una autoridad residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación a la etapa de ejecución del juicio especial hipotecario..., del índice del Juzgado Décimo Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y reclama particularmente los actos tendentes a desposeerla del inmueble denominado como..., La ejecución. Tercero. Inexistencia. Debe tenerse por inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común en Materia Civil y Juez Décimo Segundo Civil, ambos del Partido Judicial de León, Estado de Guanajuato. Es así pues aunque aceptaron los actos, de las constancias remitidas por el apuntado juzgador se corrobora que recibió un exhorto del órgano instructor, para auxiliar en la ejecución del proceso, mediante el requerimiento a la parte demandada de entregar el inmueble adjudicado. Empero, de las propias actuaciones certificadas enviadas, se obtiene que la comunicación oficial originada con la solicitud señalada se ordenó devolver en el propio auto de radicación, de modo que no generaron perjuicio en la quejosa, ni participaron con actos propios en la ejecución de lo decidido, de ahí que tampoco tengan intervención susceptible de revisión en esta sede constitucional. Por tanto, debe tenerse por inexistentes los actos que les fueron atribuidos y dado que su aparente intervención no fue objetada ni desvirtuada, pues la promovente no aportó medios de convicción en contrario, el juicio de amparo debe sobreseerse, con fundamento en la fracción IV, del precepto 63 de la Ley de la materia, respecto de las citadas autoridades. Al caso es aplicable la Jurisprudencia número 1002, visible a fojas 1621 de la Segunda Parte, Volumen IV, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1988, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. Negativa de los actos atribuidos a las autoridades. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en Ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la Materia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Además, se dio vista con los informes justificados de las autoridades responsables por el término que marca el artículo 117 de la Ley de Amparo, y la quejosa fue omisa en controvertirlo para evidenciar la existencia de los actos reclamados, y tampoco aportó datos que acreditaran la existencia de su reclamo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia VI.20 J/308, visible en la página 77, del tomo XIII, Agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Cuarto. Existencia. En su informe justificado, el Juez Décimo Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, aceptó la existencia de los actos reclamados y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, visible en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Causal de improcedencia. Procede estudiar las causales de improcedencia de forma oficiosa, conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia II.1o.J/5 de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, página noventa y cinco, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El juicio de amparo es improcedente por extemporaneidad en su presentación, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los artículos artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo en cita establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, el artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) A partir de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el particular, la extemporaneidad de la demanda se apoya específicamente en el supuesto que contempla que el término de quince días para la presentación de la misma, debe computarse a partir de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Dicho lo anterior, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por los accionantes de amparo, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Ello conforme a la jurisprudencia 5, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, registro 393961, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Ahora bien, de las documentales allegadas por la responsable -que gozan de pleno valor probatorio-, se advierte en primer lugar que la parte quejosa es demandada en el juicio de origen y tuvo participación en la integración de la litis, porque el uno de diciembre de dos mil quince presentó el escrito con el cual contestó la demanda, opuso excepciones, defensas, contestó los hechos, estableció planteamientos de defensa, nombró licenciados en derecho para actuar en su nombre y representación. Acto procesal que ocurrió previo a la emisión de la sentencia definitiva del proceso, dictada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, y que condenó a la ahora impetrante a la satisfacción de diversas obligaciones. Además, consta en el expediente que en la etapa de ejecución la quejosa compareció por propio derecho ante la autoridad responsable, mediante el escrito que presentó el catorce de julio de dos mil veintidós donde solicitó copias de las actuaciones dictadas, asimismo, la promovente autorizó personas para recogerlas en su nombre y representación, así como para oír y recibir notificaciones. A tal pretensión recayó el auto que el juzgador de origen dictó el primero de agosto de dos mil veintidós, donde acordó favorable la expedición de copias en los términos solicitados, ordenó preparar la constancia que informara de su recepción y señaló el requisito que la solicitante habría de satisfacer previamente, que es sufragar el costo. Con ese pronunciamiento la autoridad judicial instructora dejó disponibles y/o puso a disposición de la quejosa las copias solicitadas, lo cual resulta relevante porque desde ese momento en que la solicitante de copias las tuvo a su disposición y/o disponibles, también estuvo en aptitud de tener pleno conocimiento de su contenido y del proceso al cual se quiere incorporar. Esto es, a partir del momento en que estuvieron a disposición de la parte quejosa las copias que solicitó, debe iniciar el cómputo para interponer el juicio de amparo, pues desde ese instante se entiende que está en aptitud de tener pleno conocimiento del proceso donde es parte. Lo anterior se justifica porque al proveer sobre una petición que hagan las partes en el proceso, la autoridad fija su jurisdicción y entabla una línea de comunicación procesal con el peticionario, a través de dos formas, una mediante las consideraciones que emita para atender la acción y se materializa en el sentido de su pronunciamiento, que al ser el objeto de la solicitud, conforme a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, permite inferir que el peticionario estará interesado en conocerlo porque tiene inmersos sus derechos, y porque fue quien solicitó la actividad judicial. La segunda situación también es creada por la autoridad y consiste en la forma de notificar al interesado la determinación dictada, la cual se materializa al agregar al expediente las promociones y proveídos judiciales para la consulta física, y en mandar enterar a las partes mediante el mecanismo procesal de publicación respectivo, según sea el caso. De modo que si la petición de copias instada por la quejosa fue relacionada por la autoridad mediante una determinación que consta por escrito, que además la atendió favorable porque otorgó lo pedido, la ordenó incorporar al expediente donde se instó directamente, y de la cual mandó notificar mediante Boletín Judicial, es claro que hizo disponibles las copias solicitadas. Al hacer disponibles las copias solicitadas a través de los medios que permitieron a la quejosa y solicitante, la oportunidad legal de imponerse de la notificación del acuerdo de primero de agosto de dos mil veintidós, la actuación de la autoridad responsable adquirió plena validez, por agotar el mecanismo previsto por el legislador, y tuvo el efecto de permitir a la quejosa estar en aptitud de tener pleno conocimiento del contenido del expediente de origen. En suma, la validez de la notificación del acuerdo que hizo disponibles las copias solicitadas por la propia quejosa, permite atribuirle la posibilidad y aptitud de tener pleno conocimiento del expediente, pues de lo contrario quedaría al arbitrio de las partes, en contravención al imperativo legal que el legislador dispuso al prever requisitos para conceder validez a las actuaciones judiciales. De lo contrario, la controversia y sus consecuencias quedarían sujetos a la eventualidad de que la solicitante recoja las copias que solicitó, y las demás partes de la controversia así como los sujetos procesales eventualmente involucrados, carecerían de certeza jurídica de su participación y de las decisiones tomadas por el juzgador. Aspecto que se recalca porque consta en el expediente de origen que la quejosa solicitó las copias al A Quo el catorce de julio de dos mil veintidós y se presentó a recogerlas, hasta el siete de octubre siguiente, y de aceptar esta última fecha como apta para calificar la oportunidad de promover el juicio constitucional, implicaría hacer imperar la voluntad de la ahora inconforme sobre toda la secuela procesal, particularmente hasta que decidiera recoger dichas copias, que en el caso ocurrió más de dos mes posteriores a la solicitud. Aunado a lo anterior, debe sumarse que la propia parte quejosa es demandada en el juicio de origen, y a causa de esa posición contestó la acción; esa conducta procesal debe interpretarse a la luz del principio de confianza legítima, conforme al cual al decidir participar en un proceso judicial, aun en una etapa previa a la cual se quiere incorporar, la impetrante ya contaba con todos los elementos suficientes para identificar las consecuencias que podían derivarse de la controversia. Lo cual se respalda en el contenido del escrito de contestación de la acción, donde se constata que la demandada objetó los hechos y los términos de la acción principal, tanto para limitar su alcance como para extinguirlo, de modo que desde ese momento sabía que esperar en la etapa de ejecución; por ello es que tampoco resultaría admisible supeditar a la voluntad de la impetrante, el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En suma, la oportunidad para conocer del acto reclamado debe computarse a partir del cuatro de agosto de dos mil veintidós, pues en esa fecha surtió efectos la notificación de la determinación de uno de agosto de dos mil veintidós, que hizo disponibles las copias solicitadas por la propia impetrante y la dejó en aptitud de tener pleno conocimiento del expediente de origen. Sirve de apoyo, la tesis aislada III.4o.C.2 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de registro digital: 180417, de la Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. EL CÓMPUTO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO, QUE ES UN TERCERO EXTRAÑO, HA SOLICITADO COPIA CERTIFICADA PARA TENER CONOCIMIENTO DE AQUÉL, INICIA DESDE EL MOMENTO EN QUE ESTÉN A SU DISPOSICIÓN. Del examen del criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXXII/2003, publicada en la página 201, del Tomo XVII, del mes de junio de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL CÓMPUTO PARA LA INTERPOSICIÓN DE ESE RECURSO, CUANDO EL RECURRENTE SOLICITÓ COPIAS CERTIFICADAS DE LA SENTENCIA PARA TENER CONOCIMIENTO DE ELLA, INICIA DESDE EL MOMENTO EN QUE ESTÉN A SU DISPOSICIÓN.", que tuvo como base la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, publicada en la página 5 del Tomo XVI, del mes de septiembre de 2002, de la época y obra en consulta, del epígrafe: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE."; se llega al convencimiento de que su alcance es el de que cuando el quejoso ha solicitado copia certificada del acto reclamado, tal lapso empieza a correr a partir de que están a su disposición, pues desde ese momento se entiende que está en aptitud de tener pleno conocimiento de su contenido, sin que pueda ampliarse indefinidamente, constreñido a la eventualidad de que recoja las copias, porque ello equivaldría a que el aludido plazo quedara sujeto a su arbitrio; lo que se corrobora por el hecho de que, frente al derecho del quejoso de interponer el juicio de garantías, está también el del tercero perjudicado, relativo a que se administre justicia en los plazos y condiciones que la ley establece, por lo que debe existir un límite temporal para la interposición de la demanda de garantías." Así, el término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, para que la accionante promoviera su demanda, debe computarse del cuatro al veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, descontándose los días inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo y el calendario de labores de la responsable. Ahora, del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo se presentó hasta el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, esto es, después de culminado el término que la ley confiere para la interposición de su demanda, por lo que se concluye que la demanda de amparo se presentó fuera del referido plazo de quince días. Por lo cual, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, y procede SOBRESEER conforme al diverso 63, fracción V, de la propia legislación. Tiene aplicación la tesis III.2o.P.255 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, página 3028, de registro 163630, que dice: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." En tal virtud, no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado y su ejecución, respecto a su constitucionalidad. Dados los motivos de sobreseimiento actualizados, resulta innecesario entrar al análisis de fondo de las manifestaciones que a modo de conceptos de violación hizo valer la parte quejosa en la demanda de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados, pues no se les atribuyen vicios propios, sino que se les señala como consecuencia. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/338, consultable en la página 69 del Tomo 83, Noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 79 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1133/2022, promovido por..., firmando a su ruego..., contra actos del Juez Décimo Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y otras autoridades, por las consideraciones de este fallo. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido del licenciado..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1133/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y su escrito aclaratorio; B) Informes justificados; y C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido se procede a la apertura del período probatorio, en el que se indica que la accionante ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que ninguna de las partes los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1133/2022, promovido por..., firmando a su ruego..., contra actos del Juez Décimo Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución federal. Segundo. Admisión y trámite. El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, dio intervención a la Fiscal Federal adscrita, requirió informes justificados, y ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Se rindieron los informes de ley; la representación social adscrita no intervino; la parte tercera interesada fue emplazada, y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, párrafo único, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución del orden civil, dictada por una autoridad residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación a la etapa de ejecución del juicio especial hipotecario..., del índice del Juzgado Décimo Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y reclama particularmente los actos tendentes a desposeerla del inmueble denominado como..., La ejecución. Tercero. Inexistencia. Debe tenerse por inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables Director de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común en Materia Civil y Juez Décimo Segundo Civil, ambos del Partido Judicial de León, Estado de Guanajuato. Es así pues aunque aceptaron los actos, de las constancias remitidas por el apuntado juzgador se corrobora que recibió un exhorto del órgano instructor, para auxiliar en la ejecución del proceso, mediante el requerimiento a la parte demandada de entregar el inmueble adjudicado. Empero, de las propias actuaciones certificadas enviadas, se obtiene que la comunicación oficial originada con la solicitud señalada se ordenó devolver en el propio auto de radicación, de modo que no generaron perjuicio en la quejosa, ni participaron con actos propios en la ejecución de lo decidido, de ahí que tampoco tengan intervención susceptible de revisión en esta sede constitucional. Por tanto, debe tenerse por inexistentes los actos que les fueron atribuidos y dado que su aparente intervención no fue objetada ni desvirtuada, pues la promovente no aportó medios de convicción en contrario, el juicio de amparo debe sobreseerse, con fundamento en la fracción IV, del precepto 63 de la Ley de la materia, respecto de las citadas autoridades. Al caso es aplicable la Jurisprudencia número 1002, visible a fojas 1621 de la Segunda Parte, Volumen IV, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1988, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. Negativa de los actos atribuidos a las autoridades. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en Ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la Materia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Además, se dio vista con los informes justificados de las autoridades responsables por el término que marca el artículo 117 de la Ley de Amparo, y la quejosa fue omisa en controvertirlo para evidenciar la existencia de los actos reclamados, y tampoco aportó datos que acreditaran la existencia de su reclamo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia VI.20 J/308, visible en la página 77, del tomo XIII, Agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Cuarto. Existencia. En su informe justificado, el Juez Décimo Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, aceptó la existencia de los actos reclamados y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, visible en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Causal de improcedencia. Procede estudiar las causales de improcedencia de forma oficiosa, conforme al artículo 62, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia II.1o.J/5 de los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, página noventa y cinco, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El juicio de amparo es improcedente por extemporaneidad en su presentación, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los artículos artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo en cita establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, el artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) A partir de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el particular, la extemporaneidad de la demanda se apoya específicamente en el supuesto que contempla que el término de quince días para la presentación de la misma, debe computarse a partir de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Dicho lo anterior, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por los accionantes de amparo, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Ello conforme a la jurisprudencia 5, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, registro 393961, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Ahora bien, de las documentales allegadas por la responsable -que gozan de pleno valor probatorio-, se advierte en primer lugar que la parte quejosa es demandada en el juicio de origen y tuvo participación en la integración de la litis, porque el uno de diciembre de dos mil quince presentó el escrito con el cual contestó la demanda, opuso excepciones, defensas, contestó los hechos, estableció planteamientos de defensa, nombró licenciados en derecho para actuar en su nombre y representación. Acto procesal que ocurrió previo a la emisión de la sentencia definitiva del proceso, dictada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, y que condenó a la ahora impetrante a la satisfacción de diversas obligaciones. Además, consta en el expediente que en la etapa de ejecución la quejosa compareció por propio derecho ante la autoridad responsable, mediante el escrito que presentó el catorce de julio de dos mil veintidós donde solicitó copias de las actuaciones dictadas, asimismo, la promovente autorizó personas para recogerlas en su nombre y representación, así como para oír y recibir notificaciones. A tal pretensión recayó el auto que el juzgador de origen dictó el primero de agosto de dos mil veintidós, donde acordó favorable la expedición de copias en los términos solicitados, ordenó preparar la constancia que informara de su recepción y señaló el requisito que la solicitante habría de satisfacer previamente, que es sufragar el costo. Con ese pronunciamiento la autoridad judicial instructora dejó disponibles y/o puso a disposición de la quejosa las copias solicitadas, lo cual resulta relevante porque desde ese momento en que la solicitante de copias las tuvo a su disposición y/o disponibles, también estuvo en aptitud de tener pleno conocimiento de su contenido y del proceso al cual se quiere incorporar. Esto es, a partir del momento en que estuvieron a disposición de la parte quejosa las copias que solicitó, debe iniciar el cómputo para interponer el juicio de amparo, pues desde ese instante se entiende que está en aptitud de tener pleno conocimiento del proceso donde es parte. Lo anterior se justifica porque al proveer sobre una petición que hagan las partes en el proceso, la autoridad fija su jurisdicción y entabla una línea de comunicación procesal con el peticionario, a través de dos formas, una mediante las consideraciones que emita para atender la acción y se materializa en el sentido de su pronunciamiento, que al ser el objeto de la solicitud, conforme a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, permite inferir que el peticionario estará interesado en conocerlo porque tiene inmersos sus derechos, y porque fue quien solicitó la actividad judicial. La segunda situación también es creada por la autoridad y consiste en la forma de notificar al interesado la determinación dictada, la cual se materializa al agregar al expediente las promociones y proveídos judiciales para la consulta física, y en mandar enterar a las partes mediante el mecanismo procesal de publicación respectivo, según sea el caso. De modo que si la petición de copias instada por la quejosa fue relacionada por la autoridad mediante una determinación que consta por escrito, que además la atendió favorable porque otorgó lo pedido, la ordenó incorporar al expediente donde se instó directamente, y de la cual mandó notificar mediante Boletín Judicial, es claro que hizo disponibles las copias solicitadas. Al hacer disponibles las copias solicitadas a través de los medios que permitieron a la quejosa y solicitante, la oportunidad legal de imponerse de la notificación del acuerdo de primero de agosto de dos mil veintidós, la actuación de la autoridad responsable adquirió plena validez, por agotar el mecanismo previsto por el legislador, y tuvo el efecto de permitir a la quejosa estar en aptitud de tener pleno conocimiento del contenido del expediente de origen. En suma, la validez de la notificación del acuerdo que hizo disponibles las copias solicitadas por la propia quejosa, permite atribuirle la posibilidad y aptitud de tener pleno conocimiento del expediente, pues de lo contrario quedaría al arbitrio de las partes, en contravención al imperativo legal que el legislador dispuso al prever requisitos para conceder validez a las actuaciones judiciales. De lo contrario, la controversia y sus consecuencias quedarían sujetos a la eventualidad de que la solicitante recoja las copias que solicitó, y las demás partes de la controversia así como los sujetos procesales eventualmente involucrados, carecerían de certeza jurídica de su participación y de las decisiones tomadas por el juzgador. Aspecto que se recalca porque consta en el expediente de origen que la quejosa solicitó las copias al A Quo el catorce de julio de dos mil veintidós y se presentó a recogerlas, hasta el siete de octubre siguiente, y de aceptar esta última fecha como apta para calificar la oportunidad de promover el juicio constitucional, implicaría hacer imperar la voluntad de la ahora inconforme sobre toda la secuela procesal, particularmente hasta que decidiera recoger dichas copias, que en el caso ocurrió más de dos mes posteriores a la solicitud. Aunado a lo anterior, debe sumarse que la propia parte quejosa es demandada en el juicio de origen, y a causa de esa posición contestó la acción; esa conducta procesal debe interpretarse a la luz del principio de confianza legítima, conforme al cual al decidir participar en un proceso judicial, aun en una etapa previa a la cual se quiere incorporar, la impetrante ya contaba con todos los elementos suficientes para identificar las consecuencias que podían derivarse de la controversia. Lo cual se respalda en el contenido del escrito de contestación de la acción, donde se constata que la demandada objetó los hechos y los términos de la acción principal, tanto para limitar su alcance como para extinguirlo, de modo que desde ese momento sabía que esperar en la etapa de ejecución; por ello es que tampoco resultaría admisible supeditar a la voluntad de la impetrante, el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En suma, la oportunidad para conocer del acto reclamado debe computarse a partir del cuatro de agosto de dos mil veintidós, pues en esa fecha surtió efectos la notificación de la determinación de uno de agosto de dos mil veintidós, que hizo disponibles las copias solicitadas por la propia impetrante y la dejó en aptitud de tener pleno conocimiento del expediente de origen. Sirve de apoyo, la tesis aislada III.4o.C.2 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de registro digital: 180417, de la Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. EL CÓMPUTO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO, QUE ES UN TERCERO EXTRAÑO, HA SOLICITADO COPIA CERTIFICADA PARA TENER CONOCIMIENTO DE AQUÉL, INICIA DESDE EL MOMENTO EN QUE ESTÉN A SU DISPOSICIÓN. Del examen del criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXXII/2003, publicada en la página 201, del Tomo XVII, del mes de junio de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL CÓMPUTO PARA LA INTERPOSICIÓN DE ESE RECURSO, CUANDO EL RECURRENTE SOLICITÓ COPIAS CERTIFICADAS DE LA SENTENCIA PARA TENER CONOCIMIENTO DE ELLA, INICIA DESDE EL MOMENTO EN QUE ESTÉN A SU DISPOSICIÓN.", que tuvo como base la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, publicada en la página 5 del Tomo XVI, del mes de septiembre de 2002, de la época y obra en consulta, del epígrafe: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE."; se llega al convencimiento de que su alcance es el de que cuando el quejoso ha solicitado copia certificada del acto reclamado, tal lapso empieza a correr a partir de que están a su disposición, pues desde ese momento se entiende que está en aptitud de tener pleno conocimiento de su contenido, sin que pueda ampliarse indefinidamente, constreñido a la eventualidad de que recoja las copias, porque ello equivaldría a que el aludido plazo quedara sujeto a su arbitrio; lo que se corrobora por el hecho de que, frente al derecho del quejoso de interponer el juicio de garantías, está también el del tercero perjudicado, relativo a que se administre justicia en los plazos y condiciones que la ley establece, por lo que debe existir un límite temporal para la interposición de la demanda de garantías." Así, el término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, para que la accionante promoviera su demanda, debe computarse del cuatro al veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, descontándose los días inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo y el calendario de labores de la responsable. Ahora, del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo se presentó hasta el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, esto es, después de culminado el término que la ley confiere para la interposición de su demanda, por lo que se concluye que la demanda de amparo se presentó fuera del referido plazo de quince días. Por lo cual, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, y procede SOBRESEER conforme al diverso 63, fracción V, de la propia legislación. Tiene aplicación la tesis III.2o.P.255 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, página 3028, de registro 163630, que dice: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." En tal virtud, no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado y su ejecución, respecto a su constitucionalidad. Dados los motivos de sobreseimiento actualizados, resulta innecesario entrar al análisis de fondo de las manifestaciones que a modo de conceptos de violación hizo valer la parte quejosa en la demanda de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados, pues no se les atribuyen vicios propios, sino que se les señala como consecuencia. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/338, consultable en la página 69 del Tomo 83, Noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 79 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1133/2022, promovido por..., firmando a su ruego..., contra actos del Juez Décimo Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y otras autoridades, por las consideraciones de este fallo. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido del licenciado..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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