Ma. Armida Eusebio Adame
Expediente 310/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Ma. Armida Eusebio Adame
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual el secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro, además remite copia autorizada de la resolución, dictada en el recurso de revisión 204/2022, cuyos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por los quejosos *** y ***, ambas por derecho propio y la segunda además en representación del menor de edad A.Y.D.C., contra los actos reclamados y autoridades responsables señalados en el párrafo I, parágrafo 1, de esta ejecutoria." Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes la anterior circunstancia; agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se ordena glosar el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, al haberse negado la suspensión definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21 del acuerdo general relativo y número 3 del punto 8.1.2. del Capítulo 8 Expedientes Destruibles, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de 2020. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, trece de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo el oficio 5152/2023, remitido por el Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 188/2023, que contiene la demanda de amparo promovida por Valeria Guadalupe Lizárraga Aguilar, en su carácter de apoderada legal de Ma. Armida Eusebio Adame, contra actos del Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; en virtud de haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la misma. Acuse de recibo. Líbrese el acuse de recibo correspondiente al órgano jurisdiccional en mención. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 310/2023-IV. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. No se acepta competencia. Del comunicado de cuenta, que contiene inserto el acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 188/2023-II-C del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, se advierte que se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, promovida por la quejosa contra el acto consistente en la retención y/o descuento a su salario como jubilada. Ahora bien, respecto a los argumentos vertidos por el juzgador declinante, este órgano jurisdiccional, respetuosamente, no comparte el criterio sostenido; por tanto, no acepta la competencia declinada, conforme a las siguientes consideraciones. A fin de justificar el anterior aserto, conviene destacar que los artículos 107, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo regulan las reglas de competencia por cuestión de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Es así, pues del artículo constitucional en cita se desprende que el juicio de amparo contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute. Ciertamente, de la interpretación del segundo de los artículos invocados, se desprenden tres reglas fundamentales para determinar la competencia de los jueces de distrito en razón de territorio, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro u otros, será competente el juez ante quien se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo expuesto permite determinar que la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado, a la luz de las premisas señaladas, en el que las dos primeras exigen ejecución material, mientras que la última no la requiere. Se explica, con el objeto de determinar la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo, es necesario razonar si conforme a la naturaleza del acto reclamado requiere o no de ejecución material, y para poder establecerlo, deben considerarse los efectos que produce objetiva y jurídicamente en el derecho sustantivo alegado. En la especie, de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados se circunscriben esencialmente en: La retención o descuentos al sueldo o pago que la quejosa obtiene como jubilada, es decir, la deducción realizada bajo el concepto 322 con descripción "Cred Jub-Pen", por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, el Juez homologo determina que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad de Colima y por tanto corresponde conocer de la demanda a un Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en dicha entidad, debido a que del instrumento notarial 48,989, de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, con el que la apoderada de la quejosa promovió la demanda de amparo, se advierte que el Notario Público número 10 de la demarcación de Colima, dio fe de que la otorgante del poder, quejosa, es vecina de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima. De lo anterior se puede apreciar que dicho órgano jurisdiccional para estimar que el acto reclamado tendrá ejecución en esta ciudad de Colima, únicamente tuvo en cuenta lo manifestado por la poderdante en el instrumento notarial 48,989, de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el que la otorgante manifestó que es vecina de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, con domicilio en Calle Colina de los Pinos 11, Fraccionamiento las Colinas. No obstante, el escrito inicial de demanda de amparo fue presentado el veintitrés de febrero del año en curso, físicamente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, habiendo señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en la Calle Mariano Escobedo 361 oriente, Colonia Centro, planta alta, Culiacán, Sinaloa, sin que en dicho escrito o en alguna otra probanza se advierta que la quejosa tiene su domicilio en la ciudad de Colima y que por tanto el acto reclamado deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado en el lugar del domicilio de la quejosa. Expuesto lo anterior, se concluye que los elementos con que se cuentan, hasta el momento, no crean la fehaciente convicción de que la quejosa realmente resida en el Estado de Colima, específicamente en el domicilio indicado en el instrumento notarial 48,989, pues no obra prueba alguna de la que se advierta esa circunstancia, en atención a que la mera manifestación de la quejosa en el poder otorgado, respecto a que es vecina de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, no constituye prueba idónea para acreditar esa circunstancia. En efecto, la sola manifestación realizada por la quejosa en el instrumento notarial exhibido para acreditar la personalidad de la apoderada, únicamente prueba que ante el notario respectivo, se hizo tal manifestación, pero ello no acredita la verdad de lo declarado o manifestado por la ahora quejosa, de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Esto es así, pues lo único claro y manifiesto que se tiene, es que la demanda constitucional se presentó físicamente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, lo que de sí, crea incertidumbre de si efectivamente la quejosa reside o no en el Estado de Colima, pues del instrumento notarial no se desprende tal hecho, debido a que ese documento, solo prueba que se otorgó un poder por la quejosa, no así lo declarado o manifestado por la peticionaria respecto a su domicilio, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando en un documento público se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, tal documento solo prueba plenamente que ante la autoridad que lo expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueba la verdad de lo declarado o manifestado, máxime que no se advierte que se haya acreditado con la credencial de elector o con algún otro documento idóneo. En consecuencia, ante tal incertidumbre este órgano jurisdiccional no puede constatar si la ejecución de los actos reclamados tuvieron, tienen o pudieren llegar a tener ejecución en esta Entidad Federativa, pues se reitera, no se tiene la certeza del lugar donde realmente reside la parte quejosa. Lo anterior, pues no debe pasarse desapercibido que los actos reclamados consisten en la deducción realizada bajo el concepto 322 con descripción "Cred Jub-Pen", efectuada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que impactará invariablemente en el lugar donde efectivamente reside la quejosa, dato que no se advierte en forma fehaciente del escrito de demanda de amparo ni de las documentales que se anexaron al mismo. Entonces, resulta inconcuso que no se tiene certeza con datos fehacientes para demostrar que se configura la hipótesis de incompetencia prevista en el numeral 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que plantea la autoridad federal oficiante, pues no se puede constatar que los actos se hayan ejecutado, se estén ejecutando o se vayan a ejecutar en el Estado de Colima. Sin que en el caso se desatienda la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, con número de registro 166109, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita la autoridad federal oficiante, que dice: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Esto es así, pues de la misma se advierte que la competencia por territorio para conocer del juicio en el que se señale como acto reclamado la indebida cuantificación de la pensión, se surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, lo cual atiende a que la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; sin embargo, como se ha dejado precisado, en el caso no se tiene la certeza de que la quejosa resida en la ciudad de Colima, pues al promover la demanda en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, es indicativo de que puede residir en dicha entidad. En ese contexto, al no conocerse el lugar donde efectivamente reside la quejosa, pues será ese lugar donde recienta la ejecución del descuento de su jubilación, no comparte el criterio sostenido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en términos del párrafo segundo, del artículo 48 de la Ley de Amparo. Contradictorio y perjudicial sería someter ante la potestad de este órgano jurisdiccional a la parte quejosa, aceptando el planteamiento realizado por el oficiante, sin tener plena certeza jurídica de que realmente sea residente del Estado de Colima, lo que podría acontecer en una afectación económica a la promovente del amparo, siendo lo evidente que la impetrante del amparo acude a la sede constitucional doliéndose de las deducciones económicas que aduce ha cometido en su perjuicio las autoridades responsables; por lo que hasta este momento resulta patente que no se tiene plena certeza hasta este momento por todos los datos fehacientes que se han incorporado al juicio para tener por demostrada que se configura la hipótesis de incompetencia planteada. Por tanto, se ordena devolver el juicio de amparo ******************** al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a fin de que provea lo que en derecho corresponda. Con el oficio de cuenta y copia de la demanda de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Solicítese al Juzgado remitente, que de no existir inconveniente legal alguno, una vez que provea lo conducente, tenga a bien hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional; a fin de estar en posibilidad de proveer el destino del presente cuadernillo. Notifíquese por lista en el cuaderno de antecedentes.
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