Ma. Antonia Rodríguez Hernández
Expediente 39/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/03/2022
Partes del expediente
- Ma. Antonia Rodríguez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio DNAY/0568/2022, que por vía electrónica remite el Titular de la Delegación Nayarit del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la ciudad de Tepic y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo solicitado por este Órgano Jurisdiccional mediante oficio 308/2021 de uno de marzo de dos mil veintidós; luego, téngasele designando como defensor, a Jaime Hernández Aguirre, de la quejosa MA. ANTONIA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, para que la represente en el trámite del juicio de amparo en que se actúa; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por el Asesor Jurídico Jaime Aguirre Hernández, a través del cual, en cumplimiento al acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio de amparo indirecto 39/2021 en que se actúa, acepta y protesta el cargo conferido de representante especial de la quejosa MA. ANTONIA RODIGUEZ HERNÁNDEZ, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Como lo solicita se le tiene por autorizados en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eduardo Ballesteros Becerril, Agustín Aquino Catarino, Sonia Elizabeth Oropeza González y, Daisy Janeth Gódinez Flores. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza a los actuarios judiciales de la adscripción, a efecto de que durante la tramitación del presente sumario, realicen las notificaciones correspondientes a la parte quejosa vía electrónica, sujetándose a las reglas y términos establecidos en los aludidos preceptos legales, para que surtan los efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa con el nombre de usuario "JAHER" y "Elioro29" NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director General de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Tepic. Luego, tomando en consideración que este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que el Director General de Seguridad Pública y Validad del Municipio de Tepic, Nayarit, diera respuesta al escrito que le presentó la quejosa el diecisiete de noviembre de dos mil veinte y le fuera notificada oportunamente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado. En cumplimiento a ello, el Director General de Seguridad Pública y Validad del Municipio de Tepic, Nayarit, a través del oficio presentado en este Juzgado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, acompañó el diverso oficio C.J. 1296/2021, mediante el cual la citada autoridad, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, dio respuesta a la petición formulada por la quejosa el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, lo cual le fue notificado tal como se advierte al lado izquierdo del citado oficio; restituyendo de esa manera a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce y disfrute de sus derechos constitucionales violados. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo, se encuentra cumplimentada; por tanto, el día de hoy, se tiene por cumplida; consecuentemente, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE este expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que en el presente asunto, no se tramitó el mismo. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la quejosa MA. ANTONIA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; luego, en atención a su contenido, téngasele señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Zócalo número 231, esquina con Andador Moctezuma. Finalmente, respecto a su solicitud que realiza la quejosa en el sentido de que se le designe un defensor público para que la represente en el presente juicio, en razón de ser una adulta mayor al tener sesenta y ocho años de edad y al haberse quedado sin nadie que la represente en el presente juicio. . Atento a lo anterior, gírese atento oficio al Delegado de la Defensoría Pública Federal del Estado de Nayarit, para que en el término de tres días contado a partir de su notificación, proceda a nombrar un asesor jurídico que represente y brinde asesoría a la aquí quejosa en relación con el trámite del presente juicio de amparo; en la inteligencia, que el citado delegado deberá de informar el cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede en el aludido término, apercibido que de no hacerlo se hará acreedor a una multa de conformidad con el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Esto es así, en razón que la aquí quejosa pertenece a un grupo vulnerable al ser una persona de la tercera edad, motivo por el cual este juzgador debe nombrarle un representante especial que intervenga en el juicio de amparo, a fin de salvaguardar su derecho de acceso a una justicia efectiva. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis XVII.1o.P.A.8 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 2884, de rubro y texto siguientes: "ADULTOS MAYORES. SI SE DEMUESTRA QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UN REPRESENTANTE ESPECIAL QUE INTERVENGA EN EL JUICIO DE AMPARO, A FIN DE SALVAGUARDAR SU DERECHO DE ACCESO A UNA JUSTICIA EFECTIVA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca, en muchas ocasiones, en una situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, abandono. Así, cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva ser un adulto mayor (por ejemplo, al tener 102 años de edad), ubica a la persona en un estado de vulnerabilidad, lo cual le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho que sustenta su demanda de amparo, deben tomarse todas las acciones indispensables para salvaguardar que goce de dicha prerrogativa fundamental, como la relativa a que el Juez de Distrito le nombre un representante especial para que intervenga en el juicio, de preferencia un familiar cercano, salvo que hubiera conflicto de intereses o motivo que justificara la designación de otra persona, incluso un asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, a fin de brindarle una protección reforzada que salvaguarde sus derechos, entre ellos, el de acceso a una justicia efectiva y cubrir las desventajas a las que se enfrenta, de conformidad con una interpretación en términos amplios del artículo 8o. de la Ley de Amparo." Así como la tesis aislada 1a. CCXXIV/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, página 573, de rubro y texto siguientes: "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director General de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Tepic. Luego, tomando en consideración que este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que el Director General de Seguridad Pública y Validad del Municipio de Tepic, Nayarit, diera respuesta al escrito que le presentó la quejosa el diecisiete de noviembre de dos mil veinte y le fuera notificada oportunamente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado. En cumplimiento a ello, el Director General de Seguridad Pública y Validad del Municipio de Tepic, Nayarit, a través del oficio presentado en este Juzgado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, acompañó el diverso oficio C.J. 1296/2021, mediante el cual la citada autoridad, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, dio respuesta a la petición formulada por la quejosa el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, lo cual le fue notificado tal como se advierte al lado izquierdo del citado oficio; restituyendo de esa manera a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce y disfrute de sus derechos constitucionales violados. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo, se encuentra cumplimentada; por tanto, el día de hoy, se tiene por cumplida; consecuentemente, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE este expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que en el presente asunto, no se tramitó el mismo. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la quejosa MA. ANTONIA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ; luego, en atención a su contenido, téngasele señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Zócalo número 231, esquina con Andador Moctezuma. Finalmente, respecto a su solicitud que realiza la quejosa en el sentido de que se le designe un defensor público para que la represente en el presente juicio, en razón de ser una adulta mayor al tener sesenta y ocho años de edad y al haberse quedado sin nadie que la represente en el presente juicio. . Atento a lo anterior, gírese atento oficio al Delegado de la Defensoría Pública Federal del Estado de Nayarit, para que en el término de tres días contado a partir de su notificación, proceda a nombrar un asesor jurídico que represente y brinde asesoría a la aquí quejosa en relación con el trámite del presente juicio de amparo; en la inteligencia, que el citado delegado deberá de informar el cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede en el aludido término, apercibido que de no hacerlo se hará acreedor a una multa de conformidad con el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Esto es así, en razón que la aquí quejosa pertenece a un grupo vulnerable al ser una persona de la tercera edad, motivo por el cual este juzgador debe nombrarle un representante especial que intervenga en el juicio de amparo, a fin de salvaguardar su derecho de acceso a una justicia efectiva. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis XVII.1o.P.A.8 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 2884, de rubro y texto siguientes: "ADULTOS MAYORES. SI SE DEMUESTRA QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UN REPRESENTANTE ESPECIAL QUE INTERVENGA EN EL JUICIO DE AMPARO, A FIN DE SALVAGUARDAR SU DERECHO DE ACCESO A UNA JUSTICIA EFECTIVA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca, en muchas ocasiones, en una situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, abandono. Así, cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva ser un adulto mayor (por ejemplo, al tener 102 años de edad), ubica a la persona en un estado de vulnerabilidad, lo cual le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho que sustenta su demanda de amparo, deben tomarse todas las acciones indispensables para salvaguardar que goce de dicha prerrogativa fundamental, como la relativa a que el Juez de Distrito le nombre un representante especial para que intervenga en el juicio, de preferencia un familiar cercano, salvo que hubiera conflicto de intereses o motivo que justificara la designación de otra persona, incluso un asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, a fin de brindarle una protección reforzada que salvaguarde sus derechos, entre ellos, el de acceso a una justicia efectiva y cubrir las desventajas a las que se enfrenta, de conformidad con una interpretación en términos amplios del artículo 8o. de la Ley de Amparo." Así como la tesis aislada 1a. CCXXIV/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, página 573, de rubro y texto siguientes: "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja."
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Director General de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Tepic, y anexos que acompaña, por medio del cual informa lo relativo al cumplimiento al fallo protector en el presente juicio; consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el presente proveído dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, téngasele como delegados a las personas que señala en su oficio de cuenta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 14,980 expedientes
- Ma. Antonia Estrada Cervantes549/2019
- Ma. Antonia Estrada Cervantes339/2019
- Ma. Antonia Machuca Álvarez1885/2023
- Ma. Antonia Reyes Tapia115/2018
- Ma. Antonia Reyes Tapia929/2022
- Ma. Antonia Reyes Tapia870/2023
- Ma. Ascención Mendoza Prado366/2022
- Ma. Ascención Mendoza Prado432/2022
- Ma. Asunción Pérez Osuna49/2019
- Ma. Asunción Villagrana Díaz445/2023
- Ma. Asunción Villagrana Díaz690/2017
- Ma. Asunción Villagrana Díaz844/2019