Ma. Angelica Sanchez Baeza

Expediente 198/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
198/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
03/03/2017

Partes del expediente

  • Ma. Angelica Sanchez Baeza

Actuaciones

  1. Incidental

    Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y en cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 197/2017-I y su acumulado 198/2017-II, promovidos por ****** y *****, ambas por derecho propio, contra actos del Juez Penal del Sistema Oral de San Luis de la Paz, Guanajuato y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que reciba el oficio correspondiente, rindan por duplicado su informe previo, en el que manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa y en su caso las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En la inteligencia, que de no rendir su informe previo se presumirán ciertos los actos que se les reclaman y se les impondrá una multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, en términos de lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, en relación con el diverso 238 de la misma ley. Para efecto de lo anterior, remítanse a las responsables copia simple de las demandas de amparo. Para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. En términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de proveer acerca de la suspensión, se atiende a la naturaleza del acto reclamado, que en la especie consiste, de manera esencial, en la orden de cateo realizada el quince de febrero de dos mil diecisiete que se llevó a cabo en el domicilio particular ubicado en calle Venezuela, número 18 y/o 28, de la comunidad el Refugio del Mezote, perteneciente a San Luis de la Paz, Guanajuato. De lo anterior, debe precisarse que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deben reunirse previo a conceder la medida suspensional, los cuales son los siguientes: a. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c. Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y, d. Que de colmarse la exigencia anterior, se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Bajo dichas directrices, resulta evidente que en el caso concreto no se encuentra colmado el requisito señalado en el inciso b, toda vez que el acto que se tilda de inconstitucional no es susceptible de suspenderse, dado que su naturaleza es de carácter consumado. Ello es así, en virtud de que ya se llevó a cabo al momento de haberse efectuado dichos actos y, contra ello es improcedente conceder la suspensión provisional, pues tal determinación implicaría la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos que estima violados, efecto que no es propio al otorgamiento de la medida precautoria que se emita en el juicio de amparo, por ser contrario a la naturaleza jurídica de la institución suspensional; por tanto, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, debe negarse la suspensión provisional solicitada. Por otra parte, en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de proveer acerca de la suspensión, se atiende a la naturaleza del diverso acto reclamado, que en la especie consiste, substancialmente, en la orden de cateo a practicarse en el domicilio ubicado en ***** En ese sentido, resulta innecesario ponderar la medida cautelar de conformidad con la apariencia del buen derecho y el interés social, puesto que según se advierte de un examen preliminar del asunto, el acto reclamado está vinculado con la ejecución de una orden de cateo; por tanto, será examinada bajo los supuestos y condiciones de la Ley de Amparo. Así, debe decirse que no se satisface el requisito que establece el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es negar la suspensión provisional. En efecto, el numeral en cita establece como requisito para el efecto de otorgar la suspensión provisional, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado; el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En estas circunstancias, si el efecto de la suspensión es que las cosas se mantengan en el estado que guardan, de concederse se traduciría en dejar sin efectos las consecuencias inherentes a una orden de cateo, como herramienta legal con que cuentan las autoridades para la persecución de los delitos, por lo que se llevarse a cabo su paralización, se afectarían disposiciones de orden público, inmersas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es contrario al contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo. De ahí que debe negarse la suspensión provisional solicitada, en virtud de que la orden de cateo salvaguarda en mayor medida el interés público. Expuesto en otra palabras, de concederse la suspensión solicitada ocasionaría la paralización de la investigación por parte de las autoridades competentes, que se verían menoscabadas, hasta en tanto no se analizara la constitucionalidad del acto reclamado, lo que atenta el interés social que en todo caso resultaría ser que la sociedad se encuentra interesada en la investigación de los delitos, de ahí que no sea factible suspender el acto como lo propone la parte quejosa. Finalmente, del análisis de las demandas de amparo, se desprende que las quejosas reclaman la orden de aprehensión, detención o presentación librada en su contra. En el caso, se estima que se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada y con su concesión no se infringen disposiciones de orden público, ni se lesiona el interés social, en atención a que la libertad es un derecho personalísimo, por lo que, la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la orden de aprehensión, detención o presentación, así como su ejecución, ello, desde luego, en tanto no se examine la constitucionalidad de tal mandato. En las relatadas condiciones, con apoyo en el diverso numeral 166 de la ley de la materia, se concede a las incidentistas ***** y *****, la suspensión provisional que solicita, para el efecto de que en el caso de que se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, una vez que sean detenidas las quejosas, queden a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar de su reclusión únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; y si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que las impetrantes no sean detenidas. Con fundamento en el artículo 136 de la ley de la materia, esta medida cautelar surte sus efectos desde las nueve horas del día en que se actúa, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados; pero, con apoyo en el diverso numeral 168, dejará de surtirlos si las quejosas no otorgan garantía de manera individual ante este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de cinco días siguiente al que le surta efectos legales la notificación de este auto, por la cantidad de cinco mil pesos, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a fin de garantizar su aseguramiento y puedan ser devueltas a las autoridades responsables en caso de que no se les conceda el amparo y protección de la Justicia Federal; las que podrán ser modificadas tomando en consideración la naturaleza, modalidades y características del delito que se les impute en la orden de captura reclamada y la circunstancia de que no existan pruebas que hagan suponer que pretende sustraerse a la acción de la justicia. Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por las quejosas como depositantes. De igual manera, si se exhibe póliza de fianza o billete, el texto deberá ser el siguiente: "para garantizar la suspensión provisional concedida a (cada una de las quejosas), en el incidente de suspensión 197/2017-I y su acumulado 198/2017-II", en las que la compañía afianzadora que las expida se someta de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado. Dichas cauciones se fijan de manera discrecional, puesto que no se cuenta con medios de convicción que pongan de manifiesto cuál es la naturaleza, modalidades o características del ilícito que se les atribuye a las quejosas, así como su situación económica. Esta medida precautoria no surtirá efecto alguno contra actos como los reclamados cuyo dictado sea posterior a la presentación de la demanda de garantías que dio origen al juicio del que deriva este incidente; tampoco si se pretende privar de la libertad personal a las incidentistas de mérito en la comisión de flagrante delito, con motivo de la urgencia a que se refiere el artículo 16 de la constitución federal, cuando se trate de delito grave y ante el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la Justicia, o bien, si son sorprendidas infringiendo algún reglamento administrativo; hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente cuaderno incidental. Sin embargo, una vez que se tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión, detención, presentación y arresto emitida en su contra, así como su ejecución), con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, las ahora incidentistas deberá comparecer ante la autoridad responsable, dentro del término de tres días, siguientes al que le surta efectos legales la notificación del informe previo que dicha autoridad rinda y, acreditarlo con las constancias relativas ante este juzgado federal dentro de un término igual, con el apercibimiento que de no hacerlo así dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal, quedando expeditas las facultades de las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, para llevar a cabo la ejecución de la orden de aprehensión, detención, presentación y arresto reclamada. Apercibidas las responsables de que se trata, que de no obedecer el presente proveído, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, expídanse a costa de las quejosas, copia certificada del presente proveído, por duplicado, previa razón de recibo que se deje en autos.

  2. Principal

    Ténganse por recibidos los oficios de cuenta 3319/2017 y 3313/2017, signados por los Secretarios del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Guanajuato capital, a través de los cuales remiten las demandas de amparo promovidas por ***** y *****, ambas por derecho propio, contra actos del Juez Penal del Sistema Oral de San Luis de la Paz, Guanajuato y otras autoridades; en virtud de que mediante proveídos de veintisiete de febrero del año que transcurre, se declaró la incompetencia de plano para conocer de las demandas de amparo promovidas por las quejosas, debido a que las impetrantes señalaron como autoridad responsable al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato y, ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esta ciudad, por lo que le correspondió conocer de las mismas a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado. Además adjuntó al oficio 3319/2017, el expediente original del juicio de amparo 154/2017 y treinta y nueve copias de demanda; y, al diverso 3313/2017, original del juicio de amparo 156/2017 y treinta y nueve copias de demanda. Acúsese recibo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de las demandas promovidas por las quejosas, ambas por derecho propio, contra actos del Juez Penal del Sistema Oral de San Luis de la Paz, Guanajuato y otras autoridades, que consideran violatorios en perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrense en el Libro de Gobierno con los números respectivos 197/2017-I y 198/2017-II, y fórmense los expedientes. Ahora bien, del estudio integral de las demandas de amparo en comento, se advierte que debe decretarse, de oficio, su acumulación, de acuerdo al numeral 66 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. El objetivo primordial de la acumulación de autos, es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias. Tal figura procesal consiste en la fusión de dos o más juicios promovidos en distintos momentos, pero vinculados entre sí por existir entre éstos las coincidencias previstas por la ley, sea con relación a las partes, o bien, en la materia de la litis, que se justifica porque mediante ella se logran dos propósitos: a) Evitar que dos o más sentencias diferentes resuelvan una misma cuestión de diverso modo, es decir, prevenir la emisión de sentencias contradictorias sobre un mismo caso en particular, lo que traería graves consecuencias al momento de cumplimentarlas; y b) Cumplir con el principio de economía procesal, en cuanto al manejo de recursos del Estado, ya que en lugar de seguirse varios juicios por separado, con notorio desgaste de insumos humanos y materiales, se tramitaría uno solo con evidente economía de gastos, incluso de tiempo. Así es, la práctica judicial establecida por la ley de la materia abrogada, ha establecido dos supuestos en los que es posible acumular juicios de garantías: cuando se esté en presencia de litis promovidas por el mismo sujeto, contra el mismo objeto, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, así como las autoridades de las que provienen; y en la hipótesis de juicios promovidos contra la mayoría de las mismas autoridades por idénticos actos y, los sujetos activos son diferentes, sea por que hayan intervenido en la causa de origen o resulten extraños a las mismas. Esta hipótesis se presenta cuando existe una íntima relación en dos o más procesos, siendo los siguientes supuestos: La identidad entre el quejoso, el acto reclamado y la autoridad señalada como responsable, pero distintos conceptos de violación. La existencia de esta figura se justifica por la necesidad de dar seguridad jurídica a los actos de autoridad, pues se pretende evitar la tramitación de dos o más juicios de amparo, promovidos por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado; o bien por diversos quejosos contra la misma autoridad responsable y el mismo acto reclamado; además se evita la emisión de sentencias contrarias en asuntos vinculados o relacionados. Cabe precisar además, que el supuesto indispensable para que proceda la acumulación, es que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades señaladas como responsables sean distintos. Sentadas las anteriores premisas, se tiene que en el caso procede acumulación del juicio de garantías 198/2017-II, al diverso 197/2017-I, dado que de las demandas que dieron origen a dichos juicios, se pone de manifiesto que en ambas, los actos reclamados esencialmente se hacen consistir en los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De la autoridad ordenadora y ejecutora la orden de cateo sin poder precisar la fecha en que se emitió por la naturaleza misma del acto y el cateo realizado el día 15 de Febrero del 2017 en el domicilio que habito y todos los mandamientos, escritos, instrucciones verbales o escritas que tengan por objeto permitir o autorizar la introducción a mi domicilio y/o incautación de bienes y posesiones de mi propiedad. 2.- De la Autoridad Responsable Ordenadora, reclamo la inconstitucionalidad e ilegal orden de aprehensión, detención o presentación que libró en mi contra, a la Autoridad Responsable Ejecutora sin mediar procedimiento legal y derecho de defensa". Datos que llevan al convencimiento de que en el caso concreto se cumple con las exigencias para que de manera oficiosa y sin mayor trámite, los mencionados juicios se acumulen, en términos de los artículos 72, 73 y 75, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2, toda vez que existe similitud de actos reclamados, y atribuidos a las mismas autoridades, esto es: "Ordenadoras. Juez Penal del Sistema Oral de la ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato con domicilio en avenida ferrocarril numero 203, colonia magisterial de la ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato. Juez Penal del Sistema Oral de la ciudad de San Jose Iturbide, Guanajuato, con domicilio en calle Cuauhtemoc s/n esquina ex hacienda el Capulín Sur, colonia la Llorón de la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato. Juez Penal del Sistema Oral de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, con domicilio en avenida Primero de Mayo s/n, colonia fraccionamiento Ignacio Ramírez de San Miguel de Allende, Guanajuato. 4. Juzgado Primero de Distrito con domicilio en carretera cuatro carriles guanajuato- silao glorieta Santa Fe número 5 colonia Yerbabuena edificio "a" piso 2 en Guanajuato, Guanajuato. 5. Juzgado Segundo de Distrito con domicilio en carretera cuatro carriles guanajuato-silao glorieta Santa Fe número 5 colonia Yerbabuena edificio "a" piso 1 en Guanajuato, Guanajuato. 6. Juzgado de Oralidad Penal Federal en Guanajuato con domicilio en carretera cuatro carriles glorieta Santa Fe número 5 edificio "b" en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. 7. Juzgado I Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervencion de Comunicaciones con domicilio en avenida Insurgentes Sur número 1888 Florida, Álvaro Obregón en la Ciudad de México. 8. Juzgado II Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con domicilio en avenida Insurgentes Sur número 1888 Florida, Álvaro Obregón en la Ciudad de México. 9. Juzgado III Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con domicilio en avenida Insurgentes Sur número 1888 Florida, Álvaro Obregón en la Ciudad de México. 10. Juzgado IV Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con domicilio en avenida Insurgentes Sur número 1888 Florida, Álvaro Obregón en la Ciudad de México. 11. Juzgado V Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con domicilio en avenida Insurgentes Sur número 1888 Florida, Álvaro Obregón en la Ciudad de México. 12. Juzgado VI Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con domicilio en avenida Insurgentes Sur número 1888 Florida, Álvaro Obregón en la Ciudad de México. 13. Juzgado VII Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con domicilio en avenida Insurgentes Sur número 1888 Florida, Álvaro Obregón en la Ciudad de México. EJECUTORAS. 1. GENERAL DE DIVISION D.E.M. COMANDANTE DE LA XII REGION MILITAR DE LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO con domicilio en boulevard solidaridad número 7620 de Irapuato, Guanajuato. 2. COMISARIO GENERAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO con domicilio en carretera a Paso de Perules número 370, ejido Santa Teresa de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. 3. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO con domicilio en carretera a Paso de Perules número 370, ejido Santa Teresa y/o carretera Guanajuato- Juventino Rosas kilometro 7.5 en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. 4. DELEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, con domicilio en calle Prespuntadores número 200 esquina Maquiladores, colonia Ciudad Industrial en León, Guanajuato. 5. TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN INMEDIATA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO con domicilio en carretera San Miguel- Doctor Mora kilómetro 1 comunidad de Landeta en San Miguel de Allende, Guanajuato. 6. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCION Y DETERMINACIÓN INMEDIATA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO con domicilio en carretera San Miguel- Doctor Mora kilómetro 1 comunidad de Landeta en San Miguel de Allende, Guanajuato. 7. ENCARGADO DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO con domicilio en carretera San Miguel- Doctor Mora kilómetro 1 comunidad de Landeta en San Miguel de Allende, Guanajuato. 8. SUBPROCURADOR DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA con domicilio en camino a San José de Cervera s/n colonia Cervera y/o camino a San José de Cervera número 140 colonia San José de Cervera en Guanajuato, Guanajuato. 9. SUBPROCURADOR DE JUSTICIA REGION "D" con domicilio en boulevard de la Conspiración número 120, fraccionamiento Ignacio Ramírez de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. 10. COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICIA MINISTERIAL REGION "D" con domicilio en boulevard de la Conspiración número 120, fraccionamiento Ignacio Ramírez de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. 11. JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO con domicilio en Walter C. Buchanan número 212, colonia Issste en la ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato. 12. JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO con domicilio en carretera Constitución número 26, colonia Valle Alameda en la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato. 13. JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO con domicilio en boulevard de la Conspiración número 120, fraccionamiento Ignacio Ramírez de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. 14. JEFE DE GRUPO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ROBO A CASA HABITACIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO con domicilio en boulevard de la Conspiración número 120, fraccionamiento Ignacio Ramírez de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. 15. ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO con domicilio en Juárez número 102 colonia San Luisito de la ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato. 16. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO con domicilio en Manuel Rodríguez número 118 colonia Loma de Guadalupe de la ciudad de San José Iturbide. 17. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y/O SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO con domicilio en boulevard de la Conspiración número 130 sin colonia y/o Paseo de los Conspiradores número 130 sin colonia de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato." Con lo cual resulta procedente la acumulación de oficio, con el propósito de evitar la tramitación de dos o más juicios de amparo, promovidos por diversos quejosos contra las mismas autoridades responsables y el mismo acto reclamado; además se evita la emisión de sentencias contrarias en asuntos vinculados o relacionados. Ahora bien, dado que la demanda de amparo que dio origen al juicio de garantías registrado con el número 154/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, autoridad declinante, se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, según la papeleta de turno correspondiente, a las catorce horas veintiún minutos del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete; en tanto que, la diversa demanda 156/2017, fue registrada a las catorce horas con treinta y ocho minutos del mismo día, mes y año, que respectivamente dieron lugar a los expedientes 197/2017-I y 198/2017-II, del índice de este órgano jurisdiccional, en esas circunstancias, se estima que el juicio 197/2017-I es el más antiguo en fecha de inicio. En consecuencia, lo conducente es declarar procedente la acumulación del amparo indirecto 198/2017-II al más antiguo que lo es el amparo 197/2017-I, del índice de este Juzgado. Toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de los presentes asuntos, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer de las presentes demandas de amparo; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 1, párrafo primero, 2, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITEN. Por separado y duplicado, tramítese el incidente de suspensión respectivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado Hágase saber a las partes que si cesan lo efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, según lo dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, primer párrafo, de la ley de la materia. En otro contexto, por ser parte en el juicio de amparo, de acuerdo a lo expuesto por el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, mediante oficio con transcripción del presente proveído, al que se acompañe copia simple de la demanda, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, dándole la intervención que legalmente le corresponde. Por otro lado, respecto a si le asiste el carácter de tercero interesado a persona alguna, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se cuente con el informe justificado de las autoridades responsables. Ahora, del escrito de demanda de amparo, se aprecia que las quejosas señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Tribunal que conozca del asunto; sin embargo de la demanda de amparo se advierte que señalaron coincidentemente como su domicilio particular el ubicado en *****. En consecuencia, como el domicilio de la parte quejosa está fuera de la residencia de este Juzgado, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, para que en auxilio de las labores de este juzgado y, en el ámbito de su jurisdicción ordene la notificación del presente proveído a las quejosas. Asimismo, deberá requerirlas a fin de que en el momento de realizar la diligencia o dentro del plazo de tres días siguientes, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado, las subsecuentes aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a quienes se indica, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.

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