Ma. Ángeles Jacobo Medina

Expediente 1059/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1059/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Ángeles Jacobo Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, no ha informado las gestiones tendentes a dar cumplimiento con el fallo constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoria, la cual para una mejor apreciación se le reitera que se concedió para los siguientes efectos: "De acuerdo al procedimiento administrativo que señale la normativa aplicable, en relación con la participación de las unidades administrativas del Registro Agrario Nacional, a la brevedad lleve a cabo los procedimientos y gestiones necesarios a efecto de concluir el trámite relativo a la solicitud de la parte quejosa, y expida los certificados parcelarios respectivos conforme a lo ordenado en la sentencia dictada en el expediente agrario 1341/2016; dando respuesta oportuna a la parte quejosa sobre la petición de que se trata, en forma congruente, en breve plazo y se la notifique." Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal que para ello tenga, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 192, 238, primer párrafo, y 258, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En relación con lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, la cual se concedió para los siguientes efectos: "( De acuerdo al procedimiento administrativo que señale la normativa aplicable, en relación con la participación de las unidades administrativas del Registro Agrario Nacional, a la brevedad lleve a cabo los procedimientos y gestiones necesarios a efecto de concluir el trámite relativo a la solicitud de la parte quejosa, y expida los certificados parcelarios respectivos conforme a lo ordenado en la sentencia dictada en el expediente agrario ********************; dando respuesta oportuna a la parte quejosa sobre la petición de que se trata, en forma congruente, en breve plazo y se la notifique." Se apercibe a la responsable que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal que para ello tenga, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 192, 238, primer párrafo, y 258, todos de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintidós de septiembre de ******************** mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1059/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. En relación con lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de agosto de ******************** mil veintitrés (fojas 2-6), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ********************, por conducto de su apoderado jurídico ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales viola******************** en su perjuicio, los conteni******************** en el artículo 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 1059/2023 y en proveído de diecisiete de agosto de ******************** mil veintitrés, la admitió (foja 17); se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegia******************** y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado consiste en una omisión y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclama********************. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido alg********************s lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclama********************, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclama******************** en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclama********************, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclama********************, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostra********************; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en alg********************s casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con to******************** sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclama********************, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con los criterios transcritos y en atención a la lectura integral de la demanda, los actos reclama******************** por la parte quejosa a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, consisten en: La omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el veinticuatro de marzo de ******************** mil veinti********************, consistente en registrar la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, dentro de expediente 1351/2016 y, como consecuencia de ello, no haberle expedido el título de propiedad respecto del solar ******************** de la manzana ********************, zona ********************, polígono ********************, así como del solar ******************** de la manzana ********************, zona ********************, polígono ********************, ambos en el ejido de ********************perteneciente al municipio de ********************, Michoacán. Tercero. Certeza de los actos reclama********************. Debe presumirse cierto el acto reclamado a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, toda vez que dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de que fue debidamente notificada de su requerimiento -como se advierte del acuse de recibo que obra a fojas 25 del presente juicio de amparo-; en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 106, volumen 193-198, Primera Parte, registro 232226, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclama******************** cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habién********************e presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclama******************** en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." Certeza que se corrobora con la prueba documental que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, consistente en la solicitud presentada el veinticuatro de marzo de ******************** mil veinti******************** (foja 9). Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclama******************** es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna ni este juzgador advierte, de manera oficiosa, la actualización de alguna de ellas, por lo que procede analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresa******************** por la parte quejosa se tienen por reproduci******************** como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegia******************** Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, deriva******************** de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente plantea******************** en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son funda******************** lo conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa -en la medida en que fue necesario suplirlos, de conformidad con el artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo-, en la parte en la que aduce que, no obstante el tiempo transcurrido desde que solicitó el trámite para registrar la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, dentro de expediente 1351/20169 -veinticuatro de marzo de ******************** mil veinti********************- la responsable ha hecho caso omiso a su petición y como consecuencia, no le ha expedido su título de propiedad. En efecto, con tal dilación la autoridad responsable vulnera en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 8º y 17 constitucionales, debido al tiempo transcurrido sin que hubiere dado respuesta a su petición. No pasa inadvertido para este juzgador, que el quejoso adujo que con la referida omisión y/o dilación, la responsable violó en su perjuicio los artículos 8°, 14 y 16 constitucionales; sin embargo, en términos del diverso 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, corrigió tal error para estimar viola******************** los diversos 8° y 17 del mismo ordenamiento, que contienen el derecho de petición y de administración de justicia. En efecto, la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a su solicitud presentada el veinticuatro de marzo de ******************** mil veinti******************** ante la autoridad responsable, mediante la cual gestionó el registro de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, dentro de expediente 1351/2016, en la cual se declararon procedentes las pretensiones de ********************; asimismo, ordenó remitir copia certificada de dicha sentencia al Registro Agrario Nacional en el Estado para que en breve término expidiera los títulos de propiedad correspondientes. Para dar sustento a la anterior premisa, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 51, 52, párrafo cuarto, 53, 59, 62 y 81, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, los cuales por su orden disponen: "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debién********************e invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan." "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada ******************** de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigi******************** por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. [.] Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." "Artículo 53. Son documentos idóneos para acreditar los actos jurídicos que conforme a la Ley y a este Reglamento deban registrarse en los folios agrarios: a) Las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales; [.]" "Artículo 59. En los casos en que la documentación presentada para su inscripción resulte deficiente, el Registro deberá requerir al interesado para que, con base en la normativa aplicable, se subsanen las deficiencias u omisiones o se presenten los documentos necesarios para llevar a cabo la calificación registral. Las prevenciones a que se refiere este artículo, tendrán el carácter de acuer******************** de mero trámite y por lo tanto no procederá ningún recurso en contra de las mismas." "Artículo 62. Subsanadas las deficiencias el Registro emitirá su calificación positiva en un plazo no mayor de veinte días hábiles, y procederá a realizar el registro correspondiente, respetán********************e la prelación adquirida." "Artículo 81. El Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certifica******************** parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. [.] De acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 de este Reglamento." De los preceptos transcritos se obtienen, para lo que aquí interesa, las siguientes premisas: Que el procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, quienes deben invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan. Asimismo, que los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada ******************** de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigi******************** por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. Que las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. De igual modo, el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certifica******************** parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. Finalmente, que de acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 del propio Reglamento. Lo anterior evidencia que corresponde al Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, llevar a cabo el procedimiento relativo al registro de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, dentro de expediente 1351/2016, así como la expedición de los títulos de propiedad correspondientes, en el plazo que señala el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. En el caso, el encargado del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, fue omiso en rendir su informe justificado, por lo que debe entenderse que no ha inscrito la sentencia y como consecuencia de ello, no ha expedido los títulos de propiedad correspondientes. En consecuencia, es evidente que subsiste la omisión reclamada en la presente instancia constitucional, pues tal como se advierte de las propias manifestaciones de la responsable, a la fecha no se ha realizado el trámite solicitado por la impetrante del amparo desde el veinticuatro de marzo de ******************** mil veinti********************, pues no ha inscrito la sentencia ni le ha expedido el título de propiedad. Lo anterior, porque conforme al numeral 53 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, deben registrarse en los folios agrarios las resoluciones judiciales que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales. Asimismo, de acuerdo con los diversos preceptos legales 59 y 62 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sólo en los casos en que la documentación presentada para su inscripción resulte deficiente, el Registro deberá requerir al interesado para que, con base en la normativa aplicable, se subsanen las deficiencias u omisiones o se presenten los documentos necesarios para llevar a cabo la calificación registral y subsanadas las deficiencias el Registro emitirá su calificación positiva en un plazo no mayor de veinte días hábiles. Por tanto, es incuestionable que, a la fecha, ha excedido en demasía el plazo que para la inscripción de la sentencia establece el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, así como para que la autoridad registral expidiera el certificado parcelario correspondiente, o en su caso, determinara si la solicitud no reúne los requisitos de forma y fondo exigi******************** por la normativa que la rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica de la parte quejosa, pues la solicitud fue ingresada -hasta esta fecha- hace más de ******************** años [veinticuatro de marzo de ******************** mil veinti********************]; de ahí que se estime excedido el plazo razonable para que la autoridad diera respuesta y concluyera el trámite solicitado. En las condiciones apuntadas, las omisiones de la responsable infringen en perjuicio del quejoso, los derechos fundamentales consigna******************** en los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, y lo que procede conceder el amparo y protección de la justicia solicita******************** por la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: De acuerdo al procedimiento administrativo que señale la normativa aplicable, en relación con la participación de las unidades administrativas del Registro Agrario Nacional, a la brevedad lleve a cabo los procedimientos y gestiones necesarios a efecto de concluir el trámite relativo a la solicitud de la parte quejosa, y expida los certifica******************** parcelarios respectivos conforme a lo ordenado en la sentencia dictada en el expediente agrario 1341/2016; dando respuesta oportuna a la parte quejosa sobre la petición de que se trata, en forma congruente, en breve plazo y se la notifique. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obliga********************. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por conducto de apoderado jurídico ********************, en contra de los actos y autoridad que precisa******************** quedaron en el considerando segundo de este fallo, por las razones y para los efectos señala******************** en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que refiere la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalando nueva fecha para que tenga verificativo la misma, esto es, a las nueve horas del uno de septiembre del presente año; asimismo, se aprecia que ordenó girar diversos exhortos a sus homólogas residentes en diversas ciudades del país, para que en auxilio realicen el emplazamiento de diversos demandados, dentro del juicio laboral de origen. En ese contexto, téngase a la junta responsable en vías de cumplimiento al fallo protector. En atención a lo anterior, téngase a la autoridad responsable en cita en vías de cumplimiento al fallo constitucional; y en caso de que no informe de manera oportuna sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dentro del plazo de cinco días, dése nueva cuenta con autos para realizar el requerimiento respectivo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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