Ma. Amparo León Carbajal

Expediente 488/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
488/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Ma. Amparo León Carbajal

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de la destrucción de expedientes judiciales, artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del Acuerdo General en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    BOTIFICACIÓN PERSONAL.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: Acapulco, Guerrero; seis de octubre de dos mil veinte. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado en auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. En ese sentido, se tiene que la quejosa señala como acto reclamado, lo que denomina como la retención de su salario como trabajadora de la Dirección General de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez. Sin embargo, de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado que se contienen en el escrito de demanda y en el ocurso que se provee, se obtiene que: 1.- La quejosa refiere ser trabajadora "activa" del ayuntamiento, desde el año dos mil diecisiete; que el uno de septiembre pasado, como medida de contingencia sanitaria, le pidieron que no acudiera a laborar por dos semanas; y que el quince de septiembre siguiente -es decir, una vez que transcurrieron las dos semanas en cuestión- ya no le depositaron su salario, y que hasta el uno de octubre actual ya no le permitieron continuar realizando sus actividades, pues le informaron que había nuevo personal. Lo anterior pone en evidencia que en realidad, el acto reclamado que la promovente identifica como retención de su salario deriva del hecho de que fue separada -justificada o injustificadamente- de su empleo, y por ende, es esto último lo que en realidad se pretende someter a control constitucional. Por tanto, es factible concluir que entre la quejosa y las autoridades señaladas como responsables existe una relación laboral; motivo por el cual el juicio de amparo que se intenta es improcedente atento a las siguientes consideraciones: Los artículos 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplan la posibilidad de que los actos de particulares que pueden ser objeto de tutela constitucional; lo cual condicionó a que se realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídica en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; el particular viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, se encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar que en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo. La Teoría General del Derecho, clasifica las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; lo que significa, la necesidad de examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no bastaba que el quejoso la señalara como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto Precisado lo anterior, se tiene que el acto que en esta instancia reclama la peticionaria de amparo, no encuadra en dicho supuesto, puesto que aquél en caso de existir se ha dado (como ya se adelantó) entre el patrón y trabajador, es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda convenirse en que se trata de un acto autoritario en el que aquél haya actuado con el imperio y potestad que le otorga la ley. Ello, puesto que el Municipio, representado por el Ayuntamiento, comparte una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asume las funciones propias de la autoridad; y, como persona moral oficial de derecho privado, en tanto, que es el depositario, administrador o representante de los intereses que constituyen parte del patrimonio municipal y con este carácter puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones el Municipio también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que solo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, que se insiste, es conocido como supra a subordinación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 10/90, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, página 92, de rubro "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE"; equiparó la relación Estado- empleado, con una relación laboral similar a la de un patrón, exceptuándose de tal hipótesis los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes, también se precisó que corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias suscitadas entre el Estado como patrón, y sus servidores, excluyendo al Poder Judicial, lo que significa que cualquier decisión que adopte como empleador, en relación con uno de sus empleados respecto de sus labores, no constituye un acto de autoridad sino de la relación laboral existente. De ahí que, si en el caso que se analiza la inconforme al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, reclama en realidad la pretendida retención de su salario pero derivado del hecho de que ya no continua laborando pues ya no le han permitido ingresar a laborar bajo el argumento de que "llego otro personal", resulta improcedente el juicio de amparo, al no plantearse en el caso que se analiza un acto de autoridad que vulnere o restrinja en forma directa algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales. Lo anterior, sin soslayar además que al tratarse de un trabajador de lista de raya, se presume que se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 9 de la Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y por ende, la estabilidad en el empleo no se ubica dentro de sus derechos como empleada. En esa circunstancia, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, aplicando los artículos 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda de amparo e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite y se desahogaran las pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. Amparo León Carbajal, por propio derecho, contra actos del Director General de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno de registro de juicios de amparos con el número 488/2020, y fórmese expediente. PREVENCIÓN Antes de proveer sobre su admisión, tomando en consideración que la precisión de los antecedentes del acto que se reclama, es una obligación que debe cumplir la parte quejosa al ser la base para considerar procedente o no la acción constitucional; por lo que, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le previene para que dentro del término de cinco días, con copias de su escrito de desahogo para correr traslado a las demás partes, aclare su demanda en los siguientes términos: Conforme con el numeral 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad, manifieste: 1. Cuál es el estatus que guarda como trabajadora del Ayuntamiento de esta ciudad, ya que si bien refiere que ha venido cobrando sus quincenas como trabajadora de lista de raya desde su ingreso en el año dos mil diecisiete, de la documental que anexa consistente en la credencial expedida por la Dirección General de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, puede advertirse que la vigencia de dicha documental comprende únicamente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Lo anterior adquiere relevancia porque la promovente no precisó si desde que fue informada de lo que aduce como retención de su salario, ha venido desempeñando sus funciones habituales, o en su caso, si las autoridades responsables le han permitido continuar con dichas actividades o se lo han impedido, y de ser esto último, si le han informado la razón de ese proceder; aspecto que requiere ser aclarado en virtud de que en términos del artículo 9 de la Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, el nombramiento de los trabajadores temporales para obra o por tiempo determinado, puede ser sustituido por la lista de raya. De ahí que sea es necesario que la quejosa manifieste la totalidad de los antecedentes del acto reclama, específicamente sobre los alcances del nombramiento que ostenta. En la inteligencia de que el escrito de desahogo deberá ser realizado por quien promueve la demanda, al ser titular de la acción, con base en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, motivo por el cual los autorizados no pueden desahogar tal prevención. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no desahogar en sus términos las prevenciones formuladas en el plazo que se le otorgó para ello, se tendrá por no presentada la demanda, según lo dispuesto en el invocado artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Costera Miguel Alemán, Edificio Manper, Primer Nivel, Piso Mezzanine, Despacho Número 6, Colonia Centro, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Guillermo Valente Lorenzo, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Braulio Salazar de Dios, Reyna Mariela Hernández Valladares y Mara Cuevas Millán, por no cumplir con el requisito anterior. Asimismo, se le tiene proporcionando el número telefónico y el correo electrónico que al efecto indica para los efectos de lo estipulado en el Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal sobre notificaciones no procesales. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL. Se informa a las partes que de confirmada con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se comunica a las autoridades foráneas que el correo electrónico oficial de este juzgado es el 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y que el número de teléfono es 744 435 19 00 extensión 1001, en un horario de las trece horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el referido Acuerdo General 21/2020. Del mismo modo, se les informa a las partes que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física, el desahogo de comparecencias o requerimientos, entrega de copias y documentos previamente deberán generar una cita, la cual estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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