Ma. Amelia Aldana Vázquez
Expediente 924/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Amelia Aldana Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TRIBUNAL COLEGIADO REMITE TESTIMONIO ÚNICO: ES INFUNDADO EL PRESENTE RECURSO DE QUEJA.
- Principal
TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DE DECIMOSEXTO CIRCUITO, CON SEDE EN GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO E INFORMA QUE SE ADMITIÓ EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA, EL CUAL QUEDÓ REGISTRADO CON EL NÚMERO 127/2017.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 03 DE AGOSTO DE 2017, QUE REZA INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE DE RECURSO DE QUEJA PROPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA. AGRÉGUESE A LOS PRESENTES AUTOS PARA QUE OBRE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA EL ESCRITO SIGNADO POR LA QUEJOSA MA. AMELIA ALDANA VÁZQUEZ, Y, EN ATENCIÓN SU CONTENIDO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 97, 99, 100 Y 101 DE LA LEY DE AMPARO, INTERPONE RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO DE VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE; POR TANTO, TÉNGASELE INTERPONIENDO EL ALUDIDO MEDIO DE IMPUGNACIÓN Y CON APOYO EN EL NUMERAL 101 DE LA CITADA LEY, DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS SEÑALE LAS CONSTANCIAS QUE EN COPIA CERTIFICADA DEBERÁN REMITIRSE AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO CAPITAL. TRANSCURRIDO EL CITADO PLAZO, DESE NUEVA CUENTA A FIN DE REMITIR EL INFORME SOBRE LA MATERIA DE LA QUEJA Y LAS CONSTANCIAS SEÑALADAS A LA SUPERIORIDAD RESPECTIVA, PARA QUE ESTÉ EN APTITUD DE RESOLVER LO QUE EN DERECHO PROCEDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 24 DE JULIO DE 2017, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a veinticuatro de julio de dos mil I. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito y anexos que presenta José Francisco López Flores, quien se ostenta mandatario judicial de Ma. Amelia Aldana Vázquez, mediante los cuales da cumplimiento a la prevención formulada en auto de dieciocho del presente mes y año, por lo que se acuerda: II. Quejoso. José Francisco López Flores, quien se ostenta mandatario judicial de Ma. Amelia Aldana Vázquez. III. Autoridad responsable. Juez Décimo Tercero Menor Civil de esta ciudad y otra autoridad. IV. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en: La notificación por instructivo de la sentencia definitiva dictada el siete de junio de dos mil diecisiete, en el juicio ejecutivo mercantil 163/2017-M, del índice del Juzgado Décimo Tercero Menor Civil de esta ciudad, su aprobación y consecuencias. Con relación a los actos anotados al rubro se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón a que la parte quejosa no respetó el principio de definitividad. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El reproducido precepto legal alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, que es el de definitividad, consistente en que al juicio amparo solo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, siempre y cuando sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción transcrita con antelación permite advertir que, para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución o actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar el proceder del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Sostiene lo aquí expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el caso, de los antecedentes de los actos reclamados narrados por el promovente, bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que anexó a su escrito inicial de demanda, se advierte lo siguiente: La directa quejosa es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 163/2017-M, del índice del Juzgado Décimo Tercero Menor Civil de esta ciudad. Compareció a dicho juicio e incluso contestó la demanda entablada en su contra. El seis de julio de dos mil diecisiete, refiere que encontró tirado en su domicilio el instructivo mediante el cual se le notificó la sentencia definitiva dictada en el juicio natural. De lo anterior se infiere que la peticionaria del amparo (demandada) compareció a contestar la demanda entablada en su contra y, según, fue indebidamente notificada de la sentencia definitiva. Ahora, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, establece: "ARTICULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." De dicho precepto se obtiene que en contra de las notificaciones que se estimen indebidamente efectuadas u omitidas, procede el incidente de nulidad de notificaciones. Por ello, en primer término, no es factible reconocer a la peticionaria del amparo, el carácter de tercera extraña por equiparación, ya que aun cuando manifieste que fue ilegalmente notificada de la sentencia, lo cierto es que al haber comparecido al procedimiento de origen, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, máxime cuando se estableció y consintió la relación jurídico procesal, pues así se advierte de las constancias de autos. Sin que entonces sea posible relevarla de la obligación de respetar el principio de definitividad, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto por el trascrito artículo 319 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio. Lo anterior, no obstante que se hubiese dictado el auto que declaró ejecutoriada la sentencia, pues ello no contraviene el principio de cosa juzgada, ya que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del incidente de nulidad de notificaciones no afectan la determinación adoptada por el juez de origen, sino que, únicamente de declararse fundado, tendrá como consecuencia que la notificación de la sentencia se practique de manera legal y el fallo permanecerá intocado, mismo que de no ser favorable a sus intereses, es susceptible de impugnarse a través del recurso correspondiente. Consecuentemente, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuya esencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda al mismo, una vez que se hubiesen agotado ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación para que ésta, o su superior jerárquico, tengan oportunidad de subsanar la irregularidad existente y solo en el supuesto de que no fuera así, es factible promover el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.3º.J/9 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 592, Tomo IX, Agosto de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DEFINITIVAS. CONTRA SU FALTA DE NOTIFICACION, DEBE INTERPONERSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, PREVIAMENTE A LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO. En cumplimiento a la jurisprudencia número 195, visible a foja 588 de la Cuarta Parte, Tercera Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO", el quejoso previamente a la promoción del juicio de garantías debe hacer valer contra la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, el incidente de nulidad de actuaciones. En caso de no hacerlo, el juicio de amparo debe declararse improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo." Asimismo, por las razones que la informan, la tesis IV.1º.C.52 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 2430, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA. Si el quejoso plantea como violación procesal la ilegalidad de una notificación practicada en el juicio mercantil instaurado en su contra y alega que tuvo conocimiento de la misma con posterioridad al dictado de la sentencia reclamada, empero, las constancias de autos patentizan su legal emplazamiento y además, que se le tuvo por contestando la demanda en tiempo y forma, quedando indiscutiblemente incorporado al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño por equiparación; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo, conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial en cuestión, mediante el incidente de nulidad previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, para considerar que sí se encuentra en posibilidad de combatir la alegada violación procesal, sin estar obligado a cumplir con los requisitos exigidos por el citado numeral 161, fracción I, de la ley de la materia." Por lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en los artículos el artículo 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente"
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