Ma. Alicia Hernandez Colunga

Expediente 633/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
633/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • Ma. Alicia Hernandez Colunga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que el veintinueve de octubre del año en curso Ma. Alicia Hernández Colunga ratificó el contenido y firma del escrito aclaratorio de demanda de dieciséis de octubre del año en curso; en consecuencia, se acuerda: En el caso, atento al contenido de ese libelo, así como de los diversos presentados anteriormente, se tiene dando cumplimiento a la prevención realizada en autos, por lo que se procede a proveer lo conducente a la demanda de que se trata. Ahora bien, se advierte que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: 1. Con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve la aquí quejosa en representación de sus menores hijas, demandó ante el Juez Familiar del Segundo Distrito Judicial a Iván Ricardo Romero Martínez, por el pago de una pensión provisional del salario ordinario y extraordinario que percibe como docente ante la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León, la cual fue radicada por la citada autoridad. 2. El catorce de mayo de dos mil diecinueve se emplazó al demandado y se tuvo por embargado el cincuenta y cinco por ciento mensual de su salario ordinario y extraordinario que percibe como docente. 3. Seguido que fue el asunto de mérito, se tuvo cancelada la pensión referida, por lo cual con relación a ello, la quejosa interpuso juicio de amparo indirecto 1068/2019-8 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, autoridad que determinó que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, y no se ejecutara aquélla determinación que ordenaba dejar sin efectos la pensión; consecuentemente, el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable requirió al deudor alimentista por el término de tres días para que de manera voluntaria exhibiera las pensiones que dejo de pagar a los acreedores alimentistas, y ante la negativa del mismo se realizaron diversos requerimientos en el mismo sentido con fechas tres y veinticuatro de enero de dos mil veinte. 4. Por auto de seis de marzo de dos mil veinte la autoridad judicial señalada dictó un auto en donde se excusó de seguir conociendo de dicho juicio y ordenó remitirlo al Juez Civil del Segundo Distrito Judicial de Matehuala, San Luis Potosí, mismo que mediante proveído de veintiséis de junio del presente año se avocó al conocimiento del asunto y continuar con el trámite del mismo. 5. Seguido el trámite, mediante auto de diecinueve de junio de dos mil veinte, el juez ordena girar oficio al área de recursos humanos y a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de Nuevo León, a efecto de que informaran los descuentos que le han realizado al demandado, ordenando girar el exhorto correspondiente. 6.- Por auto de seis de agosto de dos mil veinte, el Juez ordenó que se gire de manera directa, el oficio a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León, para que informe lo ordenado en resolución de dieciséis de julio del año actual, en la que se ordenó que debería señalar en el plazo de tres días, el porcentaje que se ha descontado al demandado por concepto de pensión alimenticia. 7.- Asimismo, contra esa determinación la actora interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto el nueve de septiembre de dos mil veinte, declarándolo improcedente. Determinación, esta última, que constituye el acto que por esta vía se combate. Esto es, el acto reclamado se hace consistir la determinación que declara improcedente el recurso de revocación intentado contra el auto de seis de agosto del año en curso, mediante el Juez responsable ordenó girar oficio de manera directa a la Secretaria de Educación Pública de Nuevo León, fuente de trabajo de la parte demandada, a efecto de que le informe al demandado lo ordenado en resolución de dieciséis de julio de dos mil veinte, omitiendo el envío del exhorto ordenado, todo ello, acecido en el juicio ordinario civil de origen, mismo que se encuentra en etapa de alegatos. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, como se ha visto, el acto reclamado se hace consistir en la resolución por la cual el Juez Civil del Segundo Distrito Judicial, con sede en Matehuala, San Luis Potosí, declara improcedente el recurso de revocación intentado contra el auto de seis de agosto del año en curso, en el que el Juez responsable ordenó girar oficio de manera directa a la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León -fuente de trabajo de la parte demandada-, a efecto de que le informe al demandado lo ordenado en resolución de dieciséis de julio de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario civil 177/2020 del índice de la citada autoridad jurisdiccional. Por tanto, se estima que la determinación reclamada no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte promovente y sus menores hijas, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que inciden en la correcta o incorrecta notificación a la fuente de trabajo de un requerimiento relacionado con el informe del descuento de la pensión que recibe la quejosa, que acorde a su dicho, continúa recibiendo a favor de las acreedoras alimentarias. En esa medida, la repercusión del acto impugnado, no impide que el procedimiento natural continúe por sus etapas hasta llegar a su resolución; de igual forma aunque se relacione con la pensión determinada a favor de las menores quejosas, su efecto únicamente afecta la forma en que habría de notificarse a la fuente de trabajo el requerimiento correspondiente al informe que deberá enviar ésta respecto al porcentaje que se ha descontado por ese concepto. Es decir, el acto reclamado en modo alguno limita o restringe el derecho de las acreedoras alimentistas de percibir la misma, no modifica alguna situación alrededor de la misma, por lo que es evidentemente, no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos, que hagan procedente en este momento el juicio que se pretende. En consecuencia, si la determinación reclamada implica que se deje firme la orden de enviar en forma directa el oficio ya mencionado y no mediante exhorto como se había ordenado, será hasta que se dicte la resolución correspondiente a las pensiones que se dejaron de cubrir cabalmente, particularmente la del mes de octubre de dos mil diecinueve, como lo señala la quejosa en el último escrito aclaratorio, cuando se podrá advertir si tal actuar trascendió o no al resultado de la resolución que se llegue a dictar; por lo que, por el momento, la sentencia interlocutoria de que se habla, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Por ende, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito Ma. Alicia Hernández Colunga, por sí y en representación de sus menores hijas AMRG y AGRH; y, como consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACION QUE EN LO CONDUCENTE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que el veintinueve de octubre del año en curso Ma. Alicia Hernández Colunga ratificó el contenido y firma del escrito aclaratorio de demanda de dieciséis de octubre del año en curso; en consecuencia, se acuerda: En el caso, atento al contenido de ese libelo, así como de los diversos presentados anteriormente, se tiene dando cumplimiento a la prevención realizada en autos, por lo que se procede a proveer lo conducente a la demanda de que se trata. Ahora bien, se advierte que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: 1. Con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve la aquí quejosa en representación de sus menores hijas, demandó ante el Juez Familiar del Segundo Distrito Judicial a Iván Ricardo Romero Martínez, por el pago de una pensión provisional del salario ordinario y extraordinario que percibe como docente ante la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León, la cual fue radicada por la citada autoridad. 2. El catorce de mayo de dos mil diecinueve se emplazó al demandado y se tuvo por embargado el cincuenta y cinco por ciento mensual de su salario ordinario y extraordinario que percibe como docente. 3. Seguido que fue el asunto de mérito, se tuvo cancelada la pensión referida, por lo cual con relación a ello, la quejosa interpuso juicio de amparo indirecto 1068/2019-8 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, autoridad que determinó que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, y no se ejecutara aquélla determinación que ordenaba dejar sin efectos la pensión; consecuentemente, el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable requirió al deudor alimentista por el término de tres días para que de manera voluntaria exhibiera las pensiones que dejo de pagar a los acreedores alimentistas, y ante la negativa del mismo se realizaron diversos requerimientos en el mismo sentido con fechas tres y veinticuatro de enero de dos mil veinte. 4. Por auto de seis de marzo de dos mil veinte la autoridad judicial señalada dictó un auto en donde se excusó de seguir conociendo de dicho juicio y ordenó remitirlo al Juez Civil del Segundo Distrito Judicial de Matehuala, San Luis Potosí, mismo que mediante proveído de veintiséis de junio del presente año se avocó al conocimiento del asunto y continuar con el trámite del mismo. 5. Seguido el trámite, mediante auto de diecinueve de junio de dos mil veinte, el juez ordena girar oficio al área de recursos humanos y a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de Nuevo León, a efecto de que informaran los descuentos que le han realizado al demandado, ordenando girar el exhorto correspondiente. 6.- Por auto de seis de agosto de dos mil veinte, el Juez ordenó que se gire de manera directa, el oficio a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León, para que informe lo ordenado en resolución de dieciséis de julio del año actual, en la que se ordenó que debería señalar en el plazo de tres días, el porcentaje que se ha descontado al demandado por concepto de pensión alimenticia. 7.- Asimismo, contra esa determinación la actora interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto el nueve de septiembre de dos mil veinte, declarándolo improcedente. Determinación, esta última, que constituye el acto que por esta vía se combate. Esto es, el acto reclamado se hace consistir la determinación que declara improcedente el recurso de revocación intentado contra el auto de seis de agosto del año en curso, mediante el Juez responsable ordenó girar oficio de manera directa a la Secretaria de Educación Pública de Nuevo León, fuente de trabajo de la parte demandada, a efecto de que le informe al demandado lo ordenado en resolución de dieciséis de julio de dos mil veinte, omitiendo el envío del exhorto ordenado, todo ello, acecido en el juicio ordinario civil de origen, mismo que se encuentra en etapa de alegatos. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, como se ha visto, el acto reclamado se hace consistir en la resolución por la cual el Juez Civil del Segundo Distrito Judicial, con sede en Matehuala, San Luis Potosí, declara improcedente el recurso de revocación intentado contra el auto de seis de agosto del año en curso, en el que el Juez responsable ordenó girar oficio de manera directa a la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León -fuente de trabajo de la parte demandada-, a efecto de que le informe al demandado lo ordenado en resolución de dieciséis de julio de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario civil 177/2020 del índice de la citada autoridad jurisdiccional. Por tanto, se estima que la determinación reclamada no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte promovente y sus menores hijas, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que inciden en la correcta o incorrecta notificación a la fuente de trabajo de un requerimiento relacionado con el informe del descuento de la pensión que recibe la quejosa, que acorde a su dicho, continúa recibiendo a favor de las acreedoras alimentarias. En esa medida, la repercusión del acto impugnado, no impide que el procedimiento natural continúe por sus etapas hasta llegar a su resolución; de igual forma aunque se relacione con la pensión determinada a favor de las menores quejosas, su efecto únicamente afecta la forma en que habría de notificarse a la fuente de trabajo el requerimiento correspondiente al informe que deberá enviar ésta respecto al porcentaje que se ha descontado por ese concepto. Es decir, el acto reclamado en modo alguno limita o restringe el derecho de las acreedoras alimentistas de percibir la misma, no modifica alguna situación alrededor de la misma, por lo que es evidentemente, no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos, que hagan procedente en este momento el juicio que se pretende. En consecuencia, si la determinación reclamada implica que se deje firme la orden de enviar en forma directa el oficio ya mencionado y no mediante exhorto como se había ordenado, será hasta que se dicte la resolución correspondiente a las pensiones que se dejaron de cubrir cabalmente, particularmente la del mes de octubre de dos mil diecinueve, como lo señala la quejosa en el último escrito aclaratorio, cuando se podrá advertir si tal actuar trascendió o no al resultado de la resolución que se llegue a dictar; por lo que, por el momento, la sentencia interlocutoria de que se habla, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Por ende, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito Ma. Alicia Hernández Colunga, por sí y en representación de sus menores hijas AMRG y AGRH; y, como consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta a nombre de la quejosa Ma. Alicia Hernández Colunga, en virtud de que aparece una firma cuyos rasgos son diferentes con los que obran en el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que calza el ocurso de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado a desahogar el requerimiento de que se trata, el compareciente deberá programar una cita dentro de los tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea". Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.

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