Ma. Alejandra López Suastegui
Expediente 836/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fiscal General del Estado de Michoacán
- Ma. Alejandra López Suastegui
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó su demanda de amparo, el cual transcurrió del veintidós al veintiocho de septiembre del presente año, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ---------, contra actos de la Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias e la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; atento a ella, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 836/2021-I. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Atento al contenido de las disposiciones citadas se advierten las hipótesis de procedencia del amparo promovido contra actos, omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando estos sean de imposible reparación, entendidos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que México sea parte. Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado según su escrito aclaratorio en: "-------------.". Ahora bien, del citatorio (invitación) de seis de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación número ---------------se aprecia que la autoridad señalada como responsable invita a la quejosa con el objeto de encontrar una alternativa de solución rápida y pacífica del conflicto contando con la asistencia profesional de un especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias quien les brindará ayuda para propiciar una comunicación efectiva entre las partes. En el entendido de que en caso de no recibir su respuesta, se interpretaría que no es su deseo someterse al procedimiento de solución de conflictos y el asunto sería nuevamente turnado ante el Agente del Ministerio Público correspondiente. Respecto a lo anterior, los artículos 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. [.] El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Los preceptos transcritos indican que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, el cual en la etapa de indagación inicial, deberá reunir los datos de prueba necesarios para determinar sobre el ejercicio de la acción penal. Además que la representación social está facultada para solicitar la comparecencia del indiciado y requerir su declaración si lo considera necesario para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Actividad que debe realizar con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. En ese tenor, la citación (invitación) a la quejosa durante la sustanciación de la investigación inicial en modo alguno causa una afectación, pues no transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia para invitar a la quejosa llegar a un acuerdo de voluntades que proporcionen solución al conflicto planteado. Pues la mera citación (invitación) a la quejosa durante la sustanciación de la investigación en las oficinas del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ubicadas en Calzada La Huerta, número 3056, colonia Hermanos López Rayón, en esta ciudad, la responsable de ninguna manera causa una afectación a algún derecho sustantivo, pues en modo alguno transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia. Es decir, la citación (invitación) únicamente se concreta para invitar a la quejosa llegar a un acuerdo de voluntades que proporcionen solución al conflicto planteado. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal, cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces por regla general, su integración no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica de la aquí solicitante de la protección de la justicia federal. Máxime que, hasta cuando el agente del Ministerio Público se presenta ante el Juez de control, y expone los datos de prueba que se allegó, y solicita la conducción del imputado ante el Juez de control, es en que se formaliza la investigación, antes no. Ahora bien, en el presente asunto, se advierte que el acto reclamado se ubica dentro de la etapa de investigación de una carpeta de investigación, cuestión que no evidencia alguna violación a derechos sustantivos y, por tanto, se ubica en la regla general, conforme a la cual, contra actos relativos a la integración de una carpeta de investigación, es improcedente el juicio de amparo, virtud a que no se transgreden derechos sustantivos de la parte quejosa. Sin que sea óbice el hecho de que en caso de no recibir su respuesta, se interpretaría que no es su deseo someterse al procedimiento de solución de conflictos y el asunto sería nuevamente turnado ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, pues dicha circunstancia constituye un acto futuro de realización incierta. Lo anterior es así, pues, con independencia de esa circunstancia, el argumento de mérito se sustenta en un hecho fáctico futuro de realización incierta, virtud a que, si bien, en efecto, se realizó el apercibimiento de mérito, la virtual imposición de algún medio de apremio previsto por la legislación adjetiva penal aplicable, depende, en un primer momento, de la conducta que desplieguen la aquí quejosa, es decir, si comparece o no ante la citada Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, en un segundo momento, depende de que la autoridad señalada como responsable, haga efectivo el apercibimiento correspondiente. Establecido lo anterior, de autos se inadvierte medio de convicción apto para concluir que, aun cuando la quejosa no comparezca ante la autoridad responsable, sin lugar a duda, se aplicará en su perjuicio el apremio en los términos destacados, razón por la cual, no puede considerarse inminente su aplicación, sino en todo caso, constituye un acto futuro de realización incierta, respecto de los cuales, el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente, aunque por diversa causa de la analizada previamente. En la inteligencia de que, de materializarse el acto en cuestión, en contra de la quejosa, estará en posibilidad de recurrir a los mecanismos legales aplicables, con el propósito de defender los derechos que considere resulten afectados, virtud a que, de ser el supuesto, la consecuencia aplicada por la multicitada autoridad responsable, se vincula de manera inescindible a los citatorios materia del presente juicio Constitucional. Por lo cual, es evidente que, dicho citatorio (invitación), de ninguna manera afecta la esfera jurídica de la aquí quejosa, pues el hecho de que se pretenda llegar a un acuerdo de voluntades a través de los mecanismos alternativos de solución, no significa que con tal decisión se cause un perjuicio en los derechos sustantivos de la promovente del amparo. Apoya lo anterior la tesis número II.2o.P.51 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015368, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. -." Del mismo modo, apoya lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018828, que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].-. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la manifestación que realiza la citada quejosa, en el sentido de que contrajo el Virus SARS COV2, por lo que una vez que su médico y los estudios que en su momento se realice, la den de alta y este último salga negativo, así como que la Fiscalía le garantice que no se va a contagiar al asistir en las oficinas ubicadas en -------------- con el fin de llegar a una alternativa de solución rápida y pacífica de conflicto, dentro de la carpeta de investigación número ----------- al encontrase dentro del grupo de mayor riesgo a contraer dicho virus, al contar actualmente con la edad de setenta y cinco años y padecer enfermedades crónicas como mellitus e hipertensión arterial, toda vez que es responsabilidad de la multicitada quejosa cumplir con las medidas preventivas y acciones sanitarias de contención, para evitar el contagio del virus COVID-19 y no así de la citada autoridad responsable, además, para el ingreso de las personas a las dependencias gubernamentales, las autoridades responsables deben también aplicar las medidas sanitarias respectivas para la protección de la salud de aquéllas, ante el virus de que se trata. Aunado a lo anterior, que de conformidad con la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS COV2, la aquí quejosa ya debe de contar con su esquema de vacunación Lo anterior, es así toda vez que según la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV 2, para la prevención de la COVID-19 en México", visible en la página de internet https://coronavirus.gob.mx/personalsalud/ documentos-de-consulta, se determinó ejecutar el plan de vacunación en cinco etapas por grupos poblacionales, priorizados como sigue: Etapa 1: de diciembre de dos mil veinte a febrero de dos mil veintiuno, personal de salud de primera línea de control de la COVID-19. Etapa 2: de febrero a abril de dos mil veintiuno, personal de salud restante y personas de sesenta y más años. Etapa 3: de abril a mayo de dos mil veintiuno, personas de cincuenta a cincuenta y nueve años. Etapa 4: de mayo a junio dos mil veintiuno, personas de cuarenta a cuarenta y nueve años. Etapa 5: de junio de dos mil veintiuno, a marzo de dos mil veintidós, el resto de población. Posteriormente, el doce de enero de dos mil veinte, se realizaron diversas precisiones en cuanto a la política nacional para ejecutar el programa de vacunación contra el virus SARSCoV-2, relativas a las etapas de vacunación, estableciendo que la segunda etapa sería a partir del mes de febrero de dos mil veintiuno a abril del mismo año, en la que se incluirá al resto de personal de salud de todo el país, que no fue vacunado en la primer etapa, y se iniciará la vacunación de las personas mayores de 80 años, posteriormente a las personas de 70 a 79 años y para cerrar esta etapa de la estrategia, con las personas de 60 a 69; estimando que serían vacunados aproximadamente quince millones de personas. Además, se advierte que en el apartado denominado "Comunicación de Riesgos para la aplicación de la Vacuna", dentro del subtítulo "Audiencias" se describieron los principales grupos de personas que recibirán la vacuna, donde se indicó que dentro de las personas con mayor riesgo a sufrir complicaciones graves o muerte por COVID-19 están tanto las personas adultas mayores como aquellas que viven con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades respiratorias, asma, cáncer, VIH/SIDA, que reciben tratamiento de debilita el sistema inmunológico, etcétera, para quienes incluso se indica en dicho documento, que la aplicación de la vacuna sería a partir del segundo bimestre de dos mil veintiuno. De lo anterior se advierte que dentro de las personas con mayor riesgo a sufrir complicaciones graves o muerte por COVID-19 están tanto las personas adultas mayores, como en el caso de la quejosa, pues aduce que nació el quince de abril de mil novecientos cuarenta y cinco, aunado a que manifestó bajo protesta de decir verdad, que actualmente cuenta con la edad de setenta y cinco años, así como aquellas que viven con enfermedades crónicas como las que padece el quejoso, esto es, diabetes e hipertensión, entre otras, para quienes se determinó que la aplicación de la vacuna sería a partir del segundo bimestre de dos mil veintiuno. Sentado lo anterior y como la segunda etapa concluyó en el mes de abril del año en curso, en la que se incluye a los adultos mayores de sesenta años y más, de lo que se sigue que a la fecha la aquí quejosa como ya se anticipó, a la fecha ya debe de contar con su esquema de vacunación. Por lo cual, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en ----------- quienes podrán imponerse de los autos pero no gozaran de todas las facultades que confiere el artículo12 de la Ley de Amparo, en tanto acrediten estar legalmente facultades para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, por lo que respecta a su correo electrónico ---------------, se tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales; sin embargo, queda expedito su derecho, para que, si así lo desea, solicite el acceso al expediente electrónico y la notificación electrónica, esto es, se pase al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, proporcionando para ello su nombre de usuario registrado con la firma FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación). Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). --------". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ---------, contra actos de la Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias e la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; atento a ella, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 836/2021-I. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Atento al contenido de las disposiciones citadas se advierten las hipótesis de procedencia del amparo promovido contra actos, omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando estos sean de imposible reparación, entendidos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que México sea parte. Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado según su escrito aclaratorio en: "-------------.". Ahora bien, del citatorio (invitación) de seis de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación número ---------------se aprecia que la autoridad señalada como responsable invita a la quejosa con el objeto de encontrar una alternativa de solución rápida y pacífica del conflicto contando con la asistencia profesional de un especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias quien les brindará ayuda para propiciar una comunicación efectiva entre las partes. En el entendido de que en caso de no recibir su respuesta, se interpretaría que no es su deseo someterse al procedimiento de solución de conflictos y el asunto sería nuevamente turnado ante el Agente del Ministerio Público correspondiente. Respecto a lo anterior, los artículos 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. [.] El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Los preceptos transcritos indican que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, el cual en la etapa de indagación inicial, deberá reunir los datos de prueba necesarios para determinar sobre el ejercicio de la acción penal. Además que la representación social está facultada para solicitar la comparecencia del indiciado y requerir su declaración si lo considera necesario para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Actividad que debe realizar con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. En ese tenor, la citación (invitación) a la quejosa durante la sustanciación de la investigación inicial en modo alguno causa una afectación, pues no transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia para invitar a la quejosa llegar a un acuerdo de voluntades que proporcionen solución al conflicto planteado. Pues la mera citación (invitación) a la quejosa durante la sustanciación de la investigación en las oficinas del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ubicadas en Calzada La Huerta, número 3056, colonia Hermanos López Rayón, en esta ciudad, la responsable de ninguna manera causa una afectación a algún derecho sustantivo, pues en modo alguno transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia. Es decir, la citación (invitación) únicamente se concreta para invitar a la quejosa llegar a un acuerdo de voluntades que proporcionen solución al conflicto planteado. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal, cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces por regla general, su integración no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica de la aquí solicitante de la protección de la justicia federal. Máxime que, hasta cuando el agente del Ministerio Público se presenta ante el Juez de control, y expone los datos de prueba que se allegó, y solicita la conducción del imputado ante el Juez de control, es en que se formaliza la investigación, antes no. Ahora bien, en el presente asunto, se advierte que el acto reclamado se ubica dentro de la etapa de investigación de una carpeta de investigación, cuestión que no evidencia alguna violación a derechos sustantivos y, por tanto, se ubica en la regla general, conforme a la cual, contra actos relativos a la integración de una carpeta de investigación, es improcedente el juicio de amparo, virtud a que no se transgreden derechos sustantivos de la parte quejosa. Sin que sea óbice el hecho de que en caso de no recibir su respuesta, se interpretaría que no es su deseo someterse al procedimiento de solución de conflictos y el asunto sería nuevamente turnado ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, pues dicha circunstancia constituye un acto futuro de realización incierta. Lo anterior es así, pues, con independencia de esa circunstancia, el argumento de mérito se sustenta en un hecho fáctico futuro de realización incierta, virtud a que, si bien, en efecto, se realizó el apercibimiento de mérito, la virtual imposición de algún medio de apremio previsto por la legislación adjetiva penal aplicable, depende, en un primer momento, de la conducta que desplieguen la aquí quejosa, es decir, si comparece o no ante la citada Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, en un segundo momento, depende de que la autoridad señalada como responsable, haga efectivo el apercibimiento correspondiente. Establecido lo anterior, de autos se inadvierte medio de convicción apto para concluir que, aun cuando la quejosa no comparezca ante la autoridad responsable, sin lugar a duda, se aplicará en su perjuicio el apremio en los términos destacados, razón por la cual, no puede considerarse inminente su aplicación, sino en todo caso, constituye un acto futuro de realización incierta, respecto de los cuales, el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente, aunque por diversa causa de la analizada previamente. En la inteligencia de que, de materializarse el acto en cuestión, en contra de la quejosa, estará en posibilidad de recurrir a los mecanismos legales aplicables, con el propósito de defender los derechos que considere resulten afectados, virtud a que, de ser el supuesto, la consecuencia aplicada por la multicitada autoridad responsable, se vincula de manera inescindible a los citatorios materia del presente juicio Constitucional. Por lo cual, es evidente que, dicho citatorio (invitación), de ninguna manera afecta la esfera jurídica de la aquí quejosa, pues el hecho de que se pretenda llegar a un acuerdo de voluntades a través de los mecanismos alternativos de solución, no significa que con tal decisión se cause un perjuicio en los derechos sustantivos de la promovente del amparo. Apoya lo anterior la tesis número II.2o.P.51 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015368, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. -." Del mismo modo, apoya lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018828, que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].-. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la manifestación que realiza la citada quejosa, en el sentido de que contrajo el Virus SARS COV2, por lo que una vez que su médico y los estudios que en su momento se realice, la den de alta y este último salga negativo, así como que la Fiscalía le garantice que no se va a contagiar al asistir en las oficinas ubicadas en -------------- con el fin de llegar a una alternativa de solución rápida y pacífica de conflicto, dentro de la carpeta de investigación número ----------- al encontrase dentro del grupo de mayor riesgo a contraer dicho virus, al contar actualmente con la edad de setenta y cinco años y padecer enfermedades crónicas como mellitus e hipertensión arterial, toda vez que es responsabilidad de la multicitada quejosa cumplir con las medidas preventivas y acciones sanitarias de contención, para evitar el contagio del virus COVID-19 y no así de la citada autoridad responsable, además, para el ingreso de las personas a las dependencias gubernamentales, las autoridades responsables deben también aplicar las medidas sanitarias respectivas para la protección de la salud de aquéllas, ante el virus de que se trata. Aunado a lo anterior, que de conformidad con la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS COV2, la aquí quejosa ya debe de contar con su esquema de vacunación Lo anterior, es así toda vez que según la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV 2, para la prevención de la COVID-19 en México", visible en la página de internet https://coronavirus.gob.mx/personalsalud/ documentos-de-consulta, se determinó ejecutar el plan de vacunación en cinco etapas por grupos poblacionales, priorizados como sigue: Etapa 1: de diciembre de dos mil veinte a febrero de dos mil veintiuno, personal de salud de primera línea de control de la COVID-19. Etapa 2: de febrero a abril de dos mil veintiuno, personal de salud restante y personas de sesenta y más años. Etapa 3: de abril a mayo de dos mil veintiuno, personas de cincuenta a cincuenta y nueve años. Etapa 4: de mayo a junio dos mil veintiuno, personas de cuarenta a cuarenta y nueve años. Etapa 5: de junio de dos mil veintiuno, a marzo de dos mil veintidós, el resto de población. Posteriormente, el doce de enero de dos mil veinte, se realizaron diversas precisiones en cuanto a la política nacional para ejecutar el programa de vacunación contra el virus SARSCoV-2, relativas a las etapas de vacunación, estableciendo que la segunda etapa sería a partir del mes de febrero de dos mil veintiuno a abril del mismo año, en la que se incluirá al resto de personal de salud de todo el país, que no fue vacunado en la primer etapa, y se iniciará la vacunación de las personas mayores de 80 años, posteriormente a las personas de 70 a 79 años y para cerrar esta etapa de la estrategia, con las personas de 60 a 69; estimando que serían vacunados aproximadamente quince millones de personas. Además, se advierte que en el apartado denominado "Comunicación de Riesgos para la aplicación de la Vacuna", dentro del subtítulo "Audiencias" se describieron los principales grupos de personas que recibirán la vacuna, donde se indicó que dentro de las personas con mayor riesgo a sufrir complicaciones graves o muerte por COVID-19 están tanto las personas adultas mayores como aquellas que viven con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades respiratorias, asma, cáncer, VIH/SIDA, que reciben tratamiento de debilita el sistema inmunológico, etcétera, para quienes incluso se indica en dicho documento, que la aplicación de la vacuna sería a partir del segundo bimestre de dos mil veintiuno. De lo anterior se advierte que dentro de las personas con mayor riesgo a sufrir complicaciones graves o muerte por COVID-19 están tanto las personas adultas mayores, como en el caso de la quejosa, pues aduce que nació el quince de abril de mil novecientos cuarenta y cinco, aunado a que manifestó bajo protesta de decir verdad, que actualmente cuenta con la edad de setenta y cinco años, así como aquellas que viven con enfermedades crónicas como las que padece el quejoso, esto es, diabetes e hipertensión, entre otras, para quienes se determinó que la aplicación de la vacuna sería a partir del segundo bimestre de dos mil veintiuno. Sentado lo anterior y como la segunda etapa concluyó en el mes de abril del año en curso, en la que se incluye a los adultos mayores de sesenta años y más, de lo que se sigue que a la fecha la aquí quejosa como ya se anticipó, a la fecha ya debe de contar con su esquema de vacunación. Por lo cual, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en ----------- quienes podrán imponerse de los autos pero no gozaran de todas las facultades que confiere el artículo12 de la Ley de Amparo, en tanto acrediten estar legalmente facultades para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, por lo que respecta a su correo electrónico ---------------, se tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales; sin embargo, queda expedito su derecho, para que, si así lo desea, solicite el acceso al expediente electrónico y la notificación electrónica, esto es, se pase al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, proporcionando para ello su nombre de usuario registrado con la firma FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación). Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). --------". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha tres de setiembre de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ---------, contra actos de la Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias e la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; atento a ella, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 836/2021-I. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Atento al contenido de las disposiciones citadas se advierten las hipótesis de procedencia del amparo promovido contra actos, omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando estos sean de imposible reparación, entendidos como los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que México sea parte. Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado según su escrito aclaratorio en: "-------------.". Ahora bien, del citatorio (invitación) de seis de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por la Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación número ---------------se aprecia que la autoridad señalada como responsable invita a la quejosa con el objeto de encontrar una alternativa de solución rápida y pacífica del conflicto contando con la asistencia profesional de un especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias quien les brindará ayuda para propiciar una comunicación efectiva entre las partes. En el entendido de que en caso de no recibir su respuesta, se interpretaría que no es su deseo someterse al procedimiento de solución de conflictos y el asunto sería nuevamente turnado ante el Agente del Ministerio Público correspondiente. Respecto a lo anterior, los artículos 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. [.] El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Los preceptos transcritos indican que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, el cual en la etapa de indagación inicial, deberá reunir los datos de prueba necesarios para determinar sobre el ejercicio de la acción penal. Además que la representación social está facultada para solicitar la comparecencia del indiciado y requerir su declaración si lo considera necesario para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Actividad que debe realizar con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. En ese tenor, la citación (invitación) a la quejosa durante la sustanciación de la investigación inicial en modo alguno causa una afectación, pues no transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia para invitar a la quejosa llegar a un acuerdo de voluntades que proporcionen solución al conflicto planteado. Pues la mera citación (invitación) a la quejosa durante la sustanciación de la investigación en las oficinas del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ubicadas en Calzada La Huerta, número 3056, colonia Hermanos López Rayón, en esta ciudad, la responsable de ninguna manera causa una afectación a algún derecho sustantivo, pues en modo alguno transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia en una diligencia. Es decir, la citación (invitación) únicamente se concreta para invitar a la quejosa llegar a un acuerdo de voluntades que proporcionen solución al conflicto planteado. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal, cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces por regla general, su integración no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica de la aquí solicitante de la protección de la justicia federal. Máxime que, hasta cuando el agente del Ministerio Público se presenta ante el Juez de control, y expone los datos de prueba que se allegó, y solicita la conducción del imputado ante el Juez de control, es en que se formaliza la investigación, antes no. Ahora bien, en el presente asunto, se advierte que el acto reclamado se ubica dentro de la etapa de investigación de una carpeta de investigación, cuestión que no evidencia alguna violación a derechos sustantivos y, por tanto, se ubica en la regla general, conforme a la cual, contra actos relativos a la integración de una carpeta de investigación, es improcedente el juicio de amparo, virtud a que no se transgreden derechos sustantivos de la parte quejosa. Sin que sea óbice el hecho de que en caso de no recibir su respuesta, se interpretaría que no es su deseo someterse al procedimiento de solución de conflictos y el asunto sería nuevamente turnado ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, pues dicha circunstancia constituye un acto futuro de realización incierta. Lo anterior es así, pues, con independencia de esa circunstancia, el argumento de mérito se sustenta en un hecho fáctico futuro de realización incierta, virtud a que, si bien, en efecto, se realizó el apercibimiento de mérito, la virtual imposición de algún medio de apremio previsto por la legislación adjetiva penal aplicable, depende, en un primer momento, de la conducta que desplieguen la aquí quejosa, es decir, si comparece o no ante la citada Facilitadora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, en un segundo momento, depende de que la autoridad señalada como responsable, haga efectivo el apercibimiento correspondiente. Establecido lo anterior, de autos se inadvierte medio de convicción apto para concluir que, aun cuando la quejosa no comparezca ante la autoridad responsable, sin lugar a duda, se aplicará en su perjuicio el apremio en los términos destacados, razón por la cual, no puede considerarse inminente su aplicación, sino en todo caso, constituye un acto futuro de realización incierta, respecto de los cuales, el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente, aunque por diversa causa de la analizada previamente. En la inteligencia de que, de materializarse el acto en cuestión, en contra de la quejosa, estará en posibilidad de recurrir a los mecanismos legales aplicables, con el propósito de defender los derechos que considere resulten afectados, virtud a que, de ser el supuesto, la consecuencia aplicada por la multicitada autoridad responsable, se vincula de manera inescindible a los citatorios materia del presente juicio Constitucional. Por lo cual, es evidente que, dicho citatorio (invitación), de ninguna manera afecta la esfera jurídica de la aquí quejosa, pues el hecho de que se pretenda llegar a un acuerdo de voluntades a través de los mecanismos alternativos de solución, no significa que con tal decisión se cause un perjuicio en los derechos sustantivos de la promovente del amparo. Apoya lo anterior la tesis número II.2o.P.51 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015368, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. -." Del mismo modo, apoya lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018828, que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].-. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la manifestación que realiza la citada quejosa, en el sentido de que contrajo el Virus SARS COV2, por lo que una vez que su médico y los estudios que en su momento se realice, la den de alta y este último salga negativo, así como que la Fiscalía le garantice que no se va a contagiar al asistir en las oficinas ubicadas en -------------- con el fin de llegar a una alternativa de solución rápida y pacífica de conflicto, dentro de la carpeta de investigación número ----------- al encontrase dentro del grupo de mayor riesgo a contraer dicho virus, al contar actualmente con la edad de setenta y cinco años y padecer enfermedades crónicas como mellitus e hipertensión arterial, toda vez que es responsabilidad de la multicitada quejosa cumplir con las medidas preventivas y acciones sanitarias de contención, para evitar el contagio del virus COVID-19 y no así de la citada autoridad responsable, además, para el ingreso de las personas a las dependencias gubernamentales, las autoridades responsables deben también aplicar las medidas sanitarias respectivas para la protección de la salud de aquéllas, ante el virus de que se trata. Aunado a lo anterior, que de conformidad con la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS COV2, la aquí quejosa ya debe de contar con su esquema de vacunación Lo anterior, es así toda vez que según la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV 2, para la prevención de la COVID-19 en México", visible en la página de internet https://coronavirus.gob.mx/personalsalud/ documentos-de-consulta, se determinó ejecutar el plan de vacunación en cinco etapas por grupos poblacionales, priorizados como sigue: Etapa 1: de diciembre de dos mil veinte a febrero de dos mil veintiuno, personal de salud de primera línea de control de la COVID-19. Etapa 2: de febrero a abril de dos mil veintiuno, personal de salud restante y personas de sesenta y más años. Etapa 3: de abril a mayo de dos mil veintiuno, personas de cincuenta a cincuenta y nueve años. Etapa 4: de mayo a junio dos mil veintiuno, personas de cuarenta a cuarenta y nueve años. Etapa 5: de junio de dos mil veintiuno, a marzo de dos mil veintidós, el resto de población. Posteriormente, el doce de enero de dos mil veinte, se realizaron diversas precisiones en cuanto a la política nacional para ejecutar el programa de vacunación contra el virus SARSCoV-2, relativas a las etapas de vacunación, estableciendo que la segunda etapa sería a partir del mes de febrero de dos mil veintiuno a abril del mismo año, en la que se incluirá al resto de personal de salud de todo el país, que no fue vacunado en la primer etapa, y se iniciará la vacunación de las personas mayores de 80 años, posteriormente a las personas de 70 a 79 años y para cerrar esta etapa de la estrategia, con las personas de 60 a 69; estimando que serían vacunados aproximadamente quince millones de personas. Además, se advierte que en el apartado denominado "Comunicación de Riesgos para la aplicación de la Vacuna", dentro del subtítulo "Audiencias" se describieron los principales grupos de personas que recibirán la vacuna, donde se indicó que dentro de las personas con mayor riesgo a sufrir complicaciones graves o muerte por COVID-19 están tanto las personas adultas mayores como aquellas que viven con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades respiratorias, asma, cáncer, VIH/SIDA, que reciben tratamiento de debilita el sistema inmunológico, etcétera, para quienes incluso se indica en dicho documento, que la aplicación de la vacuna sería a partir del segundo bimestre de dos mil veintiuno. De lo anterior se advierte que dentro de las personas con mayor riesgo a sufrir complicaciones graves o muerte por COVID-19 están tanto las personas adultas mayores, como en el caso de la quejosa, pues aduce que nació el quince de abril de mil novecientos cuarenta y cinco, aunado a que manifestó bajo protesta de decir verdad, que actualmente cuenta con la edad de setenta y cinco años, así como aquellas que viven con enfermedades crónicas como las que padece el quejoso, esto es, diabetes e hipertensión, entre otras, para quienes se determinó que la aplicación de la vacuna sería a partir del segundo bimestre de dos mil veintiuno. Sentado lo anterior y como la segunda etapa concluyó en el mes de abril del año en curso, en la que se incluye a los adultos mayores de sesenta años y más, de lo que se sigue que a la fecha la aquí quejosa como ya se anticipó, a la fecha ya debe de contar con su esquema de vacunación. Por lo cual, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en ----------- quienes podrán imponerse de los autos pero no gozaran de todas las facultades que confiere el artículo12 de la Ley de Amparo, en tanto acrediten estar legalmente facultades para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. Por otro lado, por lo que respecta a su correo electrónico ---------------, se tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales; sin embargo, queda expedito su derecho, para que, si así lo desea, solicite el acceso al expediente electrónico y la notificación electrónica, esto es, se pase al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, proporcionando para ello su nombre de usuario registrado con la firma FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación). Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). --------". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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- Ma. Abigay Rodríguez Martínez875/2022
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- Ma. Adelina Rubio Lara842/2018
- Ma. Adilene Pérez Ambríz534/2022
- Ma. Agustina Román Bello1072/2022
- Ma. Alicia Alanís Hernández735/2021
- Ma. Anita Martinez Barajas612/2012
- Ma. Aurora Elías Téllez1233/2023
- Ma. Blanca García García365/2018
- Ma. Carmen Barrera Sánchez1142/2022
- Ma. Carmen Bartolo Duarte769/2022