M. Teresa Villa Solorio
Expediente 136/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- M. Teresa Villa Solorio
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de marzo de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por M. Teresa Villa Solorio, por su propio derecho, contra actos del Director de la Unidad UPN/163 Uruapan, de esta ciudad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en su oportunidad fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 136/2023-III, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 921 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclama del Director de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad UPN-163 Uruapan: La falta de contestación a las peticiones de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós y veintiuno de enero del año en curso, en las que la aquí quejosa en cuanto Responsable del Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad UPN-163 Uruapan, solicitó al Director de la referida dependencia: "información sobre el avance que exista en la investigación, respecto a la veracidad o legalidad de un certificado de bachillerato a nombre del señor Bernardino Huerta Hernández, quien se desempeña como velador en la Unidad UPN-163, de esta ciudad". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la propia ley, establece: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguida dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Así, todo acto de autoridad o de un particular que realiza actos equivalentes, tiene que ver con la privación de derechos o la imposición de obligaciones a los gobernados. Es decir, hay un acto de autoridad cuando concurren las siguientes características: Unilateralidad, porque para su existencia y eficacia no requiere de la colaboración del gobernado frente al cual se realiza o ejecuta; La voluntad del particular queda sometida a dicho acto; Coercitividad, porque constriñe al gobernado a observarlo y acatarlo; y La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas al gobernado en su esfera jurídica. Las anteriores notas ponen de manifiesto que para que exista acto de autoridad, el ente público debe actuar con el particular en una relación de supra a subordinación. En ese aspecto, entre el Estado y el gobernado, se reconocen tres tipos de relaciones, a saber: I) Las relaciones de coordinación, que se establecen entre particulares, en un plano de estricta igualdad; II) Las relaciones de supra a subordinación, que determinan la actuación de los entes que actúan a nombre y para el Estado, en las cuales no se actualiza un plano de igualdad, sino que la autoridad se encuentra por encima de los particulares en atención a que desarrolla una función pública que resulta de mayor importancia para la supervivencia del Estado mismo; y III) Las relaciones de supraordenación, que nacen entre autoridades, esto es, entre entes públicos que actúan en beneficio del Estado. Con base en lo anterior, resulta factible distinguir los casos en que se está en presencia de un acto de autoridad, esto es, cuándo un órgano o dependencia gubernamental actúa a nombre del Estado. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/201 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Luego, para identificar el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo debe tenerse en consideración si a quien se reputa como tal necesita acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer efectiva su actuación, o bien, requiere del consenso de la voluntad del propio particular, pues de lo contrario, no se estaría en presencia de un acto de esa índole. En este asunto, la parte quejosa atribuye el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo al Director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad UPN-163 Uruapan, dependencia para la que labora como responsable del departamento de Recursos Humanos, y a quien le reclama la falta de contestación a las peticiones de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós y veintiuno de enero del año en curso, en las que la aquí quejosa con el carácter indicado -Responsable del Departamento de Recursos Humanos- solicitó al Director de la referida dependencia: "información sobre el avance que exista en la investigación, respecto a la veracidad o legalidad de un certificado de bachillerato a nombre del señor Bernardino Huerta Hernández, quien se desempeña como velador en la Unidad UPN-163, de esta ciudad". Así las cosas, al Director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad UPN-163 Uruapan, no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues la relación entre éste y la quejosa no es de supra a subordinación sino laboral, porque en el caso se está ante la omisión del personal con funciones de dirección de dar respuesta a los escritos presentados por una de las trabajadoras a su cargo (Encargada del Departamento de Recursos Humanos), en torno a la información sobre el avance que exista en la investigación respecto a la veracidad o legalidad de un certificado de bachillerato a nombre de Bernardino Huerta Hernández, quien se desempeña como velador en dicha institución. De ahí que tal acto no puede ser violatorio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estar comprendido en la relación laboral que los vincula. De lo se concluye que la falta de respuesta a los escritos presentados el treinta de septiembre de dos mil veintidós y veintiuno de enero del año en curso, respectivamente, en los que la aquí quejosa en cuanto Responsable del Departamento de Recursos Humanos solicitó al Director de la referida dependencia información sobre el avance que exista en la investigación respecto a la veracidad o legalidad de un certificado de bachillerato a nombre de Bernardino Huerta Hernández, quien se desempeña como velador en dicha institución; deriva de la actuación de dicho servidor como superior jerárquico de la ahora quejosa quien funge como responsable del Departamento de Recursos Humanos de dicha institución, por lo que éstos participan en un plano de igualdad ante la ley, mediante una relación de coordinación. Por lo tanto, lo reprochado al funcionario en cita no constituye un acto de autoridad en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Tienen aplicación por las razones que informan, los criterios: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. La omisión de un funcionario de una dependencia como la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre el pago de diferencias de aguinaldo, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a la autoridad educativa no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde a la secretaría como parte de la administración pública local en la prestación de un servicio a cargo del Estado, como lo es la educación pública, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir su aguinaldo completo, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales, es decir, el reclamo surge con base en las fracciones IV y VI del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el diverso 87 de la Ley Federal del Trabajo (el derecho al aguinaldo), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo". "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo promovida por M. Teresa Villa Solorio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; esto es, el despacho jurídico ubicado en Calzada la ********************, número ********************, Colonia el ********************, de esta ciudad. AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Asimismo, téngase como autorizado en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Luz America Ruiz Garibay261/2023
- Luz Elva Contreras Navarro115/2017
- Luz María Telléz Marcial13/2021
- Luz María Vaca Martínez210/2023
- M.A. Arminda Guzmán Antonio263/2023
- M. Guadalupe Emma Diaz Gaona88/2023
- Ma. Alicia Hernández Bravo446/2023
- Ma. Amalia Ríos Esquivel429/2009
- Ma. Amelia González Sánchez200/2022
- MA. APLAUDINA BUCIO RODRÍGUEZ y Otros.369/2021
- Ma. Argentina Rámirez Méndez354/2016
- Ma. Arminda Guzman Antonio608/2022