M. Piedad Piña Uribe
Expediente 156/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 156/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- M. Piedad Piña Uribe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de junio de dos mil veintidós. Téngase a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Especializado en Juicio Sumario de Usucapión de Ecatepec de Morelos, Estado de México, acusando recibo del oficio 12069/2022, por el que se le remitieron las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en dos juegos de copias certificadas relativas al expediente 240/2020. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, y entréguense, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; apercibida que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. Ahora, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el promovente deberá ingresar al micrositio denominado "Agenda OJ", del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual tendrá que generar cita para los días viernes en un horario de las nueve a las catorce horas con treinta minutos a fin de llevar a cabo la actuación respectiva. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del diecisiete de mayo del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Por otra parte, se advierte que el Juez Especializado en Juicio Sumario de Usucapión de Ecatepec, Estado de México, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado -tomos I y II-; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 156/2022-V, promovido por *******, por derecho propio, contra actos del Juez Especializado en Juicio Sumario de Usucapión de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por el juez responsable al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la quejosa M. Piedad Piña Uribe, realizó manifestaciones en vía de alegatos. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las manifestaciones que en vía de alegatos hace valer la quejosa, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio. Al no más existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 156/2022-V; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado el diecinueve de febrero siguiente, a este Juzgado Federal, **********, por derecho propio, demandó la protección constitucional contra actos del Juez Especializado en Juicio Sumario de Usucapión de Ecatepec de Morelos, Estado de México. II. Previa prevención, mediante proveído del uno de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la registró con el número 156/2022-V, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclaman actos de naturaleza civil atribuidos a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: 1) del Juez Especializado en Juicio Sumario de Usucapión de Ecatepec de Morelos, Estado de México: a) La sentencia interlocutoria del veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio sumario de usucapión con número de expediente 240/2020, promovido por M. Piedad Piña Uribe, en contra de Juana Zapata Cavazos, Olivia Chávez de Tamez y José Salvador Olvera Hernández; que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, misma que confirmó el proveído del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. TERCERO. El Juez Especializado en Juicio Sumario de Usucapión de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado constantes del original del juicio sumario de usucapión con número de expediente 240/2020, promovido por M. Piedad Piña Uribe, en contra de Juana Zapata Cavazos, Olivia Chávez de Tamez y José Salvador Olvera Hernández. Mismas que en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, cuentan con valor probatorio pleno al ser documentos públicos expedidos por autoridad legalmente facultada para ello, de los que se advierte la existencia del acto reclamado; por tanto, se tiene como debidamente probado de conformidad en el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Resulta ilustrativa, a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 205651, tesis P./J- 24/92 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" Así como la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificada con el número de registro 2009302, tesis I.5º.C.8 K (10ª), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Décima Época, Página 1947, que dice: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). De lo anterior se establece, que la parte quejosa por esta vía reclama la determinación del veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el juicio sumario de usucapión con número de expediente 240/2020, promovido por M. Piedad Piña Uribe, en contra de Juana Zapata Cavazos, Olivia Chávez de Tamez y José Salvador Olvera Hernández., del índice de la responsable, en el que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, contra el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual ordenó girar oficio a diversas autoridades. Ello porque la responsable se allegó de copias simples de los antecedentes registrales que dieron origen a la inscripción del inmueble pretendido a usucapir, a favor de Juana Zapata Cavazos, pero de las mismas se hizo notar que la titular registral a la fecha de la adquisición del predio en controversia tenía la edad de cincuenta y seis años de edad (diez de junio de mil novecientos cuarenta y siete), por lo que a la fecha de dicho auto tendría ciento treinta años de edad; por ello, mediante proveído del uno de septiembre de dos mil veintiuno, se giraron oficios a la Dirección del Registro de la Ciudad de México y del Estado de México. Una vez que el Registro Civil de la Ciudad de México, remitió al juez responsable copia simple de acta de defunción a nombre Juana Zapata Cavazos, en proveído del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se declaró la nulidad de su emplazamiento verificado a través de edictos y se previno a la parte actora para que enderezara la demanda en contra de la sucesión de dicha persona; determinación que adquirió firmeza legal. No obstante, dada la inconformidad de la parte actora de que la persona a que se refirió el atestado de defunción, se trata de un homónimo, por ello la responsable determinó girar pruebas para mejor proveer, tales como el oficio al Registro Nacional de Población, para que remita impresión de la clave única de registro de población de Juana Zapata Cavazos, sin obtener éxito alguno. Finalmente, en proveído del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se decretó girar oficio al Archivo General de Notaría de la Ciudad de México, para que remita copias simples del instrumento notarial otorgado por Juana Zapata Cavazos, así como diversos oficios dirigidos a encargada de la Visitaduría en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de México y a la Dirección de Oficialía de Partes Común, Civil, Familiar y Sección Salas del Poder Judicial de la Ciudad de México, para que informaran al juzgado responsable si existía registro de radicación de juicio sucesorio a bienes de Juana Zapata Cavazos, con la finalidad de evitar dilaciones procesales, dar seguridad y certeza jurídica al procedimiento, así como respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las partes y con el único fin de recabar toda clase de información que permita conocer el destino de la codemandada y respetar su derecho de audiencia; determinación judicial que fue motivo de la interlocutoria que constituye el acto reclamado, el cual declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del auto en mención. En ese sentido, dicho acto reclamado no constituye para la parte quejosa, un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Es así pues, resulta innegable que la determinación reclamada no quebranta en perjuicio de la parte quejosa, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carece de una consecuencia de imposible reparación, toda vez que en el caso, se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado con el emplazamiento, y por regla general dichas violaciones pueden hacerse valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia. De igual modo, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 1002673, tesis 607, visible en la página 673, Tomo II. Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Procedencia del amparo indirecto, apéndice de 2011, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En ese sentido, se reitera que el acto reclamado no reúne las características de imposible reparación, en tanto que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos previstos en la Constitución Federal, pues únicamente tiene que ver con cuestiones carentes de efectos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número IV.2o.C J/2 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, que versa al tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en términos del diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridad aquí precisado. Luego, en virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, registro electrónico 239006, de título siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******, por derecho propio, contra el acto y autoridad que quedó señalado en el considerando cuarto de este fallo, por los razonamientos expresados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintidós. Téngase al Juez Especializado en Juicio Sumario de Usucapión de Ecatepec de Morelos, Estado de México, dando cumplimiento al requerimiento que le fuera formulado en autos, por lo que remite la información solicitada. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le previno en caso de incumplimiento. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que en proveído del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tuvieron como terceros interesados a **********, *********** y ***********, y se ordenaron los emplazamientos respectivos, sin embargo, se regulariza el procedimiento a efecto de integrar debidamente la relación procesal en el juicio de amparo, y se dejan de tener como terceros interesados en virtud que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado en la presente instancia, se traduce en un acto intraprocesal, por lo cual el mismo no le depara perjuicio hasta el momento a ninguna de las partes en el juicio de origen. En razón de lo anterior, se deja sin efectos el emplazamiento relativo a ***********, y se levanta la reserva decretada mediante proveído del veintiuno de abril pasado, relativa a Olivia Chávez de Tamez, sin que se realice mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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