M. Petra Cruz Aguilar Guzmán
Expediente 904/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/01/2019
Partes del expediente
- M. Petra Cruz Aguilar Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
- V I S T O el estado procesal y la certificación secretarial que antecede de la que se desprende . . . se declara que ha causado ejecutoria . . . archívese el presente asunto como concluido . . .
- Principal
- Atendiendo a la constancia actuarial que antecede de la cual se aprecia que no fue posible notificar a la quejosa . . . hágase tal notificación por medio de lista . . . requiérase a la referida quejosa, para que en el plazo de tres días, contados a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En la inteligencia, que de no dar cumplimiento a lo antes establecido en la forma y términos expuestos, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán efectos por medio de lista . . . " SE ORDENA NOTIFICAR LA SENTENCIA DICTADA EK DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO POR MEDIO DE LISTA QUE EN LO CONDUCENTE DICE . . . "VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 904/2018, promovido por .... contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, M. PETRA CRUZ AGUILAR GUZMÁN, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyó al Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro y otras autoridades que hizo consistir de manera textual en: (.) DE LAS ORDENADORAS. LA ORDEN DE ENTRAR A MI DOMICILIO CON USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y CERRAJERO, ACTO DE MOLESTIA INFUNDADO E INMOTIVADO, LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE BINES MUEBLES y del bien inmueble del cual soy copropietaria del mismo con el C. Godofredo Siasti Arujo QUE EN MI DOMICILIO SE ENCUENTRAN. . Actos que estima violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El conocimiento del asunto, correspondió por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales, donde en proveído de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho se admitió la demanda radicándose con el número 904/2018, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y seguido el juicio por sus trámites legales, al estar debidamente integrado el asunto, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República, 37 de la Ley de Amparo y 49, 52 fracción III y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste último en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 30/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en forma respectiva establecen la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito; y el segundo, lo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los cinco juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, en Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y en Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad y sede en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común; además de que el acto reclamado tendrá ejecución en el interior del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, lugar en que éste órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo es un todo, por lo que, los juzgadores debemos armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del que demanda el amparo y protección de la Justicia Federal. Así, en términos del artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo y en la tesis que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Tesis número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XIX, Abril de 2004, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). La orden de privación de bines muebles e inmuebles, con el uso de la fuerza pública, no obstante ser poseedora de la parte alícuota. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de garantías, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Sirve de apoyo la tesis siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno y Décimo todos de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, Jueces Primero, Segundo y Tercero, todos Menor Civil de Querétaro, Actuarios adscritos a los Juzgados Civiles y Actuarios adscritos a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados Menores, al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos que se les atribuyen. Por su parte, el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, y al efecto agregó: (.) se radicó el expediente 778/2013, relativo al juicio ejecutivo mercantil, sobre pago de pesos, promovido por INTEGRADORA SAN PABLO S. COOP. DE R.L. DE C.V. a través de sus endosatarios en procuración, en contra de MARÍA GUADALUPE JUÁREZ OLVERA, WILFRIDO SUASTI AGUILAR Y GODOFREDO SUASTI ARAUJO, el cual, por encontrarse sustentado en un título de crédito con aparejada ejecución, generó la orden de embargo sobre bienes del demudado y su emplazamiento, en términos de los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio reformado en abril de 2008 dos mil ocho, misma que se llevó a cabo el 30 de mayo de 2013, embargo respecto del bien inmueble ubicado en calle Nuevo León, número 308, lote 4, manzana 20, zona 1, en el ejido de San José de El Alto, Querétaro. Seguidas las etapas procesales del juicio mencionado con fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el remate del inmueble referido en décima primera y pública almoneda, y al no encontrarse postor alguno y el ejecutado, se declaró fincado el remate a favor de la actora ejecutante, supeditado a aprobación; con fecha 5 de diciembre de 2016, se tuvo a la parte actora exhibiendo acta de matrimonio con la que quedó acreditado el régimen de sociedad conyugal del demandado Godofredo Suasti Araujo con la amparista Ma. Petra Cruz Aguilar Guzmán, por lo que en atención a ello se ordenó al Actuario adscrito al juzgado a mi cargo, notificara a ésta última, la venta que se realizará del bien inmueble embargado para que un plazo de ocho días para que hiciera uso de su derecho del tanto, apercibida que de no hacerlo así se le tendría por perdido el mismo, señalándose que dicha persona fue notificada y fue omisa en atender tal notificación. El 31 de agosto de 2017, se aprobó y se declaró firme la diligencia de remate celebrado a favor de la parte actora, previéndose a la demandada otorgada las escrituras respectivas, sin embargo, ante su omisión su acusó su rebeldía y se ordenó proceder a la firma de la misma en rebeldía de la parte demandada, haciéndose la aclaración en proveído de 4 de diciembre de 2017, que tal escrituración sería sobre el 50% del valor del inmueble por corresponder a la parte alícuota del demandado Godofredo Suasti Araujo. Lo cual, se corrobora con las constancias que exhibió la responsable, a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que destaca: 1. El dieciséis de agosto de dos mil trece se dictó sentencia definitiva, de cuyos puntos resolutivos destaca: (.) CUARTO. La parte actora INTEGRADORA SAN PABLO S. COOP. DE R.L. DE C. V. a través de su endosatario en procuración, acreditaron en autos los extremos de su acción cambiaria de pago; por su parte, el demandada GODOFREDO SUASTI ARAUJO no dio contestación a la demanda siguiéndole el Juicio en su Rebeldía, en consecuencia: QUINTO. Se condena al demandado GODOFREDO SUASTI ARAUJO al pago de la cantidad de $7,000 (SIETE MIL PESOS 00/100), por concepto de suerte principal correspondiente al saldo insoluto del pagaré exhibido como base de la acción. SEXTO. Se condena al demandado GODOFREDO SUASTI ARAUJO al pago de los intereses ordinarios a razón del 3.5% (tres punto cinco por ciento) . SÉPTIMO. Se condena al demandado GODOFREDO SUASTI ARAUJO al pago de los intereses moratorios a razón del 4% . OCTAVO. Se condena a los demandaos al pago de los gastos y las costas que se originen con motivo del presente juicio. NOVENO. EN caso de incumplimiento procédase al trance y remate del bien inmueble embargado dentro de las presentes actuaciones propiedad de la parte demandada, previos avalúos, para que con su producto se pague al actor las prestaciones condenadas (fojas 32 y 33 del anexo I de pruebas). 2. Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil trece, la sentencia dictada se declaró ejecutoriada por ministerial de ley (foja 55 del anexo I de pruebas). 3. Audiencia de remate en décima primera y pública almoneda, de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, de la cual destaca: (.) Enseguida, en uso de la voz del actor ejecutante por conducto de endosatario en procuración, manifiesta que es su deseo adjudicarse el inmueble sacado a remate por la cantidad de $129,127.24 (ciento veintinueve mil ciento veintisiete pesos 24/100 moneda nacional), petición que se acuerda de conformidad con fundamento en el numeral 1412 del Código de Comercio, declarándose fincado el remate en favor de la parte actora, por la cantidad mencionada; este juzgado supedita la aprobación del mismo, previa petición por escrito de la parte actora.---- (foja 142 del anexo II de pruebas). 4. Acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, del cual sobresale: (.) Visto el contenido de su escrito, téngase al promovente exhibiendo una acta de matrimonio original con la cual acredita el régimen de sociedad conyugal con el cual se casó el demandado GODOFREDO SUASTI ARAUJO, el cual se ordena agregar en autos para los efectos legales a los que haya lugar. En virtud de lo anterior, toda vez que los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva, si el participe quiere hacer uso de su derecho del tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 964 de la Ley Sustantiva Civil en el Estado, se ordena al actuario se constituya en el domicilio de la cónyuge MA. PETRA CRUZ AGUILAR GUZMÁN y notifíquele que se realizará del bien inmueble embargado, para que dentro de los ocho días siguientes haga uso de su derecho del tanto, apercibida que en caso de no hacerlo así se le tendrá por perdido dicho derecho. Ahora bien, atendiendo a su petición de señalar fecha para llevar a cabo el remate del bien inmueble embargado en autos, se le dice al promovente que se proveerá de conformidad una vez que haya sido debidamente notificada la cónyuge del demandado GODOFREDO SUASTI ARAUJO (fojas 159 y 160 del anexo II). 5. Cédula de notificación de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, de la cual destaca que el funcionario judicial entendió la diligencia con la buscada y además al cace obra la siguiente firma: "M. Petra Cruz Aguilar Guzmán" (foja 163 del anexo II de pruebas). 6. Constancia de notificación por cédula, de fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, la cual sobresale que el funcionario judicial entendió la diligencia con Ma. Petra Cruz Aguilar Guzmán, quien le notificó el auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dejado mediante instructivo de cédula quien lo recibió y firmo de recibido (foja 164 del anexo II del anexo de pruebas). 7. Acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, del cual destaca: (.) Visto el contenido de su escrito y por lo que ve a su petición, se acusa la rebeldía en la que incurrió M. PETRA CRUZ AGUILAR GUZMÁN al no haber manifestado nada respecto a su derecho al tanto dentro del plazo concedido, a pesar de haber sido debidamente notificada -visible a foja 627 y 628- es por lo que se le tienen por perdidos sus derechos no ejercitados en tiempo y forma. --- (foja 182 del anexo II de pruebas). 8. Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete se aprueba el remate celebrado y se requiere a la parte demandada, para que en el término de tres días exhiba las escrituras del inmueble rematado (fojas 191 y 192 del anexo II de pruebas). 9. En auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se tiene al actor acusando la rebeldía en que incurrió la parte demandada, al no haber otorgado las escrituras voluntariamente, y se ordenó la firma de la escritura de adjudicación (foja 194 del anexo I de pruebas). 10. Acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, del cual destaca: (.) Ahora bien, previo acordar lo conducente a su petición, se previene al promovente para que aclare la misma, toda vez que el remate celebrado en autos debe ser considerado únicamente por la parte alícuota que le corresponde al demandado, es decir por la cantidad de $64,563.62 (Sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos 62/100 moneda nacional), lo anterior en virtud de que el demandado se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal según el acta de matrimonio que fue exhibida por la parte actora -visible a foja 625-. Por lo que, al haberse rematada el inmueble a una cantidad menor a la que la actora tenía a su favor según planilla de liquidación -visible a foja 621- cabe señalar que no queda remanente a favor del promovente. En virtud de lo anterior, se ORDENA AL ACTUARIO se constituya en el domicilio que de la parte actora obra en autos y notifíquele de lo anterior, asimismo hágasele saber que la escrituración deberá llevarse a cabo únicamente respecto al 50% (cincuenta por ciento) del valor del inmueble la cual corresponde a la parte alícuota del demandado GODOFREDO SUASTI ARAUJO. De igual forma, la cantidad que depositó como valor del inmueble se encuentra a su disposición en este Juzgado previos trámites administrativos, en virtud de que a su favor corresponde únicamente el 50% (cincuenta por ciento) de la adjudicación inmueble. --- (fojas 233 y 234 del anexo II de pruebas). Ahora bien de las constancias reseñadas, en contraste con los actos reclamados -orden de desposesión de un bien inmueble sin respetar su parte alícuota- es evidente éstos son inexistentes, pues destaca que el actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro notificó personalmente a la quejosa, el auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio de origen, mediante el cual se le requiere a fin de que, en su carácter de cónyuge de la parte demanda, haga uso de su derecho del tanto en relación al bien inmueble embargado; mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se acusó la rebeldía en que incurrió la quejosa al no haber manifestado nada respecto a su derecho del tanto en el plazo concedido, y por acuerdo de cuatro de diciembre de la anualidad en cita, se ordenó hacer del conocimiento de la parte actora que la escrituración del bien inmueble únicamente sería respecto del 50% del valor de este, el cual corresponde a la parte alícuota del demandado Godofredo Suasti Araujo. En otro contexto, el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del distrito judicial de Querétaro, negó los actos reclamados, lo cual se corrobora con las constancias que exhibió en copia certificada del expediente número 496/2018, a la que se le se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la cual destaca: 1. Acuerdo de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se tiene a Integradora San Pablo, sociedad cooperativa de consumo de bienes y servicios de responsabilidad limitada y capital variable, demandado en la vía sumaria civil a M. Petra Cruz Aguilar Guzmán, las prestaciones que se deducen de su ocurso, ordenando emplazarla a juicio (fojas 162 a 165). 2. Diligencia de emplazamiento de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, de la cual sobresale que se entendió directamente con la demandada (quejosa) quien incluso recibió las copias de traslado y firmó al calce (fojas 171 y 178 ídem). 3. Acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, por el cual se declaró la rebeldía en que incurrió M. Petra Cruz Aguilar Guzmán, al no haber dado contestación a la demandada instaurada en su contra, se analizaron los presupuestos procesales consistentes en la competencia, personalidad y vía, y se abrió el juicio a prueba por un plazo de quince días en su fase de desahogo (fojas 182 a 188 ídem). De lo reseñado es evidente que no existe el acto reclamado por la parte quejosa, esto es, la orden desposesión de bienes muebles e inmuebles, en lo tocante a la parte alícuota, ya que como quedo evidenciado de las constancias reseñadas únicamente fue emplazada a juicio, y aún no se ha dictado sentencia. En este contexto, ya que los Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo todos de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, Jueces Primero, Segundo y Tercero, todos Menor Civil de Querétaro, Actuarios adscritos a los Juzgados Civiles y Actuarios adscritos a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados Menores, al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos que se les atribuye, sin que la parte quejosa desvirtuara con prueba alguna dichas negativas; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. - - - Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 74, 75 y 76 todos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por.... en términos del considerando tercero de la presente resolución. . . .
- Principal
- VISTO el estado que guardan los presentes autos . . . se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para este día, y, en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo . . .
- Principal
CITATORIO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO A LA PARTE TERCERO INTERESADA INTEGRADORA SAN PABLO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRSENTE, EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 06/09/2018 QUE ALUDE EL AUTO DE 05/09/2018, POR TANTO SE EMPLAZA A JUICIO A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE MÉRITO, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEIDO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECDIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "......cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho, al rendir su informe justificado la autoridad responsable se advierte que le surte el carácter a la persona moral tercera interesada INTEGRADORA SAN PABLO, Sociedad Cooperativa de Consumo de Bienes y Servicios de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y en atención al mismo, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; se ordena emplazar por conducto del actuario a la citada persona moral tercera interesada, con domicilio en Calzada de Guadalupe, Número 17, Colonia San Pablo, de esta Ciudad de Querétaro, por medio de quien acredite ser su representante legal, debiéndole hacer entrega de una copia simple de la demanda de amparo, enterarlo de la fecha y hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional y además, deberá requerirlo para que dentro del término de tres días, legalmente computados, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista, aún las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la misma....." ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A EMPLAZARSE Y NOTIFICARSE, PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ. ASIMISMO SE APERCIBE A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE MÉRITO PARA QUE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS, EN ESTA CIUDAD, BAJO APERCIMIENTO.
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