M. Patricia García Manríquez
Expediente 751/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 21/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- M. Patricia García Manríquez
- Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite el Magistrado Supernumerario de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, a través del cual acusa recibo del diverso 14367/2016 del índice de este juzgado, con el que se le notificó el proveído de cinco de agosto del año en curso, y se le devolvieron los dos tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitió a este órgano jurisdiccional.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que no obra constancia de que el Magistrado Propietario de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado con sede en Guanajuato, capital, haya recibido el oficio 14367/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, con el cual se le devolvieron dos tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que adjuntó a su informe justificado; en ese sentido, toda vez que tal información es necesaria para integrar debidamente el presente expediente, solicítese a la aludida autoridad para que de no tener inconveniente legal alguno, dentro de los tres días siguientes al en que sea notificada de este proveído, acuse recibo de la citada comunicación, es decir, precise la fecha en que la recibió; bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente, en atención a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Con la finalidad de establecer si el fallo protector fue acatado a cabalidad, se procede a establecer los siguientes antecedentes: 1) El dieciocho de noviembre de dos mil quince, se dictó sentencia en el presente juicio, misma que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa para: " a) Que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada de siete de agosto de dos mil quince; y, b) Dicte una nueva en la cual con base en las razones expuestas en la presente resolución, se aparte de las consideraciones que asumió al valorar el dictamen pericial ofrecido por la quejosa y rendido por el perito **********, mismo que objeto de la presente concesión, y le confiera valor convictivo suficiente para los efectos precisados en esta determinación; c) Se pronuncie sobre la prueba pericial en materia de valuación mecánica, rendida por el experto **********; y, d) Con libertad de jurisdiccional resuelva lo que en derecho corresponda." 2) Inconforme con tal determinación el tercero interesado **********, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mismo que determinó: "PRIMERO. Con las precisiones apuntadas, se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa M. Patricia García Manríquez, contra el acto reclamado del Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, consistente en resolución de siete de agosto de dos mil quince, dictada en el toca penal 123/2015, para los efectos indicados en esta ejecutoria." 3) En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital; por lo que, en acatamiento a ello, el Magistrado Propietario de la Tercera Sala Penal en funciones de la Décima, remitió copia certificada de la resolución emitida el veinticinco de julio del año en curso, dentro del toca 123/2015. 4) Con la constancia remitida por la responsable, se procedió a dar vista a las partes, para que manifestarán lo que a su interés conviniera, vista que no fue desahogada por ninguna de las mencionadas. 5) Ahora, del examen de la constancia remitida, misma que de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tiene valor probatorio pleno, se desprende que el fallo protector fue cumplido cabalmente. Se afirma lo anterior, en virtud de que el Magistrado Propietario de la Tercera Sala Penal en funciones de la Décima, al dictar la resolución de veinticinco de julio de dos mil dieciséis: Dejó sin efectos la resolución de siete de agosto de dos mil quince, pronunciada dentro del toca 123/2015. Siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, valoró y confrontó los diversos dictámenes periciales ofrecidos y con libertad de jurisdicción, se pronunció nuevamente respecto del monto de la garantía para la posible reparación del daño. En esas condiciones, se estima que mediante la resolución de veinticinco de julio del año en curso, dictada por el Magistrado Propietario de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en funciones de la Décima Sala Penal, emitida dentro del toca 123/2015 de su índice, la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva y procederse a la destrucción del original del incidente, al haberse negado la suspensión, en términos de la fracción III del mencionado punto; glósese el original del cuaderno de suspensión para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por otra parte, atendiendo al punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, en tal virtud, remítase al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Por ser innecesaria su retención, devuélvase al Magistrado Propietario de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, los dos tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitió. Finalmente, en virtud de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a las partes en proveído de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Con la finalidad de establecer si el fallo protector fue acatado a cabalidad, se procede a establecer los siguientes antecedentes: 1) El dieciocho de noviembre de dos mil quince, se dictó sentencia en el presente juicio, misma que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa para: " a) Que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada de siete de agosto de dos mil quince; y, b) Dicte una nueva en la cual con base en las razones expuestas en la presente resolución, se aparte de las consideraciones que asumió al valorar el dictamen pericial ofrecido por la quejosa y rendido por el perito **********, mismo que objeto de la presente concesión, y le confiera valor convictivo suficiente para los efectos precisados en esta determinación; c) Se pronuncie sobre la prueba pericial en materia de valuación mecánica, rendida por el experto **********; y, d) Con libertad de jurisdiccional resuelva lo que en derecho corresponda." 2) Inconforme con tal determinación el tercero interesado **********, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mismo que determinó: "PRIMERO. Con las precisiones apuntadas, se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa M. Patricia García Manríquez, contra el acto reclamado del Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, consistente en resolución de siete de agosto de dos mil quince, dictada en el toca penal 123/2015, para los efectos indicados en esta ejecutoria." 3) En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Magistrado de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, capital; por lo que, en acatamiento a ello, el Magistrado Propietario de la Tercera Sala Penal en funciones de la Décima, remitió copia certificada de la resolución emitida el veinticinco de julio del año en curso, dentro del toca 123/2015. 4) Con la constancia remitida por la responsable, se procedió a dar vista a las partes, para que manifestarán lo que a su interés conviniera, vista que no fue desahogada por ninguna de las mencionadas. 5) Ahora, del examen de la constancia remitida, misma que de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tiene valor probatorio pleno, se desprende que el fallo protector fue cumplido cabalmente. Se afirma lo anterior, en virtud de que el Magistrado Propietario de la Tercera Sala Penal en funciones de la Décima, al dictar la resolución de veinticinco de julio de dos mil dieciséis: Dejó sin efectos la resolución de siete de agosto de dos mil quince, pronunciada dentro del toca 123/2015. Siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, valoró y confrontó los diversos dictámenes periciales ofrecidos y con libertad de jurisdicción, se pronunció nuevamente respecto del monto de la garantía para la posible reparación del daño. En esas condiciones, se estima que mediante la resolución de veinticinco de julio del año en curso, dictada por el Magistrado Propietario de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en funciones de la Décima Sala Penal, emitida dentro del toca 123/2015 de su índice, la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva y procederse a la destrucción del original del incidente, al haberse negado la suspensión, en términos de la fracción III del mencionado punto; glósese el original del cuaderno de suspensión para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por otra parte, atendiendo al punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, en tal virtud, remítase al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Por ser innecesaria su retención, devuélvase al Magistrado Propietario de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, los dos tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitió. Finalmente, en virtud de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
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