M. Félix González Rodríguez

Expediente 2389/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2389/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • M. Félix González Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; agréguese a los autos para que obre como corresponda. Por lo tanto, debe decirse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "(.) SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo; por tanto, las autoridades responsables, deberán: Restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, para lo cual deberán poner a disposición del ejido demandante las hectáreas de tierra de uso común que le pertenecen y que ocupa la carretera ********************, en el tramo que pasa por dicho ejido, o bien, de considerar que esa vía de comunicación debe permanecer en funcionamiento por ser de utilidad pública, con fundamento en los artículos 93 y 94 de la Ley Agraria, 60 a 89 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, inicien ante la Secretaría de la Reforma Agraria el trámite de expropiación respectivo, lo anterior a fin de que, en su momento, indemnicen a la quejosa por el monto que deberá ser determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), lo que deberá notificarse al núcleo ejidal quejoso para que esté en aptitud de intervenir en el procedimiento en cuestión en cumplimiento al derecho fundamental de audiencia. Se hace la precisión que el efecto anterior se determina, en virtud que si bien en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo el efecto del amparo solo tendría que ser que se le restituya al ejido quejoso el derecho de posesión de los terrenos materia de este juicio, al tratarse de una vía de comunicación, es evidente que su funcionamiento y permanencia pueden ser de utilidad pública, de modo que en caso de ponerse a disposición de la quejosa el terreno que ocupa dicha carretera, se podría causar una afectación mayor a la colectividad, que el beneficio que habrá de obtener la enjuiciante con la restitución en el goce del derecho posesorio que nos ocupa. Además, el ejido también podría verse beneficiado en caso de que las autoridades responsables optaran por iniciar el procedimiento expropiatorio respectivo y como resultado de ello, recibiera el pago de la indemnización correspondiente. En efecto, el artículo 2, fracción III, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, define el derecho de vía como la: ".Franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino. Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de ellos." Por su parte, el artículo 3 de dicho ordenamiento legal, establece que ".son parte de las vías generales de comunicación los terrenos necesarios para el derecho de vía, las obras, construcciones y demás bienes y accesorios que integran las mismas." Asimismo, el diverso 22 del mismo cuerpo normativo, establece lo siguiente: "Artículo 22.- Es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes. La Secretaría por sí, o a petición de los interesados, efectuará la compraventa o promoverá la expropiación de los terrenos, construcciones y bancos de material necesarios para tal fin. La compraventa o expropiación se llevará a cabo conforme a la legislación aplicable. En el caso de compra venta, ésta podrá llevarse a cabo a través de los interesados, por cuenta de la Secretaría. Los terrenos y aguas nacionales así como los materiales existentes en ellos, podrán ser utilizados para la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes conforme a las disposiciones legales." De lo anterior, se desprende que los caminos y puentes son de utilidad pública y que cuando el terreno donde habrá de establecerse el derecho de vía incida en terrenos de propiedad privada, o en este caso, ejidal, para su constitución se requiere de compraventa o expropiación previa, lo que en el presente caso no aconteció. Sin que pase inadvertido que el artículo 2, fracción IV, del Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía en Carreteras Federales y Zonas Aledañas, establece que ese derecho es un ".bien del dominio público de la Federación constituido por la franja de terreno de anchura variable, cuyas dimensiones fija la Secretaría, que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía de comunicación carretera y sus servicios auxiliares.", toda vez que esa naturaleza se adquiere una vez constituido el derecho de vía, para lo cual, se insiste, era necesario que se hubiese realizado en forma previa la compraventa o expropiación del predio que nos ocupa, al encontrarse en propiedad del núcleo ejidal quejoso. En cuanto a los efectos que deben de otorgarse en este juicio de amparo similar criterio adoptó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los autos de la revisión principal 32/2015, lo cual se cita como hecho notorio, aun cuando no se tenga a la vista de manera física, por tratarse de una resoluciones publicadas en la red jurídica SCJN (intranet), cuyo acceso es para el personal autorizado de los diversos órganos del mencionado Poder Judicial, conforme al Acuerdo número 8/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinte de mayo de dos mil ocho, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de junio de dos mil ocho, del que se deriva que las publicaciones en la red jurídica de las resoluciones que emite ese Alto Tribunal, funcionando en Pleno o en Salas, así como las emitidas por los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, constituyen hechos notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, como así lo sostuvo el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia número XXI3° J/7, localizable en la página 804, del tomo XVIII, octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra expone: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del País, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones".(.)" Luego, cabe precisar que el Tribunal revisor, en la ejecutoria de veinte de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada dentro del recurso de inconformidad ********************, determinó lo siguiente: "(.) En tanto que si bien las responsables probaron la existencia del acuerdo que da inicio al procedimiento de expropiación, el Juez de Distrito también estableció que el daño en la esfera de derechos del quejoso derivó de que no se agotó el procedimiento establecido en los artículo 93 al 97 de la Ley Agraria, lo cual a la fecha tampoco ha sucedido. Por tanto, debe revocarse la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, y devolver los autos al Juzgado de Distrito de origen, a efecto de que continúe con el trámite de la fase de ejecución en los términos antes precisados, y dado que las autoridades responsables optaron por iniciar el procedimiento de expropiación, la sentencia de amparo podrá considerarse cumplida hasta que se entregue al núcleo ejidal la indemnización con que concluya el procedimiento expropiatorio, y la entrega de dicha indemnización al ejido impetrante se demuestre ante el Juzgado de Distrito con las constancias respectivas. Lo anterior en la inteligencia de que, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, quedan vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo las autoridades encargadas del trámite y resolución del procedimiento de expropiación, aun cuando no hayan sido consideradas autoridades responsables en el juicio de amparo de origen. Esto último, en virtud de que el procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencia tiene características propias y su operación se rige por los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Es un procedimiento creado con el fin de hacer cumplir las sentencias de amparo, pues son de orden público y bajo la racionalidad de ser aplicado de forma obligatoria a todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que sólo puede dejar de ser obligatorio bajo las reglas del propio procedimiento. (.)" Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, como autoridad vinculada al cumplimiento, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que sea notificado de este proveído remita la actualización de la opinión ********************a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano solicitada por dicha dependencia el cinco de abril de dos mil diecinueve mediante oficio ******************** de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós o en su caso el impedimento que le asiste para ello. De igual forma, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Gobierno del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que sea notificado de este proveído precise el día, mes y año de la ocupación previa de la superficie a expropiar solicitada mediante oficio ******************** por la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Remítase para ello, copia del oficio de cuenta para pronta referencia. Bajo apercibimiento, que de no acatar lo anterior sin causa justificada en el lapso indicado, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $9,622.00 00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Registro Agrario Nacional, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad vinculada al cumplimiento, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad indicada. Finalmente, dada la voluminosidad del presente juicio de amparo y para un mejor manejo del mismo, se ordena formar el Tomo VII, debiendo iniciar su conteo con el número de folio que corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se les otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. **Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, infórmese al Tribunal Colegiado en Materia Laboral que le corresponda conocer la queja interpuesta por el titular de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, el contenido del presente acuerdo, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, a fin de dar oportunidad para que la tercera interesada se imponga de los autos del presente juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables rindan sus informes justificados; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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