M Enedina Peña Ramírez

Expediente 2405/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2405/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • M Enedina Peña Ramírez
  • Director General para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores de la Subsecretaría del Bienestar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    a. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia dictada en este asunto, en la que sobreseyó en el juicio, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión dado que no se tramitó.

  2. Principal

    SENTENCIA... CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa en virtud de que se controvierten actos de autoridad distinta de la judicial, residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que lo es: a) La omisión de la Dirección General para el Bienestar de la Personas Mayores de la Subsecretaría del Bienestar de realizar la integración de la información a efecto de concluir el proceso por el que sea admitida la parte quejosa al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. b) La omisión de la Delegada de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, de dar seguimiento en la verificación y avance en la ejecución de dicho programa y liberar los recursos a efecto de que la parte impetrante reciba la pensión aludida. c) La omisión del Servidor de la Nación del Módulo de Atención del Municipio de Tala, adscrito a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, de dar información sobre el estado en el que se encuentra el proceso de acceso al citado programa. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Servidor de la Nación del Módulo de Atención del Municipio de Tala, adscrito a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, (denominación propuesta por la parte quejosa), en virtud de que ésta fue declarada como inexistente en la audiencia constitucional. Lo anterior, no obstante que mediante proveído de ocho de marzo actual, se dio vista a la parte quejosa a fin de que indicara la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable, sin que hubiera atendido tal requerimiento. En efecto, a la parte quejosa le corresponde la carga de demostrar el acto reclamado, y por ende, también la denominación correcta de la autoridad responsable. En ese sentido, si la autoridad así señalada como responsable por la parte quejosa no existe, es lógico que cualquier acto u omisión que se le atribuye es inexistente. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo; respecto del acto reclamado al Servidor de la Nación del Módulo de Atención del Municipio de Tala, adscrito a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco; precisado en el inciso c del considerando que antecede. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados precisados en los incisos a y b a las autoridades responsables Director General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Bienestar y Delgada de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, a través del Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales y Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, respectivamente; no obstante que en el oficio por el que rindieron su informe justificado lo hayan negado; sin embargo, de las constancias que remitió la primera autoridad, se desprende que, hasta enero de dos mil veintitrés, se incorporó al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a la quejosa M. Enedina Peña Ramírez; las cuales revisten de valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del cuerpo normativo antes mencionado QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. No se emitirá pronunciamiento respecto del fondo del presente juicio de amparo, debido a que de oficio se advierte la actualización de una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente al ser una cuestión de orden público, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esas condiciones se estima se surte en la especie, o sea, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia. El texto del numeral en cita, dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado; es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, en virtud de un acto posterior y diverso. Al respecto, cabe precisar que el texto del precepto citado permite concluir, que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, por conducto de la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, se desprende que hasta enero de dos mil veintitrés, se incorporó al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a la quejosa M. Enedina Peña Ramírez, liberando la emisión del pago por dicho concepto correspondiente al periodo enero-febrero del presente año. De lo anterior se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de noviembre de dos mil veintidós), tenían existencia jurídica los actos reclamados y, se evidencia que desapareció el motivo específico que dio origen a los actos materia de estudio constitucional. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, del título siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues es evidente que cesaron los efectos de la afectación reclamada por la quejosa, toda vez que la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, mientras que en enero de dos mil veintitrés, se incorporó al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a la quejosa M. Enedina Peña Ramírez, liberando la emisión del pago por dicho concepto correspondiente al periodo enero-febrero del presente año. Apoya lo anterior, la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En las condiciones apuntadas, al haberse surtido el supuesto de improcedencia analizado, en los autos del juicio de origen, en el caso procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado apuntado. Finalmente, no pasan desapercibidos para esta juzgadora los alegatos expuestos por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin embargo, resulta inocuo ocuparse de ello. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 63 y 73, todos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ------, respecto de los actos precisados en el considerando segundo y por las razones contenidas en el tercero y quinto considerandos de este fallo.

  3. Principal

    Informe justificado. Se tiene por recibido el comunicado de la autoridad responsable, mediante el cual con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el comunicado referido para su conocimiento y efectos legales procedentes. Manifestaciones a manera de alegatos y causal de sobreseimiento. Asimismo, formula manifestaciones que, a manera de alegatos expresa, acorde al numeral 124 de la Ley de Amparo en las que además de otros aspectos, hace valer causales de sobreseimiento, la cual de ser el caso será tomada en consideración al momento de resolver la litis constitucional. Designación de delegados, señala domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene nombrando como delegados a las personas que refiere, por así solicitarlo expresamente; de igual manera, se les tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a través del cual, remite el diverso firmado por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, debido a que no corresponde a ningún juicio de su índice. Ahora bien, del oficio de mérito, se advierte que la responsable manifiesta textualmente lo siguiente: "(.)En atención a lo requerido le comunico que, dentro del Organigrama de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, no existe la autoridad denominada Servidor de la Nación del Centro Integrador del Municipio de Tala, adscrito a la Delegación de Programas para el Desarrollo(.)". En ese sentido, a fin de que este órgano de control constitucional tenga certidumbre respecto a la autoridad responsable, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de tres días legalmente computados, conforme lo prevé la fracción II, del artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, proporcione la denominación correcta de la autoridad. Bajo apercibimiento que de no manifestar lo conducente, en el término concedido, se tendrá como inexistente a la responsable Servidor de la Nación del Centro Integrador del Municipio de Tala, adscrito a la Delegación de Programas para el Desarrollo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, a la PARTE QUEJOSA, el auto de OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES, por el cual se acordó lo siguiente: Se tiene por recibido el comunicado de la autoridad responsable, mediante el cual con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el comunicado referido para su conocimiento y efectos legales procedentes. Manifestaciones a manera de alegatos y causal de sobreseimiento. Asimismo, formula manifestaciones que, a manera de alegatos expresa, acorde al numeral 124 de la Ley de Amparo en las que además de otros aspectos, hace valer causales de sobreseimiento, la cual de ser el caso será tomada en consideración al momento de resolver la litis constitucional. Designación de delegados, señala domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene nombrando como delegados a las personas que refiere, por así solicitarlo expresamente; de igual manera, se les tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a través del cual, remite el diverso firmado por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, debido a que no corresponde a ningún juicio de su índice. Ahora bien, del oficio de mérito, se advierte que la responsable manifiesta textualmente lo siguiente: "(.)En atención a lo requerido le comunico que, dentro del Organigrama de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, no existe la autoridad denominada Servidor de la Nación del Centro Integrador del Municipio de Tala, adscrito a la Delegación de Programas para el Desarrollo(.)". En ese sentido, a fin de que este órgano de control constitucional tenga certidumbre respecto a la autoridad responsable, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de tres días legalmente computados, conforme lo prevé la fracción II, del artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, proporcione la denominación correcta de la autoridad. Bajo apercibimiento que de no manifestar lo conducente, en el término concedido, se tendrá como inexistente a la responsable Servidor de la Nación del Centro Integrador del Municipio de Tala, adscrito a la Delegación de Programas para el Desarrollo.

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