M. del Carmen Aviles Hernández
Expediente 425/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/01/2023
Partes del expediente
- M. del Carmen Aviles Hernández
- Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Sexto de Distrito En Materia de Amparo Y Juicios Federales En el Estado de México
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes el oficio recibido vía interconexión y procedente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual informa que el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, asimismo que el veintidós de junio de dos mil veintidós se ordenó el archivo de la queja 147/2021 de su índice estadístico. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, respecto de las copias certificadas remitidas con motivo de la tramitación del recurso de queja, y que constituyen las actuaciones del juicio en que se actúa, procédase a la destrucción de las mismas. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA I. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes el escrito signado por ************quien aduce ser apoderado y representante legal de la aquí quejosa *********** y en atención a su contenido, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintiuno de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo. Ahora bien, con apoyo en el artículo 101, párrafo segundo de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre notificada la parte quejosa de esta determinación, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Turno, el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA I RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Jefe de Recursos Humanos de la Jurisdicción Sanitaria en el Municipio de Tejupilco, Estado de México y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 425/2021-I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: El oficio 208C0101114800T-2470/2021 de doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se hizo de su conocimiento la suspensión de ocho días sin goce de sueldo. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar el escrito de demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, este Juzgador considera que en la especie, respecto del acto reclamado atribuido al Jefe de Recurso Humanos de la Jurisdicción Sanitaria en el Municipio de Tejupilco, Estado de México y otras autoridades, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que aquél proviene de una relación laboral y por tanto, no pueden tenerse como acto de autoridad para efectos de esta instancia constitucional. Las disposiciones legales en cita señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De dichos numerales, se advierte que el juicio constitucional, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Las autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, excepción hecha de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad, con los que se afecten los derechos de las personas y esas funciones esté determinada en la ley. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto se pronunció en la jurisprudencia 2a.CCIV/2001, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De la anterior transcripción se advierte que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. A partir de lo anterior, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los particulares, o sólo entre estos cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y los individuos, donde la voluntad del primero se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poder exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por el contrario, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares o entre el Gobierno y los particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. Luego, el juicio de amparo, es improcedente contra actos de particulares, o incluso emitidos por una autoridad, que no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación". Ahora bien, como ya fue establecido, en la especie la parte quejosa reclama, de manera esencial el oficio 208C0101114800T-2470/2021 de doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se hizo de su conocimiento la suspensión de ocho días sin goce de sueldo. Por tanto, no debe considerarse que se está frente a un acto de autoridad, pues no se cumplen los requisitos que han sido delimitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; es así, ya que la conducta atribuida al Jefe de Recursos Humanos de la Jurisdicción Sanitaria en el Municipio de Tejupilco, Estado de México y otras autoridades, no se dio en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que dicho órgano se erige como patrón frente a sus empleados, y cuyo contexto no da lugar a duda que para rebatir en lo atinente que dicha relación parte de la existencia de un vínculo laboral; circunstancia que se corrobora con la propia documental aportada por la parte quejosa consistente en el aviso de suspensión de doce de mayo sin goce de sueldo. De ahí que, no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, ya que no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de coordinación entre el Instituto de Salud como patrón y la promovente, por lo que corresponde a los tribunales laborales competentes dirimir esa controversia. En ese sentido, como se anotó, se considera como autoridad a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Hipótesis que no se actualiza en el caso, en razón que el oficio emitido por la autoridad responsable, mediante el cual se comunica a la ahora queja la suspensión de ocho días sin goce de salario, por conducto del Jefe de Recursos Humanos señalado como responsable, se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde la responsable actúa como particular, esto, en su calidad de patrón y no como autoridad investida de imperio frente a la solicitante del amparo. Ello, atendiendo a que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con el contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo. DOMICILIO. Ahora bien, por lo que hace al domicilio consistente en el correo electrónico, no ha lugar a acordar de conformad lo solicitado, ello en virtud de que el mismo no está contemplado en la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; hasta en tanto señale un domicilio ubicado dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, pues no cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, es decir, únicamente para oír y recibir, hasta en tanto registren sus cedulas en el sistema aludido. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.
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