M. Concepción Garibay Granados y Otros.

Expediente 1175/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1175/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
05/01/2017

Partes del expediente

  • M. Concepción Garibay Granados y Otros.
  • M. Concepción Garibay Granados
  • 1. Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, sí existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Toda vez que en autos consta un documento original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, sí existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Toda vez que en autos consta un documento original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado porxxxxxxxxxxxxxxxxx, por su propio derecho, contra actos del: Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, y; Director de la Policía Estatal del Estado de Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1175/2016-IV-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la quejosa, consistentes en: La omisión de dar contestación a nuestra petición de seis de diciembre de dos mil dieciséis. mediante el cual solicitamos se nos restituya y/o reincorpore en el rol de guardias a fin de continuar con la prestación del Servicio de Grúas en su modalidad de Arrastre y Salvamento. Lo anterior por considerar que en el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista los artículos 1 fracción I, 63 fracción IV y 113, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De tales preceptos se advierte que solo estarán en aptitud de promover el juicio de amparo, cuando exista real y materialmente un acto que reclamar o en su caso sea patente la omisión por parte de la autoridad de un hacer o no hacer, y en caso de su inexistencia se desechará el asunto. Ahora bien, a fin de acreditar la existencia de la omisión que se reclama, conviene precisar que el diverso artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a los funcionarios y empleados públicos a que respeten el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; petición a la que deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al solicitante. De lo anterior, se puede advertir que si bien el gobernado tiene la plena facultad de ejercer el derecho de petición de manera pacífica y respetuosa ante cualquier autoridad y/o funcionario público, lo cierto también es que esos empleados o funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación por escrito en breve término. Bajo ese tenor, es preciso establecer a qué se refiere el dispositivo antes invocado en cuanto al breve término, pues éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, pues deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. Ahora bien, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, dispone en su artículo 1: Artículo 1. Esta Ley es de orden público; tiene por objeto regular los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública estatal y municipal, así como de sus órganos descentralizados, fideicomisos y organismos constitucionales autónomos. De lo anterior se concluye que la citada ley rige los actos que en esta vía se reclaman al 1. Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro y Director de la Policía Estatal del Estado de Querétaro, al ser parte de la administración pública del estado de Querétaro. Sentado lo anterior, de acuerdo a la ley en estudio las citadas autoridades cuentan con un mes para dar respuesta a las solicitudes presentadas, ello según lo dispuesto en su numeral 15 fracción X y 16 estipulan: Artículo 15. Las autoridades administrativas, en sus relaciones con los particulares, tendrán las siguientes obligaciones: . X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones les formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley. Artículo 16. La autoridad administrativa resolverá lo que corresponda en un plazo que no excederá de un mes. Transcurrido dicho plazo, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que, transcurrido el plazo aplicable la resolución, deba entenderse en sentido positivo. De no entregarse la constancia en el plazo señalado, se tendrá por negada la petición del gobernado. En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución y ésta, a su vez, no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo. Por lo anterior, debe decirse que si la parte quejosa elevó sus peticiones ante las autoridades, el seis de diciembre de dos mil dieciséis; en tanto que, la demanda de amparo fue recibida el veintidós siguiente, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, esto es, doce días posteriores a la solicitud; por ende, es inconcuso que el acto que por esta vía se reclama no existe, pues el numeral 1 fracción I de la Ley de Amparo, es claro al establecer la procedencia del juicio únicamente contra actos u omisiones que vulneren los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, no obstante, en el presente asunto, no ha transcurrido un término breve a afecto de que las autoridades responsables estén en aptitud de dar contestación a las peticiones del quejoso, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no existe; pues se reitera no ha transcurrido el término de un mes concedido a las autoridades a efecto de que puedan estudiar y acordar la petición del quejoso presentada el seis de los corrientes y hacerle del conocimiento el acuerdo recaído a las mismas. Tiene aplicación a lo anterior por identidad de razones, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.68 K, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, página 390, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, octava época, cuyo rubro y texto es: PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en xxxxxxxxxxxxx. Autorizando para tales efectos, en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a xxxxxxxxxxxxxxxx y a xxxxxxxxxxxx, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente.

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