M. Carmen Arredondo Rodriguez

Expediente 1017/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1017/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
12/07/2019

Partes del expediente

  • M. Carmen Arredondo Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el escrito firmado por el licenciado ***, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa ***, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de ocho de julio último, haciendo del conocimiento de este tribunal federal lo siguiente: la quejosa no estuvo en posibilidad de seguir los lineamientos indicados por la Jefa de la Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, a fin de que la misma reintegrará la cantidad erogada con motivo del impuesto declarado inconstitucional en el presente juicio. En consecuencia, se procede a acordar lo relativo al diverso escrito presentado por el nombrado autorizado de la parte quejosa, registrado bajo el número 5735; teniendo así que: Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el referido escrito, en virtud de que el dos de abril del presente año se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo, ordenándose el archivo por las razones expuestas en dicho proveído; aunado a que en el escrito de cuenta se advierte que fue la parte quejosa quién no siguió los lineamientos que le fijó la autoridad responsable para reintegrarle la suma de dinero que pagó por motivo del impuesto declarado inconstitucional. De lo que se advierte que si no se le ha reintegrado esa cantidad, es por causas imputables a la propia quejosa.

  2. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el escrito firmado por el licenciado ***, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa ***, y previo a acordar su contenido, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si siguió los lineamientos indicados por la jefa de la Oficina Recaudadora de la Ciudad de Celaya de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, a fin de que la misma le reintegrara la cantidad erogada con motivo del impuesto declarado inconstitucional en el presente juicio; lo cual le fue notificado el catorce de marzo de dos mil diecinueve, según se advierte de las constancias que acompañó a su informe de cumplimiento la nombrada responsable (fojas 121 a 126). Es decir, si proporcionó el número de cuenta bancaria y su CLABE interbancaria para realizar la transferencia electrónica; y de ser así, exhiba en el lapso concedido las constancias con las que acredite lo anterior. En la inteligencia de que no hacerlo, en el término y formada indicados, o de no manifestar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, sin previo acuerdo, se le tendrá por desinteresado con la información que proporcio

  3. Principal

    ESTADO DE AUTOS Y CERTIFICACIÓN. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa, en proveído de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por la jefa de la Oficina Recaudadora de la Ciudad de Celaya de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna; por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional, procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, con base en las constancias que obran en autos. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA Y SE SOLICITA CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, se tiene que el ocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual en el primer resolutivo se decretó el sobreseimiento y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: Por tanto, al resultar el precepto reclamado violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO SOLICITADO por la quejosa, respecto a la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, en específico la fracción III del artículo 22 que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades judiciales y administrativas, por página, lo que se traduce en nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el impetrante de tal manera que la disposición impugnada no debe aplicársele de nueva cuenta. Asimismo y atendiendo a que la agraviada impugnó en forma concreta el acto de aplicación, procede la devolución al mismo de la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado (foja 88 frente y vuelta). Dicha determinación causó ejecutoria el seis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 115 a 117); y en dicha fecha se requirió al Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de igual nombre, a fin de que diera cumplimiento a la misma. INFORME DE CUMPLIMIENTO. En atención a lo anterior, la jefa de la Oficina Recaudadora de la Ciudad de Celaya de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, remitió el oficio registrado bajo el número 2271, en el que manifestó lo siguiente: En atención al requerimiento contenido en el oficio 2979/2019, a través del cual requiere el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, me permito informar que la misma ya fue cumplida y para tal efecto me permito anexar al presente escrito, el acuse de recibo del oficio en el cual se le notifica a ***, se desincorpora de su esfera jurídica, la fracción III, del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato; así como el mecanismo de pago por la cantidad que enteró con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional (foja 121). Acreditando su dicho con el oficio no. 1501/2019 de trece de marzo de dos mil diecinueve en el cual refiere: C. *** Esta Oficina Recaudadora de Celaya, Guanajuato, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, con fundamento en los artículos 20, fracción II, inciso b), numeral 7; 10, último párrafo; 11, segundo párrafo, 12 y 54, fracciones X, XXII y penúltimo párrafo de este artículo del Reglamento Interior de esta dependencia del Estado, le comunica. 1. Se desincorpora de su esfera jurídica, la fracción III, del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, es decir, que la disposición impugnada no debe aplicársele de nueva cuenta en el presente ejercicio fiscal 2019. 2. Asimismo para hacer la devolución de la cantidad que enteró con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, se le solicita que proporcione su cuenta bancaria y su CLABE interbancaria para realizar la transferencia electrónica. Lo anterior en estricto cumplimiento de la sentencia protectora pronunciada por el Juzgado Quinto (foja 122). Determinación que le notificó a la parte quejosa el catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 123 a 126). ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. Por tanto, toda vez que en autos se encuentra acreditado fehacientemente que la autoridad responsable desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa ***, la fracción III, del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, a fin de que la disposición impugnada no se le aplique de nueva cuenta en el presente ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y además, ordenó realizar la devolución de la cantidad que enteró con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, solicitándole que proporcionara cuenta bancaria y CLABE interbancaria para realizar la transferencia electrónica, lo cual le notificó el catorce de marzo último. Y dado que la parte quejosa no manifestó nada en relación a la vista que se le ordenó notificar por auto de diecinueve de marzo último, se infiere válidamente que la cantidad en numerario que pago en forma incorrecta le fue ya devuelta. Por ende, conforme al numeral 196 , de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. EXPEDIENTE ES DEPURABLE. Toda vez que el presente juicio en su segundo resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.

  4. Principal

    Por recibido el oficio registrado bajo el número 2425, firmado por la Coordinadora General jurídica, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad, al que anexa diversas constancias. En atención a su contenido, se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda, conforme a los artículos 219 y 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, conforme lo establece el numeral 2°. de dicha ley, en virtud de que el mismo ya obra acordado en proveído de diecinueve de marzo último, por haberse recibido en este juzgado federal, vía correo electrónico. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito registrado bajo el número 2449, firmado por el licenciado ***, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte de la quejosa ***, y en atención a su petición, se ordena la devolución de las documentales que refiere en su ocurso, previa copia simple que de las mismas exhiba, a fin de que se dejen en sustitución, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, hecho lo anterior, se ordena cotejarlas de conformidad con el artículo 136 del código en cita. Se tiene como autorizado de su parte para recibirlas a ***, a quien se hace de su conocimiento, que una vez que comparezca ante esta secretaría para los efectos precisados, deberá hacerlo debidamente identificada con credencial oficial vigente con fotografía, y una vez hecho lo anterior, se asentará la razón de recibo correspondiente.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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