M'Baye Daouda

Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
953/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • M'Baye Daouda

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra del auto dictado el dos de agosto del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, con independencia de haberse sobreseído fuera de audiencia en el juicio, es susceptible de conservarse, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b) en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/jkgt

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS: Tijuana, Baja California, dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense para que obren como correspondan los oficios de cuenta, remitidos por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, mediante el cual remite copia certificada del expediente administrativo de los quejosos M'baye Daouda (1) y M'baye Abdoul (2); documentales que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos se obtiene que el presente juicio de derecho fundamentales se promovió a favor de los directos quejosos M'baye Daouda (1) y M'baye Abdoul (2), contra actos del Encargado de la Oficina de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y subalternos, con sede en esta ciudad, los cuales consistieron -esencialmente- en la detención, presentación, privación de la libertad, deportación, expulsión, repatriación, traslado a diversa estación migratoria e incomunicación. Luego, de las constancias remitidas por el Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, por conducto del Titular de la Oficina de Representación, con residencia en esta ciudad, consistente en copia certificada de los documentos provisionales de salida, emitidos en favor de M'baye Daouda (1) y M'baye Abdoul (2), -a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se obtiene que el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, esto es, posterior a la presentación de la demanda (treinta de julio de dos mil veintitrés), concluyó su alojamiento en la estancia migratoria. Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, la parte quejosa reclama la detención, presentación, privación de la libertad, deportación, expulsión, repatriación, traslado a diversa estación migratoria e incomunicación. No obstante, de las constancias que obran en autos y que fueron previamente valoradas, se desprende que el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, concluyó su alojamiento en la estancia migratoria, tal como se aprecia de los documentos provisionales de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, emitidos en favor de M'baye Daouda (1) y M'baye Abdoul (2), por los que se autorizó su salida de la estación migratoria. Por tanto, si a la fecha se determinó su salida de la estación migratoria dentro del procedimiento migratorio del cual emanan los actos reclamados y, como consecuencia se permitió a la parte quejosa abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en conformidad con los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; autorizadas mediante oficio CCJ/ST/2677/2023, de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar personalmente a la perita oficial a Rafaela Guadalupe Álvarez Hernández, del auto de veinticuatro de julio pasado, toda vez que fue informado que dicha profesionista falleció el once de abril del año en curso. En consecuencia, ya que de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil veintitrés, se encuentra Luis Fernando González Vergara, en materia de ingeniería civil. En atención a lo anterior, se designa como perito oficial a Luis Fernando González Vergara, en relación con la prueba pericial en materia ingeniería civil, quien deberá ser notificado de tal designación por conducto de la persona Actuaria adscrita a este Juzgado -en el domicilio que le será directamente proporcionado- y requerirlo para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación, se presente ante este Juzgado, debidamente identificado, a fin que manifieste si acepta el cargo conferido y señale si tiene alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51, de la Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no informar la imposibilidad legal que tenga para ello, se hará efectiva una multa consistente en cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de esta fecha; lo anterior, con fundamento en los numerales 237, fracción I, y 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la perito oficial Luis Fernando González Vergara.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/cepm

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