M. Alma Rosa de la Vega Camacho

Expediente 1173/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1173/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • M. Alma Rosa de la Vega Camacho
  • Juan Manuel de la Vega Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    ...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA HA CAUSADO EJECUTORIA...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO...SE ORDENA DEVOLVER A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES... QUE REMITIÓ COMO SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO...DÉSE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE EN EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS COMPAREZCA A RECOGER LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN EL JUICIO...APERCIBIDA...SERÁN DESTRUIDOS JUNTO CON EL EXPEDIENTE...

  3. Principal

    ...PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A...

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EN VIRTUD DEL CITATORIO DE MÉRITO EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE ESTABLECE Vista la demanda de garantías promovida por M. ALMA ROSA DE LA VEGA CAMACHO y JUAN MANUEL DE LA VEGA CAMACHO, por propio derecho, en contra actos de la SALA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y OTRA AUTORIDAD; con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos, por tanto, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 1173/2018, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin formarse incidente de suspensión en virtud de no haberse solicitado expresamente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y, en atención a la fracción I, inciso k), del ordinal 26 de la ley de la materia, notifíquesele por oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los fines legales a que haya lugar. En atención a los dispositivos 117 y 75, de la ley de la materia, pídase a las responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, en el que expresarán con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberá expresar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye haciendo la aclaración que dichas copias tienen que ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice de fondo la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil días conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, de conformidad con los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en concordancia con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, página 351, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Sin perjuicio de que la parte quejosa exhiba dichas constancias. Se señalan las NUEVE HORAS DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que se lleve a cabo la audiencia constitucional. En diverso aspecto, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al inciso k), fracción I, del ordinal 26 de la ley de la materia, notifíquesele mediante oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los fines legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 5º fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de TERCERO INTERESADO a JOSÉ GERARDO OCTAVIANO DE LA VEGA CAMACHO; por tanto, se ordena al actuario de la adscripción llevar a cabo su emplazamiento al presente juicio de amparo, en el domicilio ubicado en: ? Calzada de las Artes, número 5, Colonia San Francisquito, Querétaro, Querétaro. Para lo cual le debe de hacer entrega de copia simple de la demanda de amparo y copia certificada del presente auto, además, con fundamento en el artículo 124 de la Ley Reglamentaria invocada, deberá enterarlo de la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, y finalmente deberá requerirle, en base a lo expuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo invocada, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, se le harán por lista, aun las de carácter personal, con apoyo en el precepto legal referido, sin ulterior acuerdo; sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26 de la Ley Reglamentaria invocada. De igual forma, en caso de que no se encuentre al tercero interesado precitado, el actuario deberá cerciorarse de que en el domicilio en el que se constituya puede ser localizado, y deberá proceder conforme a lo ordenado en el artículo 27, fracción I, incisos b y c de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. También, se le hace de su conocimiento que en caso de que el domicilio que se le proporciona no sea el correcto, pero si le fuese informado que es uno distinto, se le faculta para que practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, en caso de que corresponda a esta jurisdicción. En esa tesitura, se faculta a cualquiera de los actuarios adscritos, para que en caso de que el tercero interesado JOSÉ GERARDO OCTAVIANO DE LA VEGA CAMACHO, se presente en el local de este Juzgado, realice el emplazamiento correspondiente. En base a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo la diligencia encomendada. Independientemente de lo asentado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad responsable, en caso de ser cierto el acto reclamado, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Órgano Jurisdiccional, el nombre y domicilio de las partes en los autos del Toca Familiar 513/2018 del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, derivado del incidente de remoción de albacea 622/2017 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro; a fin de emplazarlos en su carácter de terceros interesados, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien días conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, establecida por el ejecutivo federal, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 244 de la Ley reglamentaria invocada. Habida cuenta que si bien, la quejosa menciona que tienen el carácter de terceros interesados JAVIER DE LA VEGA GONZÁLEZ y JOSÉ LUIS DE LA VEGA CAMACHO, por el momento no ha lugar a reconocerles dicho carácter, en virtud de que de la demanda no se advierte intervención de éstos en el incidente del que deriva el acto reclamado, sin perjuicio de que una vez recibido el informe solicitado en el párrafo que precedente, se reconozca a éstos dicho carácter y se ordene su emplazamiento al presente juicio. En otro contexto, requiérase a todas las partes en el juicio, para que, en su oportunidad, de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, con apoyo en el numeral 64, de la normatividad aplicable al caso, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 251 de la Ley de Amparo citada. En diverso aspecto, se tiene como domicilio procesal el que señalan los quejosos y como autorizado de su parte en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a J. Jesús Hernández Granados, en virtud de que se encontró registrada su cédula profesional para ejercer la licenciatura en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, aunado a que así fue solicitado por los promovente de amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de los quejosos a M. ALMA ROSA DE LA VEGA CAMACHO; sin perjuicio que si es su deseo señalen a uno diverso. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Además, se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridad señalada como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no exista, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación, en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.

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