Lyz Angélica Moreno Balderrama
Expediente 467/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Lyz Angélica Moreno Balderrama
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, en contra del auto de dos de junio de dos mil dieciséis, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes, no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Finalmente, se tiene que el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda cuenta, presentada el uno de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnada a este juzgado, en ese mismo día, téngase a ***************, por su propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, y otras autoridades. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotarlo en el Libro de Gobierno respectivo, como juicio de amparo 467/2016-IV. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el presente caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO. Del H. CONGRESO DEL ESTADO la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos para el estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año 2016, en la que se contempla el COBRO DE DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO la promulgación del mismo ordenamiento legal. DEL C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y NOTARIADO, la inscripción realizada por el control tildado de inconstitucional, mismo que se actualiza mediante los pagos que realice vía electrónica y que hacen las veces de certificados de ingresos que comprueban mi pago, cuyos datos de identificación son : PAGO DE DERECHOS, por la cantidad de $780.00 pesos, con número de operación 2016-2636281, referencia 20160263628112507246, número de autorización 33078, escrituras 66840, calve catastral 01-139-065-008-000, PAGO DE DERECHOS, por la cantidad de $10,920.00 pesos, con número de operación 2016-2636279, referencia 20160263627912508249, número de autorización 33078, escrituras 66840, calve catastral 01-139-065-008-000. PAGO DE DERECHOS, por la cantidad de $153.00 pesos, con número de operación 2016-2636280, referencia 20160263628012501252, número de autorización 33078, escrituras 66840, calve catastral 01-139-065-008-000. Documentos los anterior, que fueron expedidos por la Secretaría de hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, y que acreditan el pago realizado por la quejosa con motivo de la finca que adquirí y para que ésta quedara asentada en escritura pública e inscrita en el Registro Púbico de la Propiedad través del notario público número 28, licenciado Óscar Cayetano Becerra Tucker. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, en virtud de que a través de la oficina de recaudación de rentas, fue la encargada de realizar materialmente el cobro del derecho, y en su caso será la autoridad a la que le corresponde restituir la suscrita cantidad erogada. Asimismo, de la demanda y anexos que acompaña, se desprende que la quejosa acude a esta instancia con motivo del primer acto de aplicación del artículo 1, punto 4.3.2.3, fracción IV, numerales 13 y 14 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2016, consistente en el "PAGO DE DERECHOS", efectuado vía electrónica el once de mayo del año en curso. Sin embargo, de las referidas constancias anexas al escrito que se atiende se advierten dos solicitudes para el "PAGO DE DERECHOS POR ACTOS JURÍDICOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD RECAUDACIÓN DE RENTAS", en las cuales se precisa el nombre de la contribuyente, quejosa en esta instancia, el concepto del trámite, el numeral que contempla el referido pago, y la cantidad a erogar, mismas que se encuentran fechadas el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por tanto, las citadas solicitudes para el pago de derechos, constituyen un acto concreto de aplicación de la ley, pues definen de manera particular la situación jurídica del causante frente al supuesto previsto en la norma, al determinar el importe de los derechos que deberá pagar por el trámite administrativo solicitado, independientemente de no haberse verificado el pago, puesto que desde el momento de su expedición materializa los efectos jurídicos de la norma, al determinar el importe de una obligación fiscal, sin la intervención de la voluntad del obligado. Corrobora lo antes expuesto, la tesis XXIV.2o.5 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página: 1723, cuyo rubro indica: AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LAS BOLETAS O FOLIOS DE MOVIMIENTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DEL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTEN, CONSTITUYEN ACTOS DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 13, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES). Atendiendo a ello se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que reza lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. (.) Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por el cardinal 17 del cuerpo normativo en cita. A su vez, el referido arábigo 17, fracción I, de la Ley de Amparo estatuye: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Y por su parte, el numeral 18 de la ley de la materia, a la letra dice: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Atendiendo a la transcripción anterior el artículo 18 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta la parte quejosa para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso concreto del primero de los supuestos que contiene el artículo 18 de la Ley de Amparo para determinar el plazo para la presentación de la demanda de garantías, se refiere a que éste comenzará a transcurrir después de que haya surtido efectos la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo respectivo. Pero, esta regla es inaplicable cuando se reclama una ley heteroaplicativa, y en el caso, el acto de aplicación consiste en la solicitud de pago del impuesto establecido en esa norma, puesto que la notificación de un acto constituye una actuación procesal que requiere formalidades y produce su conocimiento, esto es, la notificación se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas. Acorde con lo cual, la solicitud del pago del impuesto no forma parte de algún procedimiento administrativo regido por una norma procesal en la que se establezca la figura de la notificación para hacer saber al quejoso el acto reclamado, sino que constituye un acto concreto de aplicación de la ley, por lo que es indudable que en este caso no puede atenderse a las reglas de la notificación de un acto para computar el plazo para la presentación de la mencionada demanda. Por tanto, si el plazo de quince días a que alude la Ley de Amparo, transcurrió del diez de mayo de dos mil dieciséis, día hábil siguiente al en que la parte quejosa solicitó pagar los derechos impugnados (nueve de mayo de dos mil dieciséis), al treinta de mayo de dos mil dieciséis, según lo estipulado por el artículo 18 de la ley de la materia, se estima consentida la ley impugnada, al no haberse presentado la demanda de amparo dentro del referido plazo legal. Expuesto lo anterior, como se ha precisado, se estima que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, el que se refiere a la circunstancia que la quejosa haya interpuesto la demanda de amparo después de quince días de haberse concretizado la aplicación de la ley impugnada, pues en el caso ésta se presentó el uno de junio de dos mi dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, pues, como se precisó, el acto reclamado fue la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del 2016, concretamente el articulo artículo 1, punto 4.3.2.3, fracción IV, numerales 13 y 14, con motivo del primer acto de aplicación, efectuado el nueve de mayo del año en curso, por tanto se encontraba sujeta la promoción del Juicio de Amparo a los términos del artículo 17 de la Ley de la materia. Apoya tal determinación la jurisprudencia IV.2o.C. J/7, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de dos mil cinco, Materia Común, visible en la página 1035, registro 177995, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia. De igual manera, resulta aplicable la Jurisprudencia número trece, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once del Tomo VI Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, cuyo texto y rubro dice: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo. Asimismo, lo expuesto en la tesis XXI.1o.P.A.117 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página: 1520, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY HETEROAPLICATIVA Y EL ACTO DE APLICACIÓN CONSISTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESA NORMA, PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA, ES INAPLICABLE EL PRIMER SUPUESTO QUE CONTIENE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. El primero de los supuestos que contiene el artículo 21 de la Ley de Amparo para determinar el plazo para la presentación de la demanda de garantías, se refiere a que éste comenzará a transcurrir después de que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo respectivo. Así, esta regla es inaplicable cuando se reclama una ley heteroaplicativa y el acto de aplicación consiste en el pago del impuesto establecido en esa norma, puesto que la notificación de un acto constituye una actuación procesal que requiere formalidades y produce su conocimiento, esto es, la notificación se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas. Acorde con lo cual, el pago del impuesto no forma parte de algún procedimiento administrativo regido por una norma procesal en la que se establezca la figura de la notificación para hacer saber al quejoso el acto reclamado, sino que constituye una demostración plena del cumplimiento de una obligación fiscal que únicamente puede hacer la persona que tiene esa carga, por lo que es indudable que en este caso no puede atenderse a las reglas de la notificación de un acto para computar el plazo para la presentación de la mencionada demanda. Por ello, al estimar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de garantías previstas en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en términos del numeral 113, de la propia ley. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Asimismo, se tiene a ***************, como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el numeral 27, de la Ley de Amparo en vigor, se autoriza como lugar para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Asimismo, en términos de los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. Finalmente, infórmese a la parte quejosa y a los terceros perjudicados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
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