Lyla Renata López Hernández

Expediente 682/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
682/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Lyla Renata López Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Certificado de Archivo...

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio firmado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, mediante el que acusa recibo y comunica que el Tribunal de su adscripción, aceptó la competencia planteada del juicio de amparo 682/2023-IV del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por *****************, el cual se registró bajo el amparo directo 400/2023. En ese sentido, en atención a las circunstancias antes descritas, además que, no existe trámite pendiente alguno, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente sumario como totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes. ...se concluye que este juicio es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses de su terminación, lo anterior, en virtud de que se declaró la incompetencia del presente expediente, sin obrar documentos originales.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por la promovente ********************, mediante el cual, da cumplimiento a lo ordenado por este órgano de control constitucional en auto de veinticuatro de agosto del año en curso. En consecuencia, téngasele aclarando que reclama de la Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, lo siguiente: La determinación de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual decretó auto de no vinculación a proceso, en la carpeta judicial ********************, por el delito de falsificación y uso de documentos, seguido en contra de ********************. Frente a ese panorama, este Juzgado de Distrito, estima que carece de competencia legal para resolver el presente juicio, toda vez que de la lectura íntegra del escrito de demanda, así como, de los libelos aclaratorios, se observa que el acto reclamado lo constituye una resolución que puso fin al procedimiento penal donde deriva, reproche contra el cual resulta procedente el juicio de amparo directo. En efecto, de lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende la regla general sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, entre otros supuestos, contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación (fracción V); mientras que del diverso artículo 170 de la propia ley, se deviene la regla de que el juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; acotando la definición en cuanto a que por sentencia definitiva o laudo, son las que decidan el juicio en lo principal, en tanto que por resoluciones que pongan fin al juicio, son las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En este último supuesto de la procedencia del juicio deamparo directo, se ubica el acto reclamado por ********************, puntualizado con antelación. El último párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo señala que, para efectos de esa propia ley, en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento penal comprende la etapa de investigación tanto inicial como complementaria, la etapa intermedia y la de juicio. Asimismo, dicho numeral dispone que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. A la vez señala que el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia. Ahora, en la resolución reclamada la responsable, el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, emitió auto de no vinculación a proceso, dentro de la carpeta judicial ********************. De lo anterior, se considera que esa determinación puso fin al proceso que en el caso se siguió en la referida carpeta judicial, pues sin decidirlo en lo principal, lo dio por concluido por no reunirse los requisitos para la emisión del acto judicial de trato. En relación al tema, es preciso indicar que a partir del veinticinco de septiembre del año en curso, es obligatorio el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consideraciones que, por identidad jurídica se encuentran contenidas en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia IV.2o.P. J/1 P (11a.), con registrado digital 2027226, materias Común, Penal, publicada en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA EN APELACIÓN ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Hechos: Al conocer de diversos recursos de revisión contra sentencias de juicios de amparo indirecto promovidos contra resoluciones que confirmaron en apelación el auto de no vinculación a proceso dictado en favor de distintos imputados, este órgano colegiado, con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Amparo, declaró la insubsistencia de las resoluciones recurridas y actuaciones practicadas desde el auto de admisión y ordenó que las demandas se tramitaran en la vía directa, al no ser el acto reclamado materia de amparo en revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución que confirma en apelación el auto de no vinculación a proceso es impugnable a través del juicio de amparo directo. Justificación: Del artículo 170 de la Ley de Amparo deriva la regla de que el juicio de amparo directo procede contra resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, o que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Por su parte, el último párrafo de la fracción I de ese precepto indica que en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control. Además, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento penal comprende las etapas de investigación, tanto inicial como complementaria, intermedia y de juicio; asimismo, que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme y que el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud de citatorio a la audiencia inicial, puesta a disposición del detenido o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia. Luego, en atención a que el acto reclamado es la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso, esa determinación puso fin al proceso, pues sin decidirlo en lo principal, lo dio por concluido. En consecuencia, en términos del numeral 34 de la Ley de Amparo, remítase el original del expediente en que se actúa, previo cuadernillo de antecedentes que se forme, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Cuarto Circuito, a fin de que sea turnada al órgano que así corresponda, para su conocimiento; asimismo, se solicita al Tribunal Federal que reciba el asunto, en su oportunidad, acuse el recibo correspondiente y comunique la determinación adoptada en relación con la competencia planteada. Además se habilita la consulta del expediente electrónico, informando que cuenta con el número de expediente único nacional 33243068, a efecto de que cuente con la totalidad de las actuaciones que integran el sumario. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma, Martha Yadira Machado López, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, ante Santos Alberto Ortiz Flores, Secretario con quien actúa y da fe. (FIRMAS ELECTRÓNICAS)

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por la directa quejosa ******************* mediante el cual, en atención al requerimiento formulado el doce de los actuales, adjunta el libelo original a través del que pretende dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano de control constitucional en auto de veinticuatro de agosto del presente año. Es así, en tanto que en el mencionado proveído, se pidió a la parte quejosa que enderezara su escrito inicial conforme al siguiente requerimiento, bajo protesta de decir verdad: Aclarara con exactitud si el acto reclamado consiste en el auto de no vinculación a proceso de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, atribuido al Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, en la carpeta judicial ********************, por el delito de falsificación y uso de documentos, seguido en contra de ********************. Es decir, del libelo de cuenta se desprende que es omisa en aclarar si la determinación de no vinculación es la que reclama, pues sigue precisando hechos relacionados de diversas denuncias, carpetas de investigación y judiciales, provenientes de varias autoridades, que indica, tienen una secuencia procesal porque derivan de lo mismo; sin embargo, no es clara en señalar si dichos hechos derivaron en la determinación dictada por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León. Además, se insiste, no especifica la resolución concreta de que se duele, dado que realiza de nueva cuenta expresiones que plasmó como "inexacta aplicación de la ley", "no me han llevado un debido proceso" y "decretado como cosa juzgada". O en el caso, si esas violaciones impactaron en la resolución emitida por el Juez de Control, o en alguna diversa emitida por el Juez Primero de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado (autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda). Además, reitera que la Juez responsable declaró cosa juzgada, sin señalar si ello corresponde a una determinación pronunciada con posterioridad al auto de no vinculación, o la fecha de su emisión. Por tanto, a partir de la anterior, se vislumbra que no cumplió de manera cabal con lo solicitado por este Tribunal, pues si bien expone hechos relacionados de diversos expedientes, lo que indicó tienen una secuencia procesal porque derivan de lo mismo; no es clara en precisar cuál es la determinación en la que se realizaron las violaciones procesales que señala. Por consiguiente, requiérase nuevamente a la quejosa, para que cumpla de manera íntegra a lo ordenado en el proveído de veinticuatro de agosto de este año, al tenor de lo especificado en líneas precedentes; con el apercibimiento de no atender lo anterior dentro del plazo fijado por este órgano jurisdiccional, se tendrá por no presentada la demanda, acorde lo establecido en el precepto 114, penúltimo párrafo, de la ley reglamentaria de los arábigos 103 y 107 constitucionales. En el entendido que la temporalidad de cinco días concedida en ese acuerdo comenzó el veintiuno de los actuales y debía fenecer el veintisiete siguiente -pues la agraviada fue notificada personalmente el diecinueve del presente mes y año-; no obstante, el libelo aclaratorio se presentó el veintidós de los cursantes (como se advierte del sello visible), es decir, al segundo día del término otorgado a la impetrante, interrumpiendo el mismo; por ende, la amparista aún cuenta con cuatro días para dar cumplimiento a la aludida prevención, lapso que se computará desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. No es obstáculo el hecho se haya prevenido con anterioridad, dado el órgano jurisdiccional debe procurar subsanar o reparar el defecto por medio del desahogo de las prevenciones, porque la finalidad de tales requisitos procesales es para lograr la seguridad jurídica de la parte agraviada en el presente medio extraordinario de defensa.

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