Lydia Romero Ramírez

Expediente 1047/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1047/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Lydia Romero Ramírez
  • Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mesa ll. Toluca, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el ocurso de cuenta, mediante el cual, ****, quien se ostenta con su carácter de tercero interesado, señala autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones, solicita el uso de medios electrónicos; asimismo, solicita copia certificadas por duplicado de la siguiente documentación: 1.- Escrito inicial de la demanda de amparo y anexos incluyendo auto admisorio de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, 2.- Sentencia de fecha diez de enero del año dos mil veintidós, en la que se concede el amparo. Atento a lo anterior, respecto de los autorizados, domicilio y solicitud de uso de medios electrónicos, no se emite mayor pronunciamiento, en virtud de que proveído de once de mayo de dos mil veintidós, el presente cuaderno se remitió al archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, expídanse a costa de la promovente, las copias certificadas que solicita en un tanto, previa razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal. En el entendido que para asistir al órgano jurisdiccional a recoger las constancias solicitadas deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cuatro de febrero del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Asimismo, que el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán los expedientes y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la indicación que, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses y tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, devuélvanse al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, las constancias que remitió con su informe justificado. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Luego, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos exhibidos en su demanda de amparo; por tanto, requiérase a la citada parte, para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger los mismos, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a su destrucción.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en autos de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: - El ilegal emplazamiento a Juicio de Controversia Familiar número 826/2021 de Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por Eduardo Romero Delgado, en contra de la ahora quejosa y de todo lo actuado sin audiencia previa. Previa substanciación del juicio de amparo, el diez de enero de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Lidya Romero Ramírez, para los siguientes efectos: ". lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Lidya Romero Ramírez, para los efectos de que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, una vez que cause ejecutoria la presente resolución: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente 826/2021 de su índice, a partir del emplazamiento realizado a la demandada Lidya Romero Ramírez, incluyendo todas las determinaciones y actos emitidos en la etapa de ejecución de sentencia. 2. Hecho que sea, reponga el procedimiento respectivo, a partir de la etapa donde se cometió la violación procesal en comento, y proceda a emplazar legalmente a la parte demandada Lidya Romero Ramírez." El uno de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento; luego por acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, se recibió el oficio 464/2022, por el que el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, remitió copia certificada de las constancias relativas al auto de ocho de febrero del presente año, dictado en los autos del expediente 826/2021 de su índice; y en diverso auto de veintitrés de febrero siguiente, se tuvo por recibido el oficio 637/2022, mediante el cual dicha autoridad responsable, en atención al proveído de once de febrero de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la constancia de emplazamiento de la demandada Lydia Romero Ramírez; y con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior se advierte que el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, en atención al proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, remite copia certificada de la constancia de emplazamiento a la demandada Lydia Romero Ramírez. Por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento realizado y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo recibidos en esta data, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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