Lydia Leticia Leal Salazar
Expediente 1119/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Lydia Leticia Leal Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Se tiene por cumplida la sentencia de amparo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO LYDIA LETICIA LEAL SALAZAR, EL AUTO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, que en lo conducente dice: "Análisis del cumplimiento de sentencia De acuerdo con el análisis de las constancias que integran el sumario, se procede a la calificación del cumplimiento dado a la sentencia de amparo. A) Efectos del fallo protector. El siete de agosto de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió la tutela constitucional para los efectos que a continuación se precisan: 1) El Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, no tienen que realizar acto alguno, por lo que se refiere a las normas generales reclamadas, en virtud de que únicamente intervinieron en el proceso de creación de éstas; y, además, porque en relación con este tópico, en la ejecutoria que resolvió el incidente de inejecución número 214/1997 y que originó la emisión de la tesis número 2a.CXV/97, de rubro: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, resultaba ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación); ello, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente. 2) El Director General y Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica de la impetrante la obligación contenida en el precepto legal reclamado, de aportar una cuota del 7% (siete por ciento) del monto de su pensión por concepto de servicio médico, no lo aplique a través del descuento relativo en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente y, le devuelva las cantidades descontadas por ese concepto a partir de julio de dos mil veintitrés, fecha en la que presentó la demanda relativa a este juicio. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a folio 19, Tomo X de Noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no lesea aplicada válidamente al particular en el futuro. 3) En atención a que se declara la inconstitucionalidad de la norma general contenida en el artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los efectos de este amparo se extienden a cualquier otra norma o acto cuya validez depende la propia norma invalidada, esto es, que consignen la obligación de contribuir a las prestaciones de seguridad social a cargo de la pensionada, a efecto de que dichas normas o actos no se apliquen únicamente respecto de la quejosa, con fundamento en el artículo 78 de la Ley Reglamentaria. 4) El Director General y Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad, deberán devolver a la parte quejosa las cantidades que recibieron por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, debidamente actualizadas, a partir del acto que motivó la presente demanda de amparo, esto es, del mes de julio de dos mil veintitrés. Mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se decretó la firmeza de la resolución constitucional. B). Cumplimiento de la autoridad responsable. Con la finalidad de acatar los lineamientos de la sentencia protectora, el Asesor de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remitió las constancias relativas al contra recibo número 7401 de doce de septiembre de dos mil veintitrés, la solicitud de orden de pago número 206044 a favor de la parte quejosa, la cuantificación del servicio médico descontado desde julio a septiembre de dos mil veintitrés, el cálculo de actualización de dicho servicio, donde se aprecia la nota: descuento desincorporado a partir de octubre de dos mil veintitrés. Después, allegó copia certificada del cheque 1236981, expedido el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, a favor de la quejosa Lydia Leticia Leal Salazar, por la cantidad de cuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos con siete centavos ($4,553.07), por concepto de descuento por servicio médico. C) Vista a las partes. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgado dio vista a las partes de conformidad con el precepto 192 y 196 de la Ley de Amparo, para que formularan sus manifestaciones en lo concerniente al cumplimiento; sin que las partes hubieran hecho efectivo ese derecho. D) Decisión judicial. De la interrelación de los artículos 192, 193 y 196 del ordenamiento de amparo, se colige que este órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a vigilar el puntual cumplimiento de las ejecutorias de amparo, entendiéndose por esto, el acatamiento de los alcances del fallo constitucional en su totalidad, sin excesos ni defectos. Para ello, es indispensable efectuar el estudio acucioso y detallado de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, en conjunto con las actuaciones que sobre el particular hayan desplegado las autoridades responsables. Ahora bien, una vez analizados los efectos de la concesión y las actuaciones de las autoridades responsables, se determina que se encuentra cumplida la sentencia de amparo. Se resuelve de esta manera porque la autoridad responsable Asesor de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remitió las constancias relativas al contra recibo número 7401 de doce de septiembre de dos mil veintitrés, la solicitud de orden de pago número 206044 a favor de la parte quejosa, la cuantificación del servicio médico descontado desde julio a septiembre de dos mil veintitrés, el cálculo de actualización de dicho servicio, donde se aprecia la nota: descuento desincorporado a partir de octubre de dos mil veintitrés. Después, allegó copia certificada del cheque 1236981, expedido el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, a favor de la quejosa Lydia Leticia Leal Salazar, por la cantidad de cuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos con siete centavos ($4,553.07), por concepto de descuento por servicio médico. Consecuentemente, se tiene por cumplida la sentencia de amparo..."
- Principal
Se ordena dar vista a las partes con el oficio y anexos de cuenta que remite la responsable mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector, apercibidas que de no hacer manifestación alguna este Órgano Jurisdiccional se pronunciará sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades.
- Principal
Se da vista con oficio y anexos que remite la responsable mediante el cual informa las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, se requiere y apercibe a la autoridad para que de cabal cumplimiento al fallo protector.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
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