Lydia Heydi Martínez Campa

Expediente 739/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
739/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2018

Partes del expediente

  • Lydia Heydi Martínez Campa

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del presente juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla a) De forma inmediata emita el acuerdo correspondiente sobre las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio de origen D-3/16/2017, en el que deberá atender a cada uno de los medios de convicción aportados por las partes y proveerá sobre su admisión o desechamiento, según sea el caso. b) Notifique personalmente a las partes ese proveído, y, una vez efectuado lo anterior, remita a este juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector. Asimismo, mediante oficios recibidos el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el veintiocho del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió remitió copia certificada del auto de trece de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral D-3/16/2017, en el que tuvo por celebrada y por cerrado el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas, procediendo a señalar día y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2., se declara que la sentencia que ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realice los actos precisados en la sentencia de amparo consistentes en De forma inmediata emita el acuerdo correspondiente sobre las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio de origen D-3/16/2017, en el que deberá atender a cada uno de los medios de convicción aportados por las partes y proveerá sobre su admisión o desechamiento, según sea el caso. Notifique personalmente a las partes ese proveído, y, una vez efectuado lo anterior, remita a este juzgado las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector". Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso de realizar diverso requerimiento en razón a que la junta responsable no tiene superior jerárquico, por lo que transcurrido el término de tres días previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se procederá a la remisión del expediente para el trámite de inejecución señalado en el párrafo que antecede. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia número 2ª./J.36/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3515, Libro IV, Tomo IV, Enero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la razón actuarial que anteceden, de las cuales se advierte que no fue posible emplazar al presente juicio al tercero interesado Jesús Velázquez Hernández, por las razones que de la misma se desprenden; en consecuencia y en vista de que a la fecha no se ha podido realizar su emplazamiento a pesar de haber sido ordenado en diversos domicilios que para tal efecto se tuvo conocimiento, así como en virtud del deber que este órgano jurisdiccional tiene para efecto de dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio del referido tercero interesado, como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena hacer la investigación correspondiente de su domicilio. Por lo anterior, requiérase al Fiscal General del Estado de Puebla; Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable en Puebla; Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Estado de Puebla; Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla; Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla; Titular de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y Gerente de Servicios al Cliente de la Coordinación Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México, para que se sirvan informar si en dichas oficinas cuentan con el domicilio actual de Jesús Velázquez Hernández, información que deberán proporcionar de manera detallada dentro del término tres días siguientes a la notificación de este auto. Con el apercibimiento a las autoridades y persona moral, antes citadas, que en caso de no proporcionar la información requerida en el término concedido para ello, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 [ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Por otra parte, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y con el propósito de dictar las medidas pertinentes para la localización del domicilio del citado tercero interesado Jesús Velázquez Hernández, como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y en aras de una pronta impartición de justicia, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días a partir de que surta efectos su notificación, proporcione el domicilio correcto del indicado tercero interesado, apercibida que de no hacerlo en su momento se podrá ordenar su emplazamiento por edictos, de conformidad con el último párrafo del precepto citado. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de abril de dos mil dieciocho Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Titular del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual envía el diverso oficio SGG/DGRECP/1316/2018, suscrito por el Director General del Registro del Estado Civil de las Personas, en virtud de que se encuentra dirigido a este juzgado, por tanto, se provee: Visto el contenido del oficio de cuenta, suscrito por el Director General del Registro del Estado Civil de las Personas, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue hecho por auto de seis de abril de dos mil dieciocho, manifiesta que no localizó información registral de defunción a nombre de la tercera interesada Dolores María Paredes Paredes. En las anotadas circunstancias, a fin de proveer lo conducente respecto a los ejercicios caligráficos ordenados en autos a su cargo, así como el requerimiento que se le hizo a fin de que exhibiera su credencial para votar, requiérase al quejoso Gonzalo Octavio Escobedo Pérez -quien manifestó que había fallecido la citada tercera interesada-, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, bajo protesta de decir verdad, manifieste el fallecimiento de Dolores María Paredes Paredes y proporcione mayores datos a fin de corroborar su dicho y este juzgado se encuentre en aptitud de realizar la investigación correspondiente. Con el apercibimiento que de no realizar lo anterior en el término concedido para ello, se continuará con el desahogo de las pruebas ofrecidas en autos, en los términos que para su desahogo fueron precisados. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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