Lya Regina Romero Santiago
Expediente 374/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Lya Regina Romero Santiago
- Lya Regina Romero Santiago y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de la autoridad responsable y, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, con excepción de las que tengan el carácter de confidencial o reservada para dicha parte, expídanse las copias solicitadas, previa razón de recibo que por su recepción obre en autos para debida constancia. Asimismo, en términos del penúltimo párrafo, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de noventa días comparezca a recibir los documentos exhibidos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese lapso, se procederá a su destrucción. Se hace del conocimiento a la autoridad que previo a tramitar y recibir las copias y documentos solicitados, deberá comunicarse con el personal del Juzgado vía telefónica al número 55 53 87 05 00, extensión 1242, a fin de acordar un día y hora de entrega, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 13:45 P.M.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. Finalmente, se autoriza a la persona que refiere para los fines que precisa, en el entendido que al momento de comparecer a este Juzgado deberá identificarse con documento oficial vigente. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se procede a calificar el mismo. En sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo para el efecto de que: "En consecuencia, al calificarse como fundados los argumentos de la quejosa, debe declararse la inconstitucionalidad de los actos reclamados para los efectos de que la escuela señalada como equivalente a una autoridad responsable revoque su acto en lo que se refiere a las menores de iniciales ****. para que en su lugar realice los trámites conducentes con el fin de respetar su derecho a la educación y transiten a los grados subsecuentes que correspondan. Sin que lo anterior implique eximir a la parte quejosa de exhibir las cuotas o contraprestaciones correspondientes por ello." Sentencia que fuera impugnada por las autoridades responsables, tocando conocer del recurso de revisión al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con el número de amparo en revisión 37/2021, el cual fue resuelto mediante sesión de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual resolvió lo siguiente: "...PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. - - - - SEGUNDO. La justicia de la Unión Ampara y protege a ***** en contra del acto reclamado a las directoras del Colegio Americano *****, consistentes en la negativa de inscripción, así como la no impartición del curso escolar en favor de las quejosas, para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia sujeta a revisión ." Requiriéndose a las autoridades responsables el quince de octubre del cursante, el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Las Directoras Generales de Preescolar y Primaria del Colegio ****, ****", mediante escritos con números de registro interno 12288, 12552 y 13629, informaron las gestiones necesarias para la realización de los trámites conducentes con el fin de respetar el derecho a la educación de las menores y transitaran a los grados subsecuentes que correspondieran a las menores quejosas, señalando que los padres no se presentaron ante dicha institución a realizar la inscripción de la menores. Del examen de dichos oficios, se desprende que las responsables realizaron lo conducente para lograr la transición de las menores a los grados subsecuentes respectivamente, sin que sus representantes legales efectuaran los trámites correspondientes para tal fin. Es así, pues incluso el progenitor hizo del conocimiento que sus menores hijas de iniciales ****., ya se encuentran inscritas en diversa institución educativa cursando los grados académicos correspondientes. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos, pues el impedimento material para que las menores continuaran estudiando en el Colegio, ****** desapareció; motivo por el cual, se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido. Sin que sea óbice a lo anterior, lo expuesto por la parte quejosa en el sentido que las autoridades responsables deben ser condenadas a la reparación del daño, pues ello no puede ser materia del presente cumplimiento, debido a que no se pueden decretar compensaciones económicas para reparar las violaciones a derechos humanos, con motivo de una ejecutoria de amparo. Sustenta lo anterior, la tesis 1a.LII/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 472, Tomo I, mayo de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN DECRETAR COMPENSACIONES ECONÓMICAS PARA REPARARLAS, SALVO QUE PROCEDA EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO." La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la compensación económica es una medida de reparación que sirve para indemnizar el daño causado en los casos en los que la violación de un derecho fundamental no ha podido ser reparada a través de la restitución del derecho o cuando ésta ha resultado insuficiente. En este sentido, una compensación económica sólo puede decretarse una vez establecidos los presupuestos de los juicios de atribución de responsabilidad: la realización de una acción u omisión que cumpla con algún factor de atribución (subjetivo u objetivo); la actualización de un daño; y la existencia de una relación causal entre el daño experimentado por la víctima y la acción u omisión del agente dañador. De ahí que si se parte de la idea de que el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario cuya finalidad exclusiva es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo lógico es adoptar una posición adversa a la posibilidad de que los Jueces decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medidas de reparación. Desde esta perspectiva, una sentencia estimatoria de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil o administrativa de la autoridad por la realización del acto reclamado, además de que un procedimiento sumario, como el amparo, resultaría inadecuado para establecer los presupuestos de esa responsabilidad, los cuales deberían determinarse en procesos ordinarios que tengan esa finalidad. Al respecto, la doctrina especializada ha señalado lo inconveniente que sería analizar en el juicio de amparo temas que pueden resultar sumamente complejos, como las cuestiones relacionadas con la prueba del daño, la conexión causal entre éste y la conducta de las autoridades o la cuantificación de la eventual indemnización. En este sentido, cabe destacar que en el derecho comparado, el tema de las compensaciones económicas, por vulneración de derechos humanos, suele analizarse en los juicios de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado a través de acciones específicas creadas para ese efecto (constitutional torts o human rights torts). Ahora bien, no existen disposiciones en la Ley de Amparo que permitan a los jueces decretar compensaciones económicas en las sentencias de amparo como medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos declaradas en esas resoluciones. Sin embargo, no debe soslayarse que el Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho a una reparación integral; de ahí que sea posible el dictado de medidas compensatorias únicamente bajo la figura del incidente de cumplimiento sustituto. Por otro lado, una vez dictada una sentencia de amparo en un caso concreto que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental y establezca las medidas de restitución adecuadas para devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, ésta se encuentra facultada para acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los restantes aspectos de una reparación integral. Por ejemplo, las víctimas de una determinada violación a derechos fundamentales se encuentran en posibilidad de acudir al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, donde podrán solicitar su ingreso al Registro Nacional de Víctimas e iniciar el procedimiento correspondiente para obtener una reparación integral en términos de los artículos 61, 62, 64, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas". Por otra parte, tampoco es un obstáculo para declarar cumplida la ejecutoria de amparo, el hecho de que una de las menores se encuentre cursando el grado de secundaria y, que por ende, no puede regresar a estudiar en el Colegio **** porque este centro educativo sólo cuenta con educación escolar primaria; sin embargo, ello constituye un elemento insuperable que no puede ser atribuido directamente a la escuela responsable, por lo que ese aspecto por sí mismo, no puede originar un defectuoso cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, si las autoridades responsables prescindieron de obstaculizar el acceso al grado respectivo de las menores quejosas, se estima que en estricto sentido, dieron cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas, sin perjuicio de que las partes interpongan el recurso respectivo. En acatamiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, es depurable el presente expediente, pues se concedió el amparo y carece de relevancia documental. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el penúltimo párrafo de los citados artículo y acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca a recuperarlos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlos. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de la autoridad responsable, en atención a su contenido, deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.
- Principal
ingresa al SISE la notificación por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa de la determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el juzgado de mi adscripción, al no haberse presentado al local del juzgado la parte citada dentro del término indicado a recibir la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo Vigente. Doy fe.Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante escritos con números de registro interno 12288, 12252 y 13629, las autoridades responsables Directoras Generales de Preescolar y Primaria del Colegio Americano, "Juan Jacobo Rousseau", hicieron del conocimiento a este órgano de control constitucional las gestiones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días contado a partir de su notificación, manifiesten lo que a su interés convenga, corriendo traslado con copia de las citadas promociones; hecho lo anterior, con o sin manifestaciones, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Finalmente, agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite el escrito firmado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, en el que hace diversas manifestaciones con relación a la vista otorgada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, entre las que argumenta que las menores L. R. R. S y L. I. R. S., se encuentran cursando sus respectivos ciclos escolares en diversas escuelas, las que se serán tomadas al momento de resolver sobre el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante escritos con números de registro interno 12288, 12252 y 13629, las autoridades responsables Directoras Generales de Preescolar y Primaria del Colegio Americano, "Juan Jacobo Rousseau", hicieron del conocimiento a este órgano de control constitucional las gestiones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días contado a partir de su notificación, manifiesten lo que a su interés convenga, corriendo traslado con copia de las citadas promociones; hecho lo anterior, con o sin manifestaciones, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Finalmente, agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite el escrito firmado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, en el que hace diversas manifestaciones con relación a la vista otorgada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, entre las que argumenta que las menores L. R. R. S y L. I. R. S., se encuentran cursando sus respectivos ciclos escolares en diversas escuelas, las que se serán tomadas al momento de resolver sobre el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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