Luz Violeta Morales Lagunes
Expediente 521/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luz Violeta Morales Lagunes
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual remite la ejecutoria correspondiente a la sesión ordinaria virtual celebrada el diez de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro de la queja civil 314/2021, promovido por **************, contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; en el que consigna el siguiente resolutivo: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ****************, contra el proveído emitido el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Poza Rica, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número 521/2021." Al respecto, se acuerda: Realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, glósese el testimonio de la ejecutoria que se acuerda y acúsese de recibo a la Superioridad. Por lo anterior, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el precepto 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.
- Principal
"...Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante el cual transcribe el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, de cuyo contenido, se conoce que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ********************en su carácter de apoderada legal de********************, contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 521/2021; medio de impugnación que quedó registrado bajo el número 314/2021 de su estadística..."
- Principal
"... Agréguese a los autos el escrito remitido vía electrónica por ********************, en su carácter de apoderada legal de la persona moral ********************; en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Se ordena agregar en autos el original del recurso de mérito. En vía de informe, con sujeción en lo dispuesto en el artículo 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento a la Superioridad que es CIERTO el acto reclamado, en virtud que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo presentada por ********************, en su carácter de apoderada legal de la persona moral ********************, habida cuenta que de su análisis se advirtió la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo. En ese sentido, procédase a dar cumplimiento a la circular DGGJ/0012/2020 de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, se ordena girar oficio a través de correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para que proceda a otorgar el turno correspondiente al recurso de queja planteado en autos, en la inteligencia que para ello, deberá remitir la boleta de turno al correo electrónico 13jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de otorgar acceso a la versión electrónica del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado que conforme al turno corresponda, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Como justificación al citado informe, una vez que se cuente con la boleta de turno respectiva, se otorgará acceso a la versión electrónica del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado que conforme al turno corresponda, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación del aludido medio de impugnación, en la inteligencia que únicamente se remitirá el oficio que contenga la determinación adoptada, así como, copia digitalizada del escrito de expresión de agravios, sin perjuicio que, dé considerar necesarias la copias digitalizadas del presente asunto, le serán remitidas a la brevedad posible. Es menester indicar que, en el presente asunto no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en notificar a las demás partes la interposición del recurso de queja para que en el plazo de tres días señalen constancias que deban remitirse al tribunal que deba resolver ese medio de defensa, habida cuenta que en el auto impugnado se desechó de plano la demanda de amparo y por ende, no se emplazó a las demás partes..."
- Principal
"... Visto el escrito de demanda de amparo presentado por *****, en su carácter de apoderada legal de la persona moral ****, personalidad que acredita con la copia certificada de la escritura pública número *****, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, documento que bajo protesta de decir verdad refiere que es copia íntegra e inalterada del documento impreso original, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese sentido, se acuerda: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 521/2021-I. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la ley de la materia El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del promovente de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación. Bajo esa consideración, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal en estudio, es pertinente verificar el contenido del artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, de aplicación supletoria al Código de Comercio El precepto legal enunciado establece que las partes litigantes de un juicio civil, pueden plantear la nulidad de una notificación ante el Juez o Magistrado que esté conociendo del asunto, es decir; a través de dicho medio de defensa puede nulificarse una notificación o emplazamiento que se haya realizado ilegalmente. En vinculación directa con lo anterior, cabe destacar que quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, con la finalidad de que esté en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, como en el caso, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente, ya que sobre dicho tópico la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, por lo que para cumplir con ese obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios. En razón de lo anterior, es incuestionable que previo a instar el juicio constitucional es menester agotar el medio ordinario de defensa que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, esto es, el incidente de nulidad de actuaciones por falta o defecto en la notificación, ya que, como se dijo, dicho medio de defensa tiene por objeto modificar el acto reclamado, y al no haberlo hecho, inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Pero aunadas a éstas dos reglas generales, el legislador incluyó dos específicas, sobre todo tratándose de actos después de concluidos el juicio. La primera de estas reglas específicas, dispone que tratándose de actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, entendiéndose ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en tanto que la segunda, dispone que en los casos de remate, el amparo procederá sólo contra la última resolución; entendiéndose como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En estas reglas específicas, se distingue un propósito común del legislador, que fue, el evitar que el juicio de amparo se utilizara para entorpecer la ejecución de las sentencias dictadas por las autoridades, ya que dispone que tanto en el período de ejecución, como en aquél relativo al remate, el juicio de amparo sólo resulta procedente contra la resolución final; expresamente así se dice en la primera hipótesis, y se entiende de tal manera en la segunda parte, pues la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, es la final de tal período. Lo anterior, se encuentra justificado, pues con la emisión de las sentencias definitivas se presume un proceso previo, seguido con las formalidades de la ley, en donde se ha oído y vencido a una de las partes, y en donde ésta tiene la obligación de acatar la autoridad del Estado, contenida y concretada en la decisión del tribunal relativo, ya que emana de la constitución y las leyes respectivas. Además, dicha cuestión otorga seguridad jurídica a los particulares, al tener la certeza de que los pleitos sometidos a la potestad del Estado, serán resueltos por una sentencia y que ésta será acatada. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estime le hubieran sido cometidos. Luego, si en la especie la parte quejosa reclama, substancialmente, las actuaciones procesales de la sección de ejecución tendientes a ejecutar la sentencia dictada en el juicio civil 27/2020, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, donde la responsable otorga facultades a la institución **** para proceder al embargo de la cuenta a nombre de *** hasta por la suma de ****, montó que fue entregado a la accionante del juicio principal a través de cheque de queja. Posteriormente, la aquí quejosa exhibió una póliza de fianza para garantizar la suspensión otorgada en el juicio de amparo directo, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Con sede en Xalapa, Veracruz. Por tanto, como puede advertirse, el juicio que señala la promovente se encuentra en etapa de ejecución. Por ello, resulta incontrovertible que lo reclamado en esta vía es un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución de sentencia, el cual no puede ser combatido a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el correspondiente procedimiento de ejecución, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante esta etapa. Por tanto, se itera que lo reclamado en esta instancia constitucional debe considerarse como un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución de sentencia, y no como una determinación que le revista el carácter de última resolución dictada en la citada fase procesal, para que el juicio de amparo resulte procedente, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV de la Ley de Amparo, en virtud de no ser aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, por lo que es incuestionable que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la citada ley, en concordancia con el diverso mencionado; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Aunado a lo anterior, se encuentra en trámite el juicio de amparo directo 562/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Con sede en Xalapa, Veracruz, promovido por ****, contra la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en el toca 611/2021, que confirmó la sentencia primigenia que condenó a la impetrante al pago de cuatro millones setecientos veinticinco mil seiscientos pesos cero centavos por concepto de reparación del daño y catorce mil ciento setenta y seis pesos con ochenta centavos moneda nacional, por concepto de gastos funerarios . DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir y oír notificaciones el ubicado en calle *****; en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a ****, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ***** por no contar con cédula registrada en dicho sistema; así como a ******, por así haberlos solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas..."
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