Luz Pilar Jurado Garcia
Expediente 1991/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1991/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/04/2023
Partes del expediente
- Luz Pilar Jurado Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mexicali, Baja California, a doce de abril de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. Sin que en el caso se haya tramitado incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de seis de marzo del año en curso; sin que en el caso sea necesario dar vista con el informe en cuestión por las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. **** De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. **** En el caso, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que señaló en su escrito de demanda del presente juicio de amparo. De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele de estar asegurado, alojado y/o detenido, en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, sin que exista algún procedimiento administrativo migratorio en su contra, así como su expulsión, deportación repatriación o traslado. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el doce de diciembre de dos mil veintidós, se otorgó al ahora parte gestora del amparo la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que se les dejó en libertad. Asimismo, de autos se advierte que dicho quejoso, en su momento, fue notificado del auto en que se le concedió la suspensión de plano, y ratificó la demanda promovida en su favor, por lo que la misma fue admitida a trámite, mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintidós. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. ***** Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las catorce horas con cuarenta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de marzo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, mediante el cual y en cumplimiento al requerimiento de siete de marzo del año en curso remite las constancias solicitadas. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la documental que adjunta al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho corresponda **** Requerimiento. Ahora bien, toda vez que la autoridad oficiante fue omisa en remitir las constancias requeridas en relación a la quejosa Luz Pilar Jurado García; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita la totalidad de constancias de las que emanan los actos reclamados, concernientes al documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas otorgado a la aquí quejosas Luz Pilar Jurado García y, documentales que se estiman necesarias para la resolución del presente juicio, mismas que deberán remitir en copia certificada. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa, en lo particular, equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del salario Mínimo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado del juicio se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, dado que no obran en autos la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, que le fueron requeridas al Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por tanto se provee lo siguiente: Requerimiento. Ahora bien, toda vez que la autoridad oficiante no remitió las constancias que apoyan su informe, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita la totalidad de constancias de las que emanan los actos reclamados, concernientes al documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas otorgado a las aquí quejosas *****, documentales que se estiman necesarias para la resolución del presente juicio, mismas que deberán remitir en copia certificada. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa, en lo particular, equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del salario Mínimo. Reenviar oficio. Por otra parte, toda vez que no obran en autos el acuse e informe justificado de la autoridad responsable señalada como Secretaria de Gobernación, con residencia en Mexicali, Baja California; asimismo, al verificar el expediente electrónico se puede advertir que de nueva cuenta el oficio 41868/2022, del índice de este juzgado, dirigido a la citada autoridad fue enviado a la Ciudad de México; en este tenor, en obvio de mayores dilaciones, reenvíese el oficio y anexos antes mencionado y comisiónese al Actuario de la adscripción, a fin de que a la brevedad remita el mismo a la autoridad Secretaria de Gobernación, con residencia en Mexicali, Baja California; cerciorándose de ser el domicilio actual y correcto de la autoridad a quien va dirigido. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan las catorce horas con cuarenta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 7,690 expedientes
- Luz Inés Medina Araujo851/2018
- Luz Maria Barrera Gutiérrez668/2019
- Luz María Dablantes López77/2021
- Luz María López Gaspar808/2018
- Luz Mariana Rivas Centeno36/2019
- Luz Marina Barrientos Londoña665/2022
- Luz Pilar Montes Castañeda850/2020
- Luz Usbelia Mantos Favela460/2023
- Luz Veronica Calvillo Hernandez1255/2019
- Luzdenis Paumier Pupo1226/2022
- Lydia Flores Infante677/2017
- Lydia Serrano Robledo1060/2019