Luz Pérez Arguello

Expediente 934/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
934/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Luz Pérez Arguello

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista, la certificación que precede de la cual se advierte que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de dieciocho de octubre de esta propia anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Luz Pérez Argüello. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que el auto de referencia ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; además a criterio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 2 Toda vez que en el presente no se formó incidente suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por la parte quejosa; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por Luz Pérez Argüello, contra el acto y autoridad que indica. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 934/2021-VII, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Desechamiento. Ahora bien, antes de proveer respecto de la procedencia de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo y a la tesis: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Por lo cual este órgano jurisdiccional procede a examinar, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente combate: Del (1) Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, con residencia en esta ciudad. (a) La omisión de rendir los informes solicitados mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, por el extinto Tribunal del Trabajo Burocrático (actualmente Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática). Ahora bien, precisado lo anterior, de la lectura que se hace al escrito de demanda se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como las diversas relativas con los preceptos 1o, fracción I, y 5o, fracción II; y de la ley de la materia; lo que torna improcedente el juicio de garantías biinstancial, en términos del diverso 113 del ordenamiento legal en cita, por los motivos que a continuación se expresan. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Es aplicable al caso el criterio 2a. XCI/2015 (10a.), con número de registro 2009938, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 690, cuyo rubro y texto se transcriben: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Correlativo a lo anterior, conforme al artículo 1o, fracción I, de la Ley de Amparo, así como su numeral 5o, fracción II, el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. En efecto, de la lectura de los artículos 1o y 5o de la Ley de Amparo se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico nacional; y que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares podrán equipararse a la autoridad responsable cuando realicen conductas equivalentes (acción u omisión) con fundamento en una norma general que los faculte a ello. De ahí que para determinar si los actos reclamados pueden ser impugnados mediante juicio de amparo, ya sea que se hayan emitido por autoridades o por particulares equiparados, debe atenderse a las notas que distinguen tales actos y que son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Conforme a lo anterior, se debe verificar si en el caso concreto el acto reclamado constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con número de registro 161133, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verificable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, se robustece lo anterior, con la tesis I.13o.A.29 K, con número de registro 179407, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1620, cuyo contenido se inserta: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." En el caso particular, la promovente reclama de la autoridad indicada con el numeral (1) de prelación, la omisión de atender el requerimiento formulado mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, por el extinto Tribunal del Trabajo Burocrático (actualmente Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática), bajo el argumento de que aquella abstención transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 17 de la Constitución Federal, al obstaculizar la impartición de justicia. Expuesto lo anterior, este juzgador considera que el acto que se reclama a la Institución Bancaria no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que su actividad únicamente se circunscribe a constituirse como un ente auxiliar dentro del proceso ahí seguido, esto es, al desahogo de la información requerida por la autoridad judicial, sin que su abstención constituya la inaplicación o inejecución de alguna determinación de observancia obligatoria por sí misma, como tampoco la modificación de una situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado, ya que la omisión que aduce la parte promovente podría circunscribirse, en su caso, únicamente en la inobservancia a un mandato de autoridad, que es donde propiamente se hizo la aplicación de la ley. Consecuentemente, el acto que se reclama ala Institución Bancaria no se constituye como autoridad para efectos del amparo, sino como un ente auxiliar dentro del proceso, y por ende, el juicio de amparo contra aquel, resulta improcedente. Resultan ilustrativo a lo anteriormente expuesto el criterio IV.3o.T. J/5 (10a.), con número de registro 2007631, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2622, cuyo rubro y texto se transcriben: "SECRETO BANCARIO. LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA DE INFORME QUE SE SOLICITE DE ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, AL NO ENCONTRARSE SUJETA A LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Conforme al artículo 783 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, toda autoridad o persona ajena al juicio está obligada a contribuir con información, cuando la autoridad laboral lo requiera. Por ello, aun cuando el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente hasta el 10 de enero de 2014, tiene como finalidad la protección de la privacidad de los clientes y usuarios de las instituciones de crédito, que consiste en que en ningún caso se podrá dar información o noticia de los depósitos, operaciones o servicios, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente, mandante o representante legal o a quienes se les otorgue poder para disponer de la cuenta o intervenir en la operación o servicio, lo que constituye la intención del legislador de establecer el secreto bancario con el propósito de que terceros ajenos a las cuentas no intervengan ni tengan acceso a éstas en perjuicio del cuentahabiente; sin embargo, la propia disposición, en su segundo párrafo, contiene como excepción a la regla, la obligación de las instituciones de crédito de proporcionar la información relativa a las cuentas bancarias, en el caso en que la autoridad judicial solicite dicha información por virtud de una providencia dictada en juicio en el que el titular de la cuenta o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado; advirtiéndose que el legislador establece como opciones, que la solicitud se formule directamente a la institución de crédito o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ese contexto, de una interpretación armónica de los preceptos legales mencionados, se colige que las instituciones de crédito tienen la obligación de informar de sus operaciones o servicios cuando lo pida una autoridad judicial y, que la solicitud se pueda formular directamente a las instituciones de crédito o, en su caso, alternativamente, a la Comisión Nacional Bancaria, por lo que en aras de resolver con estricto apego a la verdad legal en un procedimiento laboral, la Junta responsable está obligada a proveer lo necesario para obtener dicha información, cuando alguna de las partes del juicio laboral se encuentre en ese supuesto; sin que la mención que se hace en la segunda norma tocante a que la petición la pueda hacer una de las partes "o el acusado", lleve a concluir que sólo se aluda a los procedimientos judiciales en la materia penal, porque de ser así, el legislador lo hubiere restringido expresamente. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o, fracción I, y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado identificado con el inciso (a) de prelación reclamado al (1) Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, con residencia en esta ciudad. III. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. IV. Domicilio, autorizados, acceso al expediente electrónico, notificaciones electrónicas y medios de comunicación no procesal. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: 5ª Sur Poniente, Número Seiscientos setenta y uno, Interior Ocho, Tercer Piso, Colonia San Pascualito, en esta ciudad. Se tiene como autorizada en términos amplios a que se refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Noé Oswaldo Pérez Penagos, Gilberto Tadeo Melquiades Esponda, María Magdalena Gómez Díaz, Miguel Ángel Díaz Chang, Baldemar Pérez Velasco, Marco Antonio Maza Sánchez, César Alberto Castañeda Zúñiga, Karen Madelein Espinosa Zúñiga, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; y, a Cynthia Guadalupe Suárez Hernández, Omar Karim Alonso Astorga, Alan Alexis Martínez Pascacio y Jorge Iván Espadas Córdova, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, atento a lo peticionado por la parte quejosa, de conformidad con los artículos 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio a los usuarios OswaldoPP y gmesponda, para consultar de manera electrónica el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones electrónicas, en forma indistinta, a través de los usuarios OswaldoPP y gmesponda; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. Finalmente, respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente tómese nota de los mismos, ya que de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, el correo electrónico y números telefónicos solo son un medio para entablar comunicaciones, no procesales con las partes. V. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a la parte quejosa, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PROMOVENTE.

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