Luz Padilla Correa
Expediente 1520/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1520/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/01/2019
Partes del expediente
- Luz Padilla Correa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de siete de enero pasado, emitido en el juicio de amparo 7/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, y ordenó acusar de recibido, con motivo de que este Juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda. Orden de archivo. El presente expediente es susceptible de destrucción. Se ordena agregar a los autos sin mayor acuerdo en lo substancial, el oficio de registro 1618, toda vez que de su análisis se desprende que no cuenta con la firma del Secretario respectivo.
- Principal
Vista la certificación y el estado de autos, se advierte que no se remitió el presente juicio de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, a quien tocó conocer por razón de turno por haber recibido el oficio 22273/2018, del índice de este Juzgado, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual este Órgano Federal estimó que es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por *****; en consecuencia, se determina remitir el presente juicio de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en alcance al oficio 22273/2018 del índice de este Juzgado, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LUZ PADILLA CORREA Y ERICK EDUARDO PÉREZ DE LA VEGA PADILLA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Luz Padilla Correa y Erick Eduardo Pérez de la Vega Padilla, por su propio derecho, así como por "MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA FLORES AIRBAG MÉXICO", Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida comercialmente como Airbag México, por conducto de su apoderada legal Julia Elizabeth López Padilla, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con la copia certificada de la escritura pública número cuarenta y cinco mil quinientos setenta y cinco, levantada el once de diciembre de dos mil dieciocho, ante la fe del Notario Público número treinta y cinco de Zapopan, Jalisco, aunado a que, tal y como se advierte de la certificación de cuenta, dicha apoderada, sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, con lo cual se colman los extremos del artículo 2207 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Demanda que se interpone contra el acto que reclama la Procuraduría Federal del Consumidor, sede Tabasco, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1520 2018. Ahora bien, atendiendo a la técnica que rige el juicio de amparo, por una cuestión de orden y de principio, es indiscutible que primero debe estudiarse lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después, sólo en el caso de que la misma se surta a favor del órgano que resuelve, puede abordarse lo conducente respecto de la procedencia del juicio. Por tanto, analizada que es la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito estima que es legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la misma, por las razones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.". De la disposición legal transcrita se desprenden tres supuestos que sirven para determinar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, y que son los siguientes: a) La primera hipótesis señala que será competente el Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda hipótesis normativa prevé que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el juez ante el que se presentó la demanda. c) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda y anexos, se advierte que el acto reclamado lo constituye el acuerdo dictado dentro de la audiencia de conciliación celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el expediente PFC.TAB.B.3 001306-2018, del índice de la Delegación Tabasco de la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en Villahermosa, por medio del cual se requirió a la parte proveedora, aquí quejosa, a fin de que exhiba el original del contrato celebrado por las partes el diez de septiembre del año en curso, así como para que comparezca de manera física o por conducto de apoderado a la continuación de dicha audiencia; cada uno de tales requerimientos, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondría una multa que oscilaría entre $244.66 (doscientos cuarenta y cuatro pesos 66 100 moneda nacional) y $24,436.82 (veinticuatro mil cuatrocientos treinta y seis 82 100 moneda nacional). En esa tesitura, en principio cabe precisar que dicho acto reclamado, si bien contiene un apercibimiento de multa, no puede considerarse que ello conlleve ejecución material alguna, pues ello acontecería únicamente en el supuesto de que la autoridad responsable hiciera efectiva la misma y se ordenara hacerla efectiva; situación que daría lugar a estimar, de primera mano, que en la especie no opera la hipótesis de competencia territorial señalada en el inciso a), relativa a que el conocimiento del asunto deba recaer en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Sin embargo, un análisis adecuado de la naturaleza y efectos del acto reclamado conlleva concluir lo contrario, y que, por tanto, no es factible aplicar de manera aislada la diversa hipótesis marcada en el inciso c) anterior, que prevé el supuesto de competencia de los Jueces de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, cuando el acto impugnado no requiera ejecución material. En efecto, en el caso es necesario tomar en cuenta también que la determinación que por esta vía se combate deriva de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que se tramita ante la Delegación Tabasco de la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en Villahermosa. De tal forma que, aun cuando no se esté en presencia de un acto que requiera ejecución material, debe decirse que éste sí produce efectos y consecuencias que permean dentro del procedimiento de origen, los cuales se traducen precisamente en la obligación impuesta a la parte quejosa de comparecer ante la autoridad responsable a la continuación de la audiencia conciliatoria, así como de presentar el documento requerido. Por tanto, a partir de una interpretación sistemática y armónica de los párrafos primero y tercero del artículo 37 precitado, se colige que el órgano que debe conocer del juicio de amparo, es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde reside la autoridad señalada como responsable, pues se insiste, a pesar de que el acto reclamado no conlleva ejecución material, éste fue emitido en un procedimiento seguido en forma de juicio, y sus consecuencias son que se continúe la tramitación del mismo ante dicha responsable. Sin que sea óbice a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que la reclamación que dio lugar al procedimiento de origen, debió incoarse en esta ciudad; ello es así, en primer lugar, ya que la competencia para conocer del presente juicio de amparo no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe atenderse en todo momento a la naturaleza y consecuencias del acto reclamado; y en segundo, toda vez que tal señalamiento constituye un aspecto de fondo que, de ser el caso, se dilucidaría al momento de resolver el asunto, mas no puede servir de sustento para efectos de fijar la competencia territorial de que se habla. Se invoca en sustento de lo anterior, por identidad de razón, la tesis VII.1o.C.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con número de registro 2005170, visible en el tomo II, diciembre de 2013, página 1107, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto (énfasis añadido): "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material." En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio de amparo y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, en turno, para que, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la ley de la materia, decida si acepta o no el conocimiento del negocio, e informe lo que determine a este juzgado de Distrito.
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