Luz Oliva Lobera Mejía

Expediente 668/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
668/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Luz Oliva Lobera Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. 1. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de siete de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********** apoderada de ********** se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2.. 2. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 3. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 24, fracción IV), inciso b) del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 4. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del multicitado Acuerdo General. 5. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 6. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). 7. Se da vista a la parte quejosa con la existencia de documentos originales. Asimismo, toda vez que la parte quejosa exhibió diversas documentales públicas en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 19 y 20, segundo párrafo, del Acuerdo General en cita, requiérasele para que en el plazo de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa hoja de desglose y toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se le apercibe que en caso de ser omiso, se procederá a su destrucción, de conformidad con el artículo 38, fracción IV, tercer párrafo, del Acuerdo General de referencia. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de junio de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por ********** apoderada de **********, en contra de actos reclamados del Juez Primero Civil y de Extinción de dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos México y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 668/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Análisis de la personería del promovente. Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien la promueve. Lo que, en el caso se actualiza con base en la fotocopia certificada de la escritura pública número 29,761 (veintinueve mil setecientos sesenta y uno) pasada ante la fe del Notario Público número cuarenta y ocho. Documental de la que se advierte que a Rosalinda Cano Lobera se le otorgó poder general de Luz Oliva Lobera Mejía. Por tanto, se le otorga pleno valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; y, en tal virtud, con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Rosalinda Cano Lobera, el carácter con el que se ostenta. 4. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Desechamiento. Ahora bien, al realizar una lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, este juzgado de distrito advierte que surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV -interpretado a contrario sensu-, ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se demostrará. De la lectura integral de la demanda que dio origen a este expediente, se advierte que el quejoso pretende reclamar: "1.-_DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, DENOMINADA. JUEZ PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO. - LO CONSTITUYE LA RESOLUCION DE FECHA DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. MISMA QUE RESUELVE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES (2023). RESOLUCIÓN EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA). PROMOVIDO POR JUAN RODRÍGUEZ DORANTES EN CONTRA DE LUZ OLIVA LOBERA MEJÍA. RADICADO ACTUALMENTE EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO ANTES JUZGDO TERCERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. RESOLUCIÓN QUE ME CAUSA AGRAVIOS TODA VEZ QUE CON LA MISMA. SE ME PRIVA DEL DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA, ESTABLECIDA EN MIS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A MI GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 14, 16 y 17 CONSTITUCIONAL EN LO REFERENTE A LA VIOLACIÓN DE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LA LEY, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, EMITIDA. 2.-DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, DENOMINADA SECRETARIO DE ACUERDOS DEL PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO CADA UNA DE LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN LA RESOLUCION DE FECHA DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. MISMA QUE RESUELVE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), RESOLUCIÓN EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA). PROMOVIDO POR JUAN RODRÍGUEZ DORANTES. EN CONTRA DE LUZ OLIVA LOBERA MEJÍA. RADICADO ACTUALMENTE EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO ANTES JUZGDO TERCERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, RESOLUCIÓN QUE ME CAUSA AGRAVIOS TODA VEZ QUE CON LA MISMA. SE ME PRIVA DEL DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA, ESTABLECIDA EN MIS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A MI GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 14, 16 y 17 CONSTITUCIONAL EN LO REFERENTE A LA VIOLACIÓN DE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LA LEY, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, EMITIDA. 3.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DENOMINADA C. NOTIFICADOR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO - LO CONSTITUYE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVOCACION, EN LA QUE SE CONFIRMA EL AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, SENTENCIA EMITIDA POR EL JUEZ NATURAL, RESOLUCIÓN EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL (OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA). PROMOVIDO POR JUAN RODRÍGUEZ DORANTES. EN CONTRA DE LUZ OLIVA LOBERA MEJÍA. RADICADO ACTUALMENTE EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO ANTES JUZGDO TERCERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE FCATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. RESOLUCIÓN QUE ME CAUSA AGRAVIOS TODA VEZ QUE CON LA MISMA. SE ME PRIVA DEL DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA, ESTABLECIDA EN MIS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A MI GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 14, 16 y 17 CONSTITUCIONAL EN LO REFERENTE A LA VIOLACIÓN DE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LA LEY, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, EMITIDA." En principio, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.; (.)" Mientras que el diverso 107, fracción IV, establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" De los preceptos transcritos se advierte que tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que se está reclamando, pues si se trata de actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la última resolución. En el caso, aunque se reclama un proveído dictado en un procedimiento de ejecución de sentencia, no se trata de la última resolución emitida en ese procedimiento, porque de los antecedentes narrados por el promovente, bajo protesta de decir verdad (que constituyen confesión expresa ante autoridad judicial), resulta evidente que el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, es evidente que el proveído que en este juicio de amparo no es la última emitida en esa fase de ejecución, porque no aprobó ni reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado, mucho menos declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Tampoco se inadvierte que esa regla general de procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen actos en ejecución de sentencia (aludida en párrafos que anteceden) prevé ciertas excepciones -a saber: a) que el acto infrinja directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada1 ; b) que en el acto se hayan desestimado excepciones perentorias o sustanciales, defensas, o cualquier actuación encaminada a detener o interrumpir la ejecución2 ; y, c) se trate de actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución-; sin embargo, el acto reclamado no se sitúa en alguno de esos criterios excepcionales. Entonces, como se demostró que no estamos ante la última resolución durante la etapa de ejecución de sentencia, y que tampoco se trata de alguna excepción a dicha regla, el juicio de amparo es improcedente contra los actos atribuidos a las autoridades. Criterio que coincide con el que emitió el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.12o.C.22 K (10a.), de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." Finalmente, no se inadvierte que quien promueve en este juicio de amparo es la parte ejecutante en el juicio de origen, a quien favoreció la sentencia ahí dictada. Sin embargo, ello no constituye un obstáculo para emitir esta determinación de desechamiento, pues así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época, página 75, cuyo rubro y texto es: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso- , fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". (El subrayado es propio) En ese contexto, como se adelantó, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV -interpretado a contrario sensu-, ambos de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo se promueve contra actos en ejecución de sentencia, que constituyen violaciones procesales, y no se está en algún supuesto de excepción a la regla de que el juicio de amparo procede únicamente contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia (que es cuando, de ser el caso, se podrán alegar las violaciones procesales que aquí se combaten); por esa razón, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Rosalinda Cano Lobera apoderada de Luz Oliva Lobera. 5. Autorizados y domicilio. Con fundamento en el artículo 12, segundo párrafo se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en su escrito inicial, toda vez, que no proporciona su cédula profesional y no se puede corroborar si están inscritas en el Registro Único de Profesionales del Derecho. SIN DOMICILIO EN NAUCALPAN DE JUÁREZ. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona a la persona actuaria adscrita para que por única ocasión notifique el contenido del presente proveído en el domicilio ubicado en **********. Asimismo, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 7. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental3 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. 8. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente

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