Luz Natyeli del Socorro Ruiz Sánchez

Expediente 1052/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1052/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Luz Natyeli del Socorro Ruiz Sánchez
  • Juzgado de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo

Actuaciones

  1. Principal

    V- Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra del proveído de 15 de diciembre de 2022, que desechó la demanda de amparo promovida por ********************, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    V-Cumple prevención Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Luz Natyeli del Socorro Ruiz Sánchez, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada el siete de diciembre de dos mil veintidós. Desechamiento En tal virtud, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al dispositivo legal transcrito, este resolutor se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó la justiciable, es improcedente. En efecto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada a contrario sensu. Lo anterior obedece a que los actos reclamados de acuerdo a su naturaleza no es de aquellos que producen efectos de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. Los citados artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". En ese orden, el artículo 107 Constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo, sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa a la quejosa, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto. Cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte; es decir, aquéllos que lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter material e irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del cual se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en virtud de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Por otra parte, son violaciones procesales aquellas en las cuales los actos conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este casos los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En tal virtud, los actos que reclama la parte quejosa en el presente juicio de amparo, por sí mismo, y en la forma autónoma que lo combate, no la deja sin defensa ni constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales dentro del trámite del juicio de origen, toda vez que no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la quejosa que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se causa un gravamen de imposible reparación . Para sostener lo anterior, se estima necesario, relatar los antecedentes de los actos que reclama la parte quejosa, los cuales así manifestó bajo protesta de decir verdad, lo cual se hace en los términos siguientes: Que el trece de septiembre de dos mil veintidós, la suscrita lic. Luz Natyeli del Socorro Ruiz Sánchez, compareció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en la ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, toda vez que había tenido conocimiento que estaba siendo investigada por el delito de Fraude Procesal, en autos de la carpeta de investigación número FGE/QR/FECC/CHE/126/05/2022. Por lo que, en ese acto en compañía de la defensora particular solicitó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, exhibiendo una serie de documentales públicas. Seguidas las cosas, el tres de agosto de dos mil veintidós, el Juzgado de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, en autos de la carpeta auxiliar número 67/2022, le solicitó al Fiscal del Ministerio Público rindiera un informe para determinar entre otras cosas, quienes eran los investigados dentro de la carpeta de investigación número FGE/QR/FECC/CHE/126/05/2022. A dicha solicitud el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dio contestación mediante escrito de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la cual informo que la aquí quejosa tiene calidad de imputada. Posteriormente, Álvaro Gerardo García Santamaría, representante legal de Nanomia, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicito una audiencia de control judicial ante el Juzgado de Control de Primera Instancia de Chetumal, Quintana Roo, con la finalidad de impugnar la resolución del fiscal de fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la cual determinó que la citada persona moral no es parte de investigación. A solicitud se le asignó el número de carpeta auxiliar 234/2023, mismo que fue acordado el veinticuatro de año dos mil veintidós, en la cual se señalaron como fecha de audiencia el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Contra tal determinación se inconformaron la parte quejosa y el fiscal del ministerio público adscrito a la fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Quintana Roo, dentro de la carpeta administrativa 234/2022 del índice del Juzgado de control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, interponiendo un recurso de revocación. Recurso que fue resuelto mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós en el que determino lo siguiente: "PRIMERO. NO HA PROCEDIDO EL RECURSO DE REVOCACIÓN del auto de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, promovido por el Fiscal y la Defensa, dictado dentro de la presente Carpeta Auxiliar 234/2022, toda vez que los motivos de inconformidad expresados a manera de agravios resultaron inoperantes e insuficientes para revertir su sentido". Además, el nueve de noviembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, dictó un nuevo acuerdo en el cual señaló fecha y hora la celebración de una audiencia de control judicial. Por tanto, si los actos reclamados por el quejoso en el presente juicio lo constituyen: La resolución dictada por el Juzgado de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, emitida el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veinticuatro de octubre del año en curso dictado en la carpeta auxiliar 234/2022, donde se señaló fecha y hora para efectos de desahogar la audiencia de control judicial ante el Juzgado de Control de Primera Instancia de Chetumal, Quintana Roo, con la finalidad de impugnar la resolución del fiscal de fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la cual determinó que la persona moral Nanomia, sociedad anónima de capital variable no es parte de investigación, solicitada por su representante legal. El acuerdo dictado el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se programó la celebración de la audiencia de control judicial para ser llevada a cabo el trece de diciembre de dos mil veintidós, con la finalidad de impugnar la determinación de la resolución del Fiscal José Gabriel Marín Yacaman de fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en autos de la carpeta auxiliar 234/2022. Entonces, es evidente que se trata de actos que no es de los que tienen una ejecución irreparable, pues aún no existe una resolución definitiva dictada por el juez responsable, que cause un daño que sea de imposible reparación para los derechos sustantivos de la parte quejosa. Asimismo, por identidad de razón, la jurisprudencia número 244, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Página 164 que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por tanto, como ya se adelantó, dicho acto, atendiendo a su origen y características esenciales, no afecta de manera directa, cierta ni inmediata, alguno de los derechos sustantivos del quejoso. Lo anterior, ya que si bien los actos combatidos en esta vía es la resolución dictada por el Juzgado de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, emitida el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, y el diverso acuerdo dictado el nueve de noviembre de dos mil veintidós en el que se programó la audiencia de control judicial para el trece de diciembre de dos mil veintidós, con la finalidad de impugnar la determinación de la resolución del Fiscal José Gabriel Marín Yacaman de fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la cual determinó que la persona moral Nanomia, sociedad anónima de capital variable no es parte de investigación, solicitada por su representante legal, ambos acuerdos dictados en autos de la carpeta auxiliar 234/2022; por lo que debe precisarse que la consecuencia de dicha actuación es continuar con la secuela procesal de la audiencia de control judicial. Por lo que, la temática legal, constituyen propiamente derechos de índole adjetiva o procesal, en tanto que tienden a salvaguardar el correcto desarrollo de procedimiento natural, de donde se obtiene que su posible conculcación con motivo del acto reclamado, no lesiona alguno de los derechos sustantivos del quejoso, como son, la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros de los consagrados en la Carta Magna; ello pues dichos actos, no necesariamente implica que vaya ser desfavorable a los intereses del ahora disconforme, pues pudiera ser que la autoridad responsable al decidir la contienda de origen, dicte una sentencia favorable a sus pretensiones; lo que, de ocurrir, haría desaparecer la transgresión procesal aquí alegada, sin dejar secuela alguna en la esfera jurídica del quejoso, porque de esa manera, las consecuencias del acto reclamado no habrían llegado a trascender a sus derechos sustantivos; de ahí que, el acto de autoridad que en el caso particular se combate, no es de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Lo anterior, es así porque el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; sin embargo, en el presente asunto no se dan los presupuestos legales exigidos en el precitado artículo, dado que la violación referida, no le causa de manera material, directa e inmediata algún perjuicio cierto en sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte; por tanto, en caso de que no haya resultado favorable a los intereses del hoy quejoso, puede impugnar dicha violación a través de dicho fallo, mediante el amparo directo. Por lo tanto, el supuesto bajo el cual la afectación que sus intereses jurídicos pudiere sufrir, en caso de que la resolución emitido por la autoridad responsable no haya sido favorable, podría recurrir al juicio de amparo directo en contra de la referida actuación, donde podría alegar tanto las violaciones procesales que reclama en el juicio de origen, conforme a lo establecido en el artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo, así como otras violaciones que en su perjuicio considere se cometieran durante la secuela procesal; y por ende, está compelido a impugnar el acto reclamado a través del amparo directo que promueva en contra de dicho fallo. Máxime, que la autoridad se encuentra facultada para corregir los errores u omisiones que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones; de ahí que no se actualicen los supuestos de procedencia del juicio de amparo biinstancial. También, sustenta lo antes determinado la jurisprudencia número IX.1o. J/10, visible en la página 1303, tomo XVI, octubre de dos mil dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Cabe resaltar que el estudio de las causales de improcedencia, de ninguna forma afecta el derecho a una tutela judicial efectiva, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 525, del tenor. "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano" Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    V- Notifíquese personalmente a la promovente, por la vía electrónica.********************

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