Luz Marina Reséndez Salazar

Expediente 846/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
846/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Luz Marina Reséndez Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado actual que guardan los autos del presente juicio de amparo, es de sostenerse que el asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria el asunto que nos ocupa. En consecuencia y toda vez este asunto se encuentra concluido, dado el sentido de su resolución definitiva, misma que no requiere ejecución alguna; por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este asunto, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que es un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito dentro de los treinta días siguientes, deberá iniciar el procedimiento de destrucción y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de demanda de amparo signado por Luz Marina Reséndez Salazar, a través del cual, comparece ante este órgano jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y la autoridad que ahí menciona; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 846/2020-III, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, en el entendido de que dicho precepto faculta al órgano jurisdiccional para desecharla de plano cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así las cosas, la parte quejosa señala como autoridad responsable, a la siguiente: Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta ciudad. Asimismo, como acto reclamado: "Reclamo la resolución interlocutoria de fecha 20 de Octubre del 2020, mediante la cual resuelve el recurso de Revocación interpuesto por mi abogado asesor Lic. Raúl Gudelio García Serna, autorizado en el expediente principal 18/2020 conforme al artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, revocación interpuesta en contra del auto de fecha el auto de seis de Octubre del 2020. Recurso de Revocación que se interpuesto por la indebida admisión de las pruebas ofrecidas por la parte actora (quejoso) en virtud de no dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el artículo 288 del Código de Procedimiento9s Civiles y que la autoridad Ordenadora debió desechar." (sic) Igualmente, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, aseveró: "Manifiesto a Usted C. que con fecha 7 de enero del 2020, fui demandada en la Vía Ordinaria Civil sobre Guardia y Custodia por el padre de mis menores hijos el ahora tercero perjudicado CRISTIAN OSVALDO ORTEGA JOSE. Con fecha 1° de Septiembre del 2020 realice la contestación a dicha demanda y se dictó el auto de fecha 3 de Septiembre del 2020, mediante el cual me tuvo por contestada la demanda y reconocida mi legitimación en el juicio, admitidas las excepciones, se ordenó la vista a la contraria por tres días, y se decretó la apertura del periodo probatorio por cuarenta días 20 días para ofrecer pruebas que serían del 7 de Septiembre al 5 de Octubre del 2020 y 20 días para desahogar pruebas que serían del seis de Octubre al 2 de Noviembre del 2020, (y que auto del 7 de Octubre del 2020, la autoridad ordenadora dijo que el periodo de desahogo terminaría el día 3 de Noviembre y no el día 2 porque ese día es inhábil). La parte actora (tercero perjudicado) comparece ante la ordenadora a ofrecer pruebas de su intención el día 5 de Octubre del 2020 y ofrece entre otras la prueba testimonial que identifica con el inciso h).- de su escrito de pruebas y que es cargo de los señores IRENE JOSE MONTES, FRANCISCO JAVIER SALAZAR HERNANDEZ y PERLA VAE DAHIL ELIZONDO HERNANDEZ, y con el inciso m).- también de su escrito de pruebas las supervinientes, (que esta última prueba quedó sin efecto en cuanto a su admisión y no dio lugar a admitir dicha probanza según la resolución que resuelve la revocación. Así las cosas la ordenadora admitió pruebas ofrecidas por el actor (tercero perjudicado) mediante el auto de fecha 6 de Octubre del 2020, (entre otras la testimonial); y contra ese auto mi abogado asesor interpuso el Recurso de Revocación el día 8 de Octubre del 2020, recurso que fue admitido por auto de fecha 9 de Octubre del 2020 y con el auto de fecha 15 de Octubre del mismo año dio cuenta de que transcurrió el término a la contraria para que se manifestara al respecto y no lo hizo, y ordena dictar la resolución al recurso, misma que se dicta el 20 de Octubre del 2020, Se anexa copia simple." (sic) Así las cosas, de las anteriores transcripciones, se desprende que el motivo de disentimiento de la peticionaria de amparo es la interlocutoria emitida el veinte de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente 18/2020, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta localidad, resolución en la que, por una parte, se decretaron infundados los agravios vertidos por el autorizado de la parte demandada -aquí quejosa- en contra del auto emitido el seis de octubre del mismo año, respecto a la admisión de la prueba testimonial ofertada por la parte actora -tercero interesado- y fundados únicamente en lo que toca a la admisión de las pruebas denominadas supervenientes. Ahora, es de precisarse que en el auto materia del recurso declarado improcedente, el juez de origen acordó de conformidad, entre otros medios de convicción, la testimonial; por ello, ordenó su admisión y señaló hora y fecha para su desahogo. Al respecto, a juicio del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues no se trata de un acto que tenga una ejecución que sea de imposible reparación, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ." Cabe destacar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia P./J. 24/92, consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 56, Agosto de 1992, Materia Común, del siguiente rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Acorde con el criterio sustentado en la referida jurisprudencia, los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado, porque con él sólo se pueden afectar derechos procesales en cuanto a la admisión de la prueba testimonial que ofreció su contraparte en el juicio de origen, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, en razón de lo siguiente. En primer término, conviene destacar que la parte quejosa no se ostenta tercera extraña al procedimiento, ni por equiparación, pues de su escrito de su demanda se desprende que es parte demandada en el expediente 18/2020, del índice del juzgado responsable, juicio en el que compareció e, incluso, hizo valer el recurso de revocación, cuya resolución es materia de su reclamo en su demanda de amparo. Precisado lo anterior, según afirma la parte quejosa, en el juicio natural la parte actora ofreció la prueba testimonial a cargo de Irene José Montes, Francisco Javier Salazar Hernandez y Perla Vae Dahil Elizondo Hernández, lo que acordó de conformidad el juez responsable; empero, al no encontrarse de acuerdo con ello al considerar que respecto a dichos medios de convicción no se expresó con claridad los hechos que se tratan de probar, la demandada aquí quejosa interpuso recurso de revocación en contra del auto de seis de octubre de dos mil veinte, proveído en el que se admitieron tales testimonios; siendo el caso que, al resolverse dicho medio de impugnación el veinte de octubre siguiente, en esa parte se declararon infundados sus agravios y, por ende, firme el auto recurrido respecto a esos medios probatorios -testimoniales-. Como puede verse, el referido acto no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte la sentencia relativa en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, el acto que se reclama del juez responsable no priva a la parte quejosa, en el caso particular, en su carácter de parte demandada en el juicio de origen, del derecho de defensa que en todo procedimiento civil o mercantil tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que la interlocutoria de mérito únicamente puede constituir, en su caso, la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Se afirma lo anterior, porque como quedó precisado, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo; por lo que si el acto que se reclama, esencialmente, es la interlocutoria en la que, en lo que aquí interesa, se declararon infundados los agravios de la peticionaria del amparo respecto a la admisión de la prueba testimonial ofertada por su contraparte en el juicio de origen, es evidente que no existe una afectación a sus derechos sustantivos, ya que el único efecto que produce es que se desahoguen tales medios de convicción, pero no afecta, se reitera, algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal; lo que hace indudable que el acto reclamado no causa un perjuicio de carácter irreparable, requisito para la procedencia del juicio de garantías biinstancial, actualizándose de esta forma la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Cierto, el acto que por esta vía se intenta combatir sólo tiene efectos intraprocesales ya que no afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales, ya que no se trata de un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues en todo caso las violaciones que pudiera entrañar esa admisión de pruebas puede ser remediada en la sentencia que se llegara a dictar en el expediente de origen y, en caso de que resulte perjudicial a la ahora inconforme, podrá impugnarlo en amparo directo, en el que alegará el acto que ahora reclama como violación al procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia I. 1°.A.E. J/5 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, materia Común, Décima Época, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 1902, que señala lo siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución" Igualmente, la tesis XI.1o.25 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 608 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Agosto de 1992, Materia Común, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACION QUE LAS ADMITE. De conformidad con la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución General de la República, el mismo es improcedente contra el acuerdo que admite pruebas, porque no constituye un acto en el juicio que tenga ejecución irreparable, pues sólo produce efectos intraprocesales, ya que esos medios de convicción admitidos se analizarán y evaluarán en la sentencia definitiva que en él se dicte, la que puede ser favorable al promovente de amparo, caso en el cual ningún perjuicio le causará el acto reclamado, pero si fuere adversa a sus intereses, entonces los perjuicios que le origine la resolución reclamada, pueden ser reparados por medio del amparo directo, en los términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), del pacto federal, y 158, 159, fracción VII, y 161 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Luz Marina Reséndez Salazar. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 803 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia Constitucional, Novena Época, que a continuación se cita: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda y, como lo solicita, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Raúl Gudelio García Serna y Miguel Ángel Torres Rivera, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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