Luz María Zacapala Jiménez
Expediente 1195/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1195/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 08/12/2016
Partes del expediente
- Luz María Zacapala Jiménez
- Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
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...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se negó y concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Por último, devuélvanse a la responsable, las constancias que remitió a este juicio. Se solicita el acuse de recibo correspondiente...
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V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1195/2016, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el uno de julio de dos mil dieciséis ante la Oficialía de Partes Común de Salas Civiles y Penales de Toluca, Luz María Zacapala Jiménez, por propio derecho, promovió juicio de amparo directo. SEGUNDO. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de garantías al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien mediante auto de presidencia de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda, por lo que ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno. TERCERO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Quinto cuyo titular mediante proveído de diez de agosto de dos mil dieciséis (fojas 57 a 59), la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que previo diferimiento, fue desahogada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridad que tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. II. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable a la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a quien se le reclama: La sentencia de nueve de junio de dos mil dieciséis, dictada en el toca 304/2016. III. Certeza del acto reclamado. La Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 435/2013, así como del toca 304/2016, que adjuntó a su oficio 2099, y que obran en anexos por separado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 136, Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". IV. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio. En el caso, respecto del acto reclamado de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De lo anterior se concluye, que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos en juicio que no tengan efectos de imposible reparación, esto es, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto al tema de actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia por unificación de criterios número P./J.37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J.4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". Precisado lo anterior, es válido concluir que la existencia de violaciones al procedimiento que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa, las podrá hacer valer a través del juicio constitucional uniinstancial, al impugnar la sentencia definitiva, siempre que esas transgresiones hubieran trascendido al resultado del fallo. En este sentido, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De consiguiente, el hecho de que se deje insubsistente la sentencia de primera instancia para que sea emplazado correctamente el codemandado Timoteo Hernández López, no puede considerarse por sí un acto de imposible reparación como un supuesto de procedencia del amparo indirecto, puesto que constituye una violación adjetiva o procesal, pero que no afecta materialmente derechos sustantivos. Apoya las consideraciones anteriores, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J. 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 593, tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Dicha jurisprudencia, aunque fue integrada conforme a la Ley de Amparo anterior, sigue siendo aplicable, de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, porque lo que en ella se interpreta no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. En el asunto que nos ocupa, la parte quejosa reclama la sentencia de segundo grado de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, dictada en el toca 304/2016, en la cual el tribunal de alzada advirtió que el emplazamiento efectuado mediante edictos no es acorde a lo dispuesto en el artículo 1.181 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, motivo por el cual determinó dejar insubsistente la sentencia apelada, a efecto de que el litisconsorte Timoteo Hernández López, fuese debidamente emplazado, y de esa manera oído y vencido en el juicio. De consiguiente, la sentencia reclamada constituye una violación procedimental porque sólo produce efectos formales o intraprocesales, pues la consecuencia de esa determinación es precisamente que se integre debidamente la contienda respecto del citado codemandado, con lo cual no se afecta derechos fundamentales sino, a lo sumo, situaciones de carácter formal o adjetivas; además de ello, la cuestión de litisconsorcio pasivo necesario, puede en determinado momento hacerse valer como violación procesal al momento de combatir la sentencia de fondo que se llegara a dictar. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.) pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 456/2010, consultable en la página 741 del Libro VIII, correspondiente a mayo de dos mil doce, Tomo 1, materia común, en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el epígrafe: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL).La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio". Consecuentemente, es indudable que se actualiza la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por ende, ha lugar a sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos de la Carta Magna, 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luz María Zacapala Jiménez, por propio derecho, contra el acto y autoridad especificados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario José Jiménez Sarmiento, que da fe, hasta el día de hoy diez de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron. El Juez El Secretario.
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EN ATENCIÓN AL AVISO DE CATORCE DE LOS CURSANTES, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA CLP LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la cuenta que antecede, se advierte que por auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional turnó para resolución el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa; atento a esa circunstancia, el veintiséis de septiembre del año en curso, se formó el presente cuadernillo, el cual deberá ser integrado al expediente principal cuando termine el engrose respectivo sin necesidad de ulterior pronunciamiento.Así, visto el estado procesal de los autos, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/1277/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la readscripción del suscrito Juez Alberto Roldán Olvera, quien a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente:"SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312).Notifíquese como legalmente corresponda.Así lo proveyó y firma el licenciado Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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