Luz María Vizcarra Rodríguez
Expediente 319/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Luz María Vizcarra Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de junio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibidos documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con nueve minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 319/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno al día siguiente, a este órgano jurisdiccional, Luz María Vizcarra Rodríguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Congreso del Estado de Sonora y otra autoridad. Por proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida dicha demanda, se ordenó su registro con el número 319/2021, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la que se sobreseyó el juicio de amparo que nos ocupa; inconforme con dicha determinación, el autorizado legal de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito; con residencia en esta ciudad. Luego, por acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, admitió a trámite el recurso de revisión, registrándolo bajo el toca 597/2021; y, por auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó remitir dicho recurso al diverso Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero; quien se avocó al conocimiento del asunto; y, ordenó formar el toca auxiliar 239/2021. Mediante sentencia de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca auxiliar 239/2021, del índice del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, derivado del 567/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad; se ordenó reponer el procedimiento del juicio de amparo que nos ocupa, para los siguientes efectos: a) se dejara insubsistente la sentencia recurrida y la audiencia constitucional que le precedió; y, se fijara nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual deberá firmarse por quienes intervengan en ella en la forma y términos analizados, y en su oportunidad emita la resolución correspondiente. El ocho de abril de dos mil veintidós, se dio cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado, ordenandose dejar insubsistente la sentencia recurrida -de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno-; así como la audiencia constitucional que le precedió; y, se procedió a señalar nueva hora y fecha para la celebración de la misma; la cual, se celebró en términos del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: La omisión de iniciar el procedimiento legislativo, de presentar iniciativa de ley, de discutir, de aprobar, de sancionar y publicar la iniciativa (reforma) correspondiente, así como de realizar los actos administrativos necesarios para reformar los artículos 2, 11 y 102 del Código de Familia para el Estado de Sonora por tratarse de normas inconstitucionales e inconvencionales. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Sin embargo, al tratarse el acto reclamado destacado de una omisión, y como en el caso las autoridades responsables, negaron haber incurrido en la omisión reclamada, implica analizar en el presente considerando si las autoridades tenían la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y sí éstas omitieron hacerlo. En esencia, definir: (1) si actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. Por resultar aplicable a lo expuesto, se invoca el contenido de la jurisprudencia 99/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Tomo I, Octubre de 2018, página 926, Materia Común, Décima Época, registro digital: 2018110, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." (lo resaltado es propio). El tema central de la ejecutoria relativa a la contradicción de la que emanó la jurisprudencia apenas trascrita se ciñó a determinar si es factible o no que los Jueces de Distrito, ante el reclamo de una omisión, puedan analizar, en el apartado de existencia de la sentencia, si la autoridad tiene o no el deber o aptitud de actuar, o si este aspecto es propio del fondo. La Segunda Sala del alto Tribunal concluyó que es en el apartado de existencia del acto reclamado de la sentencia, en que el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si la autoridad responsable puede o no emitir una determinación, como en el caso acontece. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. VIII/2013 (10a.), que a parece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1164, Registro digital: 2002843, sustentó lo siguiente: "OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales." Del criterio transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de omisiones legislativas toda vez que el artículo 107, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. También refiere que, en congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII (ahora 61, fracción XXIII), de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. Y termina estableciendo, que no es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de ese Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Lo anterior lleva a concluir que es inexistente la omisión reclamada de las autoridades responsables, pues la decisión de la reforma de los artículos 2, 11 y 102 del Código de Familia para el Estado de Sonora, que pretende la peticionaria del amparo, no puede ser materia del presente juicio de amparo atendiendo a las consideraciones que quedaron vertidas con antelación. En resumen, las autoridades no pueden ser sometidas a esta potestad constitucional de la manera y términos en que lo plantea la quejosa en su demanda, pues se trastocaría el principio de relatividad de la sentencias de amparo, y ante tal imposibilidad, no se advierte la existencia de una condición que colocara a las autoridades en la obligación del proceder que exige la impetrante, lo que apoya indudablemente la negativa de la omisión manifestada en sus informes justificados por las autoridades responsables. Decisión En ese contexto, ante la inexistencia de la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luz María Vizcarra Rodríguez, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas en el capítulo III, por las razones expuestas en el apartado IV del presente fallo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de abril de dos mil veintidós. Recepción de ejecutoria. Agréguese el oficio y anexos de cuenta, presentados por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, por medio del cual remite el juicio de amparo en el que se actúa y testimonio de la ejecutoria pronunciada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión materia administrativa 239/2021, del índice del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, resolviéndose de la siguiente manera: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 319/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, promovido por Luz María Vizcarra Rodríguez." Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Glósense el legajo de las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, pues únicamente duplicarían las existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse muy voluminoso; asimismo, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo. Ahora bien, en acatamiento a la ejecutoria de mérito, se deja insubsistente la resolución constitucional de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, así como, la audiencia constitucional que le precedió; y, se procede a continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se señalan las diez horas con nueve minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, mediante el cual informa que remitió el toca 579/2021, de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que en apoyo a las labores del Tribunal Colegiado dicte la sentencia correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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