Luz Maria Vargas Murillo
Expediente 1527/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1527/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luz Maria Vargas Murillo
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito signado por la quejosa; atenta a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo. En esas condiciones y para evitar dilaciones procesales, se ordena enviar al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el ocurso de agravios, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Amparo, para su substanciación. Asimismo, se ordena rendir el informe correspondiente, manifestando a la superioridad que es cierto que este órgano jurisdiccional dictó el proveído recurrido. Instrúyase al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que vincule el presente asunto con el expediente electrónico del Tribunal que conozca del medio de impugnación presentado. Notifíquese; por oficio al tribunal aludido. MESA* II
- Principal
Recepción de la demanda de amparo. Se tiene por recibido el escrito signado por **********, por en representación de su menor hijo de identidad reservada e iniciales ******., contra actos del Juez Primero de lo Familiar; Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica; y, Jefa de Entregas-Recepción y Espacios Semilibres adscrita a la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica, todos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1527/2023-II. Desechamiento. De acuerdo con el numeral 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el precepto 113 de la legislación aplicable, que impone el desechamiento de plano, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Del análisis integral efectuado a la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama lo siguiente: La determinación de veintiuno de noviembre del dos mil veintitrés, emitida en la plática con adolescente verificada en el incidente de guarda y custodia, derivado de la controversia del orden familiar, expediente 1356/2008, en la que la Jueza Primera de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, ordenó que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta que cuente con mayores elementos para resolver el fondo del asunto, así como realizar valoraciones psicológicas a las partes y a su hijo adolescente de iniciales M.Y.V.. Asimismo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se advierte que en contra del auto que constituye el acto reclamado, interpuso recurso de apelación. Partiendo de esa base, este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que en su literalidad expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado (.)". De la interpretación se concluye que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere que no existan otros recursos o medios ordinarios o simultáneos que se encuentren tramitando conjuntamente con el amparo que se promueve. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza cuando concurren los siguientes requisitos: Que haya sido el propio peticionario de amparo quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual se solicite el amparo; Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se promueva el juicio constitucional; y, Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Cabe precisar que el primer elemento mencionado, en realidad exige dos condiciones, la primera es que en el medio ordinario de defensa se impugne el mismo acto que fue reclamado en el juicio de amparo, y la segunda, que ambos medios de defensa, ordinario y extraordinario, hayan sido promovidos por el propio solicitante de amparo. En el caso, se actualizan las citadas condiciones, pues en contra del acto reclamado la parte quejosa interpuso recurso de apelación. Por lo tanto, si la aquí promovente optó previo al juicio de amparo, el agotamiento del recurso de apelación establecido en la legislación local aplicable, ya no está en la factibilidad jurídica de solicitar, antes de que se resuelva el citado medio ordinario de defensa, el amparo, ya que sólo podrá acogerse a los beneficios del juicio constitucional, en su caso, contra la resolución que resuelva el recurso o medio de defensa hecho valer con preeminencia a la acción constitucional, toda vez que existe la posibilidad de optar entre éstos y el juicio constitucional, y si se prefiere a aquél cualquiera que sea, entonces, es manifiesta la voluntad del agraviado de someterse a la potestad jurisdiccional común. De lo que se concluye que el presente juicio de amparo es improcedente, ya que contra el acto reclamado la propia promovente interpuso recurso de apelación, por virtud del cual pudiera ser modificado, revocado o nulificado lo determinado en la plática con el hijo adolescente de las partes, así como sus efectos y consecuencias. En este sentido, basta con que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario de defensa contra el acto reclamado, para que el juicio de amparo resulte improcedente, en términos de la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, aun suponiendo que el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, lo cual no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad. Sustenta el razonamiento expuesto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61, tomo VII, junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196114, que dice: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. En términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional de garantías es improcedente cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causal en comento, independientemente de que no se haya admitido, pues lo cierto es que se encuentra pendiente de trámite, máxime si no se demuestra que ha habido desistimiento del mismo. Es decir, aun suponiendo que en el recurso todavía no hubiera sido admitido, por estar pendiente de acuerdo, esto no implica, para efectos del juicio de amparo, que no se esté tramitando, debido a que si bien, en términos procesales, todavía no se le da trámite o se desecha o se tiene por no admitido, esto de ninguna manera trae como consecuencia que deba tenerse por no interpuesto, porque conforme a lo dispuesto en el citado numeral, al hablar de que se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso, se está haciendo referencia a la existencia de un medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que se alegue que no ha sido admitido, ya que sigue subsistiendo esa posibilidad". En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos invocados y en el numeral 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con apoyo en el dispositivo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, se tiene como tal el localizado en ************. Autorizados. Se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******, al contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones conforme a lo establecido en el párrafo segundo, última parte, del numeral invocado, a las diversas personas que designa. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Se le permite a la parte quejosa mediante el usuario "*********, así como que las notificaciones se le realicen de manera electrónica, de conformidad con el artículo 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En el entendido que la elección de esta modalidad debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan por lista. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2405, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2026122, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL". Habilitación de horas y días inhábiles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así se practiquen. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí´ señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza Notifíquese vía electrónica a la quejosa. MESA*- II
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